Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75523
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 75.523, "Céspedes, Martín Javier c/ Concejo Deliberante de Castelli s/ conflicto art. 196, Const. prov. y 261, LOM", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Pettigiani, de Lázzari, Torres.
I. El señor Martín Javier Céspedes, invocando su condición de concejal de la Municipalidad de Castelli, promueve el presente conflicto municipal en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 261 y siguientes del decreto ley 6.769/58, solicitando se declare la nulidad del decreto 11/18, mediante el cual el Concejo Deliberante de dicha comuna dispuso su destitución en el cargo que desempeñaba y el consecuente restablecimiento en su función.
Relata que en las elecciones del 22 de octubre de 2017 fue elegido como concejal por el municipio referido por el período 2017-2021, habiendo asumido el 10 de diciembre del mismo año.
En este marco, alega la irregularidad del procedimiento llevado a cabo por el Departamento Deliberativo que culminara con su destitución. Así, plantea diversos vicios nulificantes que alcanzarían no sólo al mentado decreto, sino también a los actos preparatorios que precedieron su dictado.
En primer lugar, cuestiona la competencia del citado órgano para juzgar hechos previos a su asunción como edil. Al respecto, destaca que dicho límite temporal estaba previsto en el art. 1 del decreto 4/18, que dispuso la creación de la Comisión Investigadora en los términos del art. 255 del decreto ley 6.769/58 "para evaluar la responsabilidad del Concejal Martín Céspedes en el ejercicio de sus funciones".
Resalta que los dos hechos que motivaron su destitución tuvieron lugar con anterioridad al 10 de diciembre 2017 y que ello consta en el expediente administrativo 4/2018, por el cual tramitaron las actuaciones. Detalla, entonces, que: a) la compra de durmientes ocurrió en abril de 2015 y el allanamiento en su morada, ordenado por magistrado interviniente en la causa penal "Contreras, Ricardo s/ Denuncia FMP 1452/2015" -donde fue llamado como testigo-, se realizó el 26 de junio de 2015; y b) las gestiones para la reparación de los puentes "Cortejarena" y "Lynch" comenzaron en el año 2015 y continuaron en el 2016 y principios del 2017.
Manifiesta, asimismo, que ha sido víctima de un proceso de persecución y descrédito político, instado por el propio Intendente comunal y avalado por los concejales pertenecientes al bloque del partido oficialista.
Afirma que tal obrar implica una sustitución de la voluntad popular por parte del órgano deliberativo y que el decreto 11/18 -al que califica de arbitrario-, quebranta el sistema representativo de gobierno establecido en los arts. 1 de la Constitución nacional y 1 de la Carta local, al tiempo que vulnera el derecho a ser electo, consagrado en los arts. 37 de la Constitución de la Nación y 23 inc. "b" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otro lado, considera que no le es aplicable el marco normativo invocado como fundamento de su destitución. Refiere que la ley 25.188 no abarca el ámbito municipal y que, sin perjuicio de esto, establece una serie de deberes éticos, prohibiciones e incompatibilidades dirigidos a las personas "que se desempeñen en la función pública", por lo que se encontraría excluido de tal previsión en virtud del momento en que tuvieron lugar los hechos investigados. Idéntica apreciación formula respecto de la ordenanza 3/18, a lo que agrega que esta carece de efectos retroactivos y, por ende, sus postulados no podrían alcanzar a los actos cometidos con anterioridad a su sanción. A su vez, señala que la ley 14.828, anexo único, apartado 8.1.4., citada en el decreto impugnado, no impone ningún deber de conducta específico a los concejales.
En otro orden de ideas, denuncia una serie de vicios de procedimiento y otros concernientes a la cuestión de fondo involucrada en la especie, que provocarían, a su entender, la nulidad de todo lo actuado.
Entre las irregularidades de carácter procedimental, puntualiza: a) la contratación sin antecedentes ni fundamentos de ciertos profesionales; b) el reemplazo de la actividad del pleno de la Comisión Investigadora por una Mesa Ejecutiva conformada por dos personas del mismo partido político, que se habría extralimitado de las facultades otorgadas por el art. 6 del decreto 4/18 y c) el direccionamiento en la recolección de prueba, por ocultamiento o denegación en la producción de los medios ofrecidos por su parte, entre otros.
Asimismo, aduce que a través de la resolución 9/18 -notificada el 21 de junio de 2018-, la Comisión Investigadora dio por finalizada la etapa probatoria y determinó los hechos a imputar, sin perjuicio de lo cual, con posterioridad, se tomaron declaraciones testimoniales y se agregó un informe remitido por el Ministerio de Infraestructura.
Paralelamente, y en cuanto a los vicios que atañen a la cuestión de fondo, el accionante alega, en relación a la compra de durmientes, que no correspondía el encuadre de su conducta en las disposiciones del art. 249 del decreto ley 6.769/58. En primer lugar, porque el inc. 2 de dicho precepto exige la reiteración de un obrar negligente que lesione el interés patrimonial municipal, mientras que a él se le atribuye un hecho único. En segundo término, dado que el inc. 1 sería residual, asevera que no podría contemplar un supuesto más gravoso que el reseñado anteriormente y concluye que, de bastar un solo hecho -sin que se constaten repeticiones ni perjuicio fiscal- el inc. 2 carecería de sentido.
Reitera, en este punto, que la imprudencia en la que habría incurrido no aconteció durante el desempeño de su cargo como concejal y que, de haberse sospechado que su actuación fue "a sabiendas" -tal como se desprende del decreto 11/18-, en las actuaciones penales se lo habría imputado como partícipe o cómplice y no se lo hubiera citado únicamente como testigo, tal como aconteció. Sostiene al respecto que no puede haber discrepancias entre los organismos del Estado sobre el modo en que ocurrieron los hechos -es decir, si estos acontecieron o no- y que, si aquello sucediera, debe prevalecer la causa penal.
A continuación, realiza una crítica a la imputación formulada en torno a los puentes "Cortejarena" y "Lynch". Pone de resalto, una vez más, que las gestiones en las que pudo haber participado ocurrieron antes de su asunción en el cargo, esto es, en los años 2015, 2016 y principios del 2017.
Recuerda que se trata de una obra licitada por la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, es privativo de dicha jurisdicción la evaluación de su conveniencia y la asignación de las partidas presupuestarias para afrontarla. A ello añade, que fue el mismo Intendente comunal quien peticionó en el 2016 su ejecución al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas y quien, además, participó de diversas reuniones con productores y vecinos de la zona para tratar el tema.
Culmina destacando que la reparación efectuada beneficia a varios vecinos de los cuarteles VIII y IX de Castelli y que representa una ventaja para quienes transitan la zona, al conectar la Ruta Provincial 2 con la Ruta Provincial Interbalnearia 11. Por tal motivo, manifiesta que es erróneo considerar que los trabajos responden únicamente a su propio interés y, en relación a esto, estima que no ha quedado debidamente acreditado el aumento en el valor de su propiedad, como afirma la accionada.
Finalmente, ofrece prueba y solicita que cautelarmente se disponga su restitución en el cargo mientras se sustancia el proceso.
II. La Presidencia de esta Suprema Corte, previo a todo trámite, requirió al Concejo Deliberante de Castelli que remitiera copia certificada del expediente administrativo 4/2018 (v. fs. 155).
III. A fs. 163/167 este Tribunal hizo lugar a la medida precautoria peticionada y, consecuentemente, dispuso la suspensión de los efectos del decreto 11/18, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el presente conflicto.
IV. Por su parte, a fs. 182/226 el Concejo Deliberante de Castelli contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo de la pretensión articulada por el señor Céspedes y la confirmación de su destitución.
Esto por cuanto, a su entender, las faltas en las que incurrió el concejal constituyeron infracciones graves que justificaban razonablemente la decisión de apartarlo del cuerpo y, además, que el procedimiento llevado a cabo se adecuó a las normas establecidas en el decreto ley 6.769/58.
En particular, sostiene que la expresión "en ejercicio de su cargo" responde a un concepto jurídico indeterminado de derecho público y que ceñirse a una interpretación literal del término "cercena francamente la posibilidad de enmarcar a la ética pública como principio constitucional republicano a ser cumplido, como también a la probidad como virtud por excelencia a ser cumplida por cada funcionario público" (fs. 187 vta.).
Eventualmente, considera que encontrándose la obra pública de reparación de los puentes "Cortejarena" y "Lynch" aún en ejecución, pese a que las gestiones imputadas pueden haber comenzado antes de la asunción como edil, sus efectos continúan en curso y por ende, la inhabilidad continuaría existiendo (v. fs. 188 vta.).
Asimismo, alega que la conducta del señor Céspedes ha sido correctamente calificada a la luz de los arts. 249 incs. 1 y 2, 250 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), toda vez que los hechos constituyen transgresiones diferentes a las del art. 248. Sobre el particular, recuerda que la finalidad perseguida en un procedimiento como el que origina el presente conflicto, dista de aquella que informa el proceso penal.
Precisa, en tal sentido, que los hechos investigados denotan un comportamiento negligente, imprudente o irregular por parte de quien reviste un cargo público y que, además, se evidencia un claro perjuicio al patrimonio de la comuna, por haberse imputado el gasto que las obras de reparación de los puentes aparejaban a la partida correspondiente al Fondo de Infraestructura Municipal; ello, a través de la resolución 474/17 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, por la que se aprobó la obra.
En este punto, reprocha la actuación del señor Céspedes a la luz de los principios y deberes de probidad, transparencia y ética pública. En definitiva, entiende que el concejal ha priorizado un beneficio personal por sobre los intereses del municipio.
Concluye que el procedimiento reúne los recaudos de legalidad y razonabilidad necesarios para poder predicar su legitimidad. Subsidiariamente, solicita que, en caso de encontrar una causal que exima al accionante de la responsabilidad por uno de los hechos atribuidos, este Tribunal convalide la validez de lo decidido en relación a la otra infracción imputada.
V. Luego de producida la prueba ofrecida por la parte actora, dictamina el señor Procurador General de esta Suprema Corte. Considera, inicialmente, que la comunicación del conflicto efectuada en autos resulta pasible de ser tramitada por la vía prevista por el art. 196 de la Constitución provincial.
Así, tras abordar la legalidad del procedimiento y la normativa aplicable al caso, advierte una serie de irregularidades que viciarían gravemente lo actuado.
Estima que en la Sesión Extraordinaria del 22 de marzo de 2018 que resuelve el "pase a comisión" de la denuncia presentada, no se acreditan los extremos determinados en el art. 68 inc. 5 de la LOM, por no encontrarse configurada la situación de paridad en los votos, requerida como condición para el uso de la facultad prevista en el art. 83 inc. 3 de esa norma.
Al mismo tiempo, observa que la convocatoria del 26 de marzo de 2018 a Sesión Especial para tratar la designación y aprobación de la Comisión Investigadora es realizada únicamente por la Presidencia del órgano deliberativo, en contravención a lo dispuesto en el art. 68 inc. 4 de la LOM.
En otro orden, señala que la conformación de la Comisión Investigadora se aprobó sin reunir las mayorías legalmente impuestas por el art. 249 de la LOM a tal efecto; esto por cuanto interpreta que se alcanzaron seis votos afirmativos por sobre un total de diez concejales.
Cita los precedentes de este Tribunal "Intendente Municipal del Partido de Las Flores" (causa B. 64.827, resol. de 27-XI-2002); "Intendente Municipal Interino de Mercedes" (causa B. 69.009, sent. de 12-III.2008) y "Miño" (causa B. 69.922, sent. de 9-IX-2009), cuya doctrina entiende aplicable en la especie.
Por ello, propicia hacer lugar al conflicto planteado y disponer la nulidad del decreto 11/18.
VI. Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Reseñados los antecedentes de la causa, las posiciones de las partes y lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde señalar, preliminarmente, que la situación que motiva la presentación del señor Céspedes resulta constitutiva de un conflicto municipal en los términos del art. 196 de la Constitución de la Provincia.
Al respecto, cabe recordar que el citado precepto constitucional, atribuye a esta Corte, en forma originaria y exclusiva, el conocimiento y decisión, entre otros, de los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, o bien, ocurran en el seno de este último.
En dicho marco, este Tribunal interpretó en numerosos casos que, conforme a la legislación reglamentaria, las decisiones del Concejo Deliberante susceptibles de ser revisadas judicialmente por la vía del conflicto al que se refiere el mentado art. 196 de la Carta local con la expresión "que ocurran en el seno" del departamento deliberativo, son aquellas por las que se dispone la suspensión preventiva o destitución del Intendente municipal o de cualquier concejal -excepto que estas decisiones se fundamenten en la comisión de delitos dolosos-, así como también, sólo en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (arts. 263 bis, dec. ley 6.769/58 -texto según ley 11.024-; doctr. causas B. 54.451, "Saric" y B. 54.450, "Zakhem", resols. de 9-VI-1992; B. 55.600, "López", resol. de 15-II-1994; B. 58.988, "Ríos", resol. de 21-IV-1998; B. 63.599, "Agugliaro" y B. 63.564, "Delia", ambas resols. de 6-II-2002; B. 63.612, "Mazzieri", resol. de 24-IV-2002; B. 68.087, "Lutteral", sent. de 30-XI-2005; B. 68.190, "Roberto Carlos", sent. de 8-IV-2007; B. 69.288, "Fernández", sent. de 4-VI-2008; B. 69.478, "Córdoba", sent. de 11-III-2009; B. 70.973, "Coronel", sent. de 7-XII-2011; B. 71.018, "Cepeda", sent. de 17-VI.2015; entre muchas otras).
Ello, sin perjuicio de que excepcionalmente queden comprendidas en el alcance de la mentada disposición constitucional otras situaciones ocurridas en el seno del Concejo Deliberante. Mas tal conceptualización, en rigor, resulta ajena al presente caso.
II. Sentado lo anterior, corresponde analizar la pretensión articulada a la luz de las actuaciones administrativas y de la prueba producida. En particular, debe esclarecerse si la destitución del concejal Céspedes dispuesta por decreto 11/18 resulta legítima, a partir de los vicios alegados por este en su presentación inaugural.
III. En primer término, procede abordar lo relativo a la admisibilidad de que el órgano deliberativo juzgue hechos que, por ser anteriores a la asunción del actor como concejal, resultan ajenos al mandato o desempeño en el cargo del que fuera destituido.
En el escrito de inicio, se objeta puntualmente que el Concejo haya hecho uso de la potestad de juzgar y sancionar conductas anteriores a la asunción en su banca e incluso previas al acto eleccionario. Ello, toda vez que no se le atribuye uno de los supuestos comprendidos en el art. 248 de la LOM (v.gr., condena firme por delito doloso), sino dos de las causales del art. 249.
En lo que aquí concierne, el art. 255 de la LOM prevé que "el concejal que incurriera" en alguno de los casos contemplados en el art. 249, será pasible de las sanciones allí previstas, luego de ser sometido al procedimiento dispuesto al efecto en dicha normativa.
Esto implica que el enjuiciamiento a cargo del Departamento Deliberativo queda circunscripto a determinadas conductas del sujeto investigado, que puedan serle verosímilmente atribuidas en su función de edil. En virtud de ello, lo relevante y exigible para hacer actuar la responsabilidad política del funcionario es que las transgresiones se produzcan en el desempeño del cargo o mandato y que la sanción sea la consecuencia de las infracciones perpetradas en su ejercicio (conf. voto del doctor Soria en la causa B. 71.018, cit. al cual adherí).
Esta premisa, emana expresamente de los preceptos que rigen el caso. Y tal como lo ha señalado esta Suprema Corte, en la interpretación de las normas es prudente estar a la que más directamente surge de su letra, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa, especialmente cuando a una interpretación contraria no podrá llegarse sin forzar el propio texto legal (conf. doctr. causas B. 50.534, "Siemens", sent. de 16-IV-1991; B. 53.190, "Urretavizcaya", sent. de 6-IV-1993; B. 55.074, "Ardanázotaño", sent. de 13-V-1997; B. 60.694, "Checa", sent. de 15-VI-2005; B. 57.162, "Trípoli", sent. de 2-XI-2005; B. 60.491, "Rodríguez", sent. de 4-IV-2006 y B. 60.693, "Vázquez", sent. de 18-VI-2008). En sentido análogo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, cuya aplicación no puede ser obviada cuando su interpretación no presente mayores dificultades u obscuridades (Fallos: 299:167; 311:1042; 312:2078; 314:1820; 321:1434; 324:2780; entre muchas otras).
En la especie, no caben dudas acerca de que los hechos que se le reprochan al señor Céspedes, se refieren a situaciones previas y diversas a la actuación que desempeña como concejal en el período 2017-2021 y, de esto, deviene la invalidez de la sanción aplicada.
Al respecto, es dable recordar que la responsabilidad política supone una respuesta institucional de gravedad frente a determinados comportamientos de las autoridades electas en cuanto tales. Por tal motivo, en el enjuiciamiento y en una eventual sanción de la conducta de funcionarios municipales, se valoran los hechos comprobados durante la gestión del intendente o concejal. Este entendimiento se asienta, asimismo, en el art. 194 último párrafo de la Constitución provincial, que vincula el ejercicio de la potestad disciplinaria de "los municipales" con "...el desempeño de sus cargos" (conf. voto del doctor Soria en la causa B. 71.018, cit.).
En consecuencia, toda vez que las causas invocadas para la remoción del señor Céspedes tuvieron lugar con anterioridad a su asunción como concejal, no pueden dar sostén a la aplicación de la medida expulsiva decretada. De allí que, al proceder como lo hizo, el órgano deliberativo se extralimitó en sus atribuciones y, como resultado, se ha arribado a una decisión viciada en su legalidad (art. 240, LOM), situación que además de ser lesiva de los derechos del demandante, en modo reflejo, compromete el principio republicano y democrático, que no sólo tiende a dar primacía a las decisiones de las mayorías políticas, sino que también resguarda a las minorías, pues ambas son inherentes al sistema (arg. arts. 58, 59 inc. 1, 60, 190 a 192 y concs., Const. prov.).
Ahora bien, corresponde señalar que la conclusión a la cual se arriba no se conmueve en sus fundamentos por la aparente actualidad de uno de los hechos endilgados al
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