Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 126.603 "GRUPO SIMPA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE)"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó el fallo de origen que, a su turno, rechazara la impugnación del acuerdo preventivo incoada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra la firma GRUPO SIMPA S.A., al no encontrar reunidos los extremos legales para su progreso (v. sentencias de fecha 15-VII-2022 y 4-IV-2023).
II. Frente a ello, el letrado apoderado del impugnante vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 43 de la ley 24.522. Asimismo, denuncia arbitrariedad, falta de fundamentación legal, afectación de garantías constitucionales y se duele de la imposición de los gastos causídicos (v. escrito electrónico de fecha 26-IV-2023).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "... resulta contradictorio que un acreedor, por un lado, vote finalmente favorablemente por la propuesta y, por el otro lado, la repute abusiva y discriminatoria, si las circunstancias en las que efectuó la adhesión no se modificaron -o al menos no fueron denunciadas-. En este orden, es dable recordar que el principio de buena fe exige un comportamiento coherente, ya que el ordenamiento jurídico no puede proteger la pretensión y conducta contradictoria, ni el obrar incoherente ... Por lo que las partes no pueden reclamar una solución que implique contrariar un acto propio precedente, deliberado jurídicamente relevante y plenamente eficaz." (v. pág. 15).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los escuetos reproches expuestos en las págs. 10/15 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las actuaciones, la congruencia decisoria, la falta de libertad para poder elegir voluntariamente entre las alternativas concordatarias, la quita encubierta y el detrimento patrimonial) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta porción impugnativa y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas a lo largo de la presentación (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta el achaque sobre la imposición de los gastos causídicos (v. pág. 15/17 de la pieza revisora), puesto que constituyendo esta temática una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 119.933, "Martinetti", resol. de 26-X-2016 y C. 121.805, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 13-IX-2017), al no haberse acreditado ninguna de estas situaciones, no queda otro camino que su repulsa (conf. art. 279, CPCC).
III.3. Idéntica respuesta merece la tacha de arbitrariedad que se hace en la pág. 10 y sigs. de la pieza impugnativa, ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.4. Tampoco puede atenderse la aducida conculcación a las garantías constitucionales que se expresan a lo largo del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.5. Finalmente, es preciso rememorar que los achaques emparentadas con la violación de las mandas contenidas en los arts. 168 y 171 de la Carta magna local (v. pág. 2 del escrito electrónico), resultan extraños al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propios de la vía nulitiva (conf. doctr. causas C. 119.528, "Ríos", resol. de 18-III-2015; C. 119.305, "Selvarolo", resol. de 27-V-2015 y C. 120.642, "Aranda", resol. de 1-VI-2016; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 09:32:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:22:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2023 09:16:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:48:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:14:47 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:02:52 hs. bajo el número RR-737-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia