Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75122
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que el caso resulta ajeno a la competencia originaria que el artículo 196 de la Constitución de la Provincia le atribuye; dejar establecido que se trata de un asunto propio del Fuero Contencioso Administrativo y remitir los autos a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro para su sorteo entre los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo de ese Departamento Judicial (arts. 15, 161 inc. 2°, 166 y 196, Const. Prov.; 689, C.P.C. y C. y 261 y conc., dec. Ley 6769/1958; 1, 2, 3, 5 inc. 1°, 7 y 12 incs. 1º y 2º y conc. de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
B.75.122 "MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE ESCOBAR C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR S/ CONFL. ARTS. 196 CONST. PROV. Y 261 L.O.M."
La Plata, 28 de febrero de 2018.
I. 1. La Municipalidad de Escobar plantea, en los términos de los artículos 196 de la Constitución de la Provincia y 261 y siguientes del decreto ley 6769/1958, un conflicto contra la Municipalidad de Pilar a raíz del dictado, por parte de esta última, de ordenanzas que autorizaron la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctricas en predios adyacentes al límite entre ambos partidos.
Explica que en el marco de los expedientes administrativos que individualiza, luego de que el Poder Ejecutivo de la Provincia no “convalidara”, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 83 del decreto ley 8912/1977, las ordenanzas que primeramente sancionara, la Municipalidad de Pilar dictó las ordenanzas 233 y 234, ambas del 27-VII-2017, por medio de las cuales desafectó las parcelas en cuestión de la zonificación en la que se hallaban comprendidas, creó en los terrenos aludidos una zona de uso específico con destino a la instalación de plantas termoeléctricas y calificó a la zona así creada como Industrial Exclusiva, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 del decreto provincial N° 1741/96, reglamentario de la ley 11.459.
Afirma que paralelamente al dictado de estos actos y aún antes de su sanción, se comenzó con la construcción de las plantas de generación eléctrica, encontrándose actualmente muy avanzadas las obras.
Tras recordar que la instalación de estos equipamientos en ese lugar motivó la interposición de acciones judiciales por los vecinos afectados y que en el proceso en que se sustancia una de ellas se dictó una medida cautelar ordenando la suspensión de toda actividad hasta que se dicte sentencia, hace hincapié en que el resultado final de la zonificación dispuesta por la Municipalidad de Pilar se traduce en la instalación de industrias de tercera categoría –por definición peligrosas- en terrenos adyacentes al límite del Partido de Escobar.
Aduce que, a raíz de lo dispuesto por el artículo 75 inc. 19 de la Constitución nacional, al momento de encarar un plan de ordenamiento territorial o de modificar uno existente, se debe considerar la complejidad social, política y económica de la sociedad. El ordenamiento está íntimamente ligado al desarrollo –dice- y debe encaminarse hacia el máximo provecho y beneficio de la población.
Entiende que este proceso debe ser participativo y debe propender al reparto racional de los costos y beneficios del uso territorial entre los usuarios, circunstancia que exige la implementación de políticas de coordinación entre los diversos actores que participan en él, destacando como ejemplo de ello a las disposiciones del decreto ley 8912/1977 que transcribe.
Luego de destacar la relación que vincula a las normas de zonificación con las que propenden a la preservación del ambiente, despliega el argumento central en el que basa su impugnación: las ordenanzas dictadas por la Municipalidad de Pilar que permitieron, mediante la modificación de los usos autorizados en las parcelas en cuestión, la instalación allí de plantas de generación eléctrica, son contrarias a derecho en razón de que al Municipio de Escobar se le ha desconocido la potestad de participar en el proceso de ordenamiento territorial llevado adelante por la Municipalidad de Pilar.
Según su parecer, en virtud de lo dispuesto por el decreto ley 8912/1977, su decreto reglamentario N° 1741/96 y en la ley 14.900, que creó el Consorcio de Gestión Norte II –que, entre otros municipios, integran el de Escobar y el de Pilar-, la demandada debió dar a la actora intervención en el proceso de modificación de la normativa urbanística referida en atención a la peligrosidad de los usos que estas modificaciones autorizaron en terrenos adyacentes al límite entre ambas comunas, destacando que las parcelas afectadas están rodeadas e insertas en una zonificación con uso comercial, residencial y hortícola.
I. 2. Pide el dictado de una medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 261 del decreto ley 6769/1958, suspensiva de los efectos de las ordenanzas y decretos controvertidos y que conmine a las empresas que llevan adelante los emprendimientos cuestionados que detengan toda actividad.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que, al dictarse sentencia, se declare la ilegitimidad de los actos impugnados, con expresa imposición de costas.
II. 1. De acuerdo a lo expuesto en la presentación inicial y a lo que se desprende de la documentación acompañada, cabe adelantar que no se está ante un supuesto de conflicto de aquéllos que esta Corte está llamada a resolver en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 196 de la Constitución de la Provincia.
II. 2. En efecto: este Tribunal ha resuelto en muchas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude el art. 161 inc. 2° de la Constitución de la Provincia, al igual que los conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades de la Provincia a los que se refiere el art. 196 de dicha Carta, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, lo que ocurre cuando alguno de ellos aduce que el otro ha invadido o intenta invadir su esfera de competencias (causas B 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. del 7-III-2012; B 72.132, “Fiscal de Estado”, res. del 19-IX-2012; B 72.835, “Municipalidad de Tigre”, res. del 23-XII-2014 B 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", res. del 23-VIII-2017).
Sin ignorar la seriedad del intento de subsumir los hechos litigiosos en el concepto de conflicto municipal que evidencia la lectura de la demanda, lo cierto es que, en rigor, el Municipio de Escobar plantea un vicio de procedimiento en la gestación y aprobación de las normas territoriales objeto de esta litis, consistente en no habérsele dado oportunidad de audiencia o intervención previas que estima imprescindibles en vista de los efectos adversos que esas normas podrían producir en su territorio y sobre su comunidad, desde que se trata de un municipio lindero al de Pilar; mas aquel no desconoce en la demanda la competencia de este último para dictar, bien que en su caso observando aquella pauta esencial de procedimiento y las reglas del decreto ley 8912/77, las determinaciones del ordenamiento urbano correspondientes a su ejido territorial.
Los vicios que en el escrito inicial se endilgan a las ordenanzas y decretos por medio de los cuales se autorizó la instalación de plantas de generación de energía termoeléctrica, sin perjuicio de su trascendencia o gravedad, no suponen un avasallamiento de atribuciones propias de la actora como allí se arguye. En todo caso, esos cuestionamientos a la validez de actos de alcance general y particular dictados en el marco de una actuación procedimental compleja, municipal y provincial, que se aducen irregulares, son susceptibles de ventilarse por las vías que el ordenamiento procesal prevé para esos supuestos (arts. 166, último párrafo, Constitución provincial; 1, 2, 12 y conc. de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-). El conflicto enunciado en el artículo 196 de la Constitución de la Provincia, en circunstancias como las de autos, no es una de ellas.
III. Ahora bien, sentada la incompetencia de este Tribunal para entender en la pretensión articulada, en el modo en que ha sido expuesta, con el objeto de respetar los principios de tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Constitución provincial) y de economía y celeridad procesal (art. 34.5.e del C.P.C.C.), resulta pertinente determinar en este estado –para evitar mayores dilaciones a este pleito- ante qué órgano jurisdiccional debe quedar radicado finalmente este expediente considerando que el objeto de la pretensión está dirigido a la anulación de ordenanzas y decretos dictados por la Municipalidad de Pilar.
Siendo así, tratándose en la especie de una pretensión anulatoria deducida en un caso que indudablemente tiene su origen en el ejercicio de prerrogativas públicas asociadas a la función administrativa de los municipios, corresponde declarar que se trata de un asunto propio de la competencia del fuero especializado en la materia contencioso administrativa (art. 166, cit.; 1, 2, 3, 7 y 12 inc. 1º y 2º de la ley 12.008 –texto según ley 13.101-).
Por todo ello, corresponde declarar la incompetencia de esta Suprema Corte para entender en los presentes autos y remitirlos, en atención al sujeto demandado, a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro para su sorteo entre los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo de ese Departamento Judicial (arts. 161 inc. 2°, 166 y 196, Const. Prov.; 689, C.P.C. y C. y 261 y conc., dec. Ley 6769/1958; 1, 2, 5 inc. 1° y 12 incs. 1º y 2º y conc. de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causa B 72.835, cit.).
Por ello, la Suprema Corte
Declarar que el caso resulta ajeno a la competencia originaria que el artículo 196 de la Constitución de la Provincia le atribuye; dejar establecido que se trata de un asunto propio del Fuero Contencioso Administrativo y remitir los autos a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro para su sorteo entre los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo de ese Departamento Judicial (arts. 15, 161 inc. 2°, 166 y 196, Const. Prov.; 689, C.P.C. y C. y 261 y conc., dec. Ley 6769/1958; 1, 2, 3, 5 inc. 1°, 7 y 12 incs. 1º y 2º y conc. de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regístrese, notifíquese y ofíciese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Pe-Ne-So-Ge
Reg. Nº 43
Fin de la sentencia