Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76299
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 76.299, "Intendente municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/Conflicto art. 196, Const. prov. y 261, LOM", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Pettigiani, Kogan.
I. El señor Intendente municipal de Villa Gesell, por apoderado, promueve el conflicto previsto en el art. 196 de la Constitución provincial, reglado por el art. 261, siguientes y concordantes del decreto ley 6.769/58 (LOM). Por esa vía, pretende que esta Suprema Corte declare la nulidad del decreto 2.030 dictado el 22-XI-2019 por el Concejo Deliberante y determine la validez del decreto 3.048 emitido el 16-X-2018 por el Departamento Ejecutivo.
Denuncia que el órgano deliberativo desconoce las facultades propias del jefe comunal para designar un representante titular de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, Crédito, Vivienda y Otros Servicios Públicos de Villa Gesell Limitada (C.E.Vi.Ge. Ltda.), concesionaria y prestadora exclusiva del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público en Villa Gesell.
Explica que mediante el decreto 3.048 se designó a la señora Silvia Edith Szmukler como consejera municipal ante la referida Cooperativa. Sin embargo, transcurrido más de un año (el día 22 de noviembre de 2019), el Concejo Deliberante dispuso a través del decreto 2.030 dejar sin efecto el referido acto y nombrar en dicho cargo al señor Abel Goicochea.
El accionante afirma que la nueva designación efectuada por el cuerpo deliberativo de la comuna -a más de exceder sus facultades y desconocer las del Intendente- genera una situación altamente conflictiva y confusa para la misma Cooperativa, toda vez que esta tiene ante sí dos actos contrapuestos dictados por distintas esferas del gobierno municipal, sin poder discernir legalmente a cuál de ellos corresponde acatar.
Advierte que la ausencia de un representante ante el Consejo de Administración de la Cooperativa implica un serio riesgo para los usuarios del servicio eléctrico, al privarlos del debido control que tienen derecho a ejercer a través de la persona a quien encomiende esa tarea el gobierno municipal, lo que afectaría gravemente el interés público.
Destaca que en los períodos anteriores la designación del referido funcionario se perfeccionó valiéndose del mismo procedimiento, esto es, mediante decretos del Departamento Ejecutivo -los que individualiza a modo ilustrativo-, que no merecieron reproche alguno por parte del órgano deliberativo. En razón de ello, entiende que el cambio de criterio del cuerpo deliberante violenta la doctrina de los propios actos.
El denunciante funda la exclusividad de su competencia en las previsiones del art. 131 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58-, en cuanto establece en su capítulo IV, art. 131 inc. "c", relativo a los servicios públicos, lo siguiente: "La ejecución directa de los servicios de la municipalidad corresponde al Departamento Ejecutivo, quien administrará los establecimientos por medio de empleados a sueldo, comisiones de vecinos u organismos descentralizados. En los convenios, cooperativas o consorcios será obligatoria su participación en los órganos directivos".
Argumenta que el Concejo Deliberante justifica su competencia para el dictado del decreto 2.030 en lo dispuesto en el art. 46 del Estatuto de la Cooperativa, lo que constituiría un absurdo, al pretender que dicho reglamento asigne facultades que se encuentran taxativamente establecidas en la Constitución provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Por su parte, pone en conocimiento del Tribunal que la prestataria del servicio, C.E.Vi.Ge. Ltda., interpuso recurso de revocatoria contra el decreto 3.048 del Intendente, el que fue rechazado por decreto 137 del 11 de enero de 2019 y que, contra ambos, dedujo una pretensión anulatoria que tramita actualmente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores. Refiere que, en dicho proceso, al momento de promover el presente conflicto no se habría corrido traslado de la demanda.
Al mismo tiempo, manifiesta que la concesionaria se presentó ante los órganos de control nacional y provincial de las cooperativas; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) y la Dirección Provincial de Acción Cooperativa dependiente del Ministerio de la Producción (Di.P.A.C.) para cuestionar, nuevamente, la competencia del Departamento Ejecutivo para efectuar la mentada designación.
II. El Tribunal ordenó suspender los efectos del decreto 2.030/19 dictado por el Concejo Deliberante y reponer la vigencia del decreto 3.048/18 (v. fs. 42/47).
III. A fs. 99/110, el Presidente del Concejo Deliberante de Villa Gesell, acreditando la representación del cuerpo, contesta demanda.
Alega que en el presente no se configura un caso de aquellos que esta Corte está llamada a decidir en instancia originaria y exclusiva por expreso mandato constitucional (arts. 161 y 196, Const. prov.), esto por cuanto, no existen dos órganos comunales disputándose la potestad para dictar el acto de designación del aludido representante. En consecuencia, solicita que se rechace el planteo y se ratifique la legitimidad del decreto 2.030/19.
En efecto, sostiene que el Intendente sometió a consideración del Departamento Deliberante el nombramiento de la señora Szumekler y que este último decidió no convalidar tal propuesta.
Alega que el art. 131 de la Ley Orgánica de las Municipalidades deviene inaplicable en la presente contienda, ya que prevé el supuesto de ejecución directa de servicios comunales por el Estado y que, en autos, la prestación se encuentra a cargo de una empresa concesionaria particular (art. 230, LOM). Mismo reproche merece, según su parecer, la invocación del art. 19 de la ley 20.337, debido a que contempla los casos en los cuales el Estado, las provincias, los municipios, los entes descentralizados y las empresas del Estado se asociaren a las cooperativas, lo que aquí no acontece.
Entiende, pues, que el Concejo Deliberante es el órgano con facultades para designar al funcionario ante la Cooperativa y que los anteriores nombramientos no constituyen antecedentes válidos para alterar la competencia que le es propia. Junto con lo cual, afirma que el decreto-ley 6.769/58 prevalece por sobre el Estatuto de la C.E.Vi.Ge. Ltda. sólo en lo que respecta al derecho de participación, pero que esto no incide en la elección del tipo de procedimiento que se empleará para hacerlo efectivo.
Por otra parte, estima que los informes y dictámenes sobre los cuales el accionante apoya su postura no resultan vinculantes, toda vez que pertenecen a la faz consultiva de los organismos de los que emanan. Realiza un cuestionamiento semejante en relación a la resolución de la Subsecretaría de Emprendedores PyMES y Cooperativas del Ministerio de Producción de la Provincia, dado que dicho acto se encuentra recurrido en sede administrativa. Sin perjuicio de ello, manifiesta que, a todo evento, los fundamentos allí vertidos también son de contenido falso.
En su opinión, del marco normativo regulatorio del servicio público de electricidad local -integrado por la ley 11.769 y sus modificatorias, su reglamentación y las normas particulares que dicten la autoridad de aplicación y el organismo de control-, se desprenden una serie de alcances, limitaciones y condiciones mínimas a los cuales deberán ajustarse los contratos de concesión que pudieran suscribirse para garantizar su prestación. Asimismo, estima que en dicho esquema institucional no existen facultades concurrentes entre la Provincia y los municipios, y que ha quedado reservado a estos últimos, exclusivamente, lo relativo a las etapas de distribución y comercialización del servicio eléctrico.
Concluye que la pretendida discrepancia entre las esferas de competencia del Ejecutivo y el Concejo Deliberante no es tal y que, en consecuencia, no debería suscitar una contienda judicial, en tanto la designación del representante comunal titular ante la Cooperativa constituye un acto complejo de administración que culmina con la decisión del Departamento Deliberativo, por la cual se aprueba o no la propuesta elevada por el Intendente y se efectúa el correspondiente nombramiento.
Arguye, por otro lado, que el caso se encuadra en el art. 20 de la ley 20.337 y no -como se pretende- en el art. 19 de dicho cuerpo normativo, dado que la Municipalidad de Villa Gesell no mantiene ninguna relación asociativa con la Cooperativa y sólo se vincula con ella en su carácter de usuario.
Interpreta que el mecanismo antes descripto, no violenta de modo alguno los aspectos inherentes a la autonomía municipal ni el principio de jerarquía normativa. A su vez, sostiene que el propósito perseguido con el art. 46 del Estatuto de la C.E.Vi.Ge. Ltda. -esto es, ejercer un control sobre la prestación del servicio público-, ha caído en desuetudo al establecerse nuevos entes, agencias y organismos de defensa de los consumidores y usuarios que se encargan de fiscalizar el desarrollo de la actividad en cuestión.
Finalmente, expone que la gravedad institucional y la afectación al interés público, alegados en el escrito postulatorio, correrían riesgo en caso de disponer la vigencia del decreto 3.048/18, por ser este una mera propuesta y no un acto administrativo complejo de administración como lo es el decreto 2.030/19.
Ofrece prueba y funda en derecho.
IV. A fs. 120/133 dictamina el señor Procurador General, recomendando considerar la posibilidad de declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado o, en su defecto, hacer lugar al conflicto.
V. Agregado el dictamen y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Efectuada la reseña de los antecedentes de este conflicto, las posiciones de las partes y lo dictaminado por el señor Procurador General, cabe previamente destacar que la competencia de esta Suprema Corte, establecida en el art. 196 de la Constitución de la Provincia, si bien excepcional y restrictiva, se abre en casos como el presente, en los que la contienda se produce entre los dos departamentos -uno deliberativo y otro ejecutivo- en que debe organizarse cada Municipalidad.
Este Tribunal ha interpretado en numerosos antecedentes que la competencia que le confiere a este cuerpo el art. 196 de la Constitución provincial comprende las contiendas que involucren a los dos departamentos que componen el poder municipal, siempre que se susciten con motivo de sus respectivas atribuciones, como cuando uno desconoce al otro la facultad que este se arroga o invade directa o indirectamente la esfera de competencias del otro ("Acuerdos y Sentencias", serie 9ª, t. 85, p. 429; t. 186, p. 542; 1974-III-623; causas B. 51.873, resol. de 26-IV-1988; B. 53.253, resol. de 4-IX-1990; B. 68.664, "Regueiro", sent. de 30-IX-2009; B. 71.082, "Intendente Municipal de Coronel Pringles", sent. de 16-III-2011; B. 71.758, "Oreste", sent. de 9-V-2012; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", sent. de 1-IV-2015; B. 73.875, "Municipalidad de Capitán Sarmiento", resol. de 23-XI-2015; e.o.).
De acuerdo a lo dicho, no puede hablarse de "inexistencia" de conflicto de la manera en que infiere el Presidente del Concejo, quien se ampara en que el supuesto procedimiento de selección del representante comunal titular ante el Consejo de Adminisitración de la C.E.Vi.Ge. Ltda. importa un acto de administración complejo, en donde, el Intendente sólo eleva una propuesta al Departamento Deliberativo, siendo este último el órgano facultado para disponer el respectivo nombramiento. En tal esquema, lejos de lo sostenido, el conflicto continúa latente puesto que, llegado ese punto, aún se sostiene que una de las ramas del poder comunal ha ejercido prerrogativas que son exclusivas del otro, de lo que se deduce que en la especie se han agotado los medios con los que cuentan aquellas dos para superar sus divergencias (doctr. causas B. 63.089, "Municipalidad de Lomas de Zamora", resol. de 7-XI-2001; B. 68.788, "Achucarro", sent. de 23-VII-2008; B. 70.300, "Concejo Deliberante de la Municipalidad de Castelli", resol. de 21-IX-2009 y B. 74.044, "Menéndez", resol. de 9-III-2016).
II. Sentado ello, corresponde iniciar el tratamiento de la contienda planteada a partir de una sucinta aproximación al Marco Regulatorio Energético en el ámbito local, constituido por la ley 11.769 y su decreto reglamentario 1.208/97 -reemplazado por el Anexo del decreto 2.479/04-, textos ordenados por el decreto 1.868/04.
II.1. En primer término, es dable recordar que a partir de la entrada en vigencia de la ley 11.769 (B.O., 5-III-1996), los concesionarios municipales comenzaron a regirse por ella y su reglamentación, debiendo las municipalidades adecuar los contratos vigentes a la nueva normativa.
Luego de definir el carácter de servicio público de la distribución y el transporte de energía eléctrica (art. 2), la mencionada norma fija los objetivos a los cuales deberán ajustarse tanto la política de la Provincia en materia energética, como la actuación de los organismos públicos competentes en el área (art. 3).
En lo que al conflicto respecta, el art. 20 establece que los servicios allí contemplados "podrán ser prestados por: 1) El Estado Provincial como titular de los servicios; 2) Las Municipalidades titulares de los servicios por derecho propio o delegación convencional, mediante la constitución de un organismo descentralizado autárquico o participando en sociedades mixtas con capital estatal mayoritario; 3) Personas jurídicas conforme a los requerimientos previstos en el presente artículo, por concesión otorgada por el Estado Provincial y/o las Municipalidades"; siendo esta última figura legal la adoptada por la Municipalidad de Villa Gesell en el supuesto de autos.
En cuanto a la actividad de los concesionarios municipales de servicios públicos de distribución (art. 24), el ordenamiento determina que "se regirá por lo dispuesto en ella, su reglamentación y las normas particulares que a tal efecto dicten la Autoridad de Aplicación y el Organismo de Control en el marco de sus respectivas competencias. Dentro del término que fije la reglamentación, la Autoridad de Aplicación deberá otorgar las licencias técnicas correspondientes y los municipios deberán adaptar los contratos de concesión vigentes a las condiciones mínimas establecidas en la presente Ley y su reglamentación" (art. 25, ley 11.769 -t.o. dec. 1.868/04).
Asimismo, se establece que el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos será la Autoridad de Aplicación (art. 54) y se regulan las atribuciones del Organismo de Control (art. 55 y sigs.).
En otro orden, la norma prevé que "las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires asistirán al Organismo de Control en el ejercicio de las funciones propias de éste último, respecto del control de los concesionarios del servicio público de distribución de electricidad, de acuerdo con los términos de la presente Ley y de las reglamentaciones que sobre el particular se dicten" (art. 66).
II.2. En segundo lugar, cabe señalar que la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que corresponde al Concejo Deliberante comunal disponer la prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras sanitarias y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y todo otro tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación (art. 52, LOM).
A la par, prescribe que será el Concejo Deliberante el órgano que autorice la prestación de los servicios públicos de ejecución directa del Departamento Ejecutivo o mediante organismos descentralizados, consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos (art. 53, LOM) y que la concesión de dichos servicios a particulares, se efectuará exclusivamente por licitación pública -salvo en los casos de cooperativas- mediante ordenanza (art. 232, LOM).
Por su parte, el art. 234 de dicho cuerpo legal dispone que "en los contratos de concesión las empresas deberán aceptar que la Municipalidad fiscalice sus actividades en todo lo concerniente a la prestación del servicio, como asimismo, al cumplimiento de las ordenanzas de tarifas y precios. Los funcionarios a quienes se confíe la aludida fiscalización, serán designados por el Departamento Ejecutivo".
III. En este marco, la Municipalidad de Villa Gesell otorgó la concesión del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público a la C.E.Vi.Ge. Ltda., a través del contrato suscripto por el entonces Intendente -cuya entrada en vigencia operó el 2 de noviembre de 1998-, de conformidad con lo establecido en la ley 11.769 y las facultades que le fueran delegadas por el Concejo Deliberante mediante ordenanza 1.668/98; confiriéndose la exclusividad en la prestación del referido servicio en el ámbito comunal.
En razón de esto, resulta de aplicación lo prescripto en los arts. 20 y 104 de la ley 20.337. Esto es que: a) la Cooperativa, como única concesionaria, deberá prestar el servicio a las oficinas de las reparticiones públicas, sin el requisito previo de asociarse y en las condiciones establecidas para sus asociados; y b) podrá ser fiscalizada por la autoridad respectiva, la que se limitará a vigilar el cumplimiento de las condiciones de la concesión o el permiso y de las obligaciones estipuladas en favor del público. Para tal tarea, se contempla que los fiscalizadores podrán asistir tanto a las reuniones del Consejo de Administración como a las asambleas y hacer constar en acta sus observaciones, debiendo informar a la correspondiente autoridad sobre cualquier falta que advirtieran.
En este sentido, el Estatuto de la Cooperativa prevé que su gestión estará a cargo de un Consejo de Administración -que ejercerá la dirección de las operaciones sociales-, integrado por diez miembros titulares y tres suplentes (art. 45). Ello, en consonancia con lo contemplado por el art. 69, siguientes y concordantes de la ley 20.337.
Al mismo tiempo, establece que "el municipio de Villa Gesell tendrá derecho a designar un miembro del Consejo de Administración, en cuyo caso éste se compondrá de once titulares. La designación se hará en la forma que establezca el Honorable Concejo Deliberante y en caso de acefalía, por el Departamento Ejecutivo o Comisionado con cargo de dar cuenta cuando aquel se constituya para su rectificación o modificación" (art. 46).
La citada disposición tiene como propósito -según sostienen de manera coincidente ambas partes- garantizar el debido control de la gestión de la Cooperativa, en resguardo de los intereses de la comunidad en lo que respecta a la prestación del servicio público. De allí que en autos, no se encuentra controvertida ni la figura del veedor municipal ni el derecho de la comuna a participar en el Consejo de Administración (v. fs. 100 vta.), sino que se debate a qué órgano le corresponde efectuar el nombramiento de aquel.
Así es que, en este contexto, existen dos actos administrativos por los cuales se designa a dos sujetos diferentes para ejercer el mismo cargo ante el Consejo de Administración de la C.E.Vi.Ge. Ltda., uno cuyo mandato comenzó a correr el 16 de octubre de 2018 -por decreto 3.048/18 del Departamento Ejecutivo- y otro, el 10 de diciembre de 2019 -por decreto 2.030/19 del Concejo Deliberante-.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.