Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76299
B.76.299 "INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GESELL C/ CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GESELL S/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV. Y 261 L.O.M."
La Plata, 04 de diciembre de 2019.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El señor Intendente Municipal de Villa Gesell, por apoderado, denuncia un conflicto interno con el Concejo Deliberante de dicho partido en los términos de los arts. 196 de la Constitución provincial y 689 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 261, LOM).
II. El Departamento Ejecutivo sostiene que el decreto 2030 dictado el 22-XI-2019 por el Concejo Deliberante desconoce las facultades propias del primero para designar un representante de la municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, Crédito, Vivienda y Otros Servicios Públicos de Villa Gesell Limitada –C.E.Vi.Ge. Ltda.-, concesionaria y prestadora exclusiva del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público en Villa Gesell.
Explica que el 16-X-2018 el Departamento Ejecutivo dictó el decreto 3048 por medio del cual designó a la señora Silvia Edith Szmukler como consejera municipal ante la referida cooperativa. Puntualiza que, transcurrido más de un año (el día 22-XI-2019), el Concejo Deliberante dictó el decreto 2030 dejando sin efecto el acto anterior emitido por el Intendente y nombrando en el aludido cargo al señor Abel Goicochea, en reemplazo de Szmukler.
El denunciante afirma que la nueva designación efectuada por el Concejo Deliberante –a más de exceder sus facultades y desconocer las del Intendente- genera una situación altamente conflictiva y confusa para la cooperativa eléctrica en la medida que ésta tiene ante sí dos actos contrapuestos dictados por distintas esferas del gobierno municipal, sin poder discernir legalmente cuál de ellos debe acatar.
Afirma que la ausencia de un representante ante el Consejo de Administración de la Cooperativa implica un serio riesgo para los usuarios del servicio eléctrico al privarlos del debido control que tienen derecho a ejercer a través de la persona a quien encomiende esa tarea el gobierno municipal.
Destaca que en los períodos anteriores la designación del referido funcionario se perfeccionó por decreto del Departamento Ejecutivo –los que individualiza- sin que entonces aquellos actos hubieran merecido reproche por parte del Departamento Deliberativo.
Funda la exclusividad de su competencia en las previsiones del art. 131 de la Ley Orgánica de las Municipalidades –dec. ley 6769/58-, en cuanto establece en su capítulo IV, art. 131 inc. “c” relativo a los servicios públicos, lo siguiente: “ La ejecución directa de los servicios de la municipalidad corresponde al Departamento Ejecutivo, quien administrará los establecimientos por medio de empleados a sueldo, comisiones de vecinos u organismos descentralizados. En los convenios, cooperativas o consorcios será obligatoria su participación en los órganos directivos ” (el destacado forma parte del original).
Pone en conocimiento del Tribunal que la prestataria del servicio C.E.Vi.Ge. Ltda. interpuso recurso de revocatoria contra el decreto del Intendente 3048/18, el que fue rechazado por decreto 137/19 y, contra ambos, dedujo una pretensión anulatoria que tramita actualmente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Dolores. Refiere que en dicho proceso aún no se habría corrido el traslado de la demanda.
Al mismo tiempo, expresa que la concesionaria se presentó ante los órganos de control nacional y provincial de las cooperativas; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –I.N.A.E.S.- y la Dirección Provincial de Acción Cooperativa dependiente del Ministerio de la Producción –Di.P.A.C.- para cuestionar la competencia del Departamento Ejecutivo para efectuar la mentada designación.
Solicita que, hasta tanto se dirima este conflicto, la Corte suspenda el decreto 2030/19 dictado por el Concejo Deliberante y reponga en sus efectos el decreto 3048/18.
II. Siendo el caso propio de la competencia de este Tribunal (arts. 196, Const. prov. y 261 y sigs., LOM), de la presentación efectuada y de la documentación acompañada, traslado por el término de cinco (5) días al señor Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell (arg. arts. 171 Const. prov.; 33 inc. 2 in fine , CPCA y 686 inc. 2 in fine , CPCC), a quien se cita para que dentro del aludido término comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y conc., LOM; 59 y 689, CPCC).
III. Encontrándose reunidos los presupuestos establecidos en el art. 261 de la LOM, suspéndense los efectos del decreto 2030/19 dictado por el Concejo Deliberante de Villa Gesell, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto y repónganse los del decreto 3048/18 (arts. 196, Const. Prov. y 261, sigs. y concs., LOM; doctr. causas B. 63.089, "Municipalidad de Lomas de Zamora", resol. de 19-IX-2001; B. 64.184, "Intendente Municipal de Morón", resol. de 26-VI-2002; B. 67.747, "Honorable Concejo Deliberante de Olavarría", resol. de 6-IV-2004; B. 68.091, "Intendente Municipal de San Martín", resol. de 9-XII-2004; B. 68.108, "Intendente Municipal de General San Martín", resol. de 29-XII-2004; B. 68.130, "Intendente Municipal de Coronel de Marina Leonardo Rosales", resol. de 23-II-2005; B. 68.664, "Regueiro", resol. de 7-VI-2006; B. 68.725, "Intendente Municipal de San Andrés de Giles", resol. de 7-II-2007; B. 70.800, "Bolinaga", resol. de 3-III-2010; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", resol. de 16-IV-2014; B. 74.043, "Duarte", resol. de 18-V-2016; B. 74.705, "Intendente Municipal de Villa Gesell", resol. de 26-IV-2017; B. 75.662 “Intendente Municipal de General Pueyrredon, resol. de 19-XII-2018).
Para su cumplimiento, líbrese oficio por Secretaría al Departamento Deliberativo de la Municipalidad de Villa Gesell, con copia de la presente.
Así lo votamos.
El señor juez doctor de Lázzari, dijo:
I. Adhiero al pronunciamiento de los distinguidos colegas que han plasmado su voto en primer término en los apartados I y II.
II. Con relación a la medida cautelar peticionada en la demanda y adentrándome al examen de los extremos que posibilitan su dictado dentro del marco restringido de conocimiento que ella impone y sin perjuicio de la decisión sustancial del pleito, en atención a que se encuentran configurados liminarmente los extremos de procedencia de la medida tuitiva requerida, corresponde suspender los efectos del decreto 2030/19 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este pleito y reponer los del decreto 3048/18 (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC), librándose oficio por Secretaría.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud, la doctora Kogan y el doctor Torres en los puntos I y II de su voto.
II. Toda vez que de las constancias obrantes en autos surge que se encuentra configurada la situación prevista por el art. 261 de la LOM, suspéndense los efectos del decreto 2030/19 dictado por el Concejo Deliberante de Villa Gesell, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto y repónganse los del decreto 3048/18 (arts. 196, Const. Prov. y 261, sigs. y concs., LOM; doctr. Causas B. 63.089, "Municipalidad de Lomas de Zamora", resol. de 19-IX-2001; B. 64.184, "Intendente Municipal de Morón", resol. de 26-VI-2002; B. 67.747, "Honorable Concejo Deliberante de Olavarría", resol. de 6-IV-2004; B. 68.091, "Intendente Municipal de San Martín", resol. de 9-XII-2004; B. 68.108, "Intendente Municipal de General San Martín", resol. de 29-XII-2004; B. 68.130, "Intendente Municipal de Coronel de Marina Leonardo Rosales", resol. de 23-II-2005; B. 68.664, "Regueiro", resol. de 7-VI-2006; B. 68.725, "Intendente Municipal de San Andrés de Giles", resol. de 7-II-2007; B. 70.800, "Bolinaga", resol. de 3-III-2010; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", resol. de 16-IV-2014; B. 74.043, "Duarte", resol. de 18-V-2016; B. 74.705, "Intendente Municipal de Villa Gesell", resol. de 26-IV-2017; B. 75.662 “Intendente Municipal de General Pueyrredon, resol. de 19-XII-2018), oficiándose por Secretaría, para su cumplimiento, con copia de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Genoud, de la doctora Kogan y del doctor Torres en sus apartados I y II.
II.1. El art. 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) contiene una disposición tendiente a la eficacia de las decisiones que son impugnadas por vía del conflicto municipal consagrado en el art. 196 de la Constitución provincial, similar a la previsión que, para los supuestos de suspensión o expulsión de concejales o del Intendente municipal, trae el artículo 263 bis de aquella.
Si bien en diversos precedentes vinculados con la situación que aprehende la disposición citada en último término se ha interpretado que la neutralización de los efectos de la medida segregativa por la mera interposición del conflicto carece de la automaticidad que un examen literal de los textos autorizaría a sostener (doctr. causas B. 66.400, “Intendente Municipal de General Lamadrid”, resol. de 3-IX-2003; B. 65.860, “González”, resol. de 3-IX-2003; B. 66.457, “Ostoich”, resol. del 10-IX-2003; B. 68.087, “Lutteral”, resol. de 15-XII-2004, entre otras) -de allí que en algún caso se declaró por excepción que no había mérito suficiente para conferir esa eficacia suspensiva (cfr. causa B. 64.253, “Ghironi”, resol. de 17-VII-2002) y en otros su pronunciamiento fue diferido (cfr. causa B. 68.087, “Lutteral”, resol. de 1-XII-2004; B. 68.114 “Aguirre”, resol. de 9-II-2005)-, no cabe duda que la LOM ha consagrado, en uno u otro caso, una modalidad especial, que escapa a los cánones ordinarios relativos al control jurisdiccional de las decisiones emanadas de los órganos gubernativos (leyes, reglamentos, ordenanzas, actos administrativos, etc.).
El sistema, sobre cuyo mérito no cabe expedirse en esta sede, tiende a asimilar las consecuencias de la interposición del conflicto a las propias de un “recurso” ( rectius: pretensión impugnativa) con “efecto suspensivo”. Y en grado más tenue evidencia una función precautoria. Ello se manifiesta en el art. 261, en cuanto exige un pronunciamiento del Tribunal -bien que en forma imperativa-, al establecer que la Corte “...dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas”.
Estos últimos se asientan en la fuerza ejecutoria que se atribuye a los actos controvertidos. Ello explica por qué aparece regulada en cada uno de ellos, en modo más o menos directo, la suspensión de los efectos del obrar cuestionado como medida perteneciente al capítulo cautelar (arts. 22, 25 y concs., CPCA; 230, 232 en correlación con el art. 683, CPCC; 9, ley 13.928). De tal forma, salvo que el órgano jurisdiccional acoja la tutela suspensiva que le sea requerida, la ejecución de los actos o normas impugnados no ha de ser detenido o enervado.
A la inversa, en el conflicto municipal las normas relegan a un plano secundario el cumplimiento de los actos impugnados; parten de -y entonces dan primacía a- la eficacia suspensiva que inicialmente asignan a la promoción del litigio (arts. 261 y concs., LOM), lo cual determina que la denegatoria de esa cualidad y la consecuente admisión de la subsistencia de la efectividad de las ordenanzas municipales que afectarían atribuciones del Departamento Ejecutivo sólo resultarán, llegado el caso, de una expresa y, reitero, excepcional decisión judicial, dada en respuesta a la petición que formule en tal sentido el órgano comunal frente al cual se ha planteado la litis y en función de los elementos de convicción incorporados a la causa.
La diferencia entre ambos sistemas es relevante y fácilmente perceptible.
II.3. En definitiva, presentado el conflicto local contra la determinación del Concejo o el Departamento Ejecutivo y planteada la suspensión que prescribe la ley, corresponde al Tribunal disponerla, a menos que del examen del escrito en que se la deduce resultare manifiesta su improcedencia; extremo que, vaya dicho, no aparece configurado en el sub lite (arg. causa B. 66.400, cit.). Ello, claro está, no enerva la posibilidad de resolver luego el cese de tales efectos suspensivos, por ejemplo, frente al planteamiento que fundadamente realizare la autoridad municipal requerida.
II.4. Acordar a los citados preceptos de la LOM la inteligencia antes señalada, al tiempo que respeta la voluntad legislativa, luce congruente con las características cautelares que pudieran atribuírseles. Es que, por un lado, las medidas precautorias deben pronunciarse y cumplirse inaudita parte (arg. art. 198, CPCC) y, por el otro, tales providencias son provisionales, flexibles y mutables; pueden ser dejadas sin efecto o modificadas a consecuencia de la petición que se formulare en tal sentido o de un cambio de las circunstancias que las determinaron (arg. arts. 202 a 204, CPCC; v. mi voto en la causa B. 68.825, “Lópes”, resol. de 11-X-2006).
III. Por las razones expuestas, corresponde suspender los efectos del decreto 2030/19 del Concejo Deliberante de Villa Gesell, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. prov. y 261, sigs. y concs., LOM) y reponer en sus efectos el decreto 3048/18.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y 689, CPCC). Notifíquese por cédula.
II. Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos del decreto 2030/19 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell, reponiéndose la vigencia del decreto 3048/18. A tales fines, para su cumplimiento, líbrese oficio por Secretaría con copia de la presente resolución.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
LILIANA E. SOUSA
Subsecretaria
Fdo.: Ge-Ko-To-dLa-Pe-So
Reg. Nº 644
Fin de la sentencia