Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75662
B.75.662 “DPTO. EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON C/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNIC. DE GRAL. PUEYRREDON S/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV.; 261 Y SGTES. L.O.M.”
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
El señor Juez doctor Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El señor Intendente Municipal de General Pueyrredon, por apoderado, denuncia un conflicto interno con el Concejo Deliberante de dicho partido en los términos de los arts. 196 de la Constitución provincial y 689 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 261, LOM).
II. El Departamento Ejecutivo sostiene que la ordenanza 18.189 del 15 de noviembre del corriente -aprobada por insistencia a través de la ordenanza 18.257 del 4 de diciembre-, modificó el Régimen para el Personal Docente Municipal (ordenanza 20.760 y modifs.) de un modo que altera sensiblemente el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018, al demandar erogaciones en el orden de los 267 millones de pesos que no se hallaban contempladas.
El agravio radica en la nueva redacción dada al art. 82 de la ordenanza 20.760, que en su texto original establecía un recurso compensatorio para equiparar los salarios de los docentes municipales con los provinciales, agregando que en ningún caso estos podían ser inferiores al Nivel 12 del escalafón municipal.
El peticionante afirma que tras detectar irregularidades en la liquidación de ese concepto (sostiene que, sin ningún sustento legal, el cálculo se efectuaba sobre 35 horas semanales y jornadas de 4 horas y media), al momento de dictar el decreto 2272/18 a fin de implementar la mentada bonificación, lo hizo con un marco de referencia de 24 horas semanales. Lo anterior, destaca, por encima de las 20 y 22,5 horas que tendrían establecidos los módulos correspondientes al Nivel 12, pero por debajo de lo que se venía realizando -supuestamente- sin fundamento jurídico alguno.
Explica que esto último generó la reacción del Departamento Deliberativo, que dictó las ordenanzas aquí impugnadas con el solo objeto de plasmar en la norma aplicable que el cómputo se deberá efectuar sobre 35 horas semanales. Y esto, al traducirse en el pago de montos muy superiores a los ya previstos, entiende que viola el principio de iniciativa en materia presupuestaria del que goza por virtud de la Constitución y las leyes.
Solicita que, hasta tanto se dirima el conflicto de poderes, la Corte suspenda la ordenanza 18.189 aprobada por insistencia.
II. Siendo el caso propio de la competencia de este Tribunal (arts. 196, Const. prov. y 261 y sigs., LOM), de la presentación efectuada y de la documentación acompañada, traslado por el término de cinco (5) días al señor Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon (arg. arts. 171 Const. prov.; 33 inc. 2 in fine , CPCA y 686 inc. 2 in fine , CPCC), a quien se cita para que dentro del aludido término comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y conc., LOM; 59 y 689, CPCC).
III. Encontrándose reunidos los presupuestos establecidos en el art. 261 de la LOM, suspéndense los efectos de las ordenanzas 18.189 y 18.257 del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. Prov. y 261, sigs. y concs., LOM; doctr. causas B. 63.089, "Municipalidad de Lomas de Zamora", resol. de 19-IX-2001; B. 64.184, "Intendente Municipal de Morón", resol. de 26-VI-2002; B. 67.747, "Honorable Concejo Deliberante de Olavarría", resol. de 6-IV-2004; B. 68.091, "Intendente Municipal de San Martín", resol. de 9-XII-2004; B. 68.108, "Intendente Municipal de General San Martín", resol. de 29-XII-2004; B. 68.130, "Intendente Municipal de Coronel de Marina Leonardo Rosales", resol. de 23-II-2005; B. 68.664, "Regueiro", resol. de 7-VI-2006; B. 68.725, "Intendente Municipal de San Andrés de Giles", resol. de 7-II-2007; B. 70.800, "Bolinaga", resol. de 3-III-2010; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", resol. de 16-IV-2014; B. 74.043, "Duarte", resol. de 18-V-2016; B. 74.705, "Intendente Municipal de Villa Gesell", resol. de 26-IV-2017).
Para su cumplimiento, líbrese oficio por Secretaría al Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Pueyrredon, con copia de la presente.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por mis colegas preopinantes en los puntos I a II de su voto.
II. Toda vez que de las constancias obrantes en autos surge que se encuentra configurada la situación prevista por el art. 261 de la LOM, suspéndense los efectos de las ordenanzas 18.189 y 18.257 del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. Prov. y 261, sigs. y concs., LOM; doctr. causas B. 63.089, "Municipalidad de Lomas de Zamora", resol. de 19-IX-2001; B. 64.184, "Intendente Municipal de Morón", resol. de 26-VI-2002; B. 67.747, "Honorable Concejo Deliberante de Olavarría", resol. de 6-IV-2004; B. 68.091, "Intendente Municipal de San Martín", resol. de 9-XII-2004; B. 68.108, "Intendente Municipal de General San Martín", resol. de 29-XII-2004; B. 68.130, "Intendente Municipal de Coronel de Marina Leonardo Rosales", resol. de 23-II-2005; B. 68.664, "Regueiro", resol. de 7-VI-2006; B. 68.725, "Intendente Municipal de San Andrés de Giles", resol. de 7-II-2007; B. 70.800, "Bolinaga", resol. de 3-III-2010; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", resol. de 16-IV-2014; B. 74.043, "Duarte", resol. de 18-V-2016; B. 74.705, "Intendente Municipal de Villa Gesell", resol. de 26-IV-2017), oficiándose por Secretaría, para su cumplimiento, con copia de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Genoud y de la doctora Kogan, en sus apartados I a II.
II.1. El art. 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) contiene una disposición tendiente a la eficacia de las decisiones que son impugnadas por vía del conflicto municipal consagrado en el art. 196 de la Constitución provincial, similar a la previsión que, para los supuestos de suspensión o expulsión de concejales o del Intendente municipal, trae el artículo 263 bis de aquella.
Si bien en diversos precedentes vinculados con la situación que aprehende la disposición citada en último término se ha interpretado que la neutralización de los efectos de la medida segregativa por la mera interposición del conflicto carece de la automaticidad que un examen literal de los textos autorizaría a sostener (doctr. causas B. 66.400, “Intendente Municipal de General Lamadrid”, resol. de 3-IX-2003; B. 65.860, “González”, resol. de 3-IX-2003; B. 66.457, “Ostoich”, resol. del 10-IX-2003; B. 68.087, “Lutteral”, resol. de 15-XII-2004, entre otras) -de allí que en algún caso se declaró por excepción que no había mérito suficiente para conferir esa eficacia suspensiva (cfr. causa B. 64.253, “Ghironi”, resol. de 17-VII-2002) y en otros su pronunciamiento fue diferido (cfr. causa B. 68.087, “Lutteral”, resol. de 1-XII-2004; B. 68.114 “Aguirre”, resol. de 9-II-2005)-, no cabe duda que la LOM ha consagrado, en uno u otro caso, una modalidad especial, que escapa a los cánones ordinarios relativos al control jurisdiccional de las decisiones emanadas de los órganos gubernativos (leyes, reglamentos, ordenanzas, actos administrativos, etc.).
El sistema, sobre cuyo mérito no cabe expedirse en esta sede, tiende a asimilar las consecuencias de la interposición del conflicto a las propias de un “recurso” ( rectius: pretensión impugnativa) con “efecto suspensivo”. Y en grado más tenue evidencia una función precautoria. Ello se evidencia en el art. 261, en cuanto exige un pronunciamiento del Tribunal -bien que en forma imperativa-, al establecer que la Corte “...dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas”.
Estos últimos se asientan en la fuerza ejecutoria que se atribuye a los actos controvertidos. Ello explica por qué aparece regulada en cada uno de ellos, en modo más o menos directo, la suspensión de los efectos del obrar cuestionado como medida perteneciente al capítulo cautelar (arts. 22, 25 y concs., CPCA; 230, 232 en correlación con el art. 683, CPCC; 9, ley 13.928). De tal forma, salvo que el órgano jurisdiccional acoja la tutela suspensiva que le sea requerida, la ejecución de los actos o normas impugnados no ha de ser detenido o enervado.
A la inversa, en el conflicto municipal las normas relegan a un plano secundario el cumplimiento de los actos impugnados; parten de -y entonces dan primacía a- la eficacia suspensiva que inicialmente asignan a la promoción del litigio (arts. 261 y concs., LOM), lo cual determina que la denegatoria de esa cualidad y la consecuente admisión de la subsistencia de la efectividad de las ordenanzas municipales que afectarían atribuciones del Departamento Ejecutivo sólo resultarán, llegado el caso, de una expresa y, reitero, excepcional decisión judicial, dada en respuesta a la petición que formule en tal sentido el órgano comunal frente al cual se ha planteado la litis y en función de los elementos de convicción incorporados a la causa.
La diferencia entre ambos sistemas es relevante y fácilmente perceptible.
II.3. En definitiva, presentado el conflicto local contra la determinación del Concejo o el Departamento Ejecutivo y planteada la suspensión que prescribe la ley, corresponde al Tribunal disponerla, a menos que del examen del escrito en que se la deduce resultare manifiesta su improcedencia; extremo que, vaya dicho, no aparece configurado en el sub lite (arg. causa B. 66.400, cit.). Ello, claro está, no enerva la posibilidad de resolver luego el cese de tales efectos suspensivos, por ejemplo, frente al planteamiento que fundadamente realizare la autoridad municipal requerida.
II.4. Acordar a los citados preceptos de la LOM la inteligencia antes señalada, al tiempo que respeta la voluntad legislativa, luce congruente con las características cautelares que pudieran atribuírseles. Es que, por un lado, las medidas precautorias deben pronunciarse y cumplirse inaudita parte (arg. art. 198, CPCC) y, por el otro, tales providencias son provisionales, flexibles y mutables; pueden ser dejadas sin efecto o modificadas a consecuencia de la petición que se formulare en tal sentido o de un cambio de las circunstancias que las determinaron (arg. arts. 202 a 204, CPCC; v. mi voto en la causa B. 68.825, “Lópes”, resol. de 11-X-2006).
III. Por las razones expuestas, corresponde suspender los efectos de las ordenanzas 18.189 y 18.257 del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. prov. y 261, sigs. y concs., LOM).
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y 689, CPCC). Notifíquese por cédula.
II. Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de las ordenanzas 18.189 y 18.257 del Concejo Deliberante de la Municipalidad General Pueyrredon. A tales fines, para su cumplimiento, líbrese oficio por Secretaría con copia de la presente resolución.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Ge-Ko-Pe-So
Reg. Nº 690
Fin de la sentencia