Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76792
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el conflicto denunciado en autos y, dadas sus particularidades, reconducirlo como una pretensión anulatoria de las reguladas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y radicar el expediente electrónico en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes, para la continuación de su trámite (arts. 15, 161 inc. 2, 166 y 196, Const. prov.; 689, CPCC y 261 y concs., dec. ley 6769/58; 1, 2, 5 inc. 1 y 12 incs. 1, 2 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
B.76.792 “DEMERGASO MARIA LUJAN Y OTROS C/CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/CONFLICTO MUNICIPAL ART. 196 CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Y 261 Y CONC. L.O.M.”
Los señores jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y Torres dijeron:
I.1. En autos, un grupo de concejales del Concejo Deliberante de San Antonio de Areco, bajo la denominación de "demanda originaria de inconstitucionalidad" denuncia, en los términos de los arts. 196 de la Constitución provincial y 261 y concs. de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6769/58-, un conflicto que, según entienden, se habría producido en el seno de ese cuerpo.
No obstante el nombre asignado a la presentación, la jueza ante quien -por error- se dedujo la demanda, ordenó su radicación electrónica en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo del Tribunal, donde se procedió a aceptarla, se ordenó la recaratulación del expediente como conflicto interno municipal (ver providencia del 2-XII-2020) y se intimó a los actores a acompañar la totalidad de la prueba documental enumerada en el punto X-a del escrito de demanda y acreditar, mediante la adjunción de los respectivos diplomas expedidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, su condición de concejales del Concejo Deliberante de San Antonio de Areco (ver res. del 22-XII-2020).
Mediante escritos electrónicos del 3 de febrero de 2021, los actores cumplieron con ese requerimiento.
I.2. Relatan que mediante el dictado del decreto 49/20 el presidente del órgano deliberativo local convocó a una sesión especial para el día 25 de mayo de 2020 con el objeto de tratar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2019, incumpliendo lo que establece el art. 1 de la ordenanza 4200/17 que dispone que "a partir del tratamiento de las cuentas públicas del ejercicio 2016 será obligatoria la presencia de funcionarios de cada Secretaría de Estado para explicar, en la sesión especial y pública convocada a tal efecto, sobre las cuentas afectadas a su área de gobierno y sobre la gestión operativa y política de la Secretaría que le compete".
Explican que a través del decreto de presidencia del Concejo Deliberante N° 50/20 se suspendió la aplicación de la ordenanza mencionada, en cuanto a la concurrencia de público y de los referidos funcionarios del ejecutivo local, lo que, según su opinión, acarrearía la nulidad absoluta de la convocatoria ordenada por el decreto 49/20 y de la posterior resolución 1/20, en la que se dispuso desaprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2019 en todos y cada uno de sus puntos.
II. En relación a los conflictos internos de las municipalidades que se producen en el seno del Concejo Deliberante, se resolvió reiteradamente que las resoluciones susceptibles de cuestionarse en ese marco sólo eran aquéllas por medio de las cuales se destituía o suspendía preventivamente al Intendente Municipal o a algún concejal –excepto que se tratara de decisiones adoptadas ante la comisión de delitos dolosos-, así como también y en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (art. 263 bis, LOM; ver, por todas, causa B. 63.612, "Mazzieri", resol. de 24-IV-2002).
El criterio restrictivo que informaba esa doctrina fue superado luego por el Tribunal al decidir que, además de los supuestos especiales que contempla el artículo 263 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cabe entender que pueden quedar comprendidas en el alcance de la disposición constitucional (art. 196, Const. prov.) otras situaciones ocurridas en el seno del Concejo Deliberante en la medida que se trate de "conflictos" y que no se encuentren excluidas de la vía en cuestión, advirtiendo que en la medida en que el art. 261 de esa ley remite con amplitud a lo dispuesto en el señalado art. 196 de la Constitución provincial, no puede considerarse que la norma reglamentaria delimite los conflictos ocurridos en el seno del Concejo Deliberante sólo a los referidos supuestos especiales (doctr. causas, B. 64.165, "Salgado", resol. de 14-VIII-2002; B. 67.763, "Eurruela", sent. de 28-IV-2004; B. 72.608, "Piacenti", resol. de 5-VI-2013; B. 74.069, "Vrhosvi", resol. de 22-III-2016 y B. 74.455, "Pugliese", resol. de 2-XII-2016, e.o.).
Ello, claro está, siempre que se encuentre configurada una real situación de "conflicto", que es la única que habilita la competencia de la Suprema Corte para dirimirlo (doctr. causas B. 68.190, "Roberto", sent. de 18-IV-2007; B. 69.478, "Córdoba", sent. de 11-III-2009; B. 74.455, cit.; B. 76.360, "Ghigliani", resol. de 29-V-2020 y B. 76.780, "Saquilan" resol. de 4-XII-2020, e.o.).
III.1. Los concejales denunciantes alegan que el trámite mediante el cual el Concejo Deliberante resolvió desaprobar el ejercicio fiscal 2019 se encontraría viciado al no haberse dado cumplimiento con la ordenanza 4200/17 que dispone que el tratamiento de las cuentas públicas de la comuna debe hacerse con participación de la comunidad, en una audiencia pública a la que deben comparecer los funcionarios responsables de cada área de gobierno a dar las explicaciones correspondientes. Este procedimiento legal, según sostienen, se habría respetado todos los años desde la sanción de la norma que reputan violada, hasta el dictado del decreto de presidencia del órgano deliberativo 50/20 que suspendió su aplicación.
Entienden que un cambio de tal magnitud en el modo en que debe efectuarse el análisis y la aprobación del ejercicio fiscal anual debería haber sido establecido mediante el dictado de una nueva ordenanza y que, en esa inteligencia, el hecho de que el presidente del Concejo Deliberante lo haya modificado irregularmente a través del dictado de un decreto, tornaría nula la sesión en la que -sin la presencia del público, de los funcionarios responsables de cada Secretaría ni de los concejales aquí actores- se resolvió desaprobar las cuentas correspondientes al ejercicio 2019, por lo que solicitan que la nulidad sea declara por esta Corte.
III.2. De acuerdo a lo expuesto, y sin perjuicio de la entidad que pueda atribuirse a los hechos denunciados, en autos no se ha acreditado, conforme la doctrina del Tribunal antes recordada, que la situación planteada se trate de un conflicto de los que esta Corte está llamada a dirimir.
En efecto: por un lado, de la postulación efectuada en autos no se advierte la existencia de alguna disputa acerca de las atribuciones constitucionales o legales entre los departamentos que componen la municipalidad, esto es, de una efectiva contienda que pueda ser calificada de conflicto.
El objeto de la pretensión revela que el órgano deliberativo llevó adelante una sesión en la que se aprobaron las decisiones cuya anulación se persigue. Se trata de una impugnación con argumentos de antijuridicidad atinentes, en lo esencial, al incumplimiento de las normas internas que rigen el procedimiento a través del cual debe hacerse el tratamiento de las cuentas en ese municipio en particular.
Por otra parte, de la prueba agregada a requerimiento del Tribunal no surge que lo actuado por el Concejo Deliberante en la sesión en cuestión haya alterado, obstruido o impedido el funcionamiento institucional del cuerpo o de la Municipalidad, único supuesto en que, conforme la doctrina antes referenciada, se autoriza la excepcional intervención de la Suprema Corte.
En tales condiciones, cabe poner de relieve que, como se ha resuelto, no es misión de esta Corte por la específica vía del art. 196 de la Constitución provincial controlar cómo se conduce la labor deliberativa municipal en los términos de sus procedimientos internos (causas B. 64.165, cit.; B. 64.990, "Mathiu", resol. de 11-VI-2003; B. 68.300, "Fernández", resol. de 10-VIII-2005; B. 68.190, cit.; B. 69.501, "Perez", sent. de 8-X-2008; B. 69.478, cit.; B. 70.718, "Di Rocco", sent. de 13-VII-2011; B. 76.360, cit. y B. 76.780, cit.; e.o.), sino sólo ante una extrema situación de transgresiones que impidan u obstruyan el regular funcionamiento del órgano, supuesto que, conforme lo antes expuesto, no se ha acreditado en el caso.
IV. Ahora bien, dada la falta de configuración de un conflicto que pueda subsumirse en la competencia originaria y exclusiva de esta Corte sobre la materia (arts. 196, Const. prov.; 261 y sgtes., dec. ley 6769/58) y atendiendo a los términos en que ha sido expuesta la pretensión en el escrito inicial, con el objeto de respetar los principios de tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.) y de economía y celeridad procesal (art. 34 inc. 5 ap. “e”, CPCC), resulta pertinente reconducir la acción. Con tal objeto, cabe determinar en este estado –para evitar mayores dilaciones a este pleito- ante qué órgano jurisdiccional debe quedar radicado finalmente este expediente considerando que el objeto de la pretensión está dirigido a la anulación de actos administrativos dictados por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Antonio de Areco.
En la demanda se denuncian vicios endilgados al obrar por medio del cual el Departamento Deliberativo no aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2019. Se trata de cuestionamientos a la validez de actos dictados en el marco de un procedimiento municipal que se aduce irregular, cuya juridicidad es susceptible de ventilarse por las vías que el ordenamiento procesal prevé para supuestos de esa índole (arts. 166, últ. párr., Const. prov.; 1, 2, 12 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
V. Siendo así, tratándose de un caso que tiene su origen en el ejercicio de prerrogativas públicas asociadas a la función administrativa de los municipios, corresponde reconducir el conflicto deducido en una pretensión anulatoria propia de la competencia del fuero especializado en la materia contencioso administrativa (art. 166, cit.; 1, 2, 3, 7 y 12 incs. 1 y 2, ley 12.008 –texto según ley 13.101-).
Por todo ello, corresponde rechazar el conflicto denunciado en autos y, dadas sus particularidades, reconducirlo como una pretensión anulatoria de las reguladas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y radicar el expediente electrónico, en atención al sujeto demandado, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes, para la continuación de su trámite (arts. 161 inc. 2, 166 y 196, Const. prov.; 689, CPCC y 261 y concs., dec. ley 6769/58; 1, 2, 5 inc. 1° y 12 incs. 1, 2 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 72.835, "Municipalidad de Tigre", resol. de 23-XII-2014 y B. 75.122, "Municipalidad del Partido de Escobar", resol. de 28-II-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el conflicto denunciado en autos y, dadas sus particularidades, reconducirlo como una pretensión anulatoria de las reguladas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y radicar el expediente electrónico en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes, para la continuación de su trámite (arts. 15, 161 inc. 2, 166 y 196, Const. prov.; 689, CPCC y 261 y concs., dec. ley 6769/58; 1, 2, 5 inc. 1 y 12 incs. 1, 2 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Regístrese, notifíquese y radíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2021 18:25:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 13:03:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 13:15:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:41:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:26:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia