Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80211
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la denuncia de un conflicto de poderes efectuada por el señor Intendente Municipal de San Andrés de Giles (arts. 196, Const. prov. y 261 y concs., LOM).
B.80.211 "INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES DE GILES C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANDRES DE GILES S/ CONFLICTO DE PODERES ART. 196 CONST. PROV."
I. El Intendente Municipal de San Andrés de Giles, mediante apoderado, inicia el presente conflicto de poderes en los términos del art. 196 de la Constitución provincial, con el objeto de que esta Suprema Corte suspenda los efectos de la ordenanza 2.734/24 dictada por el Concejo Deliberante comunal, al considerar que su texto infringe los arts. 192 y 195 de la Carta local, 1, 25, 27 y 107 del decreto ley 6.769/58 (LOM) y 70 y 83 del decreto ley 8.912/77.
Explica que la norma impugnada establece una "excepción de derecho adquirido" para los productores agropecuarios comprendidos en las categorías "Ganadería Intensiva 1 y 2" que contaban con habilitación provincial vigente o certificado de subsistencia antes de la entrada en vigencia del Código de Planeamiento Urbano y Territorial aprobado mediante la ordenanza 2.551/22 y que, como consecuencia de ello, el "Certificado de Uso Conforme" previsto en ese código pasó a ser exigible únicamente para la iniciación de un trámite de obra o instalación, pero no para la renovación o continuidad de actividades productivas previamente habilitadas.
Señala que en lugar de vetar la ordenanza cuestionada -atento a la urgencia y la complejidad del caso- le solicitó, tanto a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial como a la Asesoría General de Gobierno, que emitieran un dictamen para contar con más elementos sobre la conducta que correspondía adoptar ante su sanción y que ambos concluyeron que la norma realiza modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial existente sin seguir el procedimiento pertinente.
Agrega que, siendo esto así, la ordenanza se encuentra vigente y que, ante ello, el Concejo Deliberante exhortó al Departamento Ejecutivo a que garantizara su cumplimiento efectivo. Pero dice que él se opuso e instó al cuerpo colegiado a que procediera a su inmediata derogación y, frente a su negativa, inició el presente conflicto de poderes.
Reconoce que la norma impugnada ha sido sancionada y promulgada "en legal forma", pero -a la vez- sostiene que "motivos de orden legal y constitucional" justifican que sea dejada sin efecto por esta Corte.
Primero, alegando que se violó el procedimiento establecido en los arts. 83 y 102 del decreto ley 8.912/77 que consagra el modo en que se deben perfeccionar las normativas locales de planeamiento urbanístico mediante la participación obligatoria del Poder Ejecutivo provincial y argumentando que no se dio intervención al Consejo Municipal para el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial 2020-2030, creado por la ordenanza 2.239/19.
Luego, aduciendo que su texto resulta contrario al principio de jerarquía normativa que consagra el art. 31 de la Constitución nacional al no respetar una ordenanza superior, como la 2.551/22, que aprobó el Código de Planeamiento Urbano y Territorial y afirmando que infringe los arts. 56 y 11 de la Carta local por tratarse de una norma irrazonable y contraria a la igualdad ante la ley.
En este esquema, considera que se encuentran reunidos los presupuestos del art. 261 de la LOM que otorga efecto suspensivo automático -desde su promoción- a los conflictos a los que se refiere el art. 196 de la Constitución y, consecuentemente, requiere que este Tribunal le ordene al Concejo Deliberante de San Andrés de Giles que se abstenga de aplicar la ordenanza 2.734/24.
II.1. Inicialmente cabe destacar que ninguno de los agravios esgrimidos en el escrito de demandada está dirigido a denunciar la invasión de facultades propias del Departamento Ejecutivo comunal, sino más bien a impugnar la ordenanza -por ilegítima- en un espectro que excede el marco de distribución de competencias entre ambos poderes municipales.
Como se ha resuelto en el pasado, el abordaje directo de semejantes cuestiones no puede encauzarse por la vía establecida en el art. 196 de la Constitución provincial (doctr. causas B. 54.108, "Mangas", resol. de 26-XI-1991; B. 57.823, "Ferro", resol. de 15-IV-1997; B. 67.763, "Eurruela", resol. de 28-IV-2004; B. 71.082, "Intendente Municipal de Coronel Pringles", sent. de 16-III-2011 y B. 78.251, "Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Villegas", sent. de 22-VIII-2023, e.o.).
Por el contrario, invariablemente se ha señalado que los mencionados conflictos son aquellos en los existe una efectiva contienda entre los dos departamentos que componen una municipalidad con motivo del ejercicio de sus respectivas atribuciones, configurándose dicho supuesto solo cuando la divergencia no tenga solución legal en el ámbito de la comuna (cfr. causas B. 49.974, "Concejo Deliberante de Magdalena", resol. de 4-XII-1984; B. 52.381, "Concejo Deliberante de General Las Heras", resol. de 16-V-1989; B. 55.182, "Departamento Ejecutivo de Necochea", resol. de 11-V-1993; B. 57.297, "Departamento Ejecutivo de San Antonio de Areco", resol. de 28-V-1996, e.o.).
II.2. Muy particularmente, ese tipo de controversia no se configura si, ante la sanción de una ordenanza por el Departamento Deliberativo, el mismo Intendente que ha recibido la comunicación del citado cuerpo declina ejercer el poder de veto que le provee el art. 108 inc. 2 de la LOM.
Desde muy antiguo, diversos ordenamientos han conferido esa facultad -de índole "colegislativa"- al titular del departamento ejecutivo del Gobierno para que, bajo ciertas formas y requisitos temporales, la ejerza en uso de un poder discrecional (cfr. González, Joaquín V., "Manual de la Constitución Argentina", N°546), como instrumento que coadyuva al control mutuo de los poderes públicos, y cuya falta de ejercicio tiene como efecto la sanción tácita de la norma y su promulgación automática.
II.3. En la división funcional existente en el ámbito municipal, la LOM prevé en su art. 24 que la "...sanción de las ordenanzas y disposiciones del Municipio corresponde con exclusividad al Concejo Deliberante...", asignando al Intendente la atribución de "...promulgar y publicar las disposiciones del Concejo o vetarlas dentro de los 10 días hábiles de su notificación..." (art. 108 inc. 2).
Este Tribunal ha interpretado que, en el orden provincial, cuando el legislador decide regular una materia de su entera competencia, el Poder Ejecutivo cuenta con una oportunidad útil para oponerse a la ley por motivos de oportunidad o de juridicidad: el veto reglado en el art. 108 de la Constitución provincial. No ejercida tal atribución, en principio, queda obligado a respetar la ley cuya ejecución le ha sido encomendada (doctr. causa B. 60.898, "Fiscal de Estado", sent. de 18-II-2004), postura que se hizo luego extensiva al ámbito municipal (doctr. causa B. 68.574, "Intendente Municipal de Junín", sent. de 20-IX-2006).
II.4. En la especie, el propio titular del Departamento Ejecutivo -denunciante del supuesto conflicto- reconoce en su escrito de demanda no solo que la ordenanza puesta en crisis ha sido sancionada "en legal forma", sino que además expresamente manifiesta que no la ha vetado y que la promulgó usando los carriles ordinarios para hacerlo.
Ello, de por sí, priva al sub lite de las notas propias de un conflicto en los términos del art. 196 de la Constitución provincial.
Sostener lo contrario afectaría la seguridad jurídica y la estabilidad que debe regir la relación entre los poderes locales, al permitirle al Departamento Ejecutivo -cuyo conocimiento cabal de la sanción de la ordenanza dictada por el Concejo y su aptitud para observarla están fuera de debate- la posibilidad de impugnar esa disposición sin haber formulado el veto, privándole, además, al órgano deliberativo del poder de reexaminar su primigenia sanción y, en su caso, insistir en ella con dos tercios de los votos del cuerpo (art. 69, 2do. párrafo, LOM).
II.5. Por último, el titular del ejecutivo no ha invocado razón fundada alguna que -en mérito a circunstancias excepcionales o de marcada gravedad institucional- permitan dar curso a un planteo como el que aquí se entabla y lleve a este Corte a intervenir, aquello otro no obstante, a fin de restablecer la juridicidad en el ámbito municipal objetivamente vulnerada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la denuncia de un conflicto de poderes efectuada por el señor Intendente Municipal de San Andrés de Giles (arts. 196, Const. prov. y 261 y concs., LOM).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2025 17:05:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 14:37:57 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:25:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2025 09:09:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2025 14:21:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2025 14:33:31 hs. bajo el número RR-521-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia