Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123075
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentados los escritos de fecha 9 y 13 de diciembre de 2021, reputándoselos inoficiosos (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.075 "DI COCCO HERNAN JAVIER S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)"
I. El fallido deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que rechazó, por un lado, el de nulidad por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos análogos y, por el otro, el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 68, 289 y 298, CPCC; v. sent. de 27-IX-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de 31-X-2021 y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE REF DI COCCO.pdf").
En el caso, en lo que resulta pertinente, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia que, a su turno, había rechazado el pedido de revocación del decreto de quiebra del concursado (v. sents. de fechas 2-X-2017, 13-III-2018, 12-VI-2018 y 5-XI-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, igualdad, y propiedad (arts. 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y 129, Const. nac.; v. págs. 2, 4, 6, 27, 30/31 y 36, adjunto "INTERPONE REF DI COCCO.pdf" cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige el caso, rechazó -dogmáticamente- los remedios locales, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (CSJN, Fallos: 341:242; 338:1347; 312:683; 317:640; 318:2299; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión atacada resultó contradictoria y no trató debidamente los planteos esgrimidos en la vía de nulidad -que ahora reproduce- referidos a que la Cámara omitió expedirse sobre el pedido de prórroga del período de exclusividad, cuestión que -agrega- era esencial para la obtención de las mayorías que exige la ley de Concursos y Quiebras. Y asevera que dichos agravios resultaban suficientes para demostrar el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada y refutar las razones allí dadas (v. págs. 27/36, adjunto "INTERPONE REF DI COCCO.pdf" cit.).
Al respecto, expone que esta Corte ponderó -erróneamente, según su modo de ver- que dicho tópico fue resuelto en forma implícita por la negativa, al estimar el Tribunal de Alzada que no se habían acompañado las respectivas conformidades en tiempo oportuno. Y agrega que no es cierto que el límite de treinta días previsto por la ley falencial hiciera legalmente imposible la resolución del cuestionamiento, en tanto existe frondosa jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional -que cita- en donde se otorgaron plazos que lo excedían (v. págs. 31/33, adjunto "INTERPONE REF DI COCCO.pdf" cit.).
II.3. Cuestiona, finalmente, que el presente no haya tramitado en los términos del art. 68 de la citada norma. Así, arguye que en tanto su presentación en concurso fue en su condición de garante de la empresa INVEX PACK S.A. -que se había presentado también en concurso-, correspondía tratarlos conforme a las reglas del concurso por agrupamiento para, luego, tener en cuenta la propuesta unificada y, en el caso de obtener las referidas mayorías previstas por la ley, declararse la homologación del acuerdo en ambos concursos de manera conjunta, y no sólo en el de la mencionada firma, como aconteció aquí.
En sustento en lo antedicho, peticiona que el Máximo Tribunal nacional revoque el fallo en todas sus partes y subsane la invocada afectación de los derechos de propiedad, debido proceso y defensa en juicio (v. págs. 33/36, adjunto "INTERPONE REF DI COCCO.pdf" cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 26 de noviembre de 2021), el mismo fue contestado por Paola Sotilli (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 9-XII-2021) y el Síndico (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 13-XII-2021).
En relación a dichas piezas, cabe destacar que en las mismas no se ha dado cumplimiento con el requisito referido a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (ambos escritos presentan más de 26 renglones: el adjunto del trámite de fecha 9-XII-2021 cit., en las págs. 4, 9/12 y 16/22 y el adjunto del trámite de fecha 13-XII-2021 cit. en las págs. 1/4; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En consecuencia, se las tiene por no presentadas, reputándose inoficiosas las mentadas actuaciones (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada, la interpretación y aplicación de la Ley de Concursos y Quiebra y la suficiencia de los remedios locales para atacar dicha decisión, conforme los arts. 289 y 298 del CPCC y los arts. 168 y 171, Const. prov.) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio de la sentencia en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para rechazar los remedios locales intentados, alegando que se ha incurrido en dogmatismo. En efecto, insiste el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 27/36, adjunto "INTERPONE REF DI COCCO.pdf" cit. y sent. en crisis).
IV.3. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio, igualdad y propiedad; arts. 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y 129, Const. nac.; v. págs. 2, 4, 6, 27, 30/31 y 36, adjunto "INTERPONE REF DI COCCO.pdf" cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 123.929, "Toncovich Rodriguez", resol. de 18-V-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentados los escritos de fecha 9 y 13 de diciembre de 2021, reputándoselos inoficiosos (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:00:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:01:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 14:30:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:30:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:39:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:10:30 hs. bajo el número RR-453-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia