Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 333/346 vta. por el defensor de GABRIEL ALBERTO CONDORI, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:004 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 11 de octubre de 2019 AUTOS: "CONDORI GABRIEL ALBERTO S/INF. ART. 119 CP", Expte. Nº C-1067/18/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 333/346 vta. por la defensa oficial de GABRIEL ALBERTO CONDORI, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 321/328 vta., el que resuelve "...1º) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 303/308 por el Defensor Oficial, por resultar formalmente inadmisible...".-
II.-) Que la defensa de CONDORI planteó "...violación a normas constitucionales y supranacionales. Violación a la defensa en juicio, al debido proceso (art. 18 CN) así como arbitrariedad..." (fs. 337 vta.).-
Agregó que "...que tal como se resalta en el presente, por medio del análisis de párrafos de la sentencia, la misma ha incurrido en grave inobservancia de la ley ritual que por su entidad conduce a la violación del debido proceso y muy particularmente de la defensa en juicio cuestión que origina gravamen suficiente que por su magnitud de lesión constitucional no quedan dudas de la procedencia de éste recurso extraordinario que por el presente se funda..." (fs. 338 vta./339).-
Se agravió por la "...absurda valoración de la prueba. Arbitrariedad de la sentencia. Así en el fallo recurrido se han violado y afectado, derechos y garantías de raigambre constitucional, como el de inocencia, igualdad ante la ley, del debido proceso y defensa en juicio, sin perjuicio de otros principios elementales que deben regir y primar en todo proceso penal como lo es el 'in dubio pro reo'. Así, y en virtud de lo expuesto se considera que la sentencia dictada carece de fundamentación suficiente, pues si bien los magistrados en el fallo impugnado pareciera analizan los agravios, se advierte que lo realizan sólo de un modo fugaz que lo convierte en un fundamento aparente. La impugnación defensista se detiene en dicha carencia probatoria pues el análisis y valoración de las diferentes pruebas arrojadas en autos de ningún modo demuestran de modo fehaciente ni pueden concluir en la certeza necesaria para fundar una sentencia de condena.
En todo caso, sólo a lo que se arriba es a una mera apreciación del juzgador, de la que se intenta esforzadamente motivarla, pero a todo evento se carece del elemento certero que pueda excluir definitivamente a un tercero..." (fs. 339).- Agregó que "...en efecto, de ningún modo puede concluirse que exista prueba indiciaria necesaria, sino en el peor de los casos indicios aislados pero no concordantes lo que conduce en todo caso a una probabilidad que no supera el marco de sospecha lejos de conformar el grado de certeza necesaria... también ponemos de resalto, que el Tribunal no ha tenido en cuenta las numerosas contradicciones en que incurriera Rocío en su testimonio cuando declara en Instrucción que antes de que Maite le cuente a su mamá, ella lo sabía pero no le dió importancia porque Maite siempre miente.
A su vez, los dichos de Maite se contradicen con el examen médico, que consta en los presentes ya que no hubo penetración anal, justamente cuando la niña afirmaba que si lo hubo, lo que nos permitiría evaluar la veracidad de sus dichos..." (fs. 339 vta.).- Planteó que "...ningún modo las pruebas valoradas forman la convicción necesaria para la fundamentación de una sentencia condenatoria. Esta defensa entiende que resultaba de vital importancia el análisis y valoración de la totalidad de los extremos probatorios producidos pues de lo contrario trasluce el fallo un equívoco esencial de lo que significa e importa la teoría del delito como mecanismo para determinar la responsabilidad penal en un derecho penal de culpabilidad como el nuestro.
Y al no existir énfasis en el rigor probatorio, nos encontramos con un fallo de fundamentación sólo aparente que mucho dista de los requisitos formales exigidos, tomados estos como garantía del debido proceso legal, establecidos por la ley para entender que un fallo se encuentra ajustado indiscutiblemente a derecho...." (fs. 340).- Señaló que "...en consecuencia V.E. el agravio acá invocado por su entidad también suscita cuestión federal bastante para habilitar la vía del art. 14 inciso 1 de la ley 48 y así se solicita a fin de garantizar la defensa en juicio, el debido proceso legal y con ello en definitiva el principio de legalidad, pues su rechazo no ha sido bien merituado ni fundamentado de conformidad a las normas vigentes en especial la normativa constitucional y supra nacional que por el art. 75 inc. 22 de la CN poseen jerarquía constitucional no existiendo excepción alguna para ser desoídas por lo que al haberse afectado normas esenciales del procedimiento ha quedado también lesionada la garantía constitucional establecida por el art. 18 de la CN.
Es decir que resulta ser el propio fallo recurrido el que caracteriza las falencias y orfandades probatorias relativas a la determinación certera de la autoría de mi defendido. En todo caso lo que campea es la duda que por principio jurídico resulta sabido que beneficia a mi pupilo..." (fs. 340 vta.).- Sostuvo "...es así como se advierte la arbitrariedad de la decisión en crisis que, suprimiendo toda referencia a la cuestión constitucional alegada e involucrada en el caso, se limitó a efectuar el rechazo por inadmisible. Lo decidido significa una clara lesión al principio in dubio pro reo que se encuentra mencionado en los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función de lo establecido por el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional..." (fs. 341).-
Manifestó que "...toda vez que la vía utilizada por el justiciable se vio frustrada sin fundamentación idónea suficiente al rechazarse el recurso de casación, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio resulta procedente el presente Recurso Extraordinario (fallos: 321:1385, 3695, 322:1526)... El rechazo del recurso de casación declarándolo improcedente, importa la negación de la fiscalización del resolutorio atacado ello por cuanto como ya se manifestara de ningún modo fueron tratados los agravios que concretamente fueran expresados en oportunidad de fundamentarse el recurso incoado..." (fs. 341).- Continuó "...Concretamente los argumentos utilizados para rechazar el recurso, declarándolo inadmisible, son completamente incompatibles con la idea de un recurso amplio que signifique concederle verdaderamente al imputado la oportunidad de defenderse una vez más, tal como lo consagran el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos al conceder al derecho del justiciable a recurrir ante un tribunal superior... en el caso de autos, mi defendido ha expresado con claridad sus agravios y con ello las razones en que fundamenta su disconformidad con lo decidido en tanto mantiene las violaciones de las garantías constitucionales oportunamente alegadas y ante ello debió ser evaluado obligatoriamente por el tribunal de casación mediante el esfuerzo máximo posible (teoría de la potencialidad o capacidad de rendimiento) para fiscalizar el resolutorio, en relación a los agravios introducidos por medio de la pieza recursiva de casación..." (fs. 341 vta.).- Siguió "...en el caso de autos como se dijo V.E. concretamente de ningún modo se analizaron los agravios vertidos por mi defendido, es decir no se dió clara respuesta ni tratamiento a las cuestiones centrales en la que se fundamenta la crítica, referida puntualmente a la violación de garantías constitucionales en virtud de la inobservancia de normas procesales sustanciales que se traducen en la violación del debido proceso legal y la defensa en juicio..." (fs. 342 vta.).-
Se agravió por el "...excesivo monto de la pena. Violación a la garantía de defensa en juicio. Arts. 40 y 41 del CP. Inexistencia de fundamento en pena impuesta... se agravia esta parte por el excesivo monto de la pena impuesta a mi pupilo, el que no se ajusta a los parámetros de proporcionalidad, solicitando en consecuencia se reduzca el monto punitivo acorde con la calificación de abuso simple primer párrafo art. 119, con las agravantes del cuarto párrafo CP, imponiendo la pena mínima de tres años..." (fs. 342 vta.).-
Continuó "...así, se agravia esta parte en cuanto al monto de la pena, por falta de motivación de la sanción impuesta, precisando que el monto punitivo impuesto a mi defendido resulta irrazonable y contrario a la intangibilidad de la persona humana. Que sin perjuicio que se reconoce la facultad de los magistrados de aplicar la pena con discrecionalidad, a su vez esta tiene que ser motivada. Al graduarla, el juez debe tomar en cuenta el hecho concreto y valorarlo en sus particularidades, a fin de determinar su gravedad, sin apreciar algunas de las circunstancias propias de las agravantes... se sostiene desde esta defensa que tal como se encuentra reflejada la mensuración del quantum punitivo en contra de mi pupilo, ha mediado en el caso, violación a la garantía de defensa en juicio así como del principio de legalidad... Pues habiéndose dispuesto una pena por demás elevada, se ha incumplido con la proporción que señala el art. 40 del código de fondo. Ello indica que además de constituir un quiebre en la fundamentación implica una errónea aplicación de la norma contenida en el art. 40 del CP. Así, el fallo del Alto Cuerpo procede al rechazo del recurso de casación interpuesto por ésta parte; afirmando esta defensa que con la fijación del quantum de la pena ha quedado seriamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena y por ello la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación suficiente, lo que la torna arbitraria y consecuentemente da sustento a la procedencia de este remedio extraordinario..." (fs. 344).- Finalizó "... es así como se advierte la arbitrariedad de la decisión en crisis que, suprimiendo toda referencia a a cuestión constitucional alegada e involucrada en el caso, se limitó a efectuar el rechazo del recurso de casación...".-
En cuanto a la relación entre los agravios, hechos de la causa y la cuestión federal estableció "...la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 CN) y del principio de legalidad, poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente recurso extraordinario. Que en consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache asimismo de arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuera materia del recurso aquí interpuesto..." (fs. 344 vta.).- III.-) Que a fs. 349 se ordena traslado del recurso extraordinario al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 350/351, dictamina que: "...el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras (...) La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa (...) Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario...
Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...". Por lo antedicho, concluye que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.- Por su parte, el Defensor Público Oficial subrogante ante el TSJ, en representación del Ministerio Pupilar, sostuvo "...que en representación de los intereses de la menor que represento, solicito se rechace en todos sus términos el recurso extraordinario federal interpuesto por al defensa técnica del imputado Condori Gabriel Alberto a fs. 333/346 vta., toda vez que la crítica efectuada no alcanza a conmover el resolutorio dictado que se encuentra sobradamente ajustado a derecho, por lo que se solicita el rechazo de mismo y la consecuente confirmación del auto que el imputado intenta atacar..." (fs. 348).- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 inciso 1, pero sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (cfr. fs. 334).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).-
Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la responsabilidad penal del encartado, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 333/346 vta. están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 321/328 vta. "...Este Tribunal anticipa, que no se podría otorgar aptitud para fundar un recurso de casación, a aquella presentación en que la Defensa técnica se limita a afirmar que discrepa con la valoración y conclusión de los sentenciantes... Las afirmaciones que no van acompañadas razonadamente de su fundamento se traduce en una mera petición de principios, ya que no plantea claramente, el error en que incurrieron los sentenciantes exhibido mediante un análisis crítico de la motivación de la sentencia... técnicamente, con corrección se aplicó el medio de ponderación de la sana crítica, dando tratamiento adecuado a las cuestiones de hecho y derecho, constituyéndose la sentencia en una derivación razonada del derecho vigente a las circunstancias debidamente probadas...
Insiste este Tribunal, luego de haber recreado el razonamiento de los sentenciantes para concluir en la existencia del abuso que, como hemos visto, por las razones antes expuestas este órgano jurisdiccional comparte que el medio de impugnación carece de un análisis crítico destinado a demostrar que el mismo es errado. Por ello, necesariamente se debe concluir en la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de fundamentación suficiente... como se ha demostrado, en cuanto a la fuerza probatoria de las pruebas ventiladas en el juicio en punto a la existencia del abuso, resulta manifiestamente inadmisible que el recurrente solo haya manifestado que no lo comparte. Se reitera, es manifiesta la inadmisibilidad formal del recurso intentado que se edifica exclusivamente en la formulación dogmática de tres afirmaciones discrepantes con lo decidido en la sentencia recurrida, omitiendo el análisis crítico del razonamiento que motiva la misma...".- Asimismo, en relación al agravio planteado, es decir, en relación al monto de la pena, se dijo que "...la fijación del quantum de la pena, es una facultad que le compete a los jueces y solamente revisable en casación, cuando se demuestre su arbitrariedad; es decir que la potestad de la cual se encuentran investidos, no exime a los sentenciantes de fundar debidamente los motivos que los llevaron a arribar a una pena determinada... por lo expuesto, se puede concluir que la graduación de la pena realizada por los integrantes de la Excma.
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa. Resumiendo, la fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena de los imputados.-
En el resolutorio de fs. 321/328 vta. este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a GABRIEL ALBERTO CONDORI y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.-
Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25. Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 18 CN; ni 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; ni 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 333/346 vta. por el defensor de GABRIEL ALBERTO CONDORI, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2008O.191 TOMO: V– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:004 FOLIO Nº: 024/031 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia