Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 127014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 127.014 "CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)"
I. La apoderada de AFIP-DGI deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó -con costas- el remedio de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 68, 279 y 289, CPCC; v. resol. de 19-II-2024, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 8-III-2024 y su archivo adjunto identificado como "Club+Universitario...").
En el caso, en lo que interesa destacar y en el marco del concurso preventivo del Club Universitario de La Plata, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado parcialmente la verificación de créditos solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 2-III-2023, 21-IV-2023 y 7-VIII-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, igualdad ante la ley, legalidad, propiedad, división de poderes y buena fe (arts. 1, 4, 16, 17, 18 y 19, Const. nac.; v. págs. 2, 6/7, 10/11, 15/16, 18, 22, 28/29 y 32, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige el caso, rechazó el remedio local al ponderar -con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Y afirma que se descartó -sin dar fundamentos suficientes y en virtud de lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827- los agravios federales que asegura haber planteado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas. Cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 307:1994; 292:503; 292:205; 304:278; 310:165; 310:132; 324:4307; 209:72; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce-, referidos a la revisión de las circunstancias fácticas y pruebas aportadas, la aplicación normativa de las entidades deportivas, el sistema concursal, la consolidación de la deuda, el progreso de la apelación adhesiva y la forma en que fueron impuestas las costas. Y agrega que de la pieza recursiva local surge -claramente, según su punto de vista- que dichos agravios no eran meras discrepancias y resultaban aptos para dar cuenta de que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y demostrar el absurdo de su fallo, en tanto no hizo lugar a verificación del crédito solicitado.
Al respecto, por un lado, expone que las obligaciones fueron determinadas con posterioridad a la aplicación del régimen de entidades deportivas, siendo imposible para su mandante presentarse a verificarlas en el período informativo dispuesto en autos y, por el otro, denuncia la violación de la teoría de los actos propios. Ello pues, explica que, la institución deportiva -ante el fracaso del concurso preventivo de acreedores- se sometió al régimen de la Ley de Entidades Deportivas. Y, luego de verificado nuevamente el pasivo, el órgano fiduciario -que legalmente desplazó a las autoridades del Club Universitario- pretendió regularizar la deuda en un plan de facilidades de pago en el marco de la ley 27.652, que importaba un beneficio para la institución. Con posterioridad, ante la imposibilidad de cumplir con la moratoria, la concursada pretendió -absurdamente- eliminar esos hechos y retrotraerlos a la aplicación de la ley 25.284, sólo en su art. 13 que dispone la consolidación del pasivo. En razón de ello, peticiona que la resolución atacada sea dejada sin efecto, por apartarse de las normas vigentes y afectar el principio de buena fe (v. págs. 15/37, adjunto cit.).
II.3. Arguye, finalmente, que el caso de marras conforma un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte excede el interés de las partes y atañe a la colectividad, en tanto puede -potencialmente- conducir a la frustración de la recaudación de las rentas públicas (v. págs. 2 y 13/14, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 15-III-2024 y escrito electrónico de fecha 11-IV-2024) el mismo fue contestado por el apoderado del Club Universitario La Plata y por el Órgano Fiduciario (v. trámites de fechas 8 y 25-IV-2024).
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias -a la luz de la ley 24.522- para confirmar el rechazo de la verificación de crédito solicitada e imponer las costas, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e. o. y causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo la agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 10/26, escrito electrónico de fecha 22-VIII-2023; v. págs. 15/37, adjunto cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 1, 4, 16, 17, 18 y 19, Const. nac.; v. págs. 2, 6/7, 10/11, 15/16, 18, 22, 28/29 y 32, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-D.G.I.", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 125.094, "A.F.I.P. C/ Logistica Alfredito S.A.", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.311, "Sosa", resol. de 1-VIII-2023; C. 126.125, "Piperino", resol. de 19-II-2024; entre otros).
IV.4. A ello, cabe agregar que tampoco se observan motivos de importancia que evidencien la trascendencia del caso invocada por la recurrente y con ello habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 2 y 13/14, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2024 19:38:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2024 11:06:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/11/2024 12:17:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:58:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 13:38:05 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 14:17:11 hs. bajo el número RR-894-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia