Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar abstracto el tratamiento de la denuncia del conflicto promovido por el señor Intendente municipal de Pehuajó (conf. art. 690, CPCC).
Atento el modo en que se decide, las costas se distribuyen por su orden (arg. art. 73, CPCC).
B.79.267 "MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ CONFLICTO ART. 196 CONST. PROV."
I. El señor Intendente de la Municipalidad de Pehuajó, en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia y 689 y 690 del Código Procesal Civil y Comercial y disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades (arts. 261 y conc.), denuncia la existencia de un conflicto de poderes entre la comuna y el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.
Al respecto, explica que el juez a cargo del mencionado juzgado excedió su competencia jurisdiccional al pronunciarse en el expediente caratulado “Agostinelli, Graciela Iris y otros c/Municipalidad de Pehuajó s/medida cautelar autónoma o anticipada – otros juicios”, que tramita por ante dichos estrados, y haber hecho lugar a la pretensión incoada por los concejales Graciela Agostinelli, Manuel A. Polo, Gimena Alessi, Ignacio de Arteche, Marcela Severino, Daiana Gómez, Juan Miguel Cumba y Nicolás Vescoso, a fin de que se les provea, de manera inmediata, el alta de usuario y claves de acceso al sistema de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal, denominado “RAFAM”.
Tras cuestionar la legitimación de los mencionados ediles para instar sus reclamos del modo en que lo hicieron en sede administrativa, alega que es el Concejo Deliberante el órgano encargado de verificar la concurrencia de los recaudos formales exigidos para efectuar esta clase de pedidos por el reglamento que los rige.
Al contrario de lo resuelto por el magistrado de grado, entiende que en caso de haberse estimado que el asunto de autos podría suscitar una contienda judicial, “la naturaleza de la cuestión planteada debería ser examinada a la luz de las reglas establecidas en el art. 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) y de los arts. de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
Aduce, además, que como informó el propio cuerpo legislativo, los días 11 y 12 de enero de 2024 se convocaron reuniones de labor deliberativa en las que no se trató el proyecto de decreto de acceso al referido software debido a que esto no fue solicitado por ninguno de los interesados, quienes tampoco formularon una moción para que se evaluara el tema sobre tablas. Circunstancia que demuestra, a su modo de ver, que los actores no han hecho uso de las herramientas establecidas en la normativa específica para dar curso a este tipo de peticiones, ni han agotado las vías previstas en las disposiciones internas que regulan el funcionamiento del órgano.
Luego, transcribe el art. 2 de la resolución 15/16 del Concejo –invocada por los demandantes en apoyo de su postura- y asevera que tal precepto establece un mecanismo institucional de actuación entre el Departamento Ejecutivo y el Deliberativo pero, bajo ningún concepto, contempla la posibilidad de que los concejales se arroguen para sí la facultad de exigir individualmente el cumplimiento de lo previsto en la aludida norma.
En otro orden, se resiste a que el caso deba ser resuelto acudiendo al régimen legal que consagra los derechos y garantías del acceso a la información pública. A la par, afirma que la ostensible contradicción en la que ha incurrido el magistrado de primera instancia respecto de la normativa aplicable le ha impedido vislumbrar la posible existencia de un conflicto de poderes.
En este contexto, afirma que la actuación del juez de grado ha vulnerado el principio de tutela judicial continua y efectiva y que el acotado marco cognoscitivo de las medidas cautelares le ha obstaculizado la posibilidad de ejercer cabalmente su derecho de defensa (conf. art. 15, Const. prov.).
Remata su embate exponiendo que, en definitiva, existen dos aristas fundantes de la presente contienda. De un lado, el hecho de que el órgano jurisdiccional actuante ha invadido las facultades y atribuciones propias de los departamentos de gobierno comunal, de acuerdo a lo contemplado en los arts. 3, 45, 57, 191, 192, 193 y 196 de la Constitución provincial. De otro, que en tanto el nudo sustancial que envuelve la controversia giraría en torno al desacuerdo en el criterio hermenéutico adoptado por el Departamento Ejecutivo y los ediles de la oposición -por lo que en la litis debería abordarse una delicada situación institucional-, su conocimiento atañe a la competencia originaria y exclusiva que constitucionalmente le ha sido confiada a esta Corte.
Finalmente, solicita que se suspendan las actuaciones realizadas en los autos “Agostinelli” durante la sustanciación de este proceso, tal como lo prevé el art. 261 de la Ley Orgánica municipal.
II. Conforme a lo que surge de las constancias disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, el 8 de marzo próximo pasado el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen hizo lugar parcialmente a la medida cautelar que le había sido solicitada en el marco de la causa “Agostinelli” y ordenó tanto al Departamento Ejecutivo municipal como al Presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó que arbitrasen y gestionasen las medidas necesarias para garantizar el libre acceso al sistema informático “RAFAM”, con permiso de consulta a todos sus módulos, a favor de los allí actores, hasta tanto el mencionado cuerpo deliberativo reglamentase la modalidad de ingreso de concejales al sistema indicado o se resolviera la cuestión en forma definitiva en sede administrativa o en instancia judicial.
A su turno, con fechas 19 y 20 de marzo del corriente, tanto el Intendente comunal como el representante del Concejo Deliberante interpusieron -respectivamente- recursos de apelación contra la sentencia dictada por el juez de primera instancia el día 8 del mismo mes y año. De las piezas recursivas deducidas, se confirió traslado a las partes por el término de cinco (5) días, el cual fue evacuado por los accionantes con fecha 5 de abril de este año.
Con posterioridad, más precisamente el 10 de mayo del corriente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín declaró extinguida la controversia ventilada en el expediente “Agostinelli”, por haberse tornado abstracta la cuestión litigiosa.
Para expedirse en ese sentido, el Tribunal de Alzada tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el 17 de abril el Concejo Deliberante de Pehuajó dictó el decreto 15/24, mediante el cual reguló lo atinente a la entrega de las claves para el acceso al sistema RAFAM. A su vez, expuso que a través de la resolución 12/24, dicho cuerpo deliberativo informó al Departamento Ejecutivo los usuarios a quienes -de acuerdo con lo reglamentado- se les debían asignar tales claves y también que obraban en el expediente actas de las que se desprendía que la entrega de usuarios y contraseñas se había hecho efectiva con relación a dos de los actores (Graciela Agostinelli y Manuel Polo, del bloque Juntos por la Libertad), mientras que con respecto a otro (Juan Ignacio De Arteche, del bloque libertario) se practicaría cuando culminara su licencia por cuestiones de salud (conf. resol. cit., cons. 3° y 7°).
Si bien advirtió que el Presidente del Concejo Deliberante le había solicitado que se expidiera sobre la cuestión de fondo más allá de los cambios registrados en la plataforma fáctica, por cuanto ello evitaría “...conflictos relacionados con la gravedad institucional en el futuro...”, pedido con el que en cierta forma coincidieron también la mayoría de los actores, quienes luego del traslado corrido requirieron que se confirmase la sentencia de primera instancia, la Cámara descartó lo así peticionado, recordando que la función jurisdiccional ha sido instituida para resolver conflictos, es decir, para solucionar un efectivo choque de intereses tutelados por el derecho, sin encontrarse los jueces habilitados para evacuar consultas ni para hacer declaraciones teóricas o generales (conf. resol. cit., cons. 3° a 5°).
III. Sentado lo anterior, se impone puntualizar que los tribunales de justicia deben expedirse en los asuntos que llegan a su conocimiento teniendo en consideración las circunstancias existentes al momento de su decisión (arg. art. 163 inc. 6, CPCC).
Por tal motivo, aun asumiendo —solo por vía de hipótesis— que la denuncia presentada versase sobre un conflicto de aquellos que esta Suprema Corte está llamada a resolver (conf. arts. 161 inc. 1 y 196, Const. prov.), es evidente que los hechos sobrevinientes puestos de manifiesto en la sustanciación de la causa importan la desaparición de la eventual contienda, siendo cualquier pronunciamiento a su respecto meramente teórico e inoficioso (doctr. causa B. 75.662, "Depto. Ejecutivo de la Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 5-VIII-2020, e.o.).
IV. No alteran dicha conclusión las manifestaciones vertidas —respectivamente— por el Presidente del Concejo Deliberante y el Intendente de Pehuajó en sus presentaciones de fecha 24 y 25 de abril del corriente, donde sostienen que el mismo cambio en la plataforma fáctica que luego fuera tenido en cuenta por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín agravaría el conflicto de poderes denunciado.
Es que mal podrían la reglamentación del acceso al sistema RAFAM emitida por dicho cuerpo deliberativo y la efectiva entrega de claves a los distintos bloques de concejales, llevada a cabo por el titular del Departamento Ejecutivo en los términos del decreto 15/24 y la resolución 12/24, implicar el agravamiento de un conflicto de poderes impulsado a raíz de la medida cautelar dictada por el juez en lo contencioso administrativo de Trenque Lauquen en el marco de la causa “Agostinelli”, que —cabe destacar— se hallaba expresamente supeditada al dictado de normativa sobre la cuestión por parte del Concejo Deliberante, una vez cumplida la cual la propia Cámara de apelación interviniente declaró extinguida la controversia mencionada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar abstracto el tratamiento de la denuncia del conflicto promovido por el señor Intendente municipal de Pehuajó (conf. art. 690, CPCC).
Atento el modo en que se decide, las costas se distribuyen por su orden (arg. art. 73, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2024 13:45:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2024 13:10:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:10:09 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 19:11:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2024 11:06:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/07/2024 11:14:08 hs. bajo el número RR-530-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia