Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78952
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto el 29 de diciembre de 2023 por el señor Fiscal de Estado Adjunto (arg. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Ello implica aclarar la parte dispositiva de la resolución dictada con fecha 21 de diciembre de 2023, dejando establecido que la noción “bajo las mismas condiciones que las imperantes a la entrada en vigencia de la ordenanza 10.503/23 y el decreto 1.243/23” empleada comprende tanto al tipo de prestación brindada por el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) a los agentes que han optado por continuar afiliados a esa obra social como también la modalidad y los requisitos que dieron lugar originalmente al alta de la cobertura médico asistencial y, finalmente, el sistema de retención de los aportes sobre los salarios de los trabajadores por parte de la Municipalidad de San Nicolás, su consecuente ingreso al IOMA y su aceptación e imputación por el ente asistencial, conforme lo previsto en la ley 6.982.
II. Como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC), por Secretaría, líbrese oficio al Intendente municipal de San Nicolás para que, en el término de cinco (5) días, acompañe un listado de los agentes municipales que han optado por continuar afiliados a la obra social, indicando su número de documento de identidad, el momento en que ha sido dada de alta su afiliación ante el IOMA, la condición afiliatoria actual y la manera de integración de los aportes correspondientes, debiendo distinguir entre aquellos a …
B.78.952 "FISCAL DE ESTADO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS S/ CONFLICTO ART. 161 INC. 2°; 196 CONST. PROV."
I. Mediante resolución de fecha 21 de diciembre de 2023, esta Suprema Corte: a) declaró que la materia involucrada en autos era propia de su competencia originaria y exclusiva por tratarse de uno de los conflictos previstos en el art. 196 de la Constitución de la Provincia; b) dispuso la recaratulación de los obrados y otorgó un plazo de cinco días para que la actora adecuara su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo II del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial; c) anuló todo lo actuado por el fuero en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás en la causa caratulada “Municipalidad de San Nicolás c/ Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) s/ Pretensión declarativa de certeza” y decretó su archivo; d) ordenó al IOMA que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso, provea de cobertura médico asistencial a los empleados de la Municipalidad de San Nicolás que manifestaron su intención de permanecer bajo su régimen, bajo las mismas condiciones que las imperantes a la entrada en vigencia de la ordenanza 10.503/23 y el decreto 1.243/23; y e) resolvió convocar a las partes a una audiencia informativa a realizarse en fecha, lugar y modalidad a designar por la Presidencia del Tribunal.
II. Frente a ello, el 29 de diciembre de 2023 –a las 14:24:10 horas-, el Fiscal de Estado Adjunto dedujo recurso de aclaratoria solicitando, puntualmente, que se especifique que la cobertura “en las mismas condiciones” se refiere al tipo de prestación que debe brindar la obra social, en el sentido que “no debe haber diferencias prestacionales de servicios médico asistenciales, y no los requisitos necesarios para la activación de esa cobertura equivalente”.
En este sentido, explicó que en el marco de la medida cautelar dictada en el juicio que inicialmente tramitara en primera instancia habían surgido diferentes interpretaciones en torno al concepto –ambiguo, según su parecer- “bajo las mismas condiciones” que las existentes antes de que se suscitara el conflicto. Esto pues, a su entender, mientras el municipio pretendía que subsistiera una suerte de afiliación obligatoria parcial, sui generis y contra legem , el IOMA arguyó que esa posibilidad de cobertura ultra activa tornaba necesario que los empleados interesados presentaran los formularios de adhesión y pagaran la cuota diferencial correspondiente; planteo que habría sido resuelto a su favor.
III. Por su parte, el 11 de enero de 2024 el apoderado de la Municipalidad de San Nicolás requirió que se autorizara a la comuna a depositar directamente en la cuenta de titularidad del IOMA en el Banco de la Provincia de Buenos Aires los aportes de los agentes que optaron por permanecer afiliados al Instituto.
Asimismo, pidió la habilitación de la feria judicial; solicitud que fue denegada aquel mismo día, toda vez que los motivos de urgencia invocados no constituían los extremos contemplados por el art. 153 del ordenamiento de rito.
IV. Luego, el día 22 del mismo mes y año, el municipio denunció como hecho nuevo que el IOMA, de forma unilateral e intempestiva, habría dejado sin cobertura a parte de los empleados públicos que eligieron continuar bajo su órbita, transgrediendo la medida cautelar oportunamente dictada.
Para fundar su postulación, expuso que la obra social, en el transcurso de un período corto de tiempo, daba de “alta” o “baja” la cobertura de la cartera de afiliados de manera arbitraria e indiscriminada. A modo de ejemplo, relata que el 15 de enero del corriente, del listado de noventa y cinco personas que permanecen afiliadas a la obra social, sesenta agentes figuraban como “inactivos”. No obstante, una semana después el IOMA modificó la fecha de vencimiento del pago de aportes y cincuenta y cuatro de ellos fueron dados de alta y sólo seis permanecerían inactivos; en respaldo de sus dichos, adjuntó capturas de pantalla en formato PDF de búsquedas realizadas el 22 de enero -entre las 9:42 y 10:04 horas- en el “Buscador Afiliado Titular" del sitio web de IOMA, donde figurarían cinco empleados como “inactivos”.
Seguido a esto, manifestó que “aparentemente, el fundamento de tan drástica decisión radica en la discusión que se está dando en torno a la forma de instrumentar el pago de los aportes”, en tanto el municipio pretende abonar de un monto global por todos los agentes y el IOMA insiste en que debe realizarse de manera individual por cada afiliado.
En consecuencia, de un lado, solicitó que se intime al IOMA para que, en el plazo de 24 horas, restablezca las prestaciones médico asistenciales y, de otro, reiteró el pedido de autorización para depositar directamente en la cuenta que posee el IOMA en el Banco de la Provincia de Buenos Aires los aportes de los agentes que permanecen afiliados o, subsidiariamente, se ordene la apertura de una cuenta judicial a nombre de autos a los fines de que la Municipalidad transfiera allí los fondos correspondientes.
Por último, peticionó nuevamente la habilitación de la feria judicial. Sin embargo, esta solicitud, por idénticas razones que la anterior, también fue rechazada (v. proveído de fecha 221-I-2024).
V. Con fecha 5 de febrero del corriente año, se presentó el Presidente del IOMA junto con el Fiscal de Estado readecuando su demanda, conforme lo ordenado en la resolución del día 21 de diciembre de 2023.
En esta ocasión, denunciaron que la Municipalidad de San Nicolás se ha excedido en sus facultades autonómicas, invadiendo competencias institucionales de la Provincia de Buenos Aires, en un tema tan sensible como el vinculado al funcionamiento del régimen médico-asistencial del IOMA, poniendo en riesgo el financiamiento del sistema y el sostenimiento de las coberturas de salud implicadas.
A su vez, requirieron el dictado de una medida cautelar que, de máxima (innovativa) disponga la retrocesión de todo lo actuado por el municipio al momento anterior al dictado de la ordenanza 10.503/23, restableciendo el sistema de cobertura obligatoria para la totalidad de sus empleados y/o de mínima (no innovativa), decrete en lo sucesivo el retiro de la comuna de todo vínculo con el IOMA y su no intromisión en las relaciones individuales que la obra social tenga con cada afiliado voluntario. En cuanto a los fundamentos de su pedido, remitieron a lo expuesto en sus anteriores presentaciones.
VI. El día 14 del mismo mes y año, la Municipalidad de San Nicolás contestó demanda. En su réplica, negó la existencia de un conflicto de poderes, un grave problema institucional o avasallamiento de las competencias atribuidas a la Provincia.
Arguyó que tampoco se encontraban reunidos los presupuestos necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada por el Fiscal de Estado.
Finalmente, hizo reserva del caso federal y ofreció prueba.
VII. En la misma fecha, la comuna insistió en que se la autorice a depositar directamente en la cuenta que posee el IOMA en el Banco de la Provincia de Buenos Aires los aportes correspondientes a los agentes que permanecen afiliados a esa obra social o, subsidiariamente, que se ordene la apertura de una cuenta judicial a nombre de autos a tales efectos, dado que la semana siguiente se produciría el segundo vencimiento para regularizar el pago de las cuotas de los referidos empleados municipales.
Además, requirió la habilitación de días y horas inhábiles para el tratamiento del planteo esgrimido en su presentación.
VIII. En estas condiciones, pasan los autos al Acuerdo.
IX.1. En primer lugar, cabe recordar que la aclaratoria es procedente cuando se debe corregir un error material, aclarar conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (conf. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Para ello y tal como reiteradamente tiene dicho este Tribunal, el remedio intentado supone la existencia efectiva de algún concepto oscuro o término impreciso que ponga en duda el alcance o contenido de la parte dispositiva del fallo (doctr. causas A. 73.509, "Diez", resol. de 20-IX-2017; B. 66.234, "Aballay", resol. de 10-V-2017; I. 2855, "Aldecoa", resol. de 5-VII-2017; I. 2154, "Verzi", resol. de 11-XI-2015; e.o.).
IX.2. Bajo tales premisas, si bien la decisión interlocutoria atacada es precisa en sus términos y alcances, frente a las alegaciones esgrimidas por parte de la Fiscalía de Estado en su presentación y a fin de evitar futuros planteos que obstaculicen el normal desarrollo del proceso y el cumplimiento efectivo de la manda recaída en la especie (conf. art. 34 inc. 5, ap. “a” y “e”, CPCC), deviene útil precisar que la frase “bajo las mismas condiciones que las imperantes a la entrada en vigencia de la ordenanza 10.503/23 y el decreto 1.243/23” empleada tanto en el punto IV de la parte dispositiva como en el considerando X de la resolución de fecha 21 de diciembre de 2023, comprende no sólo a los llamados “efectos” del tipo de prestación brindada por IOMA a los agentes que hubieran optado por continuar afiliados a la obra social, sino también contempla tanto la modalidad y requisitos –esto es, las denominadas “causas”, conforme la terminología utilizada en la presentación bajo examen- que dieron lugar originalmente al alta de la cobertura médico asistencial como al sistema de retención de los aportes sobre los salarios de los trabajadores por parte de la Municipalidad de San Nicolás, su consecuente ingreso al IOMA y su aceptación e imputación por el ente asistencial, conforme lo previsto en la ley 6.982.
Todo cuanto excede lo dicho y que la Fiscalía de Estado pretende que se disponga so pretexto de aclarar el dispositivo cautelar adoptado, forma parte del fondo de la cuestión debatida y, como tal, será eventualmente objeto de decisión en la sentencia de mérito.
IX.3. Por los motivos expuestos, corresponde hacer lugar al remedio incoado por la Fiscalía de Estado (conf. arts. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
X. Sentado lo anterior, corresponde abocarse al tratamiento del planteo articulado por la Municipalidad de San Nicolás en sus presentaciones de los días 11 y 22 de enero del corriente año.
X.1. En ambas ocasiones, la comuna pretende que se la autorice a depositar directamente en la cuenta que posee el IOMA en el Banco de la Provincia de Buenos Aires los aportes correspondientes a los agentes que optaron por continuar afiliados al ente asistencial; o subsidiariamente, se ordene la apertura de una cuenta judicial a nombre de autos para que la Municipalidad transfiera allí los fondos.
A esto, en su segunda postulación, aduna que el IOMA presuntamente ha incumplido la medida cautelar dispuesta en la causa, tras haber interrumpido –sin motivo aparente- la asistencia prestacional a un grupo de empleados municipales.
X.2. De las constancias obrantes en el expediente, cabe mencionar que no existen elementos de convicción suficientes que permitan cotejar las afirmaciones vertidas por el municipio en su denuncia.
En vista de ello y con el propósito de recabar la información indispensable para analizar adecuadamente el asunto sometido a consideración de esta Corte, se estima necesario -como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC)- librar oficio, en primer lugar, al señor Intendente de la Municipalidad de San Nicolás para que, en el término de cinco (5) días, acompañe un listado de los agentes municipales que han optado por continuar afiliados a la obra social, indicando su número de documento de identidad, el momento en que ha sido dada de alta su afiliación ante el IOMA, la condición afiliatoria actual y la manera de integración de los aportes correspondientes, debiendo distinguir entre aquellos a cargo de la comuna y a cargo de cada afiliado, si así fuera el caso.
Hecho esto, deberá librarse oficio al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para que, en el plazo de cinco (5) días, informe el estado de afiliación de las personas identificadas por la Municipalidad de San Nicolás como agentes que permanecen bajo el amparo del régimen médico asistencial anterior y, en caso de encontrarse “inactivos”, indicar la fecha de baja del sistema y sus causales.
X.3. En virtud del modo en que se ha resuelto la aclaratoria deducida por la Fiscalía de Estado, resulta inoficioso expedirse respecto del planteo articulado por la Municipalidad de San Nicolás en sus presentaciones de los días 11 y 22 de enero y 14 de febrero de 2024 (conf. art. 34 inc. 5 ap. “a” y “e”, CPCC).
XI. Despejadas las cuestiones antes analizadas, es posible abocarse al tratamiento de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Estado.
Sabido es que, en el marco provisional propio de cualquier remedio precautorio, se impone la justificación - prima facie - de los elementos exigidos por la ley adjetiva -esto es, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora- para proceder al despacho favorable de la tutela preventiva (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; e.o.).
Asimismo, debe ponderarse que el objeto de la tutela perseguida coincide sustancialmente con la pretensión principal que habrá de dirimirse en este juicio y que, dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (CSJN Fallos: 316:1833 y 320:1633; doctr. causas Ac. 98.260, "L., R. H", sent. de 12-VII-2006; A. 68.819, "Yataiti SA", sent. de 7-IV-2010).
Pues bien, en la especie, ninguno de los requisitos mencionados se encuentra debidamente acreditado, toda vez que la Provincia se ha limitado a remitir, de manera genérica, a las alegaciones vertidas en sus anteriores postulaciones, sin precisar en el nuevo escrito de demanda la configuración de esos extremos en esta litis y mucho menos ha logrado acreditar que, de mantenerse la tutelar ya otorgada, se ocasionará un daño irreparable a los intereses de la Provincia.
En otro orden, tampoco puede soslayarse que la complejidad del tema planteado requiere de un debate más amplio que excede el reducido marco del proceso cautelar -tal como fuera propuesto-, circunstancia que incluso ha motivado la determinación de este Tribunal de convocar a las partes a una audiencia informativa a realizarse próximamente en la fecha, lugar y modalidad a designar por la Presidencia (v. punto V, resol. de 21-XII-2023).
Por último, es útil mencionar que el remedio precautorio dispuesto por resolución del día 21 de diciembre de 2023 -cuyos alcances se esclarecen en el presente decisorio- tiene un nítido carácter conservativo, en tanto procura neutralizar, o bien paliar, los efectos adversos sobre el derecho de acceso a la salud de las personas que se han visto afectadas por el conflicto suscitado entre la comuna y el ente provincial, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la contienda y en exclusivo beneficio de los afiliados (cfr. arts. 15 y 36 inc. 8, Const. prov.; doctr. causas B. 74.696, "Fiscal de Estado", sent. de 28-XI-2018; B. 74.380, "Fiscal de Estado", sent. de 6-XI-2019).
Por las razones expuestas, la petición cautelar incoada por el señor Fiscal de Estado debe ser desestimada (conf. arts. 195, 230 y 232, CPCC).
XII. Por innecesaria, debe desestimarse la habilitación de días y horas inhábiles requerida por la Municipalidad de San Nicolás en su presentación del día 14 de febrero de 2024 (art. 152, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto el 29 de diciembre de 2023 por el señor Fiscal de Estado Adjunto (arg. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Ello implica aclarar la parte dispositiva de la resolución dictada con fecha 21 de diciembre de 2023, dejando establecido que la noción “bajo las mismas condiciones que las imperantes a la entrada en vigencia de la ordenanza 10.503/23 y el decreto 1.243/23” empleada comprende tanto al tipo de prestación brindada por el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) a los agentes que han optado por continuar afiliados a esa obra social como también la modalidad y los requisitos que dieron lugar originalmente al alta de la cobertura médico asistencial y, finalmente, el sistema de retención de los aportes sobre los salarios de los trabajadores por parte de la Municipalidad de San Nicolás, su consecuente ingreso al IOMA y su aceptación e imputación por el ente asistencial, conforme lo previsto en la ley 6.982.
II. Como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC), por Secretaría, líbrese oficio al Intendente municipal de San Nicolás para que, en el término de cinco (5) días, acompañe un listado de los agentes municipales que han optado por continuar afiliados a la obra social, indicando su número de documento de identidad, el momento en que ha sido dada de alta su afiliación ante el IOMA, la condición afiliatoria actual y la manera de integración de los aportes correspondientes, debiendo distinguir entre aquellos a cargo de la comuna y a cargo de cada afiliado, si así fuera el caso.
III. Cumplido lo anterior, por Secretaría, líbrese oficio al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para que, en el plazo de cinco (5) días, informe el estado de afiliación de las personas identificadas por la Municipalidad de San Nicolás como agentes que permanecen bajo el amparo del régimen médico asistencial anterior y, en caso de encontrarse “inactivos”, indicar la fecha de baja del sistema y sus causales (art. 36, inc. 2, CPCC).
IV. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el señor Fiscal de Estado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
V. Por innecesario, no hacer lugar a la habilitación de días y horas inhábiles requerida por la Municipalidad de San Nicolás (art. 152, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/02/2024 08:05:52 hs. bajo el número RR-43-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia