Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75662
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar abstracta la cuestión litigiosa, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento acerca de ella. En consecuencia, se deja sin efecto la medida cautelar dictada a fs. 149/153.
Costas por su orden (art. 68, CPCC).
B.75.662 “DPTO. EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON C/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNIC. DE GRAL. PUEYRREDON S/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV.; 261 Y SGTES. L.O.M.”
Los señores jueces doctores Genoud, Torres y Pettigiani y la señora jueza doctora Kogan dijeron:
I. El señor Intendente Municipal de General Pueyrredon, por apoderado, promueve el conflicto previsto en el art. 196 de la Constitución provincial, reglado por el art. 261, siguientes y concordantes del decreto ley 6769/58 (LOM). Por esa vía, pretende que esta Suprema Corte declare la nulidad de las ordenanzas 18.189 y 18.257, sancionadas por el Concejo Deliberante comunal.
II. El Departamento Ejecutivo sostiene que los aludidos preceptos modifican el Régimen para el Personal Docente Municipal (ordenanza 20.760 y modifs.) de un modo que altera sustancialmente el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018 -al demandar erogaciones en el orden de los 267 millones de pesos que no se hallaban contempladas-, al tiempo que exterioriza un actuar ilegítimo por parte del órgano deliberativo, que impulsó tal modificación.
Así, señala que sólo el titular del Departamento Ejecutivo municipal se encuentra investido de la potestad de propiciar la sanción de ordenanzas cuyo objeto sea aumentar los gastos previstos en un presupuesto aprobado (conf. arts. 34 in fine del decreto ley 6769/58 y sus modif. y 74, Sección 3 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires).
Por otra parte, denuncia que el Concejo se arrogó facultades reglamentarias privativas del Poder Ejecutivo comunal -conforme lo establecido en los arts. 107 y 108 inc. 3 del decreto ley 6769/58-, al inmiscuirse en los aspectos relativos a la ejecución de los contenidos sustanciales del régimen aludido.
Manifiesta que tras efectuar una auditoria en el proceso de liquidación de haberes de los docentes administrados por el municipio, detectó una serie de irregularidades, por las cuales el cálculo se efectuaba, sin sustento legal alguno, sobre 35 horas semanales y jornadas de 4 horas y media. Fue así que, al momento de implementar la mentada bonificación a través del decreto 2272/2018, tomó como marco de referencia un módulo de 24 horas semanales.
Señala que esto último generó resistencias y provocó la reacción del Departamento Deliberativo, que dictó las ordenanzas aquí impugnadas con el único objeto de plasmar en la norma aplicable que el cómputo se realice sobre 35 horas semanales, manteniendo en idénticos términos el resto del articulado. Finalmente, denuncia que, pese al veto efectuado por decreto 2483/2018, luego de la Sesión Especial del día 4 de diciembre de 2018, el Concejo Deliberante aprobó sobre tablas la ordenanza de insistencia, en clara violación al procedimiento establecido para su sanción.
En definitiva, entiende que, como los preceptos impugnados se traducen en el pago de montos superiores a los ya previstos, en tanto el cálculo y liquidación de las bonificaciones responderían a parámetros absolutamente diferentes, se estaría vulnerado el principio de iniciativa en materia presupuestaria del que goza, de manera privativa, por virtud de la Constitución y las leyes. Lo que importa, al mismo tiempo, la arrogación de potestades reglamentarias propias de su ámbito de competencia.
III. El Tribunal ordenó, con fecha 19 de diciembre de 2018, suspender cautelarmente los efectos de las ordenanzas 18.189 y 18.257 del Departamento Deliberativo comunal.
IV. A fs. 186/196, el presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, acreditando la representación del cuerpo, contesta demanda.
Luego de describir, históricamente, el régimen remuneratorio del sistema educativo municipal, manifiesta que el Concejo, con el dictado de las normas aquí impugnadas, no creó nuevos cargos ni incrementó bonificaciones previstas presupuestariamente, sino que se limitó a respetar un statu quo consolidado y adquirido por los docentes de la comuna, a fin de evitar posibles reclamos.
Asimismo, sostiene que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para emitir el decreto 2272/2018, por lo que tilda a dicho acto de arbitrario e ilegítimo por provenir de un órgano –a su juicio- incompetente y por vulnerar los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y las normas contenidas en la Sección I de la ley 14.656 (B.O. 6-I-2015).
Por otro lado, señala que el obrar del Intendente contrarió la conducta administrativa desplegada pacíficamente desde el año 1989 y que, en todo caso, lo correcto hubiera sido introducir la pretendida modificación de la bonificación en cuestión a través de la remisión de un proyecto de ordenanza, para su tratamiento en el seno del cuerpo deliberativo.
Afirma, entonces, que el nuevo Estatuto para el Personal de las Municipalidades confiere la potestad para reglamentar los aspectos relativos al empleo comunal y la determinación del escalafón y nóminas salariales al órgano que preside (arts. 1 y 46, ley 14.656). Recuerda que tal atribución se refuerza al reparar en que se trata de un supuesto de relación de empleo público, que vincula directamente a los docentes con el municipio. Ello, sobre todo, por no existir un Convenio Colectivo de Trabajo registrado.
Finalmente, entiende que el temperamento adoptado por el Concejo resguarda adecuadamente los principios constitucionales de progresividad, indemnidad, primacía de la realidad e in dubio pro operario (conf. arts. 39 inc. 3, Const. prov. y 1°, ley 14.656).
V. A fs. 205/216, dictaminó el señor Procurador General, recomendando hacer lugar al conflicto planteado. Esto, dado que las normas impugnadas importan una nueva erogación no contemplada en el presupuesto aprobado y, conforme lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, la iniciativa presupuestaria es competencia propia del Departamento Ejecutivo.
VI. Previo a resolver, como medida para mejor proveer, este Tribunal solicitó al Contador General de la Municipalidad de General Pueyrredon que informara acerca de qué cantidad de horas diarias y semanales asignadas al cargo del nivel 12 del escalafón municipal fueron tenidas en cuenta a los fines del cálculo de la bonificación prevista por el artículo 82 de la ordenanza 20.760 -texto según ordenanza 21.902- en los presupuestos de gastos y cálculos de recursos aprobados para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. Asimismo, solicitó que se brindara la misma información respecto a las rendiciones de cuentas correspondientes a los años consignados, presentadas al Concejo Deliberante en los términos de lo dispuesto por el art. 165 inc. 2° del decreto ley 6769/1958 (fs.220).
En virtud de ello, el mencionado funcionario informó que "tanto en la etapa de presupuestación como en la ejecución del gasto, el cálculo de la Bonificación Especial Docente, en los ejercicios 2015 a 2018 fue realizado considerando un módulo horario de 35 horas semanales y 7 horas diarias para el nivel 12 del Escalafón municipal". Y, en cuanto a la rendición de cuentas presentadas, expuso que "el monto del gasto devengado en las partidas en las que se imputa la Bonificación Especial Docente responde a un módulo horario de 35 horas semanales y 7 horas diarias para el nivel 12 del Escalafón municipal, con excepción de los meses de octubre a diciembre de 2018, en que se abonó en base a un módulo horario de 24 horas semanales por aplicación del decreto 2272/2018" (fs. 222).
VII. Como consecuencia de la renuncia al mandato formulada por quien fuera apoderado del accionante, se intimó al mandante a tomar la intervención que le corresponde, por sí o por apoderado, en el proceso; ello, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía (fs. 234).
A su vez, esta Corte dispuso suspender el llamamiento de autos para resolver de fs. 219 y requirió al Intendente municipal que remitiera una copia autenticada del decreto 136/2020 y sus antecedentes, como así también que brindara cualquier información útil acerca de la actualidad del presente conflicto (fs. 235).
El día 16 de marzo de 2020, comparece la nueva apoderada de la parte actora y manifiesta que, con fecha 14 de enero del corriente año, el Departamento Ejecutivo dictó el decreto 70/2020 –vigente a partir del 1° de aquél mes-, por el cual se establece que para el cálculo de la denominada “Bonificación Especial Docente”, la equiparación del cargo de maestro de grado se efectuará en relación a la categoría 12 del escalafón municipal con una jornada de 35 horas semanales. En dicho acto, asimismo, se dejan sin efecto los arts. 9 y 10 del decreto 2272/2018.
VIII. Sentado ello, cabe recordar que los tribunales de justicia deben expedirse en los asuntos que llegan a su conocimiento tendiendo en consideración las circunstancias existentes al momento de su decisión (arg. art. 163 inc. 6, CPCC).
Por tal motivo, cuando hechos sobrevinientes puestos de manifiesto en la sustanciación de la causa, importan la desaparición del conflicto ventilado, queda inhabilitada esta Corte para resolver la materia sometida a su conocimiento. Lo contrario constituiría una declaración meramente teórica e inoficiosa y, por lo tanto, impropia de la función jurisdiccional (doctr. causa B. 64.272, "Hernández", sent. de 18-XI-2002 y sus citas; I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses", sent. de 29-II-2012; I. 2.033, "Ferro", resol. de 29-XII-2014; A. 73.281, "Droguería Disval", resol. de 12-VIII-2015; B. 62.302, "Aguas de la Costa SA", resol. del 13-IX-2017; causa B. 65.816, "Sindicatura por Estacionar SA", resol. de 15-VIII-2018; e.o.).
IX. En autos, el por entonces Intendente municipal promovió el presente conflicto con la finalidad de que se declare la nulidad de las ordenanzas 18.189 y 18.257 y se confirme la validez del decreto 2272/2018, por el cual se determinaba la base de cálculo para la liquidación de la bonificación docente tomando como referencia un módulo de 24 horas semanales del nivel ocupacional 12.
Ahora bien, con la entrada en vigencia del decreto 70/2020, la discrepancia que, en definitiva, provocaba la controversia cesó, toda vez que se derogaron los arts. 9 y 10 del mencionado decreto 2271/2018. Siendo así, es evidente que la sanción de una norma con ese alcance durante la sustanciación del juicio posee virtualidad extintiva del conflicto, todo lo cual permite inferir que la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta (art. 163 inc. 6, seg. párr., CPCC).
Es que, como se ha resuelto, el carril procesal regulado por los arts. 196 de la Constitución provincial y 261 y siguientes de la LOM tiene por fin dirimir las contiendas que involucren a los dos departamentos que componen el poder municipal, siempre que se susciten con motivo de sus respectivas atribuciones, mas no resolver las cuestiones que se hayan originado durante la vigencia de la disposición que las generó, luego de que ésta haya sido derogada (doctr. causas B. 64.519, "Fiscal de Estado", sent. de 29-IX-2004; B. 68.855, "Regueiro", sent. de 21-V-2008; B. 72.953, "Presidente de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-VI-2014; B. 73.627, "Intendente Municipal de Coronel Pringles", sent. de 4-V-2016 y B. 74.334, "Intendente Municipal de General Lavalle", resol. de 19-X-2016, e.o.).
X. En relación a las costas, atento el particular modo en que se resuelve la cuestión, deben imponerse en el orden causado (art. 68, CPCC y doct. causas I. 1527, "Maleic SA", resol. de 24-VIII-1993; I. 1525, "Petroken IPE SA" e I. 1526, "Copetro SA", ambas resol. de 31-VIII-1993; I. 2044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1883, "Esso SAPA", resol. de 19-VIII-1997 e I. 3483, "Llorens", sent. de 14-IX-2011; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar abstracta la cuestión litigiosa, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento acerca de ella. En consecuencia, se deja sin efecto la medida cautelar dictada a fs. 149/153.
Costas por su orden (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/08/2020 12:22:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2020 12:22:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/08/2020 12:49:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2020 13:47:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2020 18:12:17 - MARTIARENA Juan Jose
Fin de la sentencia