Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la presentación efectuada a fs. 14/21 vta. (arts. 196, Const. prov.; 261 y conc., decreto ley 6769/58).
B.76.361 “SCHIEDA GABRIELA ROSA C/ CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA S/ CONFL. ART. 196 Y DERC. LEY 6769/58”
El señor juez doctor Soria dijo:
I. En autos una concejal del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Bahía Blanca, por la vía prevista en los arts. 196 de la Constitución provincial y 261 de la LOM, denuncia la existencia de un conflicto en el seno de ese cuerpo deliberativo que se habría producido al decidir su Presidente, en la sesión extraordinaria llevada a cabo el 17 de enero de este año, reemplazarla por una concejal suplente mediante un procedimiento irregular, pues no había vacante que cubrir, obteniendo de ese modo el quorum para sesionar y adoptar una serie de decisiones de gran trascendencia institucional que, por haber sido dictadas por un órgano integrado de modo ilegítimo, solicita que se declaren nulas.
A lo ya señalado agrega que, en su caso particular, se produjo una grave afectación de sus derechos políticos al decidirse su reemplazo por medio de un mecanismo ilegal y arbitrario.
II. En relación a los conflictos internos de las municipalidades que se producen en el seno del Concejo Deliberante, se resolvió reiteradamente que las resoluciones susceptibles de cuestionarse en ese marco sólo eran aquéllas por medio de las cuales se destituía o suspendía preventivamente al Intendente Municipal o a algún concejal –excepto que se tratara de decisiones adoptadas ante la comisión de delitos dolosos-, así como también y en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (art. 263 bis, LOM; ver por todas causa B. 63.612 “Mazzieri”, res. del 24-IV-2002).
El criterio restrictivo que informaba esa doctrina fue superado luego por el Tribunal al decidir que, además de los supuestos especiales que contempla el artículo 263 bis de la LOM, cabe entender que pueden quedar comprendidas en el alcance de la disposición constitucional (art. 196, Const. prov.) otras situaciones ocurridas en el seno del Concejo Deliberante en la medida que se trate de “conflictos” y que no se encuentren excluidas de la vía en cuestión, advirtiendo que en la medida en que el art. 261 de esa ley remite con amplitud a lo dispuesto en el señalado art. 196 de la Constitución de la Provincia, no puede considerarse que la norma reglamentaria delimite los conflictos ocurridos en el seno del Concejo Deliberante sólo a los referidos supuestos especiales (doctr. causas B 64.165, “Salgado”, res. de 14-VIII-2002; B. 67.763 "Eurruela", sent. de 28-IV-2004; B. 72.608 "Piacenti", res. de 5-VI-2013 y B. 74.069 "Vrhosvi", res. del 22-III-2016 y B 74.455, "Pugliese", res. de 2-XII-2016, entre muchas).
Ello, claro está, siempre que se encuentre configurada una real situación de “conflicto”, que es la única que habilita la competencia de la Suprema Corte para dirimirlo (doctr. causas B. 68.190 "Roberto", sent. de 18-IV-2007; B. 69.478 "Córdoba", sent. de 11-III-2009; B 74.455, "Pugliese", res. de 2-XI-2016, entre otras).
III. 1. La denunciante, que conforma uno de los tres bloques existentes en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Bahía Blanca, alega que el procedimiento seguido para lograr quorum en una sesión extraordinaria resultó violatorio de las normas que rigen el reemplazo de los miembros del Concejo, porque no había ninguna vacante que cubrir en el cuerpo que habilitara el reemplazo por algún suplente, de acuerdo a las normas que reglan ese supuesto. Hace hincapié en que ni ella ni los demás concejales se hallaban ausentes, sino que hicieron ejercicio del derecho de no dar quorum, circunstancia que imponía el levantamiento de la sesión, tal como el Presidente del Concejo hiciera en la reunión inmediata anterior, hecho que acredita con una copia del acta respectiva (fs. 1/2).
La irregularidad que denuncia y la violación flagrante de su derecho político al ejercicio del cargo, entiende, producen la nulidad de todos los actos, resoluciones y ordenanzas aprobados en esa sesión y así solicita que sea declarado por el Tribunal.
III.2 De acuerdo a lo expuesto y sin perjuicio de la entidad que pueda atribuirse a los hechos denunciados, el objeto de la pretensión revela que, conforme la doctrina del Tribunal antes recordada, no se trata de un conflicto de los que esta Corte está llamada a dirimir.
En efecto: del planteamiento efectuado en autos no se advierte la existencia de alguna disputa acerca de las atribuciones constitucionales o legales, esto es, de una efectiva contienda que pueda ser calificada de conflicto, o bien que lo actuado por el Concejo Deliberante en la sesión en cuestión altere, obstruya o impida el funcionamiento institucional del cuerpo o de la Municipalidad. Antes bien, como se dijo, el objeto de la pretensión revela que el órgano deliberativo llevó adelante una sesión en la que se aprobaron las decisiones cuya anulación se persigue. Se trata de una impugnación de una sesión con argumentos de antijuridicidad atinentes, en lo esencial, al incumplimiento de las normas que rigen la integración y el funcionamiento del Concejo.
Para más, cabe destacar que, conforme la documentación acompañada por el Presidente del Concejo Deliberante, el procedimiento seguido en este caso es análogo al que ese órgano utilizó en varias sesiones celebradas con anterioridad en ese cuerpo, en las que se procedió al reemplazo de concejales ausentes por sus suplentes, sin que por ello se hubiesen efectuado planteos como este (ver fs. 94, 111vta., 126vta. y 137v/137 vta.).
En tales condiciones, cabe poner de relieve que, como se ha resuelto, no es misión de esta Corte por la específica vía del art. 196 de la Constitución provincial controlar cómo se conduce la labor deliberativa municipal en los términos de su reglamentación interna (causas B. 64.165, cit.; B. 64.990, "Mathiu", res. del 11-VI-2003; B. 68.300, "Fernández, res. de 10-VIII-2005; B. 68.190, cit.; B 69.501, "Perez", sent. de 8-X-2008; B 69.478, "Córdoba", sent. de 11-III-2009 y B 70.718, "Di Rocco", sent. de 13-VII-2011), sino sólo ante una extrema situación de transgresiones que impidan u obstruyan el regular funcionamiento del órgano, supuesto que, conforme lo antes expuesto, no se observa en el caso.
El señor juez doctor Genoud, la señora jueza doctora Kogan y los señores doctores Pettigiani, Torres y de Lázzari dijeron:
I. En autos una concejal del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Bahía Blanca, por la vía prevista en los arts. 196 de la Constitución provincial y 261 de la LOM, denuncia la existencia de un conflicto en el seno de ese cuerpo deliberativo que se habría producido al decidir su Presidente, en la sesión extraordinaria llevada a cabo el 17 de enero de este año, reemplazarla por una concejal suplente mediante un procedimiento irregular, pues no había vacante que cubrir, obteniendo de ese modo el quorum para sesionar y adoptar una serie de decisiones de gran trascendencia institucional que, por haber sido dictadas por un órgano integrado de modo ilegítimo, solicita que se declaren nulas.
A lo ya señalado agrega que, en su caso particular, se produjo una grave afectación de sus derechos políticos al decidirse su reemplazo por medio de un mecanismo ilegal y arbitrario.
II. En relación a los conflictos internos de las municipalidades que se producen en el seno del Concejo Deliberante, se resolvió reiteradamente que las resoluciones susceptibles de cuestionarse en ese marco sólo eran aquéllas por medio de las cuales se destituía o suspendía preventivamente al Intendente Municipal o a algún concejal –excepto que se tratara de decisiones adoptadas ante la comisión de delitos dolosos-, así como también y en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (art. 263 bis, LOM; ver por todas causa B. 63.612 “Mazzieri”, res. del 24-IV-2002).
El criterio restrictivo que informaba esa doctrina fue superado luego por el Tribunal al decidir que, además de los supuestos especiales que contempla el artículo 263 bis de la LOM, cabe entender que pueden quedar comprendidas en el alcance de la disposición constitucional (art. 196, Const. prov.) otras situaciones ocurridas en el seno del Concejo Deliberante en la medida que se trate de “conflictos” y que no se encuentren excluidas de la vía en cuestión, advirtiendo que en la medida en que el art. 261 de esa ley remite con amplitud a lo dispuesto en el señalado art. 196 de la Constitución de la Provincia, no puede considerarse que la norma reglamentaria delimite los conflictos ocurridos en el seno del Concejo Deliberante sólo a los referidos supuestos especiales (doctr. causas B 64.165, “Salgado”, res. de 14-VIII-2002; B. 67.763 "Eurruela", sent. de 28-IV-2004; B. 72.608 "Piacenti", res. de 5-VI-2013 y B. 74.069 "Vrhosvi", res. del 22-III-2016 y B 74.455, "Pugliese", res. de 2-XII-2016, entre muchas).
Ello, claro está, siempre que se encuentre configurada una real situación de “conflicto”, que es la única que habilita la competencia de la Suprema Corte para dirimirlo (doctr. causas B. 68.190 "Roberto", sent. de 18-IV-2007; B. 69.478 "Córdoba", sent. de 11-III-2009; B 74.455, "Pugliese", res. de 2-XI-2016, entre otras).
III. 1. La denunciante, que conforma uno de los tres bloques existentes en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Bahía Blanca, alega que el procedimiento seguido para lograr quorum en una sesión extraordinaria resultó violatorio de las normas que rigen el reemplazo de los miembros del Concejo, porque no había ninguna vacante que cubrir en el cuerpo que habilitara el reemplazo por algún suplente, de acuerdo a las normas que reglan ese supuesto. Hace hincapié en que ni ella ni los demás concejales se hallaban ausentes, sino que hicieron ejercicio del derecho de no dar quorum, circunstancia que imponía el levantamiento de la sesión, tal como el Presidente del Concejo hiciera en la reunión inmediata anterior, hecho que acredita con una copia del acta respectiva (fs. 1/2).
La irregularidad que denuncia y la violación flagrante de su derecho político al ejercicio del cargo, entiende, producen la nulidad de todos los actos, resoluciones y ordenanzas aprobados en esa sesión y así solicita que sea declarado por el Tribunal.
III.2 De acuerdo a lo expuesto y sin perjuicio de la entidad que pueda atribuirse a los hechos denunciados, el objeto de la pretensión revela que, conforme la doctrina del Tribunal antes recordada, no se trata de un conflicto de los que esta Corte está llamada a dirimir.
En efecto: del planteamiento efectuado en autos no se advierte la existencia de alguna disputa acerca de las atribuciones constitucionales o legales, esto es, de una efectiva contienda que pueda ser calificada de conflicto, o bien que lo actuado por el Concejo Deliberante en la sesión en cuestión altere, obstruya o impida el funcionamiento institucional del cuerpo o de la Municipalidad. Antes bien, como se dijo, el objeto de la pretensión revela que el órgano deliberativo llevó adelante una sesión en la que se aprobaron las decisiones cuya anulación se persigue. Se trata de una impugnación de una sesión con argumentos de antijuridicidad atinentes, en lo esencial, al incumplimiento de las normas que rigen la integración y el funcionamiento del Concejo.
Para más, cabe destacar que, conforme la documentación acompañada por el Presidente del Concejo Deliberante, el procedimiento seguido en este caso es análogo al que ese órgano utilizó en varias sesiones celebradas con anterioridad en ese cuerpo, en las que se procedió al reemplazo de concejales ausentes por sus suplentes, sin que por ello se hubiesen efectuado planteos como este (ver fs. 94, 111vta., 126vta. y 137v/137 vta.).
En tales condiciones, cabe poner de relieve que, como se ha resuelto, no es misión de esta Corte por la específica vía del art. 196 de la Constitución provincial controlar cómo se conduce la labor deliberativa municipal en los términos de su reglamentación interna (causas B. 64.165, cit.; B. 64.990, "Mathiu", res. del 11-VI-2003; B. 68.300, "Fernández, res. de 10-VIII-2005; B. 68.190, cit.; B 69.501, "Perez", sent. de 8-X-2008; B 69.478, "Córdoba", sent. de 11-III-2009 y B 70.718, "Di Rocco", sent. de 13-VII-2011), sino sólo ante una extrema situación de transgresiones que impidan u obstruyan el regular funcionamiento del órgano, supuesto que, conforme lo antes expuesto, no se observa en el caso.
Ello, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar, mediando la existencia de un supuesto planteado por parte interesada, a través de los medios previstos en el ordenamiento, cualquiera de las determinaciones adoptadas en la sesión aquí puesta en tela de juicio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la presentación efectuada a fs. 14/21 vta. (arts. 196, Const. prov.; 261 y conc., decreto ley 6769/58).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Registrada bajo el Nº 134
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2020 11:16:04 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 29/05/2020 14:25:03 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 29/05/2020 18:56:50 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 29/05/2020 19:04:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/05/2020 19:26:43 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 29/05/2020 19:38:06 - TORRES Sergio Gabriel -
Funcionario Firmante: 29/05/2020 19:51:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia