Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad intentado (arts. 278, 296 y 297, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 127.260 "ITALPAPELERA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco del concurso preventivo de la firma ITALPAPELERA S.A., declaró mal concedido el recurso de apelación deducido contra la decisión de primera instancia que, a su turno, en lo que aquí interesa destacar, declaró el cumplimiento del acuerdo oportunamente homologado y dio por finalizado el trámite concursal (v. resols. de 12-IV-2023 y 8-IX-2023).
Frente a tal pronunciamiento, la apoderada del Fisco nacional (AFIP-DGI) interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 26-IX-2023), los que fueron concedidos (v. resol. de 26-X-2023).
II. En relación a la vía anulatoria articulada, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la misma sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019 y C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 124.490 "Agorreca", resol. de 10-III-2021; C. 124.366, "Locio", resol. de 9-III-2022; C. 126.297, "Tejeda", resol. de 29-IX-2023 y C. 126.834, "Coralini", resol. de 19-II-2024).
En el supuesto que se considera, del análisis del remedio extraordinario de nulidad deducido resulta que, no obstante invocarse la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios fundados en el contenido normativo de tales preceptos.
Así, de su lectura se observa que pese a denunciarse una supuesta preterición de cuestiones esenciales, las argumentaciones traídas en sostén de la referida vía apuntan a controvertir el mérito de lo resuelto en el fallo de la Cámara puesto en crisis. En efecto, alega la recurrente que se omitió dar tratamiento a la conclusión del concurso por cumplimiento del acuerdo homologado y a la verificación en el caso de una excepción al principio de inapelabilidad previsto en el art. 273 de la Ley de Concursos y Quiebras, pero la postulación recursiva revela en rigor su disconformidad con el acierto jurídico de la decisión de la Cámara que declaró mal concedido el recurso de apelación al considerar que el supuesto de autos no está previsto legalmente y no apreciar configurado ningún supuesto para hacer excepción a la regla general contenida en el artículo citado. Tales planteos no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 26-IX-2023; conf. doctr. causas C. 124.899, "Celta", resol. de 23-IX-2021; C. 125.206, "Maloya Soc. Anónima Comercial Industrial Financiera e inmob.", resol. de 15-III-2022; C. 125.029, "Calderone", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.481, "CODECOP S.R.L.", resol. de 24-IV-2024).
Por otra parte, en cuanto a la insinuada transgresión del art. 171 de la Constitución local, debe recordarse que según ha sostenido esta Corte, la transgresión del citado art. 171 sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. resol. de 8-IX-2023; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernández", resol. de 23-IX-2021; C. 126.115, "Goiburu", resol. de 5-IV-2023; C. 126.754, "Fabrizio", resol. de 19-II-2024). La impugnante alude a una indebida fundamentación del pronunciamiento de la Cámara, manifestaciones que -también- resultan impropias de este remedio (conf. doctr. causas C. 125.205, "Arejola" resol. de 10-VIII-2022; C. 126.342, "Batafarano", resol. de 24-IV-2024 y C. 124.520, cit.).
En tales condiciones, cabe concluir que la impugnación extraordinaria de nulidad es inadmisible y ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC; doctr. causas cits.).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.725, "Vera", resol. de 11-V-2020 y C. 126.719, "Simonato", resol. de 2-V-2024).
III. Ingresando al estudio del restante remedio a través del cual se esgrime arbitrariedad, transgresión de doctrina legal; infracción a los arts. 45, 59 y 273 y concs. de la ley 24.522; 34 y 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial y violación al Capítulo III, art. 11, sigs. y concs., Capítulo V, art. 33. sigs. y concs. y Capítulo XI, art. 92, sigs. y concs. de la ley 11.683; se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las actuaciones sucedidas en la especie- para declarar mal concedido el recurso de apelación intentado por la AFIP sostuvo "... se observa que mediante resolución dictada el día 31/05/2016, y previa conformidad de la sindicatura, se hizo lugar a la exclusión de voto para la propuesta de acuerdo respecto de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) -tal como lo reconoce la propia apelante en su presentación de fecha 28/04/2023-, procediéndose a fijar definitivamente las categorías de acreedores; y, ya en el pronunciamiento en crisis, a la luz de las constancias de autos y frente al dictamen favorable de la sindicatura actuante, se declara el cumplimiento del acuerdo concursal (v. decisorio de fecha 12/04/2023). En ese contexto, advierto que no existe previsión legal que torne procedente el embate intentado por la AFIP -a través de su letrada apoderada-, ni se advierte circunstancia excepcional alguna que amerite la apertura de esta instancia superior; motivos por los cuales solo puede concluirse en que la apelación impetrada el día 19/04/2023, ha sido mal concedida ..." (v. págs. 2/3).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 5/13 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (emparentados con la revisión de las actuaciones, la excepcionalidad de la regla de la inapelabilidad en el caso bajo estudio, los efectos del cumplimiento del acuerdo concursal, el período de exclusividad, el derecho a voto y las exclusiones previstas) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite, también, descartar las infracciones legales que se aducen en la pág. 5 de la pieza bajo examen (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Idéntica respuesta merece la tacha de arbitrariedad que se efectúa en las págs. 4 y sigs. de la vía en estudio, ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. Finalmente, tampoco puede atenderse el reproche vinculado con la violación de doctrina legal expuesta a lo largo del embate, toda vez que: a] en los casos en los cuales se endilga dicha conculcación, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación, carga esta última incumplida (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.) y b] para los efectos del carril extraordinario de inaplicabilidad de leyéstos no son otros que los emanados de este Tribunal. En suma, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código ritual (conf. doctr. causas C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.556, "Muller", resol. de 28-VI-2017 y C. 121.984, "Cufré", resol. de 30-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad intentado (arts. 278, 296 y 297, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 11:42:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 13:02:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:59:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:42:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:57:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/06/2024 12:16:17 hs. bajo el número RR-383-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia