Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257 CPCCN), con costas (arts. 68, Cód. cit.).
B.76.299 “INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GESELL C/ CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GESELL S/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV. Y 261 L.O.M.”
I. Contra el pronunciamiento de esta Corte que hizo lugar al conflicto de poderes promovido por el señor Intendente de la Municipalidad de Villa Gesell en los términos del art. 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual denunció que el Concejo Deliberante de esa comuna había invadido potestades propias del departamento ejecutivo al desconocer el decreto de designación de quien fuera a desempeñarse como representante municipal ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell Ltda. y procedió a su reemplazo, la entidad prestataria del referido servicio interpuso Recurso Extraordinario Federal alegando hallarse afectada en sus legítimos intereses.
II. Si bien la Corte federal ha admitido excepcionalmente la apelación extraordinaria presentada por quien invoca la calidad de tercero alcanzado por los efectos adversos de la sentencia recurrida (Fallos 242:396; 328:4060; 329:3659; 330:138; e.o.), ello ha sido en el contexto de un caso o controversia en el que el presentante, según las normas del derecho sustancial en juego, habría podido asumir la calidad de parte actora o demandada (arts. 90 y 91, CPCCN). Sin embargo, no es tal la situación en la que se halla la cooperativa recurrente.
En efecto. La contienda prevista en el art. 196 de la Constitución provincial constituye un proceso de marcado carácter institucional que se presenta cuando uno de los poderes del Estado se arroga atribuciones que le han sido conferidas a otro poder o invade de algún modo la esfera de competencias de este (doctr. causas B. 53.062, resol. de 27-XI-1990; B. 62.269, resol. de 14-III-2001; B. 67.594, sent. de 25-II-2004; B. 68.935, "Cámara de Apelación y Garantías de Dolores", sent. de 9-V-2007; B 72.132, "Fiscal de Estado Adjunto", resolol. de 19-IX-2012; B 73.060, "Municipaliad de Pilar", resol. de 19-III-2014; B 73.835, "Municipalidad de Tigre, resol. de 23-XII-2014; B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás", resol. de 27-IV-2016; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 entre muchos otros).
En rigor, no se trata propiamente de un pleito, sino que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires manda a la Suprema Corte interceder como tribunal de conflictos ante la existencia de una efectiva contienda entre dos poderes estatales, una vez que estos hubieran agotado los carriles institucionales propios para resolverla.
De ello se sigue que solo se halla legitimado para promover este tipo de procesos el titular del órgano provincial o municipal que considere que sus facultades se han visto invadidas u obstaculizadas por el otro (doctr. causas B. 71.067 "Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata", resol. de 4-VIII-2010; B. 55.441 "De Nicola", resol. de 19-X-1993; e.o.) mas no los terceros que resulten ajenos a la disputa de atribuciones o competencias (doctr. causa B. 54.812 "Municipalidad de Necochea", resol. de 29-XII-1992; B. 70.742 "Urriza", resol. de 23-III-2010; B. 74.380 "Fiscal de Estado", resol. de 2-XI-2016).
En tales condiciones, por no poder asumir el rol procesal que pretende en este tipo de contiendas, no puede admitirse el recurso federal deducido por la cooperativa presentante.
III. Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado con insistencia que ese tribunal, por regla, carece de jurisdicción para entender respecto de las cuestiones que, según su esencia, constituyen conflictos de poderes locales. Ello es así, porque en la reforma constitucional de 1860 se suprimió de la Constitución nacional la atribución que le confería jurisdicción a esa Corte para conocer y decidir los conflictos entre los poderes públicos de una misma provincia (Fallos 259:11; 291:384; 302:186; 328:1689 y 2406; 331:810 y 1784; e.o.).
Por aplicación de la doctrina citada, la protección y vigencia de las garantías deben buscarse dentro de los diversos resortes institucionales de la respectiva jurisdicción y por ello los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución -jurídica y política- en el ámbito provincial, sin injerencia -en principio- de la justicia de la Nación (Fallos 136:147; 264:7; 291:348; 308:770; 339:92; e.o.).
IV. Siendo ello así, el recurso federal interpuesto por la Cooperativa Eléctrica, Crédito, Vivienda y otros servicios públicos de Villa Gesell (CeViGe ltda.) en el marco del conflicto suscitado entre el Intendente y el Concejo Deliberante de ese municipio, que ha sido dirimido por la sentencia dictada por esta Suprema Corte en fecha 5-VIII-2020 -consentida por las partes-, no constituye una cuestión que en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación justifique la admisión de la vía extraordinaria pretendida por la recurrente con arreglo a lo dispuesto en los arts. 31 y 116 de la Constitución nacional, en el art. 2 de la ley 27 y en el art. 14 de la ley 48.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257 CPCCN), con costas (arts. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 12:44:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 14:47:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2020 08:15:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia