Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123075
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.075, "Di Cocco, Hernán Javier. Concurso preventivo (pequeño)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó el rechazo del pedido de revocación del decreto de quiebra del concursado (v. fs. 549/556 vta.).
Se interpusieron, por el fallido, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23 de noviembre de 2018).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 570/572 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara desestimó la apelación incoada contra la decisión que, por incumplimiento de los requisitos reglados por los arts. 225, 228 y 96 de la ley 24.522 (LCQ), rechazó la reposición planteada contra la sentencia de quiebra (v. fs. cit.).
Para así decidir, y en razón de diversas vicisitudes procesales, comenzó por precisar la independencia del presente concurso respecto del de "INVEX PACK S.A." (que corre agregado por cuerda), destacando asimismo la falta de gravamen que esa singularidad procesal pudiera irrogar al concursado (v. fs. 550 vta./551 vta.).
Seguidamente, concluyó en la corrección del respectivo auto emitido por falta de obtención de las conformidades y mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo en los términos del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras (v. fs. 551 vta./554).
Sin perjuicio de lo anterior, y en sintonía con lo resuelto anteriormente por la propia Cámara (v. fs. 511/512), recordó que, si bien la quiebra se había dictado por falta de obtención de las conformidades de los acreedores quirografarios, la decisión se había fundado en los arts. 77 inc. 2, 79, 86 y 88 de la Ley de Concursos y Quiebras, teniendo expresamente en consideración los pedidos en tal sentido formulados(a fs. 450 y 451) por los acreedores privilegiados Juan Manuel Motta y Paola Sottili. Por tal razón, y realizando una interpretación en el sentido más proclive al derecho de defensa (art. 18, Const. nac.), en la misma resolución interpretó que la falencia decretada correspondía al pedido de dichos acreedores privilegiados, ordenándose -en consecuencia- el reenvío de la causa al juzgado de origen para que tramitara el pedido de reposición conforme el art. 94 y concordantes del respectivo régimen concursal (v. fs. 554).
Al igual que la iudex en oportunidad de expedirse por ese reenvío, consideró no acreditados el avenimiento (art. 225, LCQ) o el pago total (art. 228), ni el levantamiento de la quiebra en los términos del art. 96, circunstancias por las cuales confirmó el rechazo de la reposición planteada (v. fs. 554/556).
II. Contra esta última decisión se alza el señor Di Cocco mediante recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia que la Cámara incurrió en decisión citra petita , con infracción del art. 168 de la Constitución local (v. págs. 17 a 21 de la presentación electrónica de fecha 23 de noviembre de 2018).
Particularmente, señala como cuestiones esenciales soslayadas: a) la vigencia y prórroga del período de exclusividad que su parte solicitara en ocasión de celebrarse la audiencia informativa; b) las particularidades del crédito fiscal de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) -que su parte pusiera de relieve en la misma oportunidad- que justificarían la dificultad y demora en la obtención de las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo; c) la invalidez de la audiencia informativa y d) la falta de comparecencia personal de la síndico al mismo acto (v. pág. 5 y sigs.).
III. La impugnación no prospera.
III.1. Reiteradamente esta Corte ha precisado que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que esta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017 y C. 122.842, "Registro de Contratos Públicos n° 4. Partido de Lincoln.", sent. de 17-XI-2020).
Desde este punto de mira, se aprecia que el primero de los aspectos que se aduce preterido en rigor ha sido abordado y resuelto en el fallo.
En efecto, en el capítulo "IV.2) La obtención de las mayorías", la Cámara analizó desde diversosángulos las mayorías necesarias para arribar a una solución concordataria (art. 45, LCQ), concluyendo que estas no habían sido acreditadas en autos en tiempo oportuno (v. fs. 551 vta./554).
Según se ve, y en lo tocante, el Tribunal valoró explícitamente que los requisitos legales para el acuerdo no habían sido cumplimentados en tiempo propio, asumiendo así el vencimiento del periodo de exclusividad. Aun si adicionalmente se considerara que esa conclusión no exhibe un expreso pronunciamiento sobre la prórroga solicitada verbalmente por el concursado -y más allá de la eventual virtualidad del pedimento dado el tiempo transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada en el cronograma y la del decreto de quiebra, atendiendo a los plazos previstos en el art. 43 de la Ley de Concursos y Quiebras- es claro que una respuesta negativa emerge implícita. En otras palabras, la estimación del vencimiento del plazo fijado para el periodo de exclusividad implicó naturalmente la desestimación de la postulada prórroga.
III.2. De otro lado, y sin adentrarnos en la ponderación sustancial de su acierto o error, es también evidente el tratamiento explícito que en el fallo se dispensó al crédito verificado por ARBA, así como la eventual incidencia que su conformidad pudo tener en el iter concordatario (v. fs. 552/553 vta.).
III.3. Seguidamente, cabe decir que la "invalidez" de la audiencia informativa no ha sido, en rigor, un tópico llevado ante el Tribunal de Alzada (v. memorial de fecha 12 de julio de 2018).
En lo concerniente, cabe destacar que si bien el apelante cuestionó la no concurrencia personal de la funcionaria sindical a la audiencia informativa (comparendo que, según estima, resultaba obligatorio a tenor de lo preceptuado por los arts. 14 inc. 10 y 258 de la LCQ), de los agravios expresados en el memorial no emerge que se haya planteado la "invalidez" de dicho acto procesal. Es más, hasta en su réplica a los evocados dichos de la síndico el apelante adujo expresamente que "Las audiencias informativas, no se impugnan, no está previstos en la ley de concurso..." (sic, v. pág. 16).
III.4. Por último, una simple lectura del fallo exhibe -sin ambages- un tratamiento expreso de los reproches que para el recurrente merecieran diversas intervenciones de la funcionaria sindical, entre las que cabe contabilizar, claro está, su falta de comparendo personal -y correlativo por representación- a la meneada audiencia informativa (v. fs. 553 vta. y 554).
IV. Por lo expuesto, que considero suficiente para dar respuesta al presente alzamiento, de conformidad con el sentido desestimatorio dictaminado por el Procurador General, corresponde rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 296, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Frente a la reseñada decisión de Cámara se alza el señor Di Cocco mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que manifiesta que el fallo recae en absurdo y arbitrariedad, con infracción de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y 156 y 159 de su par provincial. Aduce también la incorrecta aplicación de la ley concursal y formula reserva del caso federal (v. págs. 22 a 28 de la misma presentación electrónica de fecha 23 de noviembre de 2018).
De un lado, y en abono de las diversas infracciones alegadas por absurdo y arbitrariedad, se centra en la ponderación que el a quo formulara respecto de ciertas presentaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) -en el contexto de analizar si la quiebra se había extinguido por avenimiento o pago total (arts. 225 y 228, LCQ)-, para de allí preguntarse: ¿cómo es que no está conforme con el depósito si el propio acreedor pide que se efectivice la entrega de los fondos? Concluye, a renglón seguido, que "...la Excma. Cámara yerra al citar una presentación anterior de la AFIP previa a la resolución de la verificación tardía de su crédito. Queda claro que conforme las constancias de la causa, la quiebra fue dictada a pedido de un acreedor privilegiado, estando pendiente la resolución de la prórroga del período de exclusividad, y estando los únicos dos acreedores quirografarios pagados mediante los respectivos depósitos. En consecuencia en lugar de dictar la quiebra cabía dictar la homologación del acuerdo..." (v. págs. 24/26).
Por otro andarivel, y en cuanto a la errónea aplicación normativa concursal denunciada, insiste ante esta instancia en sostener que su parte acompañó, al presentarse en la audiencia informativa, las conformidades necesarias para alcanzar un acuerdo, completando las faltantes antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Por ello -afirma- no sería válido alegar que no se acompañó copia de la audiencia informativa en este concurso y de las conformidades allí agregadas.
Postula asimismo que resultan reprochables ciertos hechos como la "inexistencia formal" de la audiencia informativa y la falta de resolución sobre el pedido de prórroga del periodo de exclusividad, así como de la incomparecencia de la señora jueza a dicho acto y también la ausencia y falta de opinión de la sindicatura.
Apunta luego que el concurso se abre en atención a haberse reunido los requisitos exigidos por el art. 68 y las disposiciones a las que remite el Capítulo VI de la Ley de Concursos y Quiebras.
Concluye finalmente que "...no considerar que los concursos [...] tramitan como agrupamiento es negar una realidad incontrastable, lo que agravia a las partes de este concurso. Es que el propio art 68 de la LCQ hace aplicable la sección de los concursos de agrupamiento. De manera que debe considerarse la totalidad del pasivo para el cálculo de las mayorías..." (v. págs. 26/27).
II. La impugnación no prospera.
II.1. Comienzo por descartar los argumentos agrupados bajo el capítulo de una alegada aplicación incorrecta de la normativa concursal, tendientes a rebatir el decreto de quiebra.
Por este camino, cabe de inicio desestimar la alegada "inexistencia formal" de la audiencia informativa, no solo porque su efectiva realización consta a fs. 394 -sin perjuicio de su hipotética impugnabilidad- sino porque, además, tampoco tal imputación, al igual que la ensayada en relación a la "invalidez" del mismo acto relevada al tratar la cuestión anterior, fue llevada ante los estrados del Tribunal de Alzada, lo cual basta para calificarla como una cuestión novedosa. Del mismo modo, cabe también desestimar la extemporánea alegación de no encontrarse la jueza presente al momento de llevarse a cabo la audiencia informativa (que se celebró con presencia de la actuaria, v. fs. cit.).
En relación a ello, esta Corte tiene dicho que los argumentos novedosos, que al no haber sido oportunamente planteados no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, son inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (conf. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018; C. 121.445, "Guarella", sent. de 19-XII-2018 y C. 122.099, "Betancort", sent. de 22-IX-2020).
En cuanto a la esgrimida "ausencia y falta de opinión de la sindicatura", y sin perjuicio de considerar que ni el art. 14 inc. 10 ni el 258 de la Ley de Concursos y Quiebras obligaban, en el caso, al comparendo personal de la síndico a la audiencia informativa -conforme lo planteara el recurrente en su relación de antecedentes y al fundar el recurso de nulidad-, al igual que la Cámara estimo que el extremo denunciado no se correlaciona -en rigor- con la principal cuestión de fondo aquí debatida, esto es: la corrección o incorrección del decreto de quiebra por no haberse acreditado en tiempo y forma los requisitos legales para alcanzar un acuerdo concordatario.
En lo que hace al pedido de prórroga del periodo de exclusividad, y si bien es cierto que la jueza liminar nunca se expidió en relación al respectivo pedido formulado in voce por el concursado en la audiencia informativa y que la Cámara lo hizo al ponderar que no se habían acompañado las respectivas conformidades "en tiempo oportuno", no menos lo es que dicho periodo vencía el 2 de marzo de 2017 (v. fs. 376 de las presentes y fs. 830 vta. del concurso de "INVEX PACK S.A."). Y siendo que la quiebra fue decretada el 2 de octubre de 2017 -esto es, siete meses después del vencimiento programado- y que el art. 43 de la Ley de Concursos y Quiebras establece un plazo legal máximo de prórroga de treinta días, no parece razonable que se postule la vigencia del respectivo plazo, máxime cuando el interesado tampoco urgió el respectivo trámite ni acreditó las conformidades legales necesarias durante ese alongado lapso entre el requerimiento verbal y el decreto de quiebra.
En cuanto a las restantes enunciaciones críticas efectuadas en este contexto impugnativo, cabe observar que todas ellas se asientan en una premisa fundacional: que el presente concurso tramitaría, junto al de "INVEX PACK S.A." (que corre agregado por cuerda), bajo las reglas previstas para el agrupamiento de garante y garantizada (art. 68 y concs., LCQ).
En base a esta hipótesis, el recurrente plantea centralmente que al tiempo de celebrarse la audiencia informativa y antes del vencimiento del periodo de exclusividad, su parte acompañó las conformidades necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo en ambos procesos, motivo por el cual el juzgador debió dictar la providencia del art. 49 del respectivo ordenamiento.
En lo concerniente, la Cámara reparó en que, si bien el inicio del trámite de estas actuaciones se había requerido en los términos del citado art. 68, nada se dijo, sin embargo, en el auto de apertura en relación a ello; que si bien se proveyó la designación del mismo órgano sindical que ya venía actuando en el concurso de "INVEX PACK S.A.", se mantuvo no obstante el cronograma original previsto para el presente; que a fs. 70/71 el concursado insistió con el pedido de unificación de ambos trámites, aunque -nuevamente- sin éxito; que sin perjuicio de no haberse dictado una resolución expresa disponiendo el trámite bajo las normas del concurso en caso de agrupamiento (arts. 65 a 67, LCQ) la sindicatura había referido expresamente en diversas oportunidades que el presente había sido solicitado en tales términos; que pese a haberse realizado un informe general solo para este concurso, lo cierto es que la propuesta concordataria presentada por el concursado había sido única para ambos procesos, proveyéndose -a fs. 376- que sin perjuicio del trámite separado debía unificarse el cronograma en cuanto al vencimiento del periodo de exclusividad y a la fecha de realización de la audiencia informativa, la que efectivamente se celebró en forma conjunta (v. fs. 550/551).
En base a ello, precisó que el trámite "en conjunto" previsto por el mencionado art. 68 de la Ley de Concursos y Quiebras solo implica simultaneidad, no comunidad ni acumulación material de procesos (con cita de Heredia, Tratado exegético de derecho concursal , T° II, Abaco, Buenos Aires, 2000, p. 509). Consecuentemente, y en contrario de lo planteado por el apelante, puso de relieve que en esta causa se había realizado un informe general autónomo, que contempló solo la situación del concursado Di Cocco, excluyendo a "INVEX PACK S.A.". En esa línea, agregó que aun cuando el concursado había presentado una misma propuesta de categorización para ambos procesos, la iudex sin embargo dictó una categorización acotada al presente -en consonancia con el criterio adoptado de mantener los dos trámites separados-, pronunciamiento que había quedado firme al haberse operado la preclusión (arts. 17 y 18, Const. nac.). A tenor de estas consideraciones concluyó que no se advertía error en el trámite independiente de ambos concursos, ni gravamen que tal modalidad causara al recurrente (arts. 242 y 260, CPCC; v. fs. 550 vta./551 vta.).
Pues bien, la crítica contrapuesta a este primer motivo del fallo resulta insuficiente (doctr. art. 279, CPCC).
En lo tocante -y según emerge de los términos reseñados- el recurrente se limita a esgrimir dos simples argumentos: el primero, en el que parece contradecir a la Cámara sosteniendo simplemente que el concurso fue abierto en los términos del art. 68 de la Ley de Concursos y Quiebras, lo cual no es cierto; y para ello basta con remitirnos a la literalidad del respectivo auto de apertura de fs. 61 y vta.; y un segundo que, sin sustancia crítica, se limita a expresar que el trámite en conjunto de ambos procesos es una realidad incontrastable, enunciado que no logra conformar un concreto agravio en el sentido técnico procesal del vocablo (v. fs. cit.).
No logrando el recurrente refutar la independencia procesal de ambos concursos, se desvanece -por lógica implicancia- el subsiguiente despliegue, cuya virtualidad crítica viene indisolublemente aparejada a esa postulación inicial. Particularmente, la afirmación consistente en haberse alcanzado las conformidades necesarias para sellar un acuerdo preventivo, que el recurrente computa en base a la totalidad de acreedores y acreencias del conjunto de ambos procesos.
En resumidas cuentas, y en consonancia también con el criterio sugerido por la Procuración General (v. fs. 571 vta./572 vta.), es claro que el recurrente se desentiende del concreto razonamiento que informa el fallo y se limita en todo caso a exponer en paralelo un punto de mira que se traduce en una simple e ineficaz manifestación de disconformidad con lo resuelto.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desinterpreta los términos expuestos por la Cámara, parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, limitándose a discrepar con las conclusiones del fallo (conf. causas C. 117.573, "Scrimaglia", sent. de 5-III-2014; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016; C. 121.912, "Cos", sent. de 26-XII-2019 y C. 102.945, "Spinadel", sent. de 5-III-2021).
Y es sabido que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia -tal es lo que aquí acontece- provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 106.536, "Marzol", sent. de 17-VI-2015; C. 90.080, "Fernández", sent. de 22-XII-2015; C. 120.566, "AFIP-DGI", sent. de 14-XII-2016; C. 121.718, "D'Angelo", sent. de 20-II-2019; C. 122.255, "C., M. S.", sent. de
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