Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo habiéndose configurado un conflicto de competencia que deba ser atendido por el Tribunal, devolver las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, a sus efectos correspondientes (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
B.75.526 "AYBAR VANINA LAURA C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 19 de junio de 2019.
I. Vanina Laura Aybar fue sometida a un procedimiento contravencional por parte de la Municipalidad de Vicente López como consecuencia de la aparente comisión de una falta de tránsito. Según se desprende de las actuaciones administrativas agregadas al expediente, el 23 de marzo de 2017 el dominio EIN-758 de su propiedad fue hallado por inspectores comunales estacionado parcialmente sobre una senda peatonal ubicada en la intersección de las calles Entre Ríos y Córdoba de dicha localidad, en infracción de las normas de circulación vigentes (v. fs. 32).
Contra la sentencia del Juzgado de Faltas N°3 que la condenó al pago de una multa equivalente a 25 UF, la actora interpuso un recurso de apelación que fue elevado al Juzgado de Paz Letrado de Vicente López con invocación de lo normado en el art. 40 de la ley 13.927. A su turno, la titular de este último confirmó la sanción impuesta por la autoridad municipal (v. fs. 65/66).
II. En lo que atañe al conflicto que se suscitó, cabe destacar que la infractora luego dedujo de manera autónoma una pretensión anulatoria ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro, con el objeto de que se deje sin efecto la multa. No obstante, el titular de este organismo se declaró incompetente en la primera oportunidad que le cupo, por entender que de conformidad con el régimen sectorial aplicable la cuestión debía ventilarse ante el fuero correccional (cfr. arts. 172 y 216, Const. prov.; 19 y 54, dec. ley 8741/77 y 24 inc. 3, CPP).
Designado para intervenir el Juzgado en lo Correccional N°6 departamental, el juez a su cargo también se rehusó a conocer en el asunto. Para adoptar esta decisión, remarcó en primer lugar que la accionante pretendía "...revocar la sentencia dictada por la Cámara de Apelación en lo Contravencional -que no es otro que el Juzgado de Paz Letrado de Vicente López en su función de Alzada- que confirmó la resolución administrativa emanada del Tribunal de Faltas interviniente" (fs. 25 y vta.). Y así, tras reputar evidente que su juzgado no poseía "supremacía jerárquica" para revisar lo decidido por los jueces de paz, estimó que correspondía que sea aquel mismo juzgado el que se disponga a "analizar la admisibilidad de la vía recursiva pretendida por la actora" (fs. 26).
Consecuentemente, las actuaciones fueron recibidas por el Juzgado de Paz Letrado de Vicente López, cuyo magistrado subrogante dictó la providencia de fs. 73 concediendo "...el recurso impetrado por el imputado a fs. 5/8 (arts. 439, 440 y 441 del CPP) contra la sentencia obrante a fs. 3".
De tal forma, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro se abocó a tratar el remedio (v. fs. 77). Sin embargo, a la postre sus jueces entendieron que lo que se debía dirimir era un conflicto de competencia entre los juzgados en lo contencioso administrativo y correccional que previnieron, función que solo podía ser ejercida por esta Suprema Corte de Justicia a la cual elevaron el expediente (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
III.1. La reseña de los antecedentes revela una enrevesada situación a la que se llegó no solo por la inusual estrategia legal adoptada por la actora, sino también por las conclusiones y malentendidos a los que arribaron algunos de los jueces intervinientes en el caso.
III.2. Contrariamente a lo sostenido por los jueces en lo correccional y de paz letrado, no surge patente que lo que la demandante haya intentado en la especie sea un recurso de apelación contra la sentencia del 17 de agosto de 2017 de la jueza de paz de Vicente López, por la cual se confirmó la sanción de multa impuesta por la justicia de faltas de ese municipio (v. fs. 34 y vta.).
En rigor, lo que ella promovió no es sino una demanda contencioso administrativa típica contra el acta de infracción que la agravia y -más allá de su proponibilidad- contra la sentencia de un juzgado de primera instancia (v. formulario de ingreso a fs. 1 y demanda a fs. 5 y vta.). Dejando de lado esto último, el planteo luce similar al de otros casos que en el pasado han ocupado al Tribunal en materia de conflictos, inclinándose a favor del fuero correccional (cfr. causas B. 73.566, "Valdata", resol. de 16-III-2016; B. 74.352, "AMTE", resol. de 16-X-2016; B. 74.839, "Elgart", resol. de 18-X-2017; B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018 y B. 75.077, "Lombardi", resol. de 29-VIII-2018). Aunque el presente tiene una relevante singularidad: aquí efectivamente se intentó la vía recursiva prevista en el código de faltas municipales y en dicha ocasión recayó sentencia de un órgano del Poder Judicial.
Pero aun frente a los evidentes efectos de res judicata propios de esa decisión -que no pasaron inadvertidos por el juez en lo contencioso administrativo-, su declaración de incompetencia de fs. 9/11 en principio se ajustó a la doctrina que emana de los precedentes arriba reseñados.
III.3. Ahora bien, se advierte que sin que medie reconducción formal al respecto, el juez en lo correccional calificó a la presentación de la accionante como un intento recursivo contra la sentencia confirmatoria de la jueza de paz de Vicente López. Y para ello tuvo que hacer un esfuerzo argumentativo muy grande para concluir que por "Cámara de Apelación en lo Contravencional" la actora en realidad estaba aludiendo "[al] Juzgado de Paz Letrado de Vicente López en su función de Alzada" (fs. 25/26). Antes bien, la primera aseveración pareciera haber sido una equivocación o estar ligada a otros defectos más significativos de la postulación, como por ejemplo, su fundamentación en normas de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo -decreto ley 19.549/72- (v. fs. 5).
Aun así, el juez de paz subrogante parece haberse conformado con esa interpretación -o al menos infirió una tácita reconducción-, puesto que a fs. 73 elevó el expediente a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro para la tramitación del supuesto recurso, lo cual deja en evidencia el error en el que luego incurrieron los camaristas -posiblemente por inadvertencia- al asegurar que el que los ocupaba era un conflicto de competencia para cuya solución resultaban incompetentes (fs. 79/80).
IV. Independientemente de las particularidades que exhibe la controversia, atendiendo a que el estado del proceso exige un pronunciamiento en punto a la elevación que a fs. 73 hiciere el Juzgado de Paz Letrado de Vicente López en forma de recurso de apelación a la referida cámara penal y dado que, como se señaló, momentáneamente no se está ante un supuesto de conflicto del tenor denunciado, por Secretaría se devolverá el expediente al órgano que lo remitió a sus efectos correspondientes (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No habiéndose configurado un conflicto de competencia que deba ser atendido por el Tribunal, devolver las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, a sus efectos correspondientes (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIRL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 300
Fin de la sentencia