Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentados los escritos de fechas 1 y 6 de febrero de 2024, reputándose inoficiosas dichas actuaciones (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.603 "GRUPO SIMPA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE)"
I. El apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 14-XI-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 12-XII-2023 y su archivo adjunto identificado como "REF...").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno y en el marco del concurso preventivo de la firma GRUPO SIMPA S.A. había rechazado la impugnación del acuerdo preventivo incoada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al no encontrar reunidos los extremos legales para su progreso (v. sents. de fecha 15-VII-2022 y 4-IV-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 3, 16/18 y 20/24, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales mencionados, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 340:1756; 344:3782; 342:39; 342:35; 302:1134; 311:519; entre otros).
En tal sentido, aduce, que la decisión cuestionada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la interpretación de la normativa aplicable y las circunstancias del litigio -en particular, que el banco que representa no tuvo la oportunidad de ejercer "voluntariamente" la conformidad que la ley 24.522 prevé, sino que fue compelido a optar entre dos opciones, bajo apercibimiento de quedar incluida en la más gravosa para su patrimonio-. Al respecto, alega que, contrariamente a lo expuesto en el fallo objetado, lo que se atacó fue el encuadre jurídico y no las cuestiones fáticas relacionadas con la causa.
Así, explica que se planteó una palmaria violación de los preceptos legales concursales, los cuales son -a su modo de ver- de orden público. Y señaló que la sentencia del Tribunal de Alzada, en tanto había omitido ofrecer una propuesta diferenciada a los acreedores de moneda extranjera, agrupándolos con los acreedores en pesos, se apartó de la doctrina emanada del más alto tribunal y no tuvo en cuenta que la solución arribada implicaba para el actor un enriquecimiento ilícito. Esto último, arguye, dada la quita que sufriría su mandante debido a la pesificación del crédito a la fecha que se fijó, sin tener en cuenta el cambio del valor dólar a través del tiempo.
En base a lo antedicho, asevera que tales cuestionamientos no fueron una mera disconformidad con la resolución atacada, sino que resultaron aptos para dar cuenta de que la Cámara realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y demostrar el absurdo de su fallo, así como también la violación de la normativa y doctrina legal invocada en el remedio local (v. págs. 13/22, adjunto cit.).
II.3. Denuncia, además, que el presente constituye un supuesto de gravedad institucional, en tanto lo resuelto excede el interés de las partes. Ello pues, la entidad que representa es el Banco del Estado provincial y los fondos que maneja son públicos y destinados a fines de índole social, de fomento y de desarrollo de la economía de su pueblo (v. págs. 3/5, adjunto cit.).
II.4. Cuestiona, finalmente, la forma en que fueron impuestas las costas, dado que califica de novedoso y dudoso el tema debatido (v. págs. 22/23, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 20-XII-2023), el mismo fue contestado por los integrantes de la Sindicatura -con patrocinio letrado- (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO" de fecha 1-II-2024) y por la firma concursada (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO" de fecha 6-II-2024).
Respecto de ambas piezas, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema nacional (el primero de los escritos mencionados presenta más de 26 renglones en las págs. 2/11 y 13; v. archivo adjunto del trámite cit. y el restante presenta más de 26 renglones en las págs. 6 y 8; v. archivo adjunto del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se las tiene por no presentadas, reputándose inoficiosas ambas actuaciones (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN)
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la denunciada vulneración a la ley 24.522, la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión y la forma en que fueron impuestas las costas), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley. En efecto, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 9/17 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 26-IV-2023, págs. 13/23 del adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 3, 16/18 y 20/24, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.598, "Valdez", resol. de 27-XI-2023; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 3/5, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentados los escritos de fechas 1 y 6 de febrero de 2024, reputándose inoficiosas dichas actuaciones (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2024 13:19:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/06/2024 21:17:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2024 15:55:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:43:25 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:39:45 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 12:59:56 hs. bajo el número RR-497-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia