Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8006
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello en-tiendo que no se ha vulnerado el principio de autonomía de la voluntad, por la conducta asumida por los actores anteriormente detallada y no se acreditó en éstos vicios en la voluntad que pudieran nulifi-carlo como tal, cuando por el contrario han adoptado por más de un año comportamientos jurídica-mente relevantes en diferente sentido.- En este orden de exposición, debo señalar que interpretado -aún con la restricción propia que informa la legislación en la materia-, el distracto entre las partes se ha dado en el marco normado por el art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por tal razón la sentencia no es justa y debe revocarse en lo pertinente.-
IX. Indemnización art. 80 de la LCT. En primer término habré de señalar que en los acuerdos celebrados entre las partes, que se tienen por válidos, se acordó expresamente la entrega de la certifi-cación de trabajos y aportes contemplada en el art. 80 de la LCT. Muchas de estas certificaciones fue-ron retiradas en tanto que otras se encuentran aún agregadas a los expedientes e inclusive existen más de una certificación por cada persona. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8006 Sentencia: 3004 Actor: Juan Alberto Conejero Demandada: SKANSKA S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 31/05/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los treinta y uno días de Mayo del año dos mil veintitres, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-mercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los au-tos: “CONEJERO JUAN ALBERTO C/ SKANSKA S.A. S/ DEMANDA LABORAL” Expte. Nº 13023 del año 2011 y sus agregados "Acosta Luis Alberto y otros c/ Skanska S.A. s/ demanda La-boral" expte. 13024/11 y "Paez Alejandro Marcelo y Otros c/ Skanka S.A. s/ demanda Laboral" expte. 13025/11 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Pico Truncado que tuviera ingreso en esta instancia, bajo el Nº 8006. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto Eduardo Mone-los y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presentan los Dres. Sergio Acevedo, Víctor V. Martensen y Norberto Castelo en repre-sentación de Juan Alberto Conejero, Marcelo Cabrera, Joel Galaz, Pablo Darío Gonzalez, Florentino Segundo Guilquiruca, Pedro Melo, Sergo Adrián Moreno y Beatriz Miriam Neira, demandan a Skanska S.A. solicitando la nulidad de los acuerdos celebrados en la subsecretaría de trabajo que detallan, en forma subsidiaria reclaman las diferencias salariales existentes a favor de los trabajadores, y solicitan se declare la inconstitucionalidad de diversas normas que invocan.
II. A fs. 89 se celebra audiencia de conciliación laboral con resultado negativo y la parte de-mandada contesta la acción. A fs. 39/88 se presentan los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Ignacio Ferreyra Amuchástegui, Andrés Ferreyra Amuchástegui y Federico Ferreyra Amuchástegui en repre-sentación de Skanska S.A. y contestan la demanda incoada. Realizan la negativa detallada de los he-chos, deducen excepciones previas y dan su versión de los hechos. Sostienen que las fechas de dis-tracto no son correctas, que los acuerdos celebrados entre las partes constituyen instrumentos públicos en los términos del art. 979 in fine del Código Civil y por lo tanto hacen plena fe; afirma que no exis-tieron vicios en la celebración de dichos acuerdos, que los trabajadores esuvieron debidamente repre-sentados, que no necesitan homologación los acuerdos celebrados en los términos del art. 241 de la LCT, y por tanto que carecen de acción para interponer esta demanda. Agrega que habiéndose extin-guido el contrato de trabajo de conformidad con el art. 241 de la ley de contrato de trabajo, resulta improcedente la indemnización por despido que aquí realizan. Sostienen haber dado cumplimiento con la entrega de la documentación correspondiente al art. 80 de la LCT y por lo tanto la improceden-cia de la indemnización por ello pretendida. Se explayan con relación a las inconstitucionalidades so-licitadas en la demanda con relación a los rubros considerados remunerativos, citan jurisprudencia, ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal. A fs. 254 se admite la excepción de prescripción declarando prescriptos los créditos reclama-dos anteriores al 17 de octubre de 2009.
Por resolución de fs. 326 se dispone la acumulación de éstos con los autos "Acosta Luis Al-berto y otros c/ Skanska S.A. s/ demanda Laboral" expte. 13024/11 y de los autos "Paez Alejandro Marcelo y Otros c/ Skanka S.A. s/ demanda Laboral" expte. 13025/11.-
III. En los autos "Paez Alejandro Marcelo y Otros c/ Skanka S.A. s/ demanda Laboral" expte. 13025/11 se presentan los Dres. Víctor V. Martensen y Norberto Castelo en representación de Alejan-dro Marcelo Paez, Miguel Arturo Paillaguala, Cristian Peña, José Luis Pino, Juan Marcelo Ruiz, Víctor Hugo Villarroel, Juan Eduardo Vera, Pablo Villagra, Víctor Raún Zambrano y Miguel Angel Zárate y deducen demanda contra Skanska S.A. La demanda tiene por objeto la nulidad de los acuerdos cele-brados por los nombrados en los términos del art. 241 de la LCT en similares términos y con iguales fundamentos que los dispuestos anteriormente, lo que se tiene presente. A fs. 41 y ss. los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Ignacio Ferreyra Amuchástegui y Federi-co Ferreyra Amuchástegui en representación de Skanska S.A. y contestan la demanda incoada con argumentos coincidentes con los anteriormente detallados. A fs. 328/330 se resuelve hacer lugar a la falta de legitimación de Cristian Peña y se decreta la prescripción de los créditos anteriores al 19 de octubre de 2009; seguidamente se ordena la producción de prueba. A fs. 529 se dispone la acumula-ción de los expedientes referida.
IV. En los autos "Acosta Luis Alberto y otros c/ Skanska S.A. s/ demanda Laboral" expte. 13024/11 se presentan a fs. 1/14 los Dres. Víctor V. Martensen y Norberto M. Castelo en representa-ción de Luis Alberto Acosta, Cristóbal de Jesús Alvarenga, Orlando David Araujo, Paulino Estanislao Bordón, Alejandro Rubén Bustamante, Cristian Andrés Bustamante, Arsenio Barría, Guido Erwin Ca-ravajal, Jesús Abel Curaqueo y Alexis Eliel Candia Marquez y deducen demanda contra Skanska S.A por iguales fundamentos que las anteriores demanda.
A fs. 48 y ss. los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Ignacio Ferreyra Amuchástegui y Federi-co Ferreyra Amuchástegui en representación de Skanska S.A. y contestan la demanda incoada con argumentos coincidentes con los anteriormente detallados. A fs. 345/347 se resuelve hacer lugar a la prescripción de los créditos anteriores al 17 de octubre de 2009 (con resolución aclaratoria de fs. 374); seguidamente se ordena la producción de prueba. A fs. 414 se dispone la acumulación de los expe-dientes referida.
Se tiene presente que se agregó documentación y pruebas en las diferentes causas y que si bien se dispuso la acumulación no se lo efectivizó materiralmente y se dictó una sentencia única.-
V. En documento PE363133-2022 se dicta sentencia de primera instancia que admite la de-manda, declara la inaplicabilidad de los convenios celebrado por las partes y condena a Skanska S.A al pago de sumas a determinar posteriormente por parte del Gabinete Contable que detalla en los con-siderandos, condena en costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios profesionales.-
VI. Contra dicho fallo la parte demandada en documento PE382000-2022 interpone y funda recurso de apelación el que es contestado por la actora en documento PE432131-2022.-
En agravio la parte demandada invoca la arbitrariedad de la sentencia entendiendo que omite tratar planteos deducidos, carece de motivación y fundamentos suficientes, prescinde de prueba deci-siva, resulta irrazonable siendo descalificada com acto jurídico válido. Afirma que es arbitraria la anu-lación de los acuerdos suscriptos por los actores con arreglo a lo dispuesto en el art. 241 de la LCT. En primer término refiere a que el sentenciante hace mención a la falta de firma de Sergio Oscar Girotti cuando dicha persona no es parte en los expedientes, lo que sería demostrativo de que el Juez con-funde su análisis y evidencia una falta de seriedad al resolver la cuestión, ya que el nombrado sólo fue testigo en una causa y su parte lo mencionó en el responde.
Refiere que el pronunciamiento debía analizar los acuerdos suscriptos por los actores con la demandada, citando como ejemplo el expedien-te administrativo N° 16807/2010 que tramitó ante la Secretaria de Estado, Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz, Dirección Pico Truncado, reservado en legajo N° 5425 de la causa “PAEZ” (fs. 138/151 de la sede administrativa) que comprende a 24 actores; también el acuerdo que se agregó en el expediente administrativo N° 16.847/10 (fs. 2/7) que comprende los otros 4 actores restantes. Agrega que el Juez parte de una confusión que es demostrativa de la arbitrariedad en lo re-suelto y cuyo error lleva a resolver por fuera de las constancias de la causa.
Se agravia en segundo término por la forma en que se interpretan los acuerdos celebrados. Refiere que el Juez entiende que el Anexo es algo diferente del acuerdo cuando del propio significado de la palagra Anexo significa algo agregado a otra persona o cosa, o también algo propio, inherente, concerniente. En atención a ello concluye que el Juez incurre en un equívoco al entender que se trata-ría de documentos o cuestiones diferentes cuando de los términos del documento se dice "concurren las personas cuyos datos se mencionan en el anexo" y que forma parte del acuerdo. Señala que ello se hace para aportar orden y prolijidad al documento por la cantidad de personas involucradas. Agrega a ello que además los trabajadores suscribián otro documento donde ratificaban la representación sindi-cal del Sindicato de Petrolero y Gas Privado de S.
C. y ratificaron en forma personal el acuerdo de desvinculación en un documento confeccionado por la Directora de Trabajo lo que agregaría orden a las exigencias del art. 241 de la LCT. y convalida la legalidad requerida. Afirma que el Juez invoca el fallo "OCAMPO" de la Corte suprema de Justicia de la Nación pero distorsiona y desvirtúa el precedente por cuanto no tiene los alcances que el sentenciante preten-de. Transcribe partes del fallo y concluye que es arbitrario el alcance otorgado. Agrega que los acuer-dos celebrados bajo la figura del art. 241 LCT no necesitan homologación para tener validez, lo que surge de la propia norma legal y además de la interpretación de la CSJN en “OCAMPO”.
Refiere a antecedentes de esta Cámara en el sentido de la innecesariedad de la homologación de los acuerdos, lo que se tiene presente. Señala que la disolución del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes no requiere ser homologada por autoridad alguna conforme doctrina que cita. Indicando además que la cita realizada en el fallo no guarda relación con el original donde se señala lo que califica como falta de fundamen-tación y rigor científico.-
Sostiene que tampoco debe requerirse una participación activa de la Autoridad administrativa como menciona el Juzgador de grado ya que no se trata de un supuesto de acuerdo transaccional sino que se trata de un “mutuo acuerdo”.-
En cuanto a la arbitrariedad de apreciación de la prueba indica que con relación a Cristian BUSTAMANTE (fs. 180/181 vta.) el sentenciante no contempló que le comprendían las generales de la ley, y que por ende su imparcialidad se encontraba comprometida, ya que resulta ser actor en la causa “ACOSTA” y tiene un especial interés en el resultado de la causa, lo que se apartaría de lo nor-mado por el art. 67 de la ley 1444. Menciona además que otros testigos (ZARATE, AGUILAR SAN-TANA y GALLARDO) tienen causas laborales similares contra la demandada. Por otra parte agrega que el documento fue leido a los actores en forma previa a su suscripción, citando las declaraciones de Girotti y Louge, donde quedó plasmado que los acuerdos se celebraron luego de varias reuniones con el sindicato y en la Secretaria de Trabajo de Pico Truncado a cargo de Rosa Peraca, donde siempre se informó sobre lo que se firmaba.
Señala la omisión de valorar la prueba confesional donde verios actores ACOSTA (fs. 385), ALVARENGA (fs. 386), BORDON (fs. 388), BUSTAMANTE (fs. 389) y CARAVAJAL (fs. 392), todos de la causa “ACOSTA” respondieron en forma afirmativa y sin ningu-na reserva que se desvincularon de la demandada firmando un acuerdo. Se explaya sobre la forma de apreciar y valorar estas pruebas lo que se tiene presente. En diferente apartado se agravia por la interpretación que realiza el juez con relación a que existió falta de participación activa y desinformación, ya que se trataría de una conclusión errónea pues todos los recaudos necesarios para la validez de los acuerdos fueron cumplidos, se firmaron ante la Autoridad Laboral competente, existió participación personal de los actores con patrocinio sindical y letrado.
Cita doctrina y fundamenta cada uno de dichos requisitos. Señala que los acuerdos son ins-trumentos públicos, lo que no es considerado por el juez de grado, y por ello hacen plena fe de con-formidad con lo dispuestos por los arts. 979, inc. 2° y 993 del C.C. Agregando que en el caso los acuerdos nunca fueron argüidos de falsos. Adiciona a ello que tampoco se respeta el principio del art. 12 de la ley 1260 en el sentido que “el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por el órgano competente. Indica que el fallo atacado también omite señalar que los actores suscribieron los acuerdos con patrocinio sindical y legal lo que refuerza la legalidad de todo lo actuado en sede administrativa.
Menciona la existencia de otro acuerdo celebrado en similares términos con la participación del Dr. Martensen como letrado de un trabajador. Hace referencia a la doctrina de los actos propios con respecto a ello. Sostiene que existe un error en el fallo al no considerar los comportamientos anteriores y posteriores a los acuerdos, invo-ca el principio de primacía de la realidad ya que los propios actores sostienen que prestaban servicios para otras contratistas al momento de suscribir los acuerdos, lo que confirma la voluntad inequívoca de desvincularse de la demandada. Seguidamente se agravia por cuanto se entiende que medió un despido indirecto, lo que fue inexistente, ya que si habría existido alguna irregularidad al celebrar los acuerdos habrá de analizarse la conducta anterior y posterior adoptada por las partes, situación que sostiene, no fue analizada en el fallo recurrido.
Cita doctrina sobre el punto. Agrega que ninguna de las partes realizó actos positivos tendientes a mantener la relación laboral, solicitando se analice dicha circunstancia en este estadio. Como tercer agravio se agravia por la condena al pago de la multa dis-puesta por el art. 80 de la LCT, pues entiende que se pasó por alto que la demandada dio cumplimien-to confeccionando la documentación lo que surgiría del Expte. Administrativo N° 16807/2010 (fs. 415) y que más adelante además se adjunta el listado de personal que concurrió a retirar la documen-tación en cuestión. Se agravia porque el sentenciante reprocha no haber adjuntado dicha documenta-ción cuando en realidad ya había sido entregada a los actores, y se encuentran además agregadas en la causa.
Tampoco se dice que las certificaciones contuvieran errores, por lo que solicita se revoque la condena en este aspecto por constituir una condena ritualista. Recordando además que toda esa in-formación se encuentra informatizada y al alcance de los interesados. Cita jurisprudencia y doctrina acorde a su postura. - En cuarto lugar se agravia por la inclusión de conceptos no remunerativos en el cálculo de conceptos salariales. Señala que se condena aún por períodos declarados prescriptos en la causa, que se realiza un análisis erróneo de la cuestion debatida y que se argumentó al respecto al momento de contestar la demanda. Menciona el antecedente de la causa "Luna" y sostiene que la sentencia desco-noce la voluntad de las partes al momento de celebrar el acuerdo y las negociaciones realizadas como también se aparta de los principios que informan los pactos colectivos de trabajo.
Cita jurisprudencia.
Agrega que los acuerdos paritarios que asignan carácter no remunerativo a determinados conceptos gozan de validez y el juez no declaró su inconstitucionalidad. Concluye que por tal razón lo decidido debe revocarse por apartarse de las formas en impugnar un convenio colectivo, por desconocer la autonomía de voluntad de las partes y la vigencia de los acuerdos paritarios sobre el tema lo que en-tiende violatorio del principio de seguridad jurídica. SE agravia además que se asigne naturaleza re-muneratoria a la vianda, por tergiversar la causa principal que determinó el concepto como es satisfa-cer la necesidad alimentaria del trabajador petrolero y así se ha dispuesto en los convenios colectivos, cuya normativa cita, por la modalidad del trabajo y por los lugares donde se desempeñan los trabaja-dores. - En forma subsidiaria solicita la aplicación del tope indemnizatorio o "Vizzoti" para el caso que no prosperen los agravios anteriores y se admita la indemnización del art. 245 de la LCT. Hace reserva del caso federal.-
VII. En documento PE432131-2022 la parte actora contesta los agravios. Entiende que los actores probaron la invalidez del acuerdo en los términos del art. 241 de la LCT celebrados en la Se-cretaría de Estado de Trabajo de Pico Truncado. Refiere que Skanska S.A. había finalizado su contrato con PAE,y debió hacerse cargo del riesgo empresarial e indemnizar ante el despido sin causa. Al res-pecto sostiene que se violó el debido proceso por falta de bilateralidad, por falta de doble ejemplar y que los trabajadores no tenían conocimiento acabado del programa de retiro. Agrega que no pudo pro-barse que el Sindicato representó los trabajadores quienes por su parte nunca consintieron el mutuo acuerdo; que se ha vulnerado el orden público laboral por cuanto se trata de un despido arbitrario. Sostiene que se realizó un pago como equivalente a la indemnización por antiguedad pero mal liqui-dado e insuficiente y se menciona que se encuentra excento del impuesto a las ganancias lo que estric-tamente no es así. Concluye que se trata de un despido injustificado bajo apariencia de un mutuo acuerdo. Entiende que también es fraudulento haber consignado que no había derecho para futuros reclamos; como también que no se haya homologado. Detalla los pagos que entiende mal realizados y la obligación del art. 80 de la LCt lo que se tiene presente. Sostiene que el acuerdo referido en agra-vios de Girotti no guarda relación con los presentes pues se llegó a un acuerdo en otros términos,con diferente formalidad que en éstos, con negociación previa, por lo que el testimonio del nombrado es de importancia para estos autos. Afirma que en el presente caso no existió doble ejemplar, ni asesora-miento legal y tampoco la homologación correspondiente. En otro apartado sostiene que es inncesario el análisis y cita del fallo "Ocampo", pues fue la propia demandada la que estipuló la necesidad de homologación administrativa del acuerdo y abonó menos de lo debido a los actores. Se explaya sobre la necesidad de homologación del acuerdo y del principio de irrenunciabilidad.- En diferente apartado refiere a la validez de la prueba testimonial y sostiene que no es la ex-presión de agravios la oportunidad procesal para invocar sobre la idoneidad de los testigos. Postula que el juzgador realizó una correcta interpretación de las pruebas testimoniales y confesional.-
Con respecto a la formalidad reitera que no existió doble ejemplar, y que el acta fue firmada por la representación de Skanska S.A y del Sindicato, por lo que faltó la participación activa de los actores como también falta de información. Cita jurisprudencia. Se explaya sobre la falta de asesora-miento de los firmantes y que el Dr. Karanikolas sólo asesoraba al sindicato. Hace mención al com-portamiento de las partes. Expone que PAE siempre se desobliga de los contratos de trabajo de los contratistas para no tener responsabilidad empresarial, y en el caso de Skanska S.A. no tenía más con-trato y no apeló a otras formas de desvinculación con los trabajadores. Desconoce el cumplimiento de la entrega de la documentación correspondiente al art. 80 de la LCT, cita prueba producida al respecto. En diferente apartado se explaya con relación a los conceptos no remunerativos integran el salario, solicitando se rechace el agravio al respecto citando jurisprudencia y doctrina acorde a su postura. Solicita se desestime el recurso interpuesto.-
VIII. Primeramente debo señalar que en las demandas se solicita la nulidad de los acuerdos celebrados en los expedientes administrativos 16841 y 16870. En el primero de ellos, que se incorpo-ró como prueba ninguno de los trabajadores firmantes es actor en los expedientes en estudio y el se-gundo expediente 16870 no ha sido incorporado al proceso. Aclaro ello por cuanto los aquí actores han firmado acuerdos en los expedientes 16847/10 y 16807/10 y las partes se refieren a ellos en los escritos constitutivos del proceso, y por tal razón habré de realizar el análisis con relación a dichos acuerdos.-
En el caso que nos ocupa el objeto principal de la demanda es la declaración de nulidad de los acuerdos celebrados por los actores con la demandada donde se da por extinguida la relación laboral. Esos acuerdos guardan similitudes en cuanto al texto y trámite seguido. Al respecto el art. 241 dice: "Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por vo-luntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación." La impugnación de los mismos se realiza con fundamento en la nulidad, alegando violación del orden público y fraude.
En cuanto a las formas señalan que no firmaron un acuerdo sino un anexo. Este argumento no puede tener asidero válido, por cuanto es claro el acuerdo en cuanto a que el anexo forma parte del acuerdo, que constituye en su totalidad un único acto. La conformación de un anexo como parte de las resoluciones administrativas y aún judiciales, es de práctica habitual, para un mejor ordenamiento o interpretación de la resolución de que se trate. Y su propio significado im-plica de algo que va unido y es innescindible, pues no tendría valor por separado. Aquí no se alegó que se haya modificado el acuerdo o que se lo hayan cambiado por otro, sino que todos hablan del mismo acuerdo que precede al anexo que finalmente suscribieron, lo que es demostrativo que todos entienden lo que ello significa, y en el texto de los acuerdos se hace referencia a que firmarán por una planilla anexa.
Aclarado ello, debe considerarse que se trata de un instrumento público en los términos del art. 979 del Código Civil, vigente al momento de los hechos, en los que intervino personal de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, y por tal razón gonzan de entera fe como señala el art. 980 del Código Civil velezano. En el expediente recordado por el letrado recurrente en que me expedí sobre el tema en cuanto a la innecesariedad de la homologación judicial (“RUE DIAZ, WASHINGTON ALE-JANDRO Y OTRO C/ SODEXHO ARGENTINA S.A. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº 12.935/11; Sentencia T: XC REG: 2761, F: 13/22 de fecha 27/11/2018) señalé :"Se enseña al respecto que "Cuando el acto se celebra ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, no requiere homologación.
Ello por la sencilla razón de que las facultades homologatorias que el art. 15 de la LCT reconoce a dichos órganos están referidas, en el marco de las relaciones individuales de traba-jo...a derechos litigiosos, lo que en principio no sucede en el caso de la extinción por mutuo acuerdo del contrato de trabajo." (Revista de Derecho Laboral, Contratación y Despido-1, 2018-1, Ed. Rubin-zal Culzoni, pag. 281). Es decir que la circunstancia de que no exista una resolución homologatoria no le quita efectos a una decisión que ha sido prestada por todas las partes intervinientes, sin que se evi-dencien características de simulación, ni vicios de la voluntad en los integrantes." Razonamiento que hago propio en este caso.
Entiendo erróneo el razonamiento realizado por el Juez de grado sobre el punto, tanto en cuanto a la firma de los acuerdos como a la interpretación que realiza, y la prueba en que se funda con relación a "Girotti" ya que no es parte en esta causa como la interpretación del pre-cedente "Ocampo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicho precedente la CSJN señaló que "La exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido en la extinción de contrato por 'mutuo acuerdo' en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo no esta contemplada en el artículo en cuestión, la Ley solo establece dicha exigencia para los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios previstos en el art. 15 de la Ley de contrato de Traba-jo." Y seguidamente entendió que la sentencia que disponía lo contrario era arbitraria y la revo-ca.(CSJN; Ocampo Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido, 10 de septiembre de 2020, Fallo, Cita: MJ-JU-M-127720-AR|MJJ127720|MJJ127720) Es decir que el Juez de grado realiza una interpreta-ción parcializada de dicho precedente tal como expone el recurrente.
En cuanto al conocimiento y actitud asumida por los actores debo señalar que todos se encon-traban afiliados al Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz, lo que se desprende de los recibos de haberes donde se le efectuaba el descuento de la cuota Sindical, como así también de las absoluciones de posiciones donde ellos reconocen expresamente esta situación. El estatuto del Sindicato que fue agregado a fs. 1299 y ss. en la causa "Paez", fs. 621 y ss. del expediente "Acosta" y a fs. 351 y ss. en la causa "Conejero" en su art. 3 es claro en cuanto a la función que desempeña el sindicato en cuanto a la defensa de los intereses de los afiliados frente al estado y a los empleadores. Entiendo por ello contradictoria la postura de los ahora interesados al desconocer la actuación del Sindicato, que partici-pó activamente de la celebración de los acuerdos y contaba con patrocinio letrado.
En otro orden ten-go presente la declaración de los testigos Néstor Esteban Gallardo (fs. 1217 causa "Paez" y 397/398 causa "Acosta) y José Arnoldo Aguilar Santana (fs. 400 causa Acosta, fs. 414/415 causa "Conejero y fs. 1214/1215 causa "Paez), que si bien se trata de empleados de la demandada quienes expresan tener especial interés en el resultado del pleito, reconocen haber tenido representación sindical, haberse ad-herido a las medidas de fuerza realizada con motivo de las negociaciones, tener expreso conocimiento de que Skanska S.A. finalizaba su contrato con la operadora. En igual sentido lo refiere Edgardo Lou-ge a fs. 1279/1282 de la causa "Paez" al referirse que existieron muchas negociaciones y diversas reuniones con los representantes del sindicato.
Es decir que no puede sostenerse válidadmente que "no sabían nada de lo que firmaban", cuando todos habian otorgado un mandato en la representación sin-dical, que fue quien con patrocinio letrado negoció las condiciones de desvinculación, realizaron las medidas de fuerza a las que convocó el sindicato y tenían adhesión a las propuestas sindicales en las negociaciones. Sumado que además seguidamente de los acuerdos firmaron un documento por el cual expresamente ratifican la representación Sindical para ello. Quizás debieron solicitar las explicaciones en dicha oportunidad. El principio de la realidad evaluado en el contexto en que se desarrollaron los hechos demuestra que no asiste razón a la parte actora y que el juez de grado realizó una valoración parcializada de la realidad.
Es propio del giro empresarial en la zona que las empresas que contratan con las operadoras petroleras transfieran el personal a otras contratistas o cesen en sus contratos de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 de la ley de contrato de trabajo cuando finaliza el acuerdo o el tiempo por el que fueron contratadas. No es una práctica que pueda sorprender ni a quienes re-presentan a los trabajadores petroleros como tampoco a las personas encargadas de plasmar las nego-ciaciones en la secretaría de trabajo. Siendo que la principal preocupación del trabajador es sostener su continuidad laboral, ello fue materia del acuerdo y tan es así que ninguno pretendió ser reincorporado a Skanska S.A. - Tengo presente además que este modo extintivo de una relación laboral no contempla el pago de una indemnización o gratificación, es decir "excluye de toda posibilidad indemnizatoria" (v.
Ojeda, Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo com. y conc. Ed. Rubinzal Culzoni- 2011, T. III pag. 335). Situación que si bien debe apreciarse con rigurosidad, en éstos puede corroborarse con la concluyente actividad desplegada por las partes, ya que se hace entrega de una suma de dinero, que no necesaria-mete debe guardar exactitud con la liquidación por un despido, pero que tampoco se observa como ínfima o fraudulenta en dicho contexto. Lo que constituye el otro elemento a analizar en autos, es la actitud personal que requiere la norma y que se configura por el paso del tiempo sin que el dependien-te trabaje y el empleador reclame, habiendo iniciado las demandas judiciales al año aproximadamente de haber estado desvinculados de la empleadora, postura que es demostrativa de una conducta contra-ria al espíritu de la norma del art. 241 de la LCT como asimismo al principio de buena fe que es pro-pio de las normas en la materia e impone un límite a todo comportamiento con relevancia jurídica de todos los actores dentro de una relación de trabajo (art. 11 LCT); máxime cuando se pretende atacar un acto que tiene presunción de validez por emanar de un organismo Estatal (ley 1260).
Por ello en-tiendo que no se ha vulnerado el principio de autonomía de la voluntad, por la conducta asumida por los actores anteriormente detallada y no se acreditó en éstos vicios en la voluntad que pudieran nulifi-carlo como tal, cuando por el contrario han adoptado por más de un año comportamientos jurídica-mente relevantes en diferente sentido.- En este orden de exposición, debo señalar que interpretado -aún con la restricción propia que informa la legislación en la materia-, el distracto entre las partes se ha dado en el marco normado por el art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por tal razón la sentencia no es justa y debe revocarse en lo pertinente.-
IX. Indemnización art. 80 de la LCT. En primer término habré de señalar que en los acuerdos celebrados entre las partes, que se tienen por válidos, se acordó expresamente la entrega de la certifi-cación de trabajos y aportes contemplada en el art. 80 de la LCT. Muchas de estas certificaciones fue-ron retiradas en tanto que otras se encuentran aún agregadas a los expedientes e inclusive existen más de una certificación por cada persona. Así puede señalarse que en el expediente administrativo 16807/2010 agregado como prueba se desprende que a fs. 415/421 se han acompañado y retirado las certificaciones de trabajo correspondientes a Juan Alberto Conejero, Joel Galaz, Pablo Darío Gonza-lez, Florentino Segundo Guilquiruca, Sergo Adrián Moreno, Beatriz Miriam Neira, Miguel Arturo Pai-llaguala,José Luis Pino, Juan Marcelo Ruiz, Juan Eduardo Vera, Víctor Raún Zambrano y Miguel An-gel Zárate, Cristóbal de Jesús Alvarenga, Orlando David Araujo, Paulino Estanislao Bordón, Alejandro Rubén Bustamante, Cristian Andrés Bustamante, Arsenio Barría, Alexis Eliel Candia Marquez y Guido Erwin Caravajal.
Por su parte en el expediente "Conejero" a fs. 1630 existe constancia que la certifica-ción de Marcelo Cabrera está agregada por cuanto no la habría retirado. En la documentación reserva-da en legajo correspondiente a un bibliorato Azul en los autos "Paez" se encuentran agregadas las cer-tificaciones de Alejandro Marcelo Paez (fs. 570 y ss.), Víctor Hugo Villarroel (fs. 642 y ss.), Pablo Villagra (fs. 623 y ss.), en documentación reservada en los autos "Conejero" a fs. 199 y ss. se encuen-tra agregada la documentación correspondiente a Luis Alberto Acosta. Esta apreciación pone de ele-vancia que el Juez de grado no apreció debidamente la prueba ni las constancias de la causa, pues los propios actores que menciona como que habrían intimado a la demandada figuran con su firma en el expediente administrativo referido con la constancia de haber retirado sus certificaciones laborales.
A mayor abundamiento debo referir que la empleadora demandada acompañó en una enorme cantidad de documentación, que se tiene a la vista, las constancias de aportes y contribuciones, lo que da certe-za de que la finalidad perseguida por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra debida-mente cummplida y acreditada. Entiendo por tal razón que este agravio debe prosperar.- Por la forma en que me he pronunciado a las cuestiones anteriores entiendo que deviene inne-cesario el tratamiento de los demás agravios formulados por la recurrente por resultar abstractos.-
En respuesta a la primer cuestión entiendo que la sentencia no es justa y debe revocarse en la medida señalada precedentemente.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que coincido con la primera votante en que los acuerdos firmados en la secretaría de tra-bajo de la provincia se formalizaron conforme a derecho y tienen plena validez, como así también la entrega tempestiva de los certificados de trabajo, aportes y contribuciones. En igual sentido me pro-nuncié en el antecedente de esta Cámara “CANDIA MARIELA ALEJANDRA Y OTROS C/ SODEX-HO ARGENTINA S.A. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº 13.096 del año 2011 (T: XCIV (BIS) SENTENCIAS, REG.: 2902, FOLIO: 153/159, PROT.ELECT.:A201 084 S211), entre otros. (conf. arts. 80, 241 y ccs. LCT). Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. En función de los argumentos desarrollados en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir los agravios de la demandada y revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes. 2) Desestimar la demanda deducida por Juan Alberto Conejero, Marcelo Cabrera, Joel Galaz, Pablo Darío Gonzalez, Florentino Segundo Guilquiruca, Pedro Melo, Sergo Adrián Moreno y Beatriz Miriam Neira. Alejandro Marcelo Paez, Miguel Arturo Paillaguala, José Luis Pino, Juan Marcelo Ruiz, Víctor Hugo Villarroel, Juan Eduardo Vera, Pablo Villagra, Víctor Raún Zambrano y Miguel Angel Zárate. Luis Alberto Acosta, Cristóbal de Jesús Alvarenga, Orlando David Araujo, Paulino Estanislao Bordón, Alejandro Rubén Bustamante, Cristian Andrés Bustamante, Arse-nio Barría, Guido Erwin Caravajal, Jesús Abel Curaqueo y Alexis Eliel Candia Marquez contra SKanska S.A. por las razones expuestas en los considerandos. 3) Costas a los actores por resultar ven-cidos (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444). 4) Tener presente la reserva del caso federal. 5)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que considero a la propuesta ajustada a lo tratado al contestar la primera cuestión. Adhie-ro pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 31 de mayo de dos mil veintitres
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Po-der Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Se-gunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir los agravios de la demandada y revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes.-
2. Desestimar la demanda deducida por Juan Alberto Conejero, Marcelo Cabrera, Joel Galaz, Pablo Darío Gonzalez, Florentino Segundo Guilquiruca, Pedro Melo, Sergo Adrián Moreno y Beatriz Miriam Neira. Alejandro Marcelo Paez, Miguel Arturo Paillaguala, José Luis Pino, Juan Marcelo Ruiz, Víctor Hugo Villarroel, Juan Eduardo Vera, Pablo Villagra, Víctor Raún Zambrano y Miguel Angel Zárate. Luis Alberto Acosta, Cristóbal de Jesús Alvarenga, Orlando David Araujo, Paulino Estanislao Bordón, Alejandro Rubén Bustamante, Cristian Andrés Bustamante, Arsenio Barría, Guido Erwin Ca-ravajal, Jesús Abel Curaqueo y Alexis Eliel Candia Marquez contra SKanska S.A. por las razones ex-puestas en los considerandos.
3. Costas a los actores por resultar vencidos (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).
5)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Jorge O. Alonso no suscribe la presente por no existir disidencias y constituir mayoría.
GRISELDA I. BARD HUMBERTO EDUARDO MONELOS Jue-za de Cámara-Presidenta Juez de Cámara ANTE MI:
Carolina M. Lima Secretaria de Cámara FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201 1 S.221 Tomo: XCV
Folio Nº:
Secretaria: 1 TOMO: XCVIII SENTENCIAS REGISTRO: 3004 FOLIO: 125/134 PROT.ELECT.:A201016S.231
Fin de la sentencia