Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123344
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.344 "COOPERATIVA INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA DE PRODUCCION Y CONSUMO LTDA. (CITA) S/ CONCURSO PREVENTIVO"
I. El apoderado de la concursada deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, en lo que resulta pertinente, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley articulado, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790, v. resol. de 29-VII-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDEAL - DEDUCE" de fecha 8-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "COOPERATIVA INDUSTRIAL. RECURSO FEDERAL").
En el caso, en el marco del concurso preventivo de la Cooperativa Industrial Textil Argentina (C.I.T.A.) y frente a la solicitud del síndico Ricardo Alberto Bouche de que se le librara giro en relación a sus honorarios -conforme a la liquidación aprobada-, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, rechazó el planteo de prescripción de tales estipendios profesionales articulado por la concursada (v. sents. de 25-IX-2018 y 30-IV-2019)
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 incs. 12 y 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 5/7 y 9/12, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa que rige al caso, rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- la vía de hecho local, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad y acceso a la justicia y a la instancia extraordinaria.
En tal sentido, aduce que la decisión atacada descartó -equivocadamente, según su entender- los agravios federales que asegura haber planteado. Y en razón de ello, reitera, con base en los antecedentes "Strada" y "Christou" (Fallos: 308:490 y 310:324) -que cita como atinentes al caso- que debió hacerse una excepción, aplicarse el art. 31 de la Constitución nacional y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el citado art. 278 del Código de rito, que califica de discriminatorio (v. págs. 5/12, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 16 de septiembre de 2020), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas con la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso de hecho intentado, insistiendo el agraviante en su propia postura respecto del alcance y la inconstitucionalidad del citado art. 278 (v. págs. 5/12, adjunto cit.).
IV.3. En lo que atañe a la invocación del derecho a recurrir (v. pág. 5, 9/10 y 12, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad; arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 incs. 12 y 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 5/7 y 9/12, adjunto cit.) y la mención de la doctrina del Tribunal federal derivada de las causas "Strada" y "Christou" (Fallos: 308:490 y 310:324; v. págs. 6/7 y 11, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2020 16:15:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 19:24:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/12/2020 18:12:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 08:19:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 13:50:08 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia