Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78952
I.78.952 "PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA Nº 10.503/23"
I. El señor Fiscal de Estado promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de la ordenanza 10.503/23 sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Nicolás, mediante la cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a retirar la adhesión de los empleados públicos de la mencionada comuna del régimen del Instituto de Obra Médico Asistencial (en adelante, IOMA).
Como consecuencia de la declaración pretendida, también requiere se deje sin efecto el decreto municipal 1.243/23, a través del cual el Intendente de San Nicolás ordenó hacer efectiva la desvinculación del IOMA a partir del 1 de julio de 2023 en los términos de la ley 6.892 y adherir, también desde esa misma fecha, al Sistema Nacional de Obras Sociales previsto en la ley 23.660.
Todo ello por estimar que se encontrarían vulnerados los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Constitución nacional; en especial, aquellas inherentes a la seguridad social y al régimen médico asistencial solidario y de reparto de los empleados públicos de la Provincia, cuyo anclaje normativo fija en el art. 40 de la Carta local.
Al mismo tiempo, denuncia que la Municipalidad de San Nicolás se ha excedido en sus facultades autonómicas, invadiendo competencias institucionales de la Provincia al pretender, por intermedio de las medidas adoptadas, fragmentar y utilizar a su arbitrio el régimen médico asistencial del IOMA "llevándose a los aportantes activos y dejando a los pasivos, sin la debida contraprestación en respaldo", todo lo cual pondría en serio riesgo la subsistencia del sistema para todos los afiliados.
En orden a ello, informa que la Municipalidad implicada ha iniciado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Nicolás, una acción declarativa de certeza con el objeto de que se despeje el estado de incertidumbre en cuanto a los recaudos exigidos por el IOMA a los trabajadores municipales que optaron por continuar afiliados a esa entidad, luego de que la comuna empleadora decidiera la desvinculación general otorgando aquella posibilidad de elección.
En ese marco, manifiesta que la Municipalidad de San Nicolás solicitó que se ordenara al referido instituto asistencial que esa continuidad afiliatoria no esté condicionada a ningún tipo de período de carencia prestacional, límite etario, evaluación de dolencias preexistentes, entre otras. Subsidiariamente, requirió la declaración de inconstitucionalidad de toda reglamentación restrictiva en contrario. A su vez, pidió que se ordenara cautelarmente que los trabajadores municipales que manifiesten su intención de continuar como afiliados voluntarios del IOMA puedan hacerlo en las mismas condiciones que las vigentes al 30-VI-2023; lo que así fue ordenado por la magistrada actuante.
En función de esto último, la Fiscalía de Estado solicita a la Suprema Corte que asuma competencia total sobre el conflicto, disponga la acumulación de procesos por ante sus estrados a fin de evitar sentencias contradictorias y que se resuelvan ambos planteos de forma tal que, la sentencia declarativa de certeza, sea una consecuencia lógica del pronunciamiento sobre la admisión o rechazo de la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas.
De acuerdo a la situación denunciada, solicita que se ordene con carácter cautelar la suspensión de las disposiciones normativas impugnadas retrotrayendo el estado de cosas al momento anterior a su dictado, lo que importaría -según pretende- "la re-trocesión del retiro de la adhesión del municipio de San Nicolás del régimen del IOMA, la re-afiliación obligatoria de todos los empleados públicos registrados en dicho municipio y la re-integración de las retenciones, los aportes y las contribuciones del sistema para garantizar su financiamiento" (sic).
II. Mediante providencia de fecha 30 de agosto de 2023, el señor Presidente de esta Suprema Corte requirió a la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Departamento Judicial de San Nicolás, la inmediata radicación electrónica de la causa referenciada ante la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo del Tribunal.
El pedido fue debidamente cumplido por la señora jueza, relacionándose las actuaciones que fueron solicitadas con estos autos a partir del 1 de septiembre de 2023.
De allí resulta lo siguiente:
II.1. El 29 de mayo de 2023 la Municipalidad de San Nicolás dedujo pretensión declarativa de certeza en los términos anticipados en el apartado anterior.
En esa oportunidad, explicó que por ordenanza 374/63 del 24-IV-1963 la comuna adhirió al régimen del IOMA establecido por la ley 6.323, haciendo uso de la opción prevista por el entonces vigente art. 16 que establecía que “las municipalidades de la provincia de Buenos Aires podrán adherir al régimen creado por la presente ley”. Señaló, también, que la ley 6.982 dictada en 1964 -actualmente vigente-, mantiene idéntica redacción en su art. 21 y que el art. 16 califica de “afiliados obligatorios” a los “funcionarios y agentes en actividad de planta permanente con y sin estabilidad y de temporaria...de las Municipalidades que adhieran al presente régimen”.
A partir de ello, consideró que si los municipios tienen autonomía para adherir a IOMA mediante el dictado de la ordenanza respectiva, naturalmente ello supone que tal decisión pueda ser dejada sin efecto mediante una ordenanza posterior que derogue la anterior y autorice la desvinculación municipal. Ello, según manifiesta, como una derivación lógica del poder autonómico local.
Precisó que fue así que el 3-III-2023 el Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó la ordenanza 10.503/23 por la que se autorizó al departamento ejecutivo a retirar la adhesión de los afiliados obligatorios del IOMA en los términos de la ley 6.982, facultándolo a unirlos al Sistema Nacional de Obras Sociales (ley 23.660), con la salvedad de los empleados que, en forma particular, manifestaran su voluntad expresa de permanecer en el IOMA.
Puntualizó en su demanda que se convocó a licitación pública para seleccionar una de las obras sociales encuadradas en el régimen de la ley 23.660, procedimiento que, enmarcado en la Licitación Pública n° 10/2023, culminó con la adjudicación a la oferente Avalian.
Indicó que, al mismo tiempo, se recabó la voluntad de los trabajadores municipales para saber quiénes de ellos decidirían continuar como afiliados al IOMA. No obstante, señaló que luego de un intenso intercambio epistolar con el Presidente del instituto asistencial, pudo advertir que esa entidad está decidida a desafiliar a los trabajadores municipales aun cuando quieran continuar vinculados a ella y que no está dispuesta a recibirlos ni siquiera como adherentes, dado que para ello afirma que existen dificultosas condiciones de acceso que no todos los trabajadores cumplen.
II.2. El 31 de mayo de 2023 se presentó en la causa el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Nicolás adhiriendo a la demanda deducida por el municipio contra el IOMA y solicitando se haga lugar con urgencia a la medida cautelar allí requerida.
II.3. El 6 de junio de este año, se presentó en los autos el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires invocando, también, la representación de los trabajadores municipales. En esa oportunidad solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 10.503/23, con la consecuente ineficacia de los actos jurídicos que deriven de ella.
Cautelarmente, y hasta tanto se resuelva el fondo de la litis , pidió que se ordene la suspensión de los efectos de esa norma.
En forma precautelar, solicitó que se disponga, como medida de no innovar, la continuidad del vínculo con IOMA en favor de la totalidad de los agentes municipales y de su grupo familiar.
II.4. Mediante resolución dictada el 21 de junio de 2023, la señora jueza rechazó la intervención en el proceso del Defensor del Pueblo fundada en un doble orden de razones. Por un lado, consideró que no procedía admitir una pretensión distinta al objeto del proceso en trámite (citó en sustento el art. 27 y concs., CPCA.) y, por el otro, señaló que el examen de constitucionalidad de la ordenanza 10.503/23 pretendido por el mencionado funcionario, corresponde a la competencia originaria de la Suprema Corte (con cita de los arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683, CPCC; 8 y 31, CPCA).
II.5. En esa misma fecha la delegada fiscal presentó un informe cautelar por medio del cual puso de relieve que no es viable la quita de la adhesión parcial u optativa de parte de un grupo de empleados municipales. Sostuvo que la ley 6.982 establece que quien adhiere al régimen del IOMA es el Municipio en su conjunto, es decir que se incluye a todos los trabajadores. Por lo tanto, afirma que la desadhesión compromete a la comuna toda y a los trabajadores en su conjunto.
Solicitó medida cautelar de no innovar, para que se ordene al Municipio que se abstenga de realizar actos tendientes a concretar la desadhesión de sus empleados al IOMA.
II.6. El 30 de junio de 2023 la Municipalidad adjuntó al expediente una nota presentada al IOMA que da cuenta del dictado del decreto 1.243 de fecha 28-VI-2023 -notificado ese mismo día a la entidad asistencial- por medio de la cual pide que se mantenga la cobertura para todos los agentes municipales que tienen iniciado su trámite jubilatorio. Agrega, al mismo tiempo, una nota de igual fecha dirigida también al IOMA haciendo saber del alcance del decreto 1.243 y comunicando la lista de los agentes que optaron por continuar con la cobertura de los servicios de ese instituto.
II.7. El 3 de junio de 2023 el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires apela el resolutorio que deniega su participación en el juicio.
II.8. El 6 de julio siguiente, la magistrada actuante dictó sentencia interlocutoria haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por la Municipalidad de San Nicolás, ordenando al IOMA que acepte como afiliados voluntarios a los agentes municipales y sus grupos familiares a cargo, que optaron por continuar adheridos al sistema. Añadió que dicha cobertura "deberá prestarse en las mismas condiciones en que se lo hizo al 30 de junio pasado inclusive; ello, hasta que se dicte sentencia definitiva en este proceso o se resuelva mediante el diálogo pendiente entre las partes litigantes...".
II.9. El 11 de julio de 2023, la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación contra la resolución cautelar.
II.10. El 17 de julio de 2023, la Municipalidad de San Nicolás denunció el incumplimiento por parte del IOMA de la cautelar dictada, al desafiliar a la totalidad de los empleados que habían optado por continuar con la cobertura como voluntarios. Los días 19 y 21 de ese mismo mes y año, denunció nuevos hechos que acreditarían el incumplimiento de la tutela otorgada.
II.11. El 1 de agosto, el señor Fiscal de Estado Adjunto contestó la demanda.
En primer lugar, planteó la incompetencia de la jueza para seguir conociendo del conflicto "por estar vinculado a un enfrentamiento institucional entre Estados, y por comprometer acciones de inconstitucionalidad respecto a la normativa general involucrada (ora provincial, ora municipal), la competencia exclusiva y excluyente en el tema corresponde a la instancia originaria de la SCBA". Refiere que el tamaño del conflicto excede el de un mero juicio contencioso administrativo razón por la cual considera que corresponde declarar inmediatamente la incompetencia y elevar el caso al ámbito de la Suprema Corte "para que dicho Superior Tribunal asuma la competencia que tiene asignada, en los términos de las vías autorizadas por la Constitución Provincial (cfr. art. 161 inc. 1 y 2, CBA)".
Subsidiariamente, solicita el rechazo de la demanda argumentando sobre los siguientes reproches al obrar del municipio: (i) retiro unilateral e inconsulto del sistema solidario; (ii) imposición de un régimen selectivo que denomina de "a beneficio de inventario"; (iii) endoso de pasivos bajo la ficción de continuidad de coberturas cesadas; (iv) desentendimiento de los mayores costos de afiliaciones voluntarias; (v) afectación de recursos de financiamiento del IOMA con riesgo a la salud; (vi) peligro de generalización de esa conducta con el consiguiente colapso del sistema.
II.12. El 4 de agosto de 2023, se celebró una audiencia entre las partes. El doctor Sebastián Ferrari, en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de San Nicolás, propuso la elevación al Directorio del IOMA de un convenio parcial a fin de que se incorporen a la entidad a un grupo de agentes municipales que optaron por continuar con dicha cobertura, contemplando los lineamientos para el pago del aporte y demás requisitos.
El doctor Mauro José Pagliuca, Director Provincial de Relaciones Institucionales y Jurídicas del IOMA, reiteró que el pago de la cuota correspondiente a los trabajadores del Municipio se debe corresponder con el monto de la cuota voluntaria, tanto para el titular como para los familiares a cargo.
La titular del juzgado solicitó a las partes que, de ser posible, se lleven adelante todas las diligencias necesarias para que los empleados puedan gozar de su cobertura médica lo antes posible.
II.13. El 7 de agosto de 2023, la Municipalidad contestó el traslado de la incompetencia planteada por la demandada. Sostuvo que la excepción fue deducida en forma extemporánea por lo que pide su rechazo. Subsidiariamente, aclaró que el objeto de la demanda es hacer cesar un estado de incertidumbre, no entrañando el planteo una acción originaria de inconstitucionalidad ni mucho menos un conflicto de poderes.
II.14. El 9 de agosto siguiente, la jueza de grado dictó resolución rechazando el planteo de incompetencia opuesto por la Fiscalía de Estado.
Para así hacerlo, sostuvo que no se encuentra comprometida allí la competencia originaria de la Suprema Corte, sino que el objeto del juicio persigue despejar el estado de incertidumbre del municipio actor a partir de actos concretos de aplicación de la ordenanza 10.503/23. Puntualizó que esa determinación no integra el objeto normal de la pretensión regida por el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires con cita de casos de este Tribunal. Por último, descartó la configuración de un conflicto de poderes.
Concluyó afirmando que la materia objeto de esa pretensión declarativa de certeza es de aquellas cuya competencia tienen atribuida los juzgados en lo contencioso administrativo por los arts. 2 inc. 7 y 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo y que, no queda desplazada, aun cuando para la resolución del caso fuera necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, de ordenanzas municipales o de actos administrativos de carácter general o particular conforme lo dispone el art. 3 de ese mismo cuerpo legal.
II.15. En esa misma fecha, la Fiscalía de Estado contestó el traslado de la apelación formulada por el Defensor del Pueblo. Allí adhirió a los argumentos de este último para añadir que solo se separa en lo relativo a la cuestión de competencia, al afirmar lo siguiente: "...el conflicto institucional generado por el Municipio y la introducción de la tacha constitucional de la Ordenanza nº 10.503/23 (que aquí debería receptarse como materia del juicio), hacen perder automáticamente la competencia de la justicia actuante, y surten la competencia de la instancia originaria, exclusiva y excluyente, de la SCBA (art. 161 CBA). En este punto creemos que tuvo razón parcial la jueza de grado en su despacho; no al decidir rechazar el ingreso de la tacha constitucional, sino al decir que la introducción de ese planteo iba a generar la competencia originaria de la SCBA. Claro que sí. Pero eso no impedía el ingreso del tema, inescindible con el pleito, sino que lo que generaba era que la jueza de grado se tuviera que inhibir de seguir interviniendo, y tuviera que elevar la causa a la SCBA" ( sic ).
II.16. Al día siguiente, se presentó el apoderado de la Municipalidad adjuntando carta documento remitida por el IOMA mediante la cual se habría negado a recibir los aportes correspondientes a los empleados que expresaron su voluntad de continuar con esa cobertura.
II.17. En esa misma fecha, la magistrada actuante dictó resolución por medio de la cual ordenó al IOMA y a la Municipalidad a que realicen determinadas gestiones -que allí enumera- tendientes a concretar la afiliación voluntaria de aquellos empleados municipales que hubieran optado por permanecer en el IOMA.
II.18. El 15 de agosto de 2023, el apoderado de la Municipalidad reiteró la negativa del IOMA de recibir los aportes, adjuntó las boletas de pago emitidas por la entidad y entregadas a los agentes para el ingreso del importe correspondiente a la cobertura como afiliados voluntarios.
II.19. Un día después, el doctor Mauro José Pagliuca, Director Provincial de Relaciones Institucionales y Jurídicas de IOMA, remitió oficio para hacer saber a la señora jueza con relación a la propuesta formulada por el Municipio en la audiencia celebrada el 4-VIII-2023, que la ley del IOMA 6.982 y su decreto reglamentario 593/22 no autorizan la suscripción de convenios de adhesión parcial, motivo por el cual explicó que no puede solicitar al Directorio el tratamiento de cuestiones que no encuentran sustento normativo.
Con relación al pago de la cobertura de los empleados municipales, comunicó que el régimen aplicable es el de afiliados voluntarios. Allí señaló, también, que "la retención indebida que efectúa el Municipio a los trabajadores en concepto de 'APORTE IOMA 4,8%' (Código 42000), además de ilegal no ha sido autorizado por el IOMA. Como es de conocimiento de la actora, la única retención en concepto de aporte es del 3% y debe ser destinado al Sistema Nacional de Obras Sociales - Ley 23.660, luego de que el Municipio efectivizara su desadhesión".
Sobre esto último, el Municipio replica con argumentos contrapuestos del tenor de los ya desarrollados y pide que se tome como ejemplo el convenio parcial suscripto por el IOMA con la Universidad Nacional de La Plata.
II.20. En esa misma fecha se inscribió el proceso en el Registro de Procesos de Incidencia Colectiva.
II.21. El 18 de agosto de 2023, la Fiscalía de Estado apeló el rechazo de la excepción de incompetencia.
II.22. El 23 de agosto de 2023, el Municipio contestó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado con relación a la incompetencia pretendida. Sostuvo que no pudo ser otra la decisión dado que por la acción deducida se persigue hacer cesar un estado de incertidumbre, no una acción originaria de inconstitucionalidad y mucho menos el planteo de un conflicto de poderes.
En esa misma fecha, el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Nicolás adhirió a la contestación formulada por la Municipalidad del recurso deducido por la demandada.
II.23. El 23 de agosto se radicó electrónicamente la causa por ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo. Al día siguiente, el tribunal de alzada dictó sentencia interlocutoria mediante la cual rechazó la apelación deducida por la demandada e hizo lugar a la del Defensor del Pueblo; lo que importó la confirmación de la medida cautelar oportunamente dispuesta y la admisión de la participación en el juicio del referido funcionario.
II.24. Hallándose pendiente de decisión la apelación deducida por la Fiscalía de Estado relativa a la excepción de incompetencia rechazada por la jueza de grado, el día 28 de agosto se llamó a autos para resolver.
II.25. El 30 de agosto de 2023 esta Suprema Corte requirió a la magistrada de grado "la inm
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