Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción efectuado en relación a la Resolución N°14/2008. Con costas.
2Confirmar las Resoluciones Nros. 14/2008 y 15/2008. Con costas.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Coney S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las dos etapas de los Expedientes y el resultado obtenido, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432: - Por el Expediente N° 31.910-I (Resolución N° 14/2008):
I. en la suma de $220.683, por la representación procesal y de $551.707, por el patrocinio letrado.
Ii. en la suma de $ 22.068, por la representación procesal y de $55.171, por el patrocinio letrado, en atención a lo resuelto en el punto 1).
- Por el Expediente N° 31.911-I (Resolución N° 15/2008), en la suma de $220.592, por la representación procesal y de $551.481, por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-100733785-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Septiembre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 31.910-I y su acum. N° 31.911-I caratulado “Coney S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Coney S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 14/2008 y 15/2008, dictadas en la Dirección Regional Palermo de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en las cuales se le determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2002 y 2003 y se la intimó a ingresar la suma de $3.123.406,74, y en el impuesto a las salidas no documentas, por las erogaciones efectuadas en los meses de 12/2001, 2/2002 a 12/2002 y 1/2003 a 5/2003 por lo que se la intimó a ingresar la suma de $3.083.857. En ambos casos, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, en dichos actos se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
Comienza sus extensas presentaciones ante esta instancia refiriéndose a la pretensión fiscal en relación al impuesto a las ganancias y solicita, en primer término, la prescripción de las acciones fiscales para determinar de oficio dicho tributo por el período fiscal 2002. Alega para ello, que toda vez que cierra sus ejercicios comerciales en el mes de mayo de cada año, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada operó el día 11 de octubre de 2002 (según la R.G. 1187/2001), el plazo comenzó a correr el 1 de enero del 2003 y finalizó el 31 de diciembre de 2007, de lo que resulta que al momento del dictado de la Resolución N° 14/2008 (26/5/2008) la prescripcón ya había operado.
En segundo lugar, aduce que durante todo el procedimiento no se respetó su derecho a ser oído ya que no se produjo ninguna de las pruebas ofrecidas en oportunidad de presentar su descargo, tendientes a demostrar que los prestadores de servicios cuestionados cobraron las sumas de dinero facturadas. Por ello, considera que se vio afectada la garantía al debido proceso.
Critica que la determinación de oficio se haya basado en una presunción —que los proveedores no hicieron las operaciones comerciales registradas por Coney S.A. —. Dice que no se acreditaron ni justificaron los impedimentos para practicarla sobre base cierta, máxime, cuando —asegura— el Fisco Nacional contaba con toda la documentación y registraciones a su disposición. Considera, entonces, que al no haber constatado ninguna irregularidad real, se recurrió al sistema indiciario con un afán recaudatorio, a fin de invertir la carga de la prueba para que ésta recaiga sobre Coney S.A. Afirma que los indicios que se consideraron fueron imprecisos, no concordantes y, en algunos casos, ni siquiera ciertos. Agrega que la impugnación se basó solamente en la imposibilidad de localización de los proveedores y supuestos incumplimientos a sus deberes fiscales por los que no debe responder. Asegura, en cambio, que los proveedores existían, estaban inscriptos como contribuyentes, sus Estatutos inscriptos ante la Inspección General de Justicia y los códigos de autorización de impresión (CAI) que figuran en las facturas coinciden con las autorizaciones otorgadas por el Fisco Nacional y estaban vigentes.
En otro orden, se agravia de que en la vista notificada no se formula ningún fundamento concreto que respalde la improcedencia de las deducciones por los gastos relacionados con los proveedores observados. Para ello, repasa sus Considerandos y concluye que el cargo se basa en “anomalías” sobre las que no se dan precisiones. Ello, condicionó su ofrecimiento de pruebas en su defensa y le produjo un estado de incertidumbre parecido a la falta de motivación del acto de vista, requisito esencial para cualquier acto administrativo, en tanto se la colocó en una situación en que debe defenderse, aunque no comprenda de qué.
Como defensa subsidiaria, expresa que el Fisco Nacional no demostró la apocrificidad de las operaciones impugnadas y resalta la insuficiencia de los elementos recolectados para fundar el ajuste. En tal sentido, niega la existencia de tales anomalías y destaca que se reconoció que Coney S.A. llevaba sus registraciones de acuerdo con las normas vigentes y que cumplió todos los requerimientos que se le hicieran. También, hace notar que el circuito de pagos fue constatado por la inspección y que las facturas fueron canceladas en patacones, lecops y cheques.
Contesta las supuestas anomalías detectadas en relación a cada uno de los proveedores prestadores de servicios, las que, en resumen, considera insuficientes, imprecisas e infundadas.
Por otra parte, manifiesta que no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, la impugnación de los costos consignados en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2002 y 2003. Afirma que su actividad consiste en la preparación, presentación y gestión ante la entonces Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía de la Nación, de los expedientes de solicitud de reintegros impositivos especiales del régimen de Hidronor S.A. regulado por las leyes 17.574, 23.411 y normativa concordante. Añade que sus clientes son los beneficiarios directos de los reintegros, que son las empresas contratistas adjudicatarias de las obras civiles de los complejos hidroeléctricos licitados por Hidronor S.A. Como contraprestación por su actividad, percibió honorarios equivalentes a un porcentaje de los reintegros obtenidos.
Destaca que los trabajos a su cargo consistían en un complejo proceso de tareas consistente en relevamientos en sede de las obras, cálculos de ingeniería basados en los certificados de obra y en la documentación de respaldo de los mismos —lo que exigía un exhaustivo análisis técnico sobre dichos documentos— preparación de planillas especiales y documentación técnica específica, análisis y procesamiento de información mediante sistemas informáticos y consultas a diversas áreas del Poder Ejecutivo sobre la interpretación técnica a otorgar a diversos aspectos de la normativa reglamentaria de los reintegros.
Para ello, contrató a los proveedores ya que, tal como le consta al Fisco Nacional, no tenía los recursos humanos ni técnicos para hacer frente a la complejidad de las tareas que se requieren para el desarrollo de su actividad. Es por ello que, necesariamente, debe recurrir a la subcontratación de distintos proveedores por lo que, invocando además el principio de la realidad económica, considera que la pretensión fiscal no puede prosperar. Asimismo, alega que los contratos firmados con los proveedores fueron agregados a las actuaciones administrativas. Por lo demás, expresa que el pago por dichos servicios quedó condicionado a la obtención y cobro del reintegro, es decir, a resultado de que se obtuvieran, por lo que, inevitablemente las prestaciones de servicios se concretaban. De otra forma, no obtenía ganancias. Entiende que, si existieron deficiencias o irregularidades, éstas deben ser resueltas por el Fisco Nacional con cada proveedor.
Refiere que, para la deducibilidad del gasto, lo importante a considerar es que éste haya existido y no la documentación respaldatoria, puesto que en el extremo de no existir la misma, ello no impide la deducción por aplicación del invocado principio de la realidad económica. Concluye, entonces, que es evidente que la inspección desconoció todos los antecedentes a los que tuvo acceso en el proceso de fiscalización, omitió su análisis así como tener en cuenta la especialidad y complejidad de las labores realizadas por Coney S.A.
Indica que, para el caso de que se confirme el ajuste, se deberá tener en cuenta en la liquidación del impuesto a ingresar, las retenciones del impuesto a las ganancias y del entonces Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones efectuadas por Coney S.A. a las proveedoras.
Dice también que “Para el improbable caso que esa División Revisión y Recursos confirme el método presuntivo empleado en la vista conferida, mi mandante se agravia de que al efectuarse la Determinación de Oficio del Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2002 y 2003, el procedimiento seguido en la vista conferida no contempló la deducción en el balance impositivo del impuesto a las salidas no documentadas. Alega que tal posibilidad fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar que se trata de un impuesto accesorio al gasto por el cual se paga y por esta razón admitió la deducibilidad del gravamen (conf. “Geigy Argentina S.A”).
En cuanto a la intimación de ingreso del impuesto a las salidas no documentadas, realiza un breve descargo en el que se limita a afirmar que el Fisco Nacional no persigue otro fin que el de percutir dos veces sobre la misma base imponible, en violación al principio de legalidad, pues el encuadre del caso dentro de la pretendida figura de la salida no documentada lejos está de responder a la realidad de los hechos. Insiste en que los gastos son reales y responden a la necesidad de tercerizar tareas técnicas específicas, absolutamente necesarias para la generación de la ganancia gravada. Advierte que en un importante número de pagos se calculó el impuesto sobre el importe nominal del mismo ignorando las retenciones practicadas. Y, solicita que de subsistir el criterio fiscal vertido en la vista conferida, se liquide el impuesto sobre el importe efectivamente salido, el que surge de detraer al importe nominal del pago las retenciones practicadas. Seguidamente, señala la invalidez del art. 166 de la ley 11.683 en cuanto limita el ofrecimiento de pruebas y, en consecuencia, ofrece la siguiente: prueba informativa a las entonces Secretaría de Industria, a la Administración Tributaria, a las imprentas a cargo de la confección de las facturas de los proveedores, a la Jefatura de la División Revisión y Recursos II de la Regional Palermo; testimonial de los titulares y/o responsables de los proveedores y prueba pericial contable. Solicita asimismo como prueba documental que la Administración aporte la totalidad de las actuaciones relacionadas con dos de los proveedores (Del Canto Urriola S.R.L. y Sicomo Constructora S.R.L.).
Por todo lo expuesto, solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos y por las consideraciones que expone pide que se confirmen las Resoluciones, también con costas.
En cuanto a la prescripción, contesta que la recurrente omitió considerar la aplicación del art. sin número agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683, por lo que, teniendo en cuenta que la Resolución de Vista fue notificada el 21 de diciembre de 2007, sus acciones no se encontraban prescriptas. Por lo demás, entiende que debe tenerse en cuenta también la suspensión que con carácter general introdujo la ley 26.476.
Manifiesta que en las Resoluciones se han detallado las abundantes irregularidades presentadas por los proveedores observados y, en base a ello, considera que se desvirtúa por completo el agravio sobre que las determinaciones de oficio fueron efectuadas sobre base presunta. Por el contrario, los hechos acreditados durante la auditoría fiscal permitieron determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible.
Con respecto a que no ha sido oída la recurrente durante el procedimiento, invoca todo lo actuado, que consta en los antecedentes administrativos de la causa.
Hace saber que Coney S.A. se encuentra relacionada con otras tres empresas que tienen la misma actividad, comparten domicilios fiscales, directores y accionistas. Y afirma que la actividad que desarrolló, en realidad es solo de mero trámite, como intermediaria entre Hidronor S.A. y los proveedores que dice que han realizado el servicio, motivo por el cual se pregunta por qué no se contrataba directamente a las proveedoras, sin utilizar esta empresa, que, por otra parte, según circularizaciones realizadas a las entonces Secretaría de Energía, Unidad de Franquicias Impositivas; la Tesorería General de La Nación y Dir. Nac. De Entes en Liquidación Coordinación de Entes Liquidados (por Hidronor H.N. S.A.), ninguna reconoció tener conocimiento de Coney S.A.
Sobre la deducción del impuesto a las salidas no documentadas, la representación fiscal sostiene que mal puede deducirse aquello que aún se halla en discusión. A todo evento, dice que debe estarse a lo establecido en el art. 18 de la ley de impuesto a las ganancias que prevé el momento en el que se deben deducir.
En cuanto a la consideración de las retenciones efectuadas en el impuesto a las ganancias y en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que la recurrente indica haberle realizado a los proveedores cuestionados, hace notar que dicho reclamo solo puede hacerlo el titular del derecho que, lógicamente, no es Coney S.A.
Niega que las anomalías presentadas por los proveedores no hayan sido debidamente detalladas y remite nuevamente a los Considerados de las Resoluciones. Por lo demás, destaca que el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación, como el CAI vigente, no acredita por si sólo la realidad fáctica de las operaciones. En suma, dice que la recurrente debió aportar elementos tendientes a acreditar los gastos y no lo hizo.
III. Cabe destacar que Coney S.A. informó que se encontraban tramitando ante este Tribunal Fiscal, Expedientes en los cuales se habían apelado determinaciones de oficio efectuadas contra las empresas del grupo —Coney S.A, Chaumont S.A., Tassy S.A. y Dicmar S.A— y solicitó su acumulación, en razón de que todas realizaban la misma actividad y compartían los domicilios y miembros del directorio, Sres. Guillermo Arturo Henin, Guillermo Martín Henin, Heriberto Binner, Eduardo Felipe Bourel. Agregó que, en el caso del impuesto al valor agregado, no declaró debito fiscal para ninguna de las empresas porque los servicios prestados y recibidos se encontraban desgravados por aplicación de la ley 23.411 y, en el caso del impuesto a las ganancias y del impuesto a las salidas no documentadas, los proveedores objetados eran los mismos así como las apreciaciones que sobre ellos tuvo el Fisco Nacional (v. fs. 361 y 772).
A fs. 779, el Tribunal en pleno decidió tratar las acumulaciones según carátulas de los Expedientes y acumular el Expediente N° 31.911-I al 31.910-I porque compartían el origen de la pretensión fiscal. A su vez, descartó la acumulación del Expediente N° 31.909-I por tratarse de otro ajuste distinto al que motivó las determinaciones de oficio recurridas en los Expedientes 31.910-I y 31.911-I.
IV. El presente Expediente se abrió a prueba a fs. 782 y se hizo lugar a la informativa, salvo aquella dirigida a la Administración Tributaria porque lo requerido formaba parte de los antecedentes administrativos acompañados por el Fisco Nacional al contestar los recursos de apelación. Sin embargo, ante su inacción, a fs. 814 se dio por decaído su derecho a producirla. Por otra parte, previo a proveer sobre las pruebas testimonial y pericial contable ofrecidas se hicieron sendos requerimientos a la recurrente que, al no ser cumplidos, a pesar de haber sido intimada y debidamente notificada, ocasionó que también se diera por decaído el derecho a producirlas a fs. 801.
Además, se requirió a las partes que informaran sobre el estado procesal de la causa penal N° 854/2008/6/CFC1 “Henin, Guillermo Arturo y otros s/ recurso de casación” (v. fs 821). La representación fiscal contestó a fs. 822 que, a ese momento, la causa se encontraba en instancia de instrucción suplementaria, elevada ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. A fs. 826 se clausuró el período probatorio y a fs. 838 se elevó el Expediente a la Sala. A fs. 842 el Expediente quedó en estado de dictar sentencia.
V. Corresponde analizar en primer término el planteo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación de Coney S.A. en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2002.
Al respecto cabe decir que no se encuentra en discusión que Coney S.A. cierra sus ejercicios comerciales el 31 de mayo de cada año, por lo cual el plazo comenzó a correr el 1 de enero del 2003 para finalizar el 31 de diciembre de 2007. De tal manera, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 56 de la ley 11.683 y que la Resolución fue dictada el 26 de mayo de 2008, cabe examinar si dicho plazo fue incidido por otras normas que hubieran suspendido o interrumpido su curso o bien, le asiste razón a la recurrente en su planteo.
En tal sentido, el Fisco Nacional, afirma que debe aplicarse el art. sin número agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683, que suspende por 120 días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la vista fue notificada el 21 de diciembre de 2007, cabe concluir que no se encontraban prescriptas las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio el impuesto a las ganancias del período fiscal 2002, por lo que corresponde rechazar esta defensa. Con costas.
VI. A continuación, corresponde resolver sobre la legitimidad de las determinaciones de oficio notificadas en las Resoluciones Nros. 14/2008 y 15/2008, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras.
En consecuencia, debe estarse a sus Considerandos y a los antecedentes administrativos que preceden a su dictado, así como también a los agravios y las pruebas aportadas y rendidas en este Expediente.
A tal efecto, del análisis del informe final de inspección agregado a fs. 233/268 del cuerpo de antecedentes correspondiente al impuesto a las ganancias (O.I. N° 3180/1), surge que la actividad de Coney S.A. consistía en la determinación, cálculos técnicos, preparación, presentación y gestión ante el Poder Ejecutivo, de expedientes de solicitudes de reintegros impositivos a favor de empresas que intervenían en la construcción de represas hidroeléctricas en el marco de regímenes especiales de promoción. Como contraprestación, Coney S.A. facturaba a esas empresas un porcentaje en concepto de honorarios por todo el trabajo de cálculo, presentación y gestión. El comitente, en el caso, era la empresa Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica S.A., en liquidación en ese momento, a quien el Estado Nacional le había otorgado mediante leyes 17.574, 20.050 y 23.411 la concesión para construir y explotar las obras del Complejo el Chocón-Cerro Colorado, del Complejo Hidroeléctrico Alicopá y del Complejo Limay Medio.
A su vez, Coney S.A. subcontrataba a empresas como los proveedores cuestionados para efectuar tareas tales como análisis de facturación, clasificación e itemización de materiales eléctricos, medición y control en las obras, ingeniería y recalculo de hormigones y suelos, estudios generales, replanteos de estructuras y de cementación de suelos, entre otras, todas necesarias para la tramitación de los expedientes. Ello, porque no contaba con personal ni estructura propia para hacerlo.
Ahora bien, surge de dicho informe que se cuestionó para el impuesto a las ganancias, respecto del período fiscal 2002, por una parte, que Coney S.A. había realizado disposición de fondos a terceros sin computar renta —interés— como contraprestación de los mismos a pesar de que dichos créditos no constituyeron una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa. Por ello, se calcularon intereses presuntos sobre los saldos de los créditos computables respecto de esas firmas, correspondiendo la aplicación del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y modif.) Por otra parte, para el período fiscal 2002 y 2003, se observó en el Cuadro I del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2002 que la cuenta más significativa del costo de los servicios era “Servicios subcontratistas”, que representaba el 81% de los ingresos por servicios declarados mientras que, en el ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2003, la cuenta “Servicios comerciales” (que formaba parte del costo de servicios) representaba el 97% de los ingresos por servicios. Entonces, se fiscalizó a los proveedores y para ello se realizaron circularizaciones, visitas a los domicilios fiscales, comerciales y alternativos, se consultaron los CAI de las facturas, se solicitó información a las respectivas imprentas, se verificó la presentación de balances ante la Inspección General de Justicia, se consultaron legajos, se requirió información a otras Agencias, se analizaron datos obtenidos de las bases de datos del Organismo, entre otras tareas que se encuentran detalladas con relación a cada una de las siguientes empresas Ace Tol Construcciones Electromecánicas S.R.L., Clemente Serra S.A.C.I.F., Constructora Balvanera S.R.L., Convergencia Empresaria S.R.L., Del Canto Urriola S.R.L., Hilfer S.A., IMESA - Ingeniería Y Mantenimiento Electromecánico S.A., JPF GAS S.A., Montaperto S.A., Omicron Técnica S.R.L., PC & G S.A, Pitagoras S.A., Sachery S.A., Sicomo Constructora S.R.L., Sievely S.A., Susider S.A. En atención a las inconsistencias e irregularidades detectadas a cada una de ellas, la fiscalización impugnó los montos consignados en la cuenta costo de servicios en los Estados Contables al 31/5/2002 y 31/5/2003 en virtud de lo dispuesto en los arts. 80 y 87 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y modif.).
En cuanto al cargo por el impuesto a las salidas no documentadas (O.I. N° 206234) surge del informe final de inspección a fs. 69/94 del cuerpo de antecedentes administrativos correspondientes a su tramitación, que tuvo su origen en la O.I. N° 3180/1. Como resultado de las tareas realizadas en dicha Orden de Intervención se calculó el importe de las salidas no documentadas establecido en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y sus modif.) en base a los pagos efectuados a los proveedores mencionados, cuya documentación fuera relevada en la O.I. 3180/1, como ya se dijera. Así también, se tomaron en cuenta para dicho cálculo las retenciones de impuesto a las ganancias practicadas a los respectivos proveedores, según surge de la base de datos del organismo, las que fueron descontadas previamente. Se le corrió vista a Coney S.A. de las actuaciones conforme el art. 17 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.). El apoderado de la empresa, Sr. Julio Alejandro Inga, se presentó a tomar vista de los expedientes en varias oportunidades, pidió prorrogas que le fueron concedidas, presentó los descargos, ofreció más de 500 fojas de prueba documental en cada expediente y, al no conformar los ajustes propuestos, se determinaron de oficio las obligaciones tributarias en la Resoluciones recurridas ante este Tribunal (v. a fs. 466/489, 495, 498, 501, 502, 509, 510/701, del cuerpo de ant. adm. del impuesto a las ganancias y fs. 228/253, 261, 268/459 del cuerpo de salidas no documentadas).
Relatados los antecedentes del caso, debe decirse en primer término que la recurrente sólo expresó agravios sobre los ajustes en el impuesto a las ganancias y a las salidas no documentadas relacionados con los proveedores impugnados, por lo cual, aquel efectuado en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2002, por las disposiciones de fondos a terceros sobre las que se calcularon intereses presuntos, debe tenerse por firme y consentido y confirmarse la pretensión fiscal, con costas.
Con relación a que se habría afectado su derecho a ser oída, cabe decir que los antecedentes del caso relatados dan cuenta de que ha sido debidamente respetada su garantía a un debido proceso, toda vez que pudo tomar vista, se le concedieron las prórrogas solicitadas, presentó en tiempo y forma sus extensos descargos en los que efectuó todas las consideraciones que creyó necesarias y en defensa de sus derechos. Además, aportó abundante prueba documental que fue exhaustivamente analizada por el Fisco Nacional, como dan cuentas las actuaciones referidas.
Vale decir que el resultado de todo ese análisis fue volcado en las Resoluciones de Vista, por lo que, de su sola lectura se puede concluir que se expresaron en forma detallada el sustento y los elementos tenidos en cuenta en su emisión. Muy por el contrario a lo alegado, dichas Resoluciones contaban con la fundamentación correspondiente expresada en forma clara y con el detalle de las irregularidades detectadas sobre cada una de los proveedores. Da cuenta de ello que la recurrente pudo contestarlas, en más de 200 fojas por cada presentación.
Con respecto a que el Fisco Nacional no habría demostrado la apocrificidad de las operaciones impugnadas, tal como surge de los Considerandos de las Resoluciones, el juez administrativo tuvo en cuenta una serie de irregularidades, consistentes y coincidentes en todos los proveedores, que no pudieron ser refutadas con pruebas concretas, más allá de la negativa genérica elaborada por Coney S.A. en sus presentaciones y de su desacuerdo con el criterio fiscal. Sobre ello, cabe hacer notar lo siguiente respecto de cada proveedor:
- Ace Tol Electromecánicas S.R.L.: la recurrente asegura que la tarea desarrollada por consistió en el análisis de facturación, clasificación e itemización de materiales eléctricos, específicamente, tableros y paneles de comandos, medición y control en las obras “Piedra del Águila - Contrato 730” y “Alicurá”. Enumera una extensa lista de las tareas supuestamente realizadas y hace notar que fue localizado y que contestó el requerimiento mediante nota enviada al Fisco Nacional, en coincidencia con lo registrado por Coney S.A. Ahora bien, cuando la fiscalización concurrió a ese domicilio a efectos de solicitar la documentación respaldatoria y registraciones que acrediten la veracidad de esas operaciones, no fue posible localizar allí a la firma. Tampoco pudo ser localizada ni en su domicilio fiscal, ni en el legal, ni en el comercial, ni en el fiscal del socio de la firma.
Por otra parte, consultadas las imprentas que figuran al pie de las facturas, una de ellas no fue localizada en su domicilio fiscal y se detectaron inconsistencias en el Código de Autorización de Impresión, y la otra no estaba registrada en la base de datos del Organismo.
También, se comprobó que no había presentado las declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales aquí en discusión, ni había realizado retenciones en el impuesto a las ganancias. Tampoco poseía bienes registrables ni personal en relación de dependencia.
- Clemente Serra S.A.C.I.F.I.: se observó que no existía vinculación entre los conceptos facturados y la actividad declarada, que era “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados”, mientras que los servicios que constan en las facturas son “cálculo y análisis de certificados de obra”.
La firma no pudo ser localizada ni su domicilio fiscal ni en el fiscal de la vicepresidenta de la firma, que son los únicos dos domicilios que se obtuvieron de todas las consultas efectuadas. Tampoco registraba presentación de declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias, ni tenía bienes registrables y las ultimas acreditaciones bancarias constaban de noviembre de 2001, entre otras irregularidades.
Por su parte, la recurrente nada dijo al respecto, más allá de resaltar que se la intentó localizar tres años después de facturados sus servicios y asegurar que las facturas emitidas fueron autorizadas y que la imprenta confirmó el trabajo. - Constructora Balvanera S.R.L.: contestó el requerimiento a través de una nota, enviada por correo, que reflejaba las operaciones realizadas con Coney S.A., aunque tampoco aportó ni puso a disposición documentación respaldatoria ni libros en los que se encontrarían registradas las mismas.
Se ubicó al Sr. Nestor Ferdkin, ingeniero de la empresa, quien declaró que no había realizado trabajos vinculados a la construcción de represas hidroeléctricas y que la actividad principal de la firma era en la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Ahora bien, dice la recurrente que, más allá de dichas manifestaciones, también se debieron considerar las expresiones del Sr. Mario Beati, quien, según dijo, en su carácter de gerente comercial, reconoció haber prestado servicios a Coney S.A. en los períodos fiscales 2002 y 2003, que consistieron en ingeniería y recalculo de hormigones y suelos, estudios generales, replanteos de estructuras y de cementación de suelos sobre obras ya construidas. Agregó que las tareas las realizaba con personal propio de la empresa o que “contrataban también estudios de ingeniería como Tam Ingeniería, SAT S.A. y otros”. Se queja la recurrente en este punto, de que la inspección no efectuó más diligencias a fines de comprobar lo dicho por ambas personas.
Sin embargo, se detectó que el que el Beati no se encontraba declarado como personal en relación de dependencia por dicha empresa proveedora durante los períodos en cuestión.
Además, se constató en la consulta al Boletín Oficial, por un lado que Beati también formaba parte de otras empresas proveedoras observadas y por el otro, figuraba como socio de la firma el Sr. Horacio Wieszezuk, quien al mismo tiempo era presidente de Pitágoras S.A., de Sievely S.A. y como apoderado de Hilfer S.A., todos ellos igualmente supuestos proveedores de Coney S.A.
Por otra parte, uno de los requerimientos cursados fue recibido por el Sr. Juan Carlos Torreira quien invocó ser empleado de la firma, quien figuraba, a su vez, como presidente de Sachery S.A. y director de Sievely S.A., dos de las empresas proveedoras de Coney S.A. también observadas por la fiscalización actuante.
Asimismo, se tuvo en cuenta que el contador de esta firma también era de las firmas Sachery S.A., Sievely S.A. y Pitágoras S.A y autorizado de la firma Del Canto Urriola S.R.L., proveedores de Coney S.A.
- Convergencia empresaria S.R.L.: en este caso, la recurrente reconoce que no contestó los requerimientos pero hace notar que se la intentó localizar tres años después de las operaciones.
Resalta que en la Vista, se efectuaron afirmaciones que implicarían que la imprenta Bordo Print S.R.L. realizó la impresión de los comprobantes “en una especie de actividad pseudo-delictiva” porque también efectuó trabajos para Hilfer S.A. y Sicomo Constructora S.R.L. De haber sido así dice que debería haber sido denunciado el delito, a fin de cumplir cla inspección actuante con sus deberes de funcionarios públicos.
Lo cierto es que Fisco Nacional no acusó a la imprenta de haber cometido delito alguno, sino que hizo mención, como un elemento más considerado, a que dicha imprenta intervino en la facturación de otras empresas proveedoras impugnadas. Tampoco en este caso existía vinculación entre los conceptos facturados y la actividad declarada por la presunta empresa proveedora; la que no pudo ser localizada en su domicilio fiscal ni comercial ni domicilios fiscales de los socios de la firma, no presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos fiscalizados ni realizó retenciones, no registró inscripción en el Régimen Nacional de Seguridad Social, poseía acreditaciones bancarias hasta el año 2000 y no tenía bienes registrables, entre otras irregularidades.
- Del Canto Urriola S.R.L. La recurrente, en cuanto a que la firma no pudo ser localizada en su domicilio fiscal ni en su domicilio comercial ni domicilio de los socios de la firma, Sres. Enrique Del Canto Urriola y Guillermo Del Canto Urriola, entiende que se realizaron mínimas diligencias para localizarlo. No obstante, asegura que el proveedor envió una nota con un detalle de las supuestas operaciones realizadas con Coney S.A.
La nota, similar a las enviadas por otros proveedores, era en copa simple, sin membrete, no acompañada de documentación respaldatoria, ni indicaciones de donde se encontrarían registradas las mismas. Se observa, además, que fue suscripta por el Sr. Enrique Del Canto Urriola, quien, localizado por la fiscalización, manifestó no haber efectuado operaciones con la firma Coney S.A. ni conocerla, que nunca operó comercialmente con ella, ni recibió ningún pago de la misma. Dijo también que no tenía en su poder ninguna documentación de la firma porque fue entregada al contador. La recurrente afirma que el Sr. Del Canto Urriola figura como firmante en el contrato de locación de servicios celebrado con Coney S.A. que presentó como documental al contestar su descargo, pero, vale resaltar que lo hizo en copia simple, sin firmas certificadas. Tampoco acompañó original o copia certificada ante este Tribunal.
Además, se consideró que tampoco existía relación entre los conceptos facturados y la actividad declarada por este proveedor (“construcción, reforma y reparación de edificios residenciales” y “trabajos de cálculo y análisis de certificados de obra, acorde a contrato para obra Piedra del Águila”) y que también se encontraba relacionado a éste, el contador ya mencionado, Rodolfo Iturriaga, contador de Balvanera S.R.L., Sachery S.A., Sievely S.A. y Pitágoras S.A., todas ellas empresas proveedoras observadas.
No presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos fiscalizados ni realizó retenciones; presentó las declaraciones juradas correspondientes al Régimen Nacional de Seguridad Social hasta abril de 2001 y tenía acreditaciones bancarias sólo hasta el mes de agosto de 2001.
- Hilfer S.A. Expresa la recurrente que la firma no pudo ser localizada en su domicilio fiscal ni legal, ni comercial. Pero, igualmente, contestó el requerimiento mediante nota suscripta por el Sr. Oscar Baucero en carácter de apoderado, con un detalle de las supuestas operaciones realizadas con Coney S.A., pero, nuevamente, sin haberse ofrecido ni puesto a disposición o haberse aportado documentación respaldatoria, ni libros donde se encontrarían registradas las mismas. Ahora bien, de la consulta efectuada a los antecedentes obrantes en la Agencia donde Hilfer S.A. se encuentra inscripta, surge que habían sido revocados los poderes y autorizaciones otorgados a al Sr. Oscar Baucero a la fecha de la nota. Y, para corroborarlo, la fiscalización fue al domicilio allí indicado y no la localizó.
Tampoco existe en este caso relación entre los conceptos facturados y la actividad declarada (“Trabajos de análisis de certificados de obra y cálculo acorde a contratos obra 'Piedra del Aguila” y “Operaciones con divisas. Acciones. Rentista”).
Asimismo, se tuvo en consideración que el Sr. Baucero figuró como director suplente de Sachery S.A. y como director de Sievely S.A., que la imprenta involucrada fue Bordo Print S.R.L. respecto de la cual caben las mismas consideraciones ya hechas, que de la consulta efectuada a la Inspección General de Justicia surgía que sólo había presentado Balances por el ejercicio comercial finalizado el 30 de julio de 1991, que poseía baja provisoria -decreto 1299/98- en el impuesto a las ganancias desde 9/2002, no presentó declaraciones juradas del Régimen Nacional de Seguridad Social por los períodos fiscalizados y no tenía cuentas bancarias ni bienes registrables.
- Ingeniería y Mantenimiento Electromecánico S.A. —IMESA— En este caso, la última declaración jurada del impuesto a las ganancias fue por el período fiscal 2001, presentó las declaraciones juradas correspondientes al Régimen Nacional de Seguridad Social hasta diciembre de 2002, sin empleados declarados, no realizó retenciones en el impuesto a las ganancias. Por otra parte, tenía por actividad la fabricación de aparatos de distribución y control de energía, y habría prestado servicios de “análisis e itemizaciones en Obra”, todo ello sin tener personal en relación de dependencia declarado. Además, no tuvo actividad en 2003, año por el que justamente Coney S.A. registra operaciones con este proveedor. Ello, como consecuencia de haberse decretado su quiebra. Su síndico, consultado al respecto, informó que incumplió con la orden de entregarle los libros de comercio y demás documentación relacionada con su contabilidad y que a sus directores se les dictó interdicción de salida del país.
Sobre ello la recurrente se limitar a mencionar que no le cabe responsabilidad alguna y que las operaciones realizadas fueron anteriores de la quiebra. Al mismo tiempo, resalta que la imprenta confirmó que confección los comprobantes emitidos por IMESA y que ello no fue tenido en cuenta por la fiscalización, así como tampoco lo fue que las operaciones se encuentran debidamente registradas.
- JPF Gas S.A. en este caso, critica que las únicas que anomalías que se tuvieron en cuenta fueron la falta de ubicación de la prestadora, intentada tres años después de las operaciones y el incumplimiento de algunas obligaciones fiscales. Aportó como documental copias simples de “Contrato de locación de servicios” y “Convenio de Pago en Especie” en los que habría intervenido el Sr. Juan Pablo Furdas. Sin embargo, éste aportó copia del acta de Asamblea General Ordinaria mediante la cual se había aceptado su renuncia con anterioridad a los periodos fiscalizados, incluidos en esos documentos. También se consideró que no presentó Balances ante la Inspección General de Justicia, no registró presentaciones correspondientes al impuesto a las ganancias, presentó declaraciones juradas correspondientes al Régimen Nacional de Seguridad Social hasta el período febrero de 2002, no realizó retenciones en el impuesto a las ganancias y las últimas acreditaciones bancarias correspondían a 9/2001.
- Montaperto S.A. La recurrente dice que prestó servicios de cálculos y análisis de certificados de obra y que lo único que fue considerado fue la falta de ubicación del prestador y el incumplimiento de algunas obligaciones fiscales. No obstante, existieron otros elementos que el Fisco Nacional tuvo en cuenta, tales como que ni la firma ni sus representantes pudieron ser localizados, no presentó balances ante la Inspección General de Justicia, no registró presentaciones de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ni realizó retenciones, no tenía personal en relación de dependencia ni bienes registrables ni cuentas bancarias.
- Omicron Técnica S.R.L. En este caso, la recurrente dice que prestó servicios de itemización en obras y que la firma no pudo ser localizada en su domicilio fiscal ni en su alternativo declarado ni a su socio gerente pero se intentó localizarla dos años después de la prestación del servicio. No obstante, señala que se omitió considerar que al concurrir el inspector al domicilio de la empresa fue atendido por una señora que manifestó tener conocimiento que con anterioridad funcionaba la firma Omicron Técnica S.R.L. y que el imprentero reconoció haber efectuado las facturas emitidas por dicha proveedora.
Vale decir que ninguna de esas observaciones permiten inferir que el servicio fue prestado efectivamente por Omicron Técnica S.R.L. si se le suma que la última declaración jurada presentada por el impuesto a las ganancias fue en el 2001, las últimas correspondientes al Régimen Nacional de Seguridad Social fueron presentadas en mayo de 2002, no realizó retenciones de impuesto a las ganancias y las acreditaciones bancarias figuraban hasta 10/2001, entre otras inconsistencias que ponen en duda la real existencia de esta empresa.
- Pitágoras S.A. Manifiesta la recurrente que esta empresa le prestó servicios de cálculo y análisis de certificados de obra, en cuyo concepto se emitieron las facturas abonadas con patacones. También señala que se cursó requerimiento al domicilio fiscal y contestó confirmando las operaciones mediante nota firmada por su presidente Antonio Muniagurria. Sin embargo, se concurrió al domicilio de la nota, que también en este caso fue recibida por correo, sin ponerse a disposición o acompañarse la documentación respaldatoria, ni los libros donde se encontrarían registradas las mismas, no se localizó al proveedor. Asimismo, se constató que por Asamblea General Unánime se aceptó la renuncia del Sr. Abel A. Muniagurria antes de la fecha en la que se recibió la nota. Por otra parte, surge que se designó como en su lugar al Sr. Horacio Wieszezuk, quien también figura como presidente de Sievely S.A., como socio gerente de Constructora Balvanera S.R.L. y como apoderado de Hilfer S.A. y tampoco fue posible su localización.
Por lo demás, no hay relación entre los conceptos facturados y la actividad declarada por la supuesta proveedora (“servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática” y “trabajos de cálculo y análisis de certificados de obra, de acuerdo a contrato, para obra “Piedra del Águila”), sólo presentó Balances en Inspección General de Justicia hasta el ejercicio comercial finalizado el 30 de setiembre de 2001 y, como ya se mencionó, el contador que confeccionó las declaraciones juradas es el mismo que respecto de Sachery S.A., Sievely S.A. y Constructora Balvanera S.R.L. Y, se constató que había presentado las declaraciones juradas correspondientes al Régimen Nacional de Seguridad Social hasta el mes de agosto de 2002 (siendo que los meses en los que Coney S.A. declaró operaciones fueron 12/02, 1/03 y 2/03 es decir cuando ya no declaraba personal en relación de dependencia).
- PC & G S.A. Lo único que la recurrente expresa en este caso es que esta empresa se dedicó al desarrollo y producción de equipos y partes para la industria eléctrica en las áreas de generación, transformación y distribución en tensiones de hasta 550 kv. Sin embargo, la fiscalización interviniente detectó que la sociedad poseía la baja provisoria en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado, como consecuencia de que se decretó su quiebra en el 2001 y su presidente, Sr. Luciano Nicolás Impini, manifestó que la firma se dedicaba a la fabricación de componentes metálicos para la industria, tipo autopartes para la industria metalúrgica y que la firma no tuvo relaciones comerciales con Coney S.A.
La imprenta que figura al pie de las facturas y recibos negó haber impreso las facturas y resaltó que el pie de imprenta y el modelo de factura eran distintos al utilizaba. Asimismo, se detectaron irregularidades en el Código de Autorización de Impresión.
De la consulta efectuada a la Inspección General de Justicia surgió que no había presentado Balances ante dicho Organismo, no registraba presentaciones de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias; no constaba tener personal en relación de dependencia; no realizó retenciones en el impuesto a las ganancias, ni tenía bienes registrables ni cuentas bancarias.
- Sachery S.A. La recurrente en este caso, afirma que prestó servicios de cálculo y análisis de certificados de obra. Expresa que se le cursó requerimiento al domicilio fiscal, que coincide con su domicilio comercial y que la empresa contestó mediante nota en la que confirmaba las operaciones con Coney S.A. Sin embargo, consta que la inspección actuante concurrió al domicilio desde el que había sido enviada la nota y no logró ser localizada. Por lo demás, igual que en los casos anteriores, se trataba de una nota simple, sin membrete, sin acompañar ni ofrecer la documentación y registraciones. Tampoco fue localizado su firmante en carácter de presidente, el Sr. Juan Carlos Torreira, quien a su vez, figuraba como empleado de Constructora Balvanera S.R.L. y director de Sievely S.A. Por otra parte, quien figura como su director suplente, tal como ya se dijo, Sr. Oscar José Baucero, integraba las sociedades Sievely S.A. y Hilfer S.A. Tampoco presentó Balances ante Inspección General de justicia, la última declaración jurada presentada por el impuesto a las ganancias correspondía al período fiscal 2001 y también figuraba el contador Iturriaga. No realizó retenciones y no tenía bienes registrables. Y, si bien en el caso la imprenta reconoció los trabajos de impresión, ello no alcanza por sí solo, frente a los demás elementos de prueba recolectados, que las operaciones fueron realizadas efectivamente. - Sicomo Constructora S.R.L. la recurrente dice que la información que de ella se obtuvo provino de bases de datos y de actas que no alcanzan para impugnar la deducción correspondiente. Y agrega que resulta contradictorio que el titular de la imprenta que figura al pie de algunas de las facturas exhibidas manifestó que Sicomo Constructora S.R.L. le solicitó la impresión de las facturas tipo “A” y “В” Nros. 1/500 —lote que incluye las facturas emitidas a la contribuyente— que nunca fueron retiradas, sin perjuicio de que se encontraba vigente la autorización para imprimirlas.
Al respecto debe decirse que la vigencia de dicha autorización no fue observada sino que se informó que las facturas no fueron retiradas de la imprenta, lo que tampoco resultó explicado por la aquí recurrente. Otras facturas fueron impresas en Bordo Print S.R.L., ya mencionada.
Por lo demás, nada dice de que no hay relación entre los conceptos facturados y la actividad declarada por la supuesta proveedora (“trabajos realizados de cálculo y análisis de certificados de obra según contrato obra Piedra del Aguila” y “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”).
Por último, la firma no pudo ser localizada en el domicilio fiscal ni comercial ni fiscal del socio gerente de la firma, ni de la socia gerente, en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias figuraba en lugar del CUIT del contador, el CUIT de la firma, no realizó retenciones, no se encontraba inscripta en el Régimen Nacional de Seguridad Social y no poseía bienes registrables ni cuentas bancarias.
- Sievely S.A. La recurrente manifiesta que se le cursó requerimiento al domicilio fiscal de la firma y en respuesta se recibió por correo una nota suscripta por el Sr. Carlos Hipólito Maldonado en carácter de director, con un detalle de las supuestas operaciones realizadas con Coney S.A. Pero de la consulta efectuada en la Agencia donde Sievely S.A. se encontraba inscripta, surgió que en asamblea de fecha anterior a la nota, el Sr. Carlos H. Maldonado había renunciado a su cargo de director, designándose como presidenta a la Sra. Liliana Graciela Bonanni, la cual según consta en las bases de datos de este Organismo es integrante de 79 sociedades más. Se le cursó requerimiento a la misma y no fue contestado. Nada dice la recurrente sobre que no había vinculación entre los conceptos facturados y la actividad declarada por la supuesta empresa proveedora (“Servicios de Publicidad” y “Trabajos de análisis y cálculo de certificado de obra de acuerdo al contrato para la obra Piedra del Aguila”) ni que los Sres. Oscar J. Baucero, Juan Carlos Torreira, Horacio Wieszezuk, y Mario Gabriel Beati, todos ya mencionados, también formaron parte de ella.
Por último, no consta que se hayan presentado Balances ante la Inspección General de Justicia, el contador que figuraba en las declaraciones juradas presentadas (luego de iniciada la fiscalización a Coney S.A.) por el impuesto a las ganancias fue el Sr. Iturriaga, no se encontraba inscripta en el Régimen Nacional de Seguridad Social, no realizó retenciones en el impuesto a las ganancias, no tenía bienes registrables ni acreditaciones bancarias.
- Susider S.A.: la recurrente dice que si bien no contestó el requerimiento, las facturas emitidas fueron autorizadas por la propia AFIP y que se ubicó al imprentero responsable del trabajo quien confirmó haberlas impreso. Por ello, considera que las anomalías consideradas resultaron insuficientes.
Por el contrario, debe decirse que se obtuvieron una suma de elementos que permitieron concluir que la firma Susider S.A. no había efectuado los servicios que dan cuenta las registraciones de Coney S.A. tales como que no fue posible localizar a la firma, no existía vinculación entre los conceptos facturados y la actividad declarada por la supuesta proveedora, se detectó que la última declaración jurada presentada del impuesto a las ganancias correspondía al período fiscal 1999, la última declaración jurada presentada por el Régimen Nacional de Seguridad Social correspondía al período enero de 2001, no realizó retenciones, poseía acreditaciones bancarias sólo hasta el año 2000 y el último Balance presentado por Susider S.A. ante la IGJ corresponde al ejercicio cerrado el 31/12/98.
Frente a todo lo expuesto hasta aquí, debe decirse que las irregularidades puestas de manifiesto por la fiscalización —tales como la imposibilidad de localizar a las empresas proveedoras, de contactar a sus socios, el hecho que intervienen en ellas personas en común como el contador a cargo; que se detectó —en todos los casos— la falta de empleados declarados, que no poseían bienes registrables, las inconsistencias encontradas en sus declaraciones juradas, su actividad declarada que en nada se relacionaba con los servicios supuestamente prestados, entre otros—, resultan sin lugar a dudas indicios concordantes, graves y precisos que dejan a la luz la falta de capacidad, no solo financiera y económica, sino operativa de las empresas proveedoras para prestar los servicios facturados a Coney S.A.
Por ello, lo que Coney S.A. debía probar era la efectiva prestación de los servicios que dan cuenta sus registraciones y no lo hizo, ni en la instancia previa administrativa ni ante este Tribunal Fiscal.
La abundante prueba documental aportada en los antecedentes administrativos, no resulta conducente para probar dichas prestaciones de servicios por las cuales Coney S.A. pretende que se le computen las deducciones en el impuesto a las ganancias y acreditar los pagos por los que se la intiman en el impuesto a las salidas no documentadas. En efecto, la documentación en más de 500 fojas fue presentada —toda— en copia simple, sin fecha cierta, sin haberse exhibidos ni puesto a disposición para su consulta los originales al tiempo de su presentación para su cotejo que, aún en el caso de contar con dichas formalidades, tal como lo señala en Fisco Nacional, darían cuenta, en todo caso, de su existencia formal —Estatuto, Balances, Libro IVA Ventas, etc.— pero no alcanzan para acreditar que los servicios facturados fueron efectivamente prestados. Lo mismo puede decirse de las registraciones contables que copia en sus presentaciones, las que, más allá de resultar la transcripción de ciertos datos que no se hallan suficientemente explicados, no prueban los servicios. De hecho, se partió de dichas registraciones así como de las facturas para comparar con el resto de los elementos recolectados sobre la existencia de las operaciones.
Nótese que los contratos de locación de servicios y convenios de pago que menciona la recurrente, fueron todos acompañados en copia simple, sin siquiera firma certificada. Ello, a pesar de los montos involucrados y de establecerse —según aseguró la recurrente— la contraprestación a resultado de que se cobren los reintegros.
Por lo demás, lo que llama poderosamente la atención es que —en todos los casos— Coney S.A. tenía la posesión de la documentación de los proveedores cuando ni siquiera pudieron aportarla por su cuenta, aquellos que enviaron notas por correo en contestación a los requerimientos, teniendo en cuenta, además, que ninguno de ellos pudo ser localizado por los inspectores. Cabe agregar, que tampoco consta ni ha sido aportada por Coney S.A., autorización alguna para presentar dicha documentación o en qué condiciones le fueron entregadas, lo que habría resultado relevante para su defensa. Téngase en cuenta que, incluso, en el caso de la proveedora IMESA, Coney S.A. pudo aportar la documentación que aquella no logró presentar en el Expediente de su quiebra.
Sumado a ello, debe decirse que el Fisco Nacional efectuó circularizaciones a la entonces Secretaría de Energía, Unidad de Franquicias Impositivas, a la Tesorería General de La Nación y a la Dirección Nacional de Entes en Liquidación, Coordinación de Entes Liquidados (por Hidronor H.N. S.A.) y ninguna reconoció tener conocimiento de Coney S.A., lo cual resulta llamativo en atención a los servicios que dice haber prestado (v. fs 240 de los ant. adm). En otras palabras, la recurrente elabora consideraciones generales sin prueba que las respalde y acusa, en su lugar, al Fisco Nacional de haber efectuado diligencias insuficientes.
Debe decirse que contaba con esta instancia para probar los servicios efectuados. De hecho, brindó abundante información que podría haber sido fácilmente cotejada en esta instancia y no lo hizo.
Sin embargo, ninguna prueba produjo en esta instancia tendiente a demostrarlo, por lo que queda claro que el Fisco Nacional no se ha basado únicamente en meras anomalías aisladas sino que los ajustes provienen de la sumatoria de elementos detectados, evaluados en su conjunto, permitieron considerar que las empresas proveedoras no efectuaron las operaciones registradas por Coney S.A.
La invocación al principio de realidad económica no solo resulta improcedente sino que, tal como la propia recurrente lo reconoce, para que sea posible su consideración, lo que debía probar era la existencia del gasto, que es justamente lo que no logró hacer.
Es por todo lo antedicho que tampoco puede prosperar el agravio sobre que se utilizó en forma improcedente el método presuntivo para determinar de oficio el impuesto a las ganancias. Resulta claro a esta altura, que se arribó a la materia imponible de forma cierta, partiendo de las registraciones y facturas aportadas.
En cuanto a las retenciones del impuesto a las ganancias y del entonces Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que Coney S.A. le hizo a los supuestos proveedores, sin perjuicio de que no fueron probadas, su descuento le corresponde a los proveedores y no a Coney S.A. es decir, lógicamente no forman parte de la liquidación del impuesto a ingresar por Coney S.A. tal como lo pretende.
Por último, se agravia la recurrente de que al efectuarse la determinación de oficio del impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2002 y 2003, el procedimiento seguido en la vista conferida no contempló la deducción en el balance impositivo del impuesto a las salidas no documentadas. Tal posibilidad sostiene, ha sido establecida por la Corte Suprema en el fallo “Geigy Argentina S.A.” (Fallos: 275:83) al considerar que se trataba de un impuesto accesorio al gasto por el cual se paga y por esta razón, según dice, se admitió su deducibilidad. Lo que omite indicar la recurrente, es que, en ese caso, Geigy Argentina S.A. tras haber contabilizado diversas salidas de caja no documentadas por las que había tributado y abonado las tasas máximas previstas en el entonces art. 34 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modif.), dedujo como gastos dichas salidas y el tributo abonado por ellas, en los respectivos balances fiscales. El organismo fiscal admitió la deducción de esas salidas, por presumir que habían tenido por finalidad obtener, mantener o conservar réditos de fuente argentina pero no la del impuesto que las grava, por considerar, en lo que aquí interesa, que no constituía un gasto necesario para la producción del rédito.
Como se ve, lo que se discutía era la deducción del gravamen a las salidas no documentadas ya pagado, en un supuesto en el que el Fisco Nacional había admitido la deducción de por haberlas considerado necesarias para la obtención de la renta, que la Corte consideró fundamental para admitir su deducción. Claramente, ello no es lo que ha sucedido en el caso traído a discusión en este Expediente.
Por todo lo expuesto, resulta ajustada a derecho la impugnación de los gastos consignados en las declaraciones juradas por Coney S.A. por los períodos fiscales 2002 y 2003 por lo que confirmarse este ajuste, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados que acceden por el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
A mayor abundamiento, debe decirse que en igual sentido se resolvió en la causa “Tassy S.A.” (Expte. N° 32.894-I), empresa identificada por la propia recurrente como del mismo grupo, en sentencia que se encuentra firme y en la que se trató la improcedencia de la deducción de gastos en las declaraciones juradas del mismo impuesto, también por el período fiscal 2003, en relación a las empresas proveedoras Ace Tol Construcciones, Del Canto Urriola S.R.L., Hilfer S.A., IMESA - Ingeniería Y Mantenimiento Electromecánico S.A., Omicron Técnica S.R.L., PC & G S.A y Sicomo Constructora S.R.L., es decir, las mismas involucradas en el presente Expediente.
En cuanto a la pretensión fiscal relativa al impuesto a las salidas no documentadas, cabe decir que los agravios que expresa al respecto resultan meras discrepancias con dicho ajuste más no constituyen una defensa que permita contradecir el criterio fiscal, teniendo en cuenta todo lo ya dicho y la falta de acreditación de la prestación de los servicios. Las irregularidades antes detalladas impiden tener por ciertas las erogaciones que Coney S.A. dice haber realizado así como que las empresas proveedoras hayan sido las reales beneficiarias de los pagos, que afirma haber realizado con patacones, lecops y en algunos casos con cheques, los que no constan haber sido cobrados por las personas a favor de quienes fueron librados supuestamente.
Esa imposibilidad de identificar al beneficiario real de los fondos es, precisamente, el presupuesto de hecho para la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, ya sea por falta de documentación o por haber recurrido a documentación falsa, por lo que los agravios que formula en este sentido no pueden tener acogida favorable.
Es por ello que resulta aplicable lo dispuesto por la Corte Suprema en la causa “Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26 de agosto de 2003 (en especial Considerandos 18, 19, 20, 21 y 23 de dicho decisorio) y el 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde se remite al dictamen de la Procuración General, que en su parte pertinente, dice que “Así las cosas, frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados (Fallos: 326:2987, cons. 17°).” Y que “En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada.”
Por último, en cuanto a que en un importante número de pagos —que no detalla ni identifica— se calculó el impuesto sobre el importe nominal del mismo ignorando las retenciones practicadas, como ya se dijera, del informe final de 69/94 de los ant. adm., contrariamente a lo alegado, consta que se tomaron en cuenta para dicho cálculo (v. fs. 92) las retenciones que constan que a fs. 28/45.
En conclusión, corresponde confirmar las determinaciones de oficio notificadas en las Resoluciones Nros. 14/2008 y 15/2008, tanto en cuanto al capital como a los intereses, en atención a que fueron liquidados conforme a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que respecto a la excepción de prescripción opuesta por la actora, adhiero en lo sustancial a lo expuesto por la Dra. O´Donnell en el punto V de su voto, al rechazar el planteo incoado, correspondiendo imponer las costas a la vencida.
II. Respecto al agravio relativo a una supuesta afectación al derecho de defensa y el debido proceso, se hace notar que la apelante tuvo plenas posibilidades de ofrecer y producir prueba ante este Tribunal, resultando de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas). Por lo demás, se advierte que los restantes cuestionamientos de la actora contra los actos determinativos son argumentos que hacen a la disconformidad con la forma en que resolviera el Fisco Nacional, lo que integra la cuestión de fondo que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de aquellos.
III. Asimismo, comparto en lo sustancial los argumentos expuestos por la Vocal Instructora para confirmar la procedencia de las determinaciones de oficio del Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas, con más sus intereses resarcitorios, haciendo una salvedad respecto al planteo de la actora sobre la consideración de las retenciones practicadas. En efecto, si bien esta juzgadora se ha pronunciado inveteradamente con relación a la procedencia de su cómputo contra la liquidación de ajustes impositivos realizados, en el caso concreto se advierte que lo invocado por la recurrente carece de respaldo probatorio tanto en el expediente como en las actuaciones administrativas, no correspondiendo su consideración a ningún fin.
IV. Ello así, voto por: 1) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora, con costas y 2) Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción efectuado en relación a la Resolución N°14/2008. Con costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nros. 14/2008 y 15/2008. Con costas.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Coney S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las dos etapas de los Expedientes y el resultado obtenido, conforme las pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432: - Por el Expediente N° 31.910-I (Resolución N° 14/2008):
i. en la suma de $220.683, por la representación procesal y de $551.707, por el patrocinio letrado.
ii. en la suma de $ 22.068, por la representación procesal y de $55.171, por el patrocinio letrado, en atención a lo resuelto en el punto 1).
- Por el Expediente N° 31.911-I (Resolución N° 15/2008), en la suma de $220.592, por la representación procesal y de $551.481, por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.09.10 14:26:42 -03:00 Date: 2025.09.10 16:19:35 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.10 16:19:36 -03:00
Fin de la sentencia