Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 74705
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Genoud , Negri , de Lázzari , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 74.705, "Intendente municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/ conflicto art. 196, Const. prov.; 261, LOM".
I.1. El señor Intendente municipal de Villa Gesell promovió el conflicto previsto en el art. 196 de la Constitución provincial, reglado por el art. 261 siguientes y concordantes del decreto ley 6.769/58 (LOM). Por esa vía, pretende que esta Suprema Corte declare la nulidad de la ordenanza 2.556/17, como así también, de su insistencia plasmada en la ordenanza 2.559/17, por las cuales se modificó el art. 109 de la ordenanza tributaria 2.156/08.
Denuncia que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes -primero- y el Concejo Deliberante -después- realizaron alteraciones que desnaturalizaron el presupuesto proyectado por el Departamento Ejecutivo, aprobado para el ejercicio correspondiente al año 2017. Ello, al establecer valores máximos anuales para la tasa que grava las superficies superiores a los 7.500 m2, medida cuya consecuencia sería la detracción de recursos con los que se contaba para la administración del gobierno local.
Advierte que la situación es de análoga configuración a la que fuere materia de conocimiento por parte de este Tribunal en los autos B. 74.539, "Intendente Municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/ Confl. art. 196, Const. prov. y art. 261, LOM", solo que allí se habría modificado el mencionado art. 109 de la ordenanza fiscal de modo tal de beneficiar a las parcelas superiores a 2.500 m2 y, con ello, a un mayor número de propietarios.
I.2. El accionante considera que la ordenanza 2.156/08 priva al municipio de ingresos que se hallaban contemplados en el presupuesto aprobado y en ejecución, afectando de ese modo atribuciones privativas del Intendente municipal. Sostiene que el art. 34 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -de consuno con las previsiones del art. 109 de ese mismo plexo y 192 inc. 5 de la Constitución provincial-, determina que una vez promulgado el presupuesto, no podrá ser modificado sino a iniciativa del Departamento Ejecutivo. Cita, en respaldo de su posición, jurisprudencia de este Tribunal.
Además, puntualiza que no se observó lo normado en los arts. 193 inc. 2 del texto fundamental y 93 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, puesto que si bien la ordenanza 2.556/17 fue dictada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes como manda el ordenamiento aplicable cuando de creación o aumento de tributos se trata, no habría acontecido lo mismo con su insistencia, la que fue sancionada por el Concejo Deliberante y no por la Asamblea.
II. El Tribunal ordenó suspender los efectos de la ordenanza 2.556/17, en lo que fuere materia de observación por el art. 1 del decreto 555/17 (v. fs. 15/19 y 24).
III. A fs. 37/44, el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gesell, acreditando la representación del cuerpo, contestó la demanda.
Manifiesta que el accionante interpreta promiscuamente el régimen jurídico del presupuesto municipal con el de las ordenanzas tributarias. Si bien reconoce que de acuerdo al primero el titular del Departamento Ejecutivo goza de poder de iniciativa y que existe una interdicción para su modificación hallándose el presupuesto en ejecución, entiende que no cabe predicar lo mismo en relación con el segundo. Aduce que en esta parcela la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su art. 29 inc. 1, confiere a los concejales la facultad de presentar proyectos de ordenanzas impositivas, consecuencia natural de sus poderes normativos previstos en el art. 24.
Alega que las atribuciones del órgano deliberativo no se encuentran limitadas a "aprobar" o "autorizar" lo propuesto por el señor Intendente. En tal sentido, puntualiza que dicho cuerpo no recibe un acto concluido, sino un proyecto a ser considerado, que puede rechazar o modificar. Ello significa, a su criterio, que la ordenanza 2.556/17 pudo modificar el "derecho objetivo" -para el caso, reformando el art. 109 de la ordenanza 2.156/08-, dado que no existían limitaciones legales para actuar de ese modo.
Dice pues que no ha habido avasallamiento de las competencias del órgano ejecutivo. Junto con lo cual afirma que el veto instrumentado por el decreto 555/17 revela una motivación insuficiente, basada en la disconformidad del señor Intendente con la decisión de la Asamblea de beneficiar a quienes el primero considera un sector de la población con mayor capacidad contributiva. Esa discrepancia, según interpreta, no debería suscitar un caso judicial, máxime cuando el Concejo Deliberante, a través de la ordenanza 2.559/17, ha insistido sobre el veto. En la misma línea, estima que al Ejecutivo no lo mueve la supuesta disminución de recursos, en tanto que la ordenanza 2.556/17 realizó otras reducciones que no fueron materia de veto.
Finalmente, en lo que atañe al cuestionamiento a la validez de la ordenanza de insistencia, efectuado por la parte actora, entiende que dicha norma pudo ser sancionada por el Concejo Deliberante sin necesidad de participación de la Asamblea de mayores contribuyentes. En su opinión, ese recaudo se exige para crear o aumentar tributos; pero no lo requiere para insistir sobre una ordenanza vetada en un supuesto como el de autos. Una inteligencia contraria, concluye, desconocería el texto del art. 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que al referirse a la insistencia nada dice del supuesto en que la ordenanza observada haya sido votada por el cuerpo integrado con la Asamblea de Mayores Contribuyentes.
IV. A fs. 49/55 dictaminó el señor Procurador General, recomendando hacer lugar al conflicto.
V. Agregado el dictamen, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Efectuada la reseña de los antecedentes del conflicto y visto lo dictaminado por el señor Procurador General, se aprecia que la cuestión planteada por el señor Intendente municipal de Villa Gesell es de aquellas que este Tribunal está llamado a decidir por el art. 196 de la Constitución de la Provincia.
Como se ha resuelto con reiteración, la competencia que le confiere esa norma comprende a las contiendas que involucren a los dos departamentos que componen el poder municipal, siempre y cuando se susciten con motivo de sus respectivas atribuciones, como cuando uno desconoce al otro la facultad que éste se atribuye o invade directa o indirectamente la esfera del otro (doctr. causas B. 54.089, "López", resol. de 26-XI-1991; B. 58.988, "Ríos", resol. de 21-IV-1998; B. 62.928, "Intendente Municipal de Florencio Varela", resol. de 7-XI-2001; B. 63.420, "Municipalidad de Rivadavia", resol. de 24-IV-2002; B. 68.111, "Intendente Municipal de General San Martín", sent. de 28-IX-2005; B. 71.802, "Intendente Municipal de Coronel Pringles", sent. de 16-III-2011; B. 71.758, "Oreste", sent. de 9-V-2012; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", sent. de 1-IV-2015, e.o.).
II. El órgano que entabla la demanda plantea su pretensión denunciando que el accionar del Departamento Deliberativo le impide ejercer la facultad de ejecutar el presupuesto comunal.
Por su lado, el titular del Concejo Deliberante arguye que en la especie no media un conflicto y que lo reclamado por la contraria es improcedente.
III. Para dilucidar la procedencia de la pretensión es preciso determinar, en primer lugar, si el Concejo Deliberante pudo válidamente -por sí y sin la integración con igual número de mayores contribuyentes- insistir sobre el veto del decreto 555/17 y sancionar la ordenanza 2.559/17.
III.1. No es objeto de controversia que la ordenanza 2.556/17 fue dictada por el órgano legislativo local integrado con la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Tampoco, que la ordenanza de insistencia 2.559/17 ha emanado sólo del Concejo Deliberante.
Media así una ostensible discordancia entre el órgano que deliberó, votó y sancionó la ordenanza primigenia (es decir también, entre la forma de expresión de este acto) y aquel que deliberó, votó y sancionó la segunda ordenanza para intentar repeler el veto del señor Intendente.
Se trata de una anomalía en el trámite y en la emisión de la voluntad comunal que acarrea la ineficacia del acto de insistencia. Pues parece claro que, en ausencia de regla expresa en contrario, sólo puede insistir la misma asamblea deliberativa que dictó la norma vetada por el Ejecutivo y -nuevamente, a falta de regla diversa- con arreglo a las formalidades previstas para ella (en rigor, para insistir sobre cualquier otro tipo de ordenanzas se agravan las condiciones de aprobación de la norma; art. 38, LOM).
III.2. Lo que por motivos de racionalidad, certeza jurídica y coherencia exige el ordenamiento es que la autoridad u órgano legisferante que dispone una determinada medida sea quien pueda modificarla o extinguirla (si nada dice la norma), o como se ha configurado en la especie, quien cuente con la aptitud para ratificarla e insistir en su mantenimiento ante el veto u observación del departamento administrador.
Esta conclusión hunde sus raíces en el principio del paralelismo de las formas y competencias, de específica aplicación en los supuestos en los que el texto de la ley guarda silencio o exhibe cierta ambigüedad sobre la determinación del órgano habilitado para actuar o el modo adecuado para dictar ciertos actos o expedir determinadas normas.
En la especie -se reitera- por fuerza de ese principio general y de una racionalidad básica, la decisión de insistir con la ordenanza tributaria no era asunto a resolver únicamente por el Concejo, sino por el órgano asambleario especial previsto en el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial para sancionar esa clase de disposiciones (arg. arts. 69, a contrario y 29, 32, 98 a 105 y concs., LOM).
III.3. La argumentación esbozada por la demandada, que apoya su parecer en el hecho de que la insistencia procuraba reducir la cuantía de ciertos tributos, no enerva lo hasta aquí dicho. Pues, en la especie, lo relevante estriba en que la irregularidad del obrar del Concejo resulta de la incompetencia y de la violación de las formas en que incurre la ordenanza cuestionada. Es decir, los vicios denunciados surgen, no ya del objeto, sino del modo como expidió la norma de insistencia, así como de la falta de toda consideración de la circunstancia que la disposición insistida emanó del cuerpo asambleario especialmente previsto en el ordenamiento para sancionar ordenanzas tributarias (que, por ende, era el apto para insistir -que es la forma de sancionar- una disposición legislativa ante su veto).
III.4. En suma: la falencia señalada y el desconocimiento del principio antes enunciado, consistentes en que la ordenanza de insistencia fue expedida por un cuerpo diferente al que sancionó la norma antecedente que se pretendió ratificar (ésta se dictó con intervención en asamblea de los ediles y los mayores contribuyentes y aquélla lo fue sólo con la voluntad de los miembros del Concejo Deliberante), priva de validez al acto impugnado a través del presente conflicto (arg. arts. 105 y 240, LOM). Cuadra entonces declarar la nulidad de la ordenanza 2.559/17 y reconocer la operatividad al veto dispuesto mediante decreto 555/17.
IV. Sin perjuicio de lo expuesto, a mayor abundamiento otros motivos coadyuvan para la descalificación de la ordenanza 2.559/17 en cuando pretende reponer la operatividad de la ordenanza 2.556/17.
La Constitución provincial establece que es una atribución inherente al régimen municipal votar anualmente el presupuesto y establecer los recursos para costearlo. Incumbe al Departamento Ejecutivo su proyección y del Concejo Deliberante su aprobación (art. 192 inc. 5, Const. prov.). A su vez, cualquier modificación posterior debe producirse a iniciativa del Ejecutivo (art. 34, LOM). Similar poder de iniciativa goza el Intendente en relación a la ordenanza impositiva (art. 109, LOM).
Este conjunto de normas tiene por objeto que sea el poder administrador quien formule el plan de administración anual a través del proyecto de presupuesto, ya que a dicha autoridad incumbe ejecutarlo y responsabilizarse sobre la base de ese instrumento financiero. De allí que toda iniciativa normativa que de algún modo afecte la ordenanza del presupuesto deberá generarse desde su órbita (cfr. doctr. causas B. 68.108, "Intendente Municipal de General San Martín", sent. de 21-XII-2005; B. 68.111, "Intendente Municipal de General San Martín", sent. de 28-IX-2005; B. 68.725, "Intendente Municipal de San Andrés de Giles", sent. de 8-VIII-2007; B. 69.803, "Intendente Municipal de Coronel Rosales", sent. de 7-IX-2011 y B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", sent. de 1-IV-2015).
V. Bajo tales premisas, resulta útil efectuar algunas precisiones vinculadas a los hechos que dieron origen a la controversia:
V.1. El 5 de enero de 2017, el señor Intendente municipal de Villa Gesell presentó ante el Concejo Deliberante tres proyectos. Ello dio lugar a la formación del expediente 10.846/17 (v. Anexo II), que contenía: (i) el presupuesto general de gastos para el año 2017 (v. Anexo III); (ii) la ordenanza complementaria del presupuesto de gastos (v. Anexo IV) y (iii) la modificación a la ordenanza tributaria, cuyo texto no innovaba respecto al art. 109 aquí controvertido (v. Anexo II a fs. 3/18).
V.2. El 30 de enero de 2017 fueron sancionados definitivamente los primeros dos proyectos, que emergieron como ordenanzas 2.548/17 y 2.549/17, respectivamente.
V.3. En cambio, la materia tributaria fue materia de varios proyectos de ordenanzas preparatorias. La introducción de la reforma al art. 109 de la ordenanza 2.156/08 surge de una adenda obrante a fs. 41 del Anexo II, que lleva la firma de los concejales Álvarez y Luna, luego acompañados por los concejales firmantes del proyecto agregado a fs. 56/58. Su incorporación finalmente formó parte de la ordenanza preparatoria 2.550/17, aprobada también el 30 de enero de 2017 y sometida a votación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que la sancionó el 14 de febrero de 2017 como ordenanza 2.556/17.
V.4. Como se dijo esta ordenanza fue vetada por el decreto 555/17 del 2 de marzo de 2017, insistido a su vez, el 3 de abril de 2017, por ordenanza 2.559/17 del Concejo Deliberante.
V.5. Como sostiene el señor Procurador General, cabe interpretar que la ordenanza 2.556/17 ha modificado indirectamente el presupuesto aprobado y en ejecución, medida que, al no contemplar paralelamente elementos compensatorios de la merma, genera desfinanciamiento de la hacienda local.
Surge del informe producido por el Contador Municipal agregado al final del Anexo que corre por cuerda de los autos principales, que el establecimiento de topes para la Tasa por Servicios Urbanos en la forma insistida por el Concejo Deliberante afecta las cuentas públicas al reducir los valores de emisión del referido tributo. La Dirección de Recaudaciones determinó que con la sanción de la ordenanza 2.556/17 -retroactiva al 1 de enero de 2017- se verán favorecidas un total de 172 parcelas, que pasarán de tributar $1.338.239,84 a $250.778,34 mensuales. Esto representaría para todo el ejercicio fiscal una merma de $13.049.538, sin que se haya previsto un recurso compensador que permita a la comuna reponer el costo del beneficio.
El Concejo Deliberante pudo haber evitado ese desequilibrio, cuando el 30 de enero de 2017 aprobó la ordenanza preparatoria que reformaba el art. 109 del Código Fiscal, junto a la ordenanza de presupuesto y su complementaria. No debe perderse de vista que el Ejecutivo municipal envió los tres proyectos de modo conjunto. Como se sucedieron los hechos, quien proyectó y debe ejecutar el presupuesto, no pudo prever la influencia de la ordenanza 2.522/16 (cuya modificación al art. 109 contemplaba topes a partir de las superficies de 2.500 m2, lo que evidentemente fue sustituido íntegramente por la ordenanza 2.556/17), en tanto ella se encontraba suspendida en sus efectos por resolución del 21 de diciembre de 2016 de este Tribunal, en la causa B. 74.539, "Intendente Municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/ Confl. art. 196, Const. prov. y art. 261, LOM".
V.6. Si una ordenanza del Concejo impacta sobre la ejecución del presupuesto, pues detrae recursos previstos ab initio para hacer frente a las erogaciones proyectadas, lesiona el ordenamiento aplicable (doctr. causa B. 68.111, cit.; arts. 192 inc. 5, Const. prov.; 31, 34, 35, 36, 37, 108 inc. 2, 109, 115 y 124, LOM; 58, 59, 74 y 219 del Reglamento de Contrataciones de las Municipalidades). No se trata de desconocer las potestades del cuerpo deliberativo para sancionar ordenanzas impositivas y presupuestarias (conf. arts. 29, 32 y 40, LOM); sino, antes bien, de armonizarlas con las propias del Ejecutivo, de modo tal que no se produzca una alteración del presupuesto aprobado. En tren de encuadrar en ese marco sus atribuciones, vale tener presente que el Concejo pudo correlacionar la merma de recursos que su decisión habría de causar con algún tipo de compensación en su justa medida, a fin de evitar una objetiva afectación en el equilibrio que conecta la recaudación tributaria a la previsión de gastos aprobada en el presupuesto. Al no haber obrado de ese modo, alteró las bases del cálculo del presupuesto aprobado (doctr. causa B. 69.803, "Intendente Municipal de Coronel Rosales", sent. de 7-IX-2011).
V.7. Finalmente, el Concejo ha procurado desvirtuar la posición mantenida en autos por la parte actora, cuestionando, por un lado, la motivación del veto y, por el otro, tildando de contradictorio el obrar del Ejecutivo por no haber observado otras modificaciones al Código tributario local dispuestas en la misma ordenanza 2.556/17.
Ambos reparos son infundados.
La lectura del decreto 555/17 pone en evidencia la exposición suficiente de los motivos determinantes del acto, que están ligados al denunciado avance de la actuación de un poder municipal en desmedro del otro (v. cons. 13, 14, 15, 16, 20 y 21, dec. cit.). Desde esa perspectiva, el decreto cuenta con sustento jurídico suficiente.
Por otra parte, la presunta incongruencia administrativa por haberse observado c
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