Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78251
Lo que resolvió el tribunal
I. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante del partido de General Villegas, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y 689, CPCC).
II. Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de las ordenanzas 6.349 y 6.360 dictadas por el Concejo Deliberante del partido de General Villegas (art. 261, LOM).
B.78.251 “DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS C/ DEPARTAMENTO DELIBERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS S/ SOBRE CONFLICTO DE PODERES ART. 196 CONST. PROV.”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, dijeron:
I. El señor Intendente municipal de General Villegas denuncia un conflicto interno con el Concejo Deliberante de dicho partido, en los términos de los arts. 196 de la Constitución provincial y 689 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 261, dec. ley 6.769/58 -LOM-).
Sostiene que las ordenanzas 6.349 de 14 de julio de 2022 y 6.360 de 11 de agosto de 2022 -de insistencia de la anterior- resultan nulas por haber sido sancionadas a partir de la iniciativa del propio Concejo Deliberante cuando, por su alcance y contenido, la primera de las mencionadas debió ser propuesta por el Departamento Ejecutivo, por mandato constitucional y legal.
Afirma que ello es así pues tales normas, en tanto modifican la ordenanza 4.557, de 12 de junio de 2008, en punto al destino de los fondos recaudados por aplicación de la Tasa de Seguridad y Defensa Civil y refieren en su literalidad al hecho imponible de ese tributo, revestirían naturaleza presupuestaria e involucrarían la estructura fiscal y tributaria de la comuna.
Funda la exclusividad de su competencia en las previsiones de los arts. 192 inc. 5 de la Constitución provincial; 34, 109 a 115 y 124 del decreto ley 6.769/58, en tanto atribuyen al Departamento Ejecutivo la elaboración de los proyectos de ordenanzas impositivas y de presupuesto.
Por fuera de ello, postula que las ordenanzas 6.349 y 6.360 adolecen de otros vicios que también las tornan nulas y contrarias a la Constitución provincial.
En ese sentido, denuncia que no se cumplió con la necesaria aprobación por mayoría absoluta de votos de la Asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes que la Constitución exige para todo aumento o creación de impuestos o contribuciones de mejoras (art. 193 inc. 2, Const. prov.).
Expresa que las normas observadas refieren introducir cambios en una ordenanza que, en realidad, no estaba en vigor, pues su texto había sido anteriormente incorporado a la ordenanza fiscal municipal (Título XXXIX bis: Tasa de Seguridad y Defensa Civil), conforme el texto ordenado de ese cuerpo aprobado mediante el decreto 95 de fecha 27 de enero de 2009.
Manifiesta que las previsiones en cuestión desatienden las pautas emergentes de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la tasa como especie tributaria; ello así pues, a su criterio, no se encuentra prevista la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a bienes o actos de quienes resultarán contribuyentes, como condición para el nacimiento de la obligación de pago.
Postula que, en ese escenario, el Concejo Deliberante creó un verdadero impuesto, tributo que considera fuera del alcance de la potestad tributaria normativa de las comunas.
Advierte que la ausencia de prestación de un servicio por el propio municipio impide también la transferencia de las sumas recaudadas a los cuerpos de bomberos voluntarios, por ser entes ajenos a la administración local.
Expone también que, aun soslayado las observaciones anteriores, el tributo en cuestión resultaría análogo a otros nacionales y provinciales que tienden a la retribución del mismo servicio. Destaca en ese sentido las previsiones contenidas en la ley nacional 25.054 y en las bonaerenses 10.917 y 14.761.
Dice al mismo tiempo que la imprecisión con la que fue prevista la asignación específica de recursos en las ordenanzas observadas dificulta el cumplimiento de los estándares de representatividad, eficiencia, eficacia, transparencia y control que deben regir el manejo de los fondos públicos.
Solicita que, hasta tanto se dirima el conflicto planteado, esta Suprema Corte suspenda la aplicación de la ordenanza 6.349 dictada el 14 de julio de 2022 y su insistencia mediante ordenanza 6.360 de 11 de agosto de 2022.
II. Siendo el caso propio de la competencia de este Tribunal (arts. 196, Const. prov. y 261 y sigs., dec. ley 6.769/58) de la presentación efectuada y de la documentación acompañada, traslado por el término de cinco (5) días al señor Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Villegas (arg. arts. 171 Const. prov. y 686 inc. 2 in fine , CPCC), a quien se cita para que dentro del aludido término comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y concs., dec. ley 6.769/58; 59 y 689, CPCC).
III. Encontrándose reunidos los presupuestos establecidos en el art. 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde disponer la suspensión de los efectos de las ordenanzas 6.349 y 6.360 dictadas por el Concejo Deliberante del Partido de General Villegas, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. prov. y 261, sigs. y concs., dec. ley 6.769/58; doctr. causas B. 63.089, "Municipalidad de Lomas de Zamora", resol. de 19-IX-2001; B. 64.184, "Intendente Municipal de Morón", resol. de 26-VI-2002; B. 67.747, "Honorable Concejo Deliberante de Olavarría", resol. de 6-IV-2004; B. 68.091, "Intendente Municipal de San Martín", resol. de 9-XII-2004; B. 68.108, "Intendente Municipal de General San Martín", resol. de 29-XII-2004; B. 68.130, "Intendente Municipal de Coronel de Marina Leonardo Rosales", resol. de 23-II-2005; B. 68.664, "Regueiro", resol. de 7-VI-2006; B. 68.725, "Intendente Municipal de San Andrés de Giles", resol. de 7-II-2007; B. 70.800, "Bolinaga", resol. de 3-III-2010; B. 73.014, "Intendente Municipal de Carmen de Areco", resol. de 16-IV-2014; B. 74.043, "Duarte", resol. de 18-V-2016; B. 74.705, "Intendente Municipal de Villa Gesell", resol. de 26-IV-2017; B. 75.662, "Intendente Municipal de General Pueyrredon", resol. de 19-XII-2018; B. 76.299, "Intendente Municipal de Villa Gesell", resol. de 4-XII-2019; e.o.).
Así lo votamos .
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero a los apartados I y II del voto conjunto que antecede.
II.1. El art. 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) contiene una disposición tendiente a la eficacia de las decisiones que son impugnadas por vía del conflicto municipal consagrado en el art. 196 de la Constitución provincial, similar a la previsión que, para los supuestos de suspensión o expulsión de concejales o del Intendente municipal, trae el artículo 263 bis de aquella.
Si bien en diversos precedentes vinculados con la situación que aprehende la disposición citada en último término se ha interpretado que la neutralización de los efectos de la medida segregativa por la mera interposición del conflicto carece de la automaticidad que un examen literal de los textos autorizaría a sostener (doctr. causas B. 66.400, "Intendente Municipal de General Lamadrid", resol. de 3-IX-2003; B. 65.860, "González", resol. de 3-IX-2003; B. 66.457, "Ostoich", resol. de 10-IX-2003; B. 68.087, "Lutteral", resol. de 15-XII-2004, e.o.) -de allí que en algún caso se declaró por excepción que no había mérito suficiente para conferir esa eficacia suspensiva (cfr. causa B. 64.253, "Ghironi", resol. de 17-VII-2002) y en otros su pronunciamiento fue diferido (cfr. causa B. 68.087, "Lutteral", resol. de 1-XII-2004; B. 68.114 "Aguirre", resol. de 9-II-2005)-, no cabe duda que la Ley Orgánica de las Municipalidades ha consagrado, en uno u otro caso, una modalidad especial, que escapa a los cánones ordinarios relativos al control jurisdiccional de las decisiones emanadas de los órganos gubernativos (leyes, reglamentos, ordenanzas, actos administrativos, etc.).
El sistema, sobre cuyo mérito no cabe expedirse en esta sede, tiende a asimilar las consecuencias de la interposición del conflicto a las propias de un "recurso" ( rectius: pretensión impugnativa) con "efecto suspensivo". Y en grado más tenue evidencia una función precautoria. Ello se manifiesta en el art. 261, en cuanto exige un pronunciamiento del Tribunal -bien que en forma imperativa-, al establecer que la Corte "...dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas".
Estos últimos se asientan en la fuerza ejecutoria que se atribuye a los actos controvertidos. Ello explica por qué aparece regulada en cada uno de ellos, en modo más o menos directo, la suspensión de los efectos del obrar cuestionado como medida perteneciente al capítulo cautelar (arts. 22, 25 y concs., CCA; 230, 232 en correlación con el art. 683, CPCC; 9, ley 13.928). De tal forma, salvo que el órgano jurisdiccional acoja la tutela suspensiva que le sea requerida, la ejecución de los actos o normas impugnados no ha de ser detenido o enervado.
A la inversa, en el conflicto municipal las normas relegan a un plano secundario el cumplimiento de los actos impugnados; parten de -y entonces dan primacía a- la eficacia suspensiva que inicialmente asignan a la promoción del litigio (arts. 261 y concs., LOM), lo cual determina que la denegatoria de esa cualidad y la consecuente admisión de la subsistencia de la efectividad de las ordenanzas municipales que afectarían atribuciones del Departamento Ejecutivo sólo resultarán, llegado el caso, de una expresa y, reitero, excepcional decisión judicial, dada en respuesta a la petición que formule en tal sentido el órgano comunal frente al cual se ha planteado la litis y en función de los elementos de convicción incorporados a la causa.
La diferencia entre ambos sistemas es relevante y fácilmente perceptible.
II.3. En definitiva, presentado el conflicto local contra la determinación del Concejo o el Departamento Ejecutivo y planteada la suspensión que prescribe la ley, corresponde al Tribunal disponerla, a menos que del examen del escrito en que se la deduce resultare manifiesta su improcedencia; extremo que, vaya dicho, no aparece configurado en el sub lite (arg. causa B. 66.400, cit.). Ello, claro está, no enerva la posibilidad de resolver luego el cese de tales efectos suspensivos, por ejemplo, frente al planteamiento que fundadamente realizare la autoridad municipal requerida.
II.4. Acordar a los citados preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades la inteligencia antes señalada, al tiempo que respeta la voluntad legislativa, luce congruente con las características cautelares que pudieran atribuírseles. Es que, por un lado, las medidas precautorias deben pronunciarse y cumplirse inaudita parte (arg. art. 198, CPCC) y, por el otro, tales providencias son provisionales, flexibles y mutables; pueden ser dejadas sin efecto o modificadas a consecuencia de la petición que se formulare en tal sentido o de un cambio de las circunstancias que las determinaron (arg. arts. 202 a 204, CPCC; v. mi voto en la causa B. 68.825, "Lópes", resol. de 11-X-2006).
III. Por las razones expuestas, corresponde suspender los efectos de las ordenanzas 6.349 y 6.360 dictadas por el Concejo Deliberante del partido de General Villegas, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. prov. y 261, sigs. y concs., LOM).
Así lo voto .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante del partido de General Villegas, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y 689, CPCC).
II. Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de las ordenanzas 6.349 y 6.360 dictadas por el Concejo Deliberante del partido de General Villegas (art. 261, LOM).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:23:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:21:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 14:53:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 19:29:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 08:41:13 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/09/2022 09:01:45 hs. bajo el número RR-996-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia