Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79297
Lo que resolvió el tribunal
I. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al señor Intendente de Zárate, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y 689, CPCC).
II. No hacer lugar al pedido de acumulación de procesos efectuado por el señor Fiscal de Estado (arts. 188 y concs., CPCC).
III. Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de la ordenanza 5.069/24 dictada por el Concejo Deliberante de Zárate y del decreto de promulgación 77/24 emitido por el Intendente comunal (art. 261, LOM).
IV. Desestimar, por el momento, el pedido de convocatoria de las partes a una audiencia ante este Tribunal formulado por el señor Fiscal de Estado (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
B.79.297 "FISCAL DE ESTADO C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE S/ CONFLICTO DE PODERES ART. 196 CONST. PROVINCIAL"
I. El señor Fiscal de Estado denuncia, en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la existencia de un conflicto de poderes con la Municipalidad de Zárate.
Sostiene que el municipio, al sancionar la ordenanza 5.069/24, se ha excedido en sus facultades autonómicas y ha invadido competencias institucionales de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud, al enervar el funcionamiento del régimen médico asistencial del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y pretender valerse del sistema de salud a su arbitrio.
Puntualmente, arguye que la comuna se arrogó atribuciones que no le correspondían, en tanto: a) dispuso el retiro del sistema único y solidario de reparto, con baja de su rol de patronal adherida, con detracción de fondos públicos y desafiliación masiva de todos sus empleados; b) creó un régimen de retiro "con beneficio de inventario”, captando a los aportantes activos y dejando a los pasivos, sin la debida contraprestación en respaldo; y c) le impuso al IOMA una cobertura sui generis de dichos pasivos, por fuera de las condiciones legales exigidas al efecto y sin afrontar el pago de los mayores costos implicados.
Expresa que el proceder arbitrario del municipio denunciado, además de atentar contra el orden institucional y la distribución de competencias, resquebraja en la práctica la estructura y funcionamiento del IOMA, afectando su financiamiento, al privarle de los recursos necesarios para su sostenimiento. En virtud de ello, afirma que el Estado no puede permitir semejante atropello municipal de las facultades y atribuciones provinciales relativas al diseño y ejecución del régimen de seguridad social para todos los empleados públicos del territorio bonaerense (art. 40, Const. prov.).
I.1. Refiere que la situación de autos no es novedosa. En este sentido, manifiesta que existe tramitando ante este Tribunal un conflicto de poderes suscitado con la Municipalidad de San Nicolás (causa B. 78.952) por un obrar semejante al aquí denunciado. No obstante, aclara que el presente caso se encontraría en un estadio preliminar, dado que la comuna aún no ha seleccionado ni contratado la obra social que reemplazará al IOMA, por lo que al no haberse materializado todavía el despojo anunciado este pleito es promovido de manera preventiva, aunque se sustenta en actos de suficiente concreción –sanción de la ordenanza 5.069/24 y su promulgación por decreto 77/24- del agravio invocado.
Aunque advierte que la plataforma fáctica de las dos causas no es idéntica, entiende que puede procederse a su acumulación por la “evidente conexidad y analogía de fundamentos que las emparentan, revelando ambas la existencia de un problema común, susceptible de analizarse en forma integrada, bajo los similares argumentos, dada la discusión de índole jurídica y económica subyacente a ese respecto”. Todo lo cual justificaría, a su modo de ver, el eventual aprovechamiento de las posturas y/o de los resultados probatorios de los expedientes.
Señala, asimismo, que el conflicto traído a conocimiento de esta Corte ha sido identificado y reprochado por distintos organismos constitucionales de la Provincia, quienes –en cada una de sus intervenciones- se expidieron en contra de la facultad de los municipios de arrogarse una atribución segregativa respecto al régimen del IOMA como la aquí planteada. Al respecto, transcribe extractos de los dictámenes y pronunciamientos emitidos por la Asesoría General de Gobierno, el Honorable Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Defensor del Pueblo.
I.2. Luego de estimar reunidos los recaudos de admisibilidad de la pretensión incoada, enarbola –en síntesis- los siguientes reproches al obrar del municipio: (i) retiro unilateral e inconsulto del sistema solidario; (ii) imposición de un régimen selectivo para la admisión de beneficiarios; (iii) endoso de pasivos bajo la ficción de continuidad de coberturas cesadas; (iv) desentendimiento de los mayores costos de afiliaciones voluntarias; (v) afectación de recursos de financiamiento del IOMA con riesgo a la salud; (vi) peligro de generalización de esa conducta con el consiguiente colapso del sistema.
En particular, asevera que la autonomía comunal (arts. 123, Const. nac. y 191, Const. prov.) en modo alguno puede valer por sobre el régimen uniforme de la seguridad social establecido bajo la administración de la Provincia y que abarca un objetivo constitucional de tutela compuesto por muchos elementos de cobertura asistencial de contingencias de la vida en comunidad. Así pues, al no existir en el ámbito local otra entidad pública asistencial que no sea el IOMA, cualquier otra opción de destino sería violatoria de lo previsto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 40 de la Carta provincial.
En otro orden, recuerda que la autoridad estatal responsable de velar por la cobertura médico asistencial de sus empleados es el propio municipio denunciado y que mal podría pretender trasladar dicha obligación por fuera de su órbita (art. 14, ley 14.656). Apunta que la Municipalidad intenta instalar la falsa idea de una continuidad automática de la cobertura obligatoria de los empleados endosados al IOMA por fuera de los requisitos legales exigidos a ese efecto, creando una suerte de “aporte médico asistencial” a su cargo, en reemplazo de la antigua contribución patronal pero que no compensa la quita de la masa de recursos provocada por el retiro de activos del régimen de la obra social.
Enfatiza, en último término, que el tema bajo examen reviste un notorio interés público y configura un supuesto de gravedad institucional, no sólo por el aludido exceso institucional incurrido por el municipio, sino también por el eventual riesgo de generalización y contagio de ese proceder ilegítimo y arbitrario hacia el resto de las comunas adheridas al IOMA, cuya detracción podría desbaratar todo el sistema.
I.3. Por todo lo expuesto, considera que la única solución plausible resulta ser el mantenimiento indivisible del régimen provincial de coberturas obligatorias para todos los empleados municipales, o bien, el retiro total e incondicionado del municipio como integrante del sistema del IOMA, sin imposición de ningún plan heterodoxo que pretenda dejar a los sujetos pasivos a cargo del ente médico asistencial y sustraer a los agentes activos para que se adhieran a un sistema foráneo.
I.4. Requiere, finalmente, de un lado, el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de la ordenanza 5.069/24 y su decreto de promulgación 77/24, hasta tanto se dicte sentencia en este conflicto y, de otro, que este Tribunal convoque a las partes a una audiencia para que se dirima la situación controversial planteada en la especie.
II. De la lectura de la postulación inicial y la documentación acompañada surge que el caso es propio de la competencia de este Tribunal (arts. 196, Const. prov. y 261 y sigs., dec. ley 6.769/58), por lo que debe darse traslado por el término de cinco (5) días al señor Intendente de Zárate, para que dentro del aludido término comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y concs., dec. ley 6.769/58 y 689, CPCC).
III. Cabe, entonces, abocarse al pedido de acumulación de procesos articulado por el señor Fiscal de Estado.
III.1. Ese tipo de medidas procede cuando dos o más litigios en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016). Todo lo cual surge de lo previsto en el art. 188, proemio, del Código Procesal Civil y Comercial.
A su vez, el art. 194 del código de rito establece que, ante la acumulación dispuesta, resultará menester el dictado de una sentencia única. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de sustanciar las causas por separado, si por la naturaleza de las cuestiones planteadas su trámite en conjunto resultase dificultoso.
De lo expuesto y lo que prevé expresamente el mencionado art. 188 en sus incisos 1° y 3°, es un requisito indispensable para la procedencia del referido dispositivo procesal que los juicios se encuentren transitando la misma etapa procesal y que puedan sustanciarse por los mismos trámites. De lo contrario, el ordenamiento veda como regla la posibilidad de hacer efectiva su acumulación (doctr. causa B. 57.239, "Franceschi", sent. de 28-IX-2016).
III.2. Sobre tales bases, es posible afirmar que en autos no se encuentran reunidos los extremos exigidos por el código ritual para admitir la acumulación de procesos, ni las condiciones que han sido tenidas en cuenta por esta Suprema Corte para recurrir a ese mecanismo en el pasado.
En efecto, si bien en la causa B. 78.952 –que tramita por ante estos estrados- se debate una cuestión similar a la aquí propuesta, se evidencian claras razones que impiden reunir en un mismo juicio ambos planteos.
Por un lado, dicha contienda se ha suscitado con la Municipalidad de San Nicolás, lo que tornaría improcedente la acumulación subjetiva de acciones (conf. arts. 88 y 188, CPCC). A la par, la disparidad en el avance de ambos expedientes resulta clara: basta con reparar en que el presente conflicto ha sido promovido con fecha 27 de marzo de 2024, mientras que el otro se inició como demanda originaria de inconstitucionalidad el 24 de agosto de 2023 y la readecuación de demanda y su contestación datan del 5 y 14 de febrero del corriente, respectivamente. De allí que, mientras en el proceso B. 78.952 ya se encuentra trabada la litis , aquí es recién con este resolutorio que se está corriendo traslado del escrito postulatorio (v. considerando que antecedente).
Por otro lado, tampoco puede soslayarse que, sin perjuicio de la alegada conexidad existente entre ambos, las pretensiones esgrimidas en ellas se encuentran enderezadas a obtener específicos pronunciamientos respecto del actuar municipal plasmado en dos normas distintas –la ordenanza 10.503/23 de la Municipalidad de San Nicolás y la ordenanza 5.069/24 del municipio de Zárate- que ameritará un análisis diferenciado del obrar comunal a la luz de las defensas que se esbocen en uno y otro caso.
Asimismo, la concreción del agravio institucional denunciado también presenta sus matices.
Mientras que el municipio de San Nicolás ya ha contratado una nueva obra social para sus empleados y ha ejecutado el plan de retiro de agentes activos del sistema del IOMA, tal circunstancia –como la propia Provincia indica- no ha acontecido en el sub lite . Nótese, por ejemplo, que esta divergencia en la plataforma fáctica de los juicios ha sido especialmente ponderada por este Tribunal a la hora de otorgar en el conflicto con San Nicolás (causa B. 78.952) un remedio precautorio con un nítido carácter conservativo, en tanto se procuró neutralizar, o bien paliar, los efectos adversos sobre el derecho de acceso a la salud de las personas que se han visto afectadas por la disputa que involucra a la comuna y al ente provincial y en exclusivo beneficio de los afiliados (v. resol. de fechas 21-XII-2023 y 20-II-2024). Todo lo cual no acontecería en estos obrados y descarta la necesidad de adoptar iguales temperamentos.
III.3. Así las cosas, no se aprecian razones que de momento manden a la unificación con el fin de evitar incurrir en sentencias contradictorias. De allí que, en este estadio procesal y a la luz de los fundamentos reseñados, sin verificarse razones para adoptar un criterio excepcional (arg. art. 188 in fine, CPCC), cabe declarar que no resulta procedente la acumulación peticionada.
IV. Sentado lo anterior, encontrándose reunidos los presupuestos establecidos en el art. 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde disponer la suspensión de los efectos de la ordenanza 5.069/24 dictada por el Concejo Deliberante de Zárate y del decreto de promulgación 77/24 emitido por el Intendente comunal, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. prov. y 261, sigs. y concs., dec. ley 6.769/58; doctr. causas B. 74.025, "Fiscal de Estado", resol. de 29-XI-2015; B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás", resol. de 7-IX-2016 y B. 75.593, "Fiscalía de Estado", resol. de 22-V-2019).
V. Por último, frente a lo antes decidido y al estado procesal de la causa, no existen razones que ameriten –por ahora- la celebración de una audiencia, por lo que el pedido de convocatoria formulado por el Fiscal de Estado deviene prematuro (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al señor Intendente de Zárate, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y 689, CPCC).
II. No hacer lugar al pedido de acumulación de procesos efectuado por el señor Fiscal de Estado (arts. 188 y concs., CPCC).
III. Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de la ordenanza 5.069/24 dictada por el Concejo Deliberante de Zárate y del decreto de promulgación 77/24 emitido por el Intendente comunal (art. 261, LOM).
IV. Desestimar, por el momento, el pedido de convocatoria de las partes a una audiencia ante este Tribunal formulado por el señor Fiscal de Estado (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 11:12:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:20 hs. bajo el número RR-238-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia