Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78580
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 78.580, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata s/ conflicto de poderes art. 196 Constitución Provincial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
I. La Fiscalía de Estado promovió el presente conflicto de poderes en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denunciando ante esta Suprema Corte que la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata habría invadido potestades propias de la Provincia, en particular, del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) y, eventualmente, del Poder Judicial local.
Lo anterior, en razón de que en el expediente administrativo 2022-00049203 caratulado "Dirección de Defensa del Consumidor s/ Actuación de oficio c/ Aguas Bonaerenses SA (ABSA)", la titular de dicho organismo había dispuesto una medida precautoria con el objeto de que Aguas Bonaerenses SA (ABSA), por el plazo de seis meses, restablezca el suministro de agua potable para consumo humano a través de la red de servicio público a todos los usuarios domiciliados en el partido de La Plata o, en su defecto, la provea de inmediato en cantidades suficientes para abastecer a toda la zona mediante la entrega de agua potable envasada y la colocación de -al menos- una cisterna con capacidad adecuada y accesible (v. resol. adm. de fecha 15-XII-2022).
II. El 28 de diciembre de 2022 el Tribunal tuvo a la apoderada fiscal por presentada y mandó a pedir a la Directora de Defensa del Consumidor los antecedentes útiles para resolver.
Seguidamente, el 2 de marzo de 2023, se ordenó subsanar la representación de la primera mencionada mediante la acreditación, en el término de cinco días, de la voluntad administrativa para promover el conflicto, todo lo cual fue oportunamente cumplido el día 13 del mismo mes y año. En este estado, se corrió traslado de la presentación a la Municipalidad de La Plata (v. proveído de fecha 14-III-2023).
III. Con fecha 27 de marzo del corriente contestó la comuna, sosteniendo que todo lo actuado por la Dirección de Defensa del Consumidor se ajustó a derecho. Aseguró que dicho órgano se desenvolvió dentro de los límites de su competencia, sin extralimitarse ni invadir potestades propias de la Provincia. Insistió, además, en que aquel podía dictar medidas precautorias con arreglo al ordenamiento vigente, máxime cuando se trataba de preservar derechos fundamentales como eran el acceso al agua y la salud.
IV. Pasados los autos al señor Procurador General a los fines de dictaminar (conf. art. 690, CPCC), este recomendó al Tribunal hacer lugar al conflicto promovido por la Fiscalía de Estado (v. dictamen de fecha 14-IV-2023).
V. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Según se desprende de las constancias acompañadas en autos, el 15 de diciembre de 2022 la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata inició de oficio actuaciones contra Aguas Bonaerenses SA (ABSA), luego de haber tomado conocimiento de una serie de manifestaciones y reclamos efectuados por usuarios del partido de La Plata y de diversas noticias publicadas en medios masivos de comunicación, respecto de la supuestamente deficiente prestación del servicio público de agua potable concesionado a dicha empresa.
I.2.a. En la resolución que a la postre derivó en el presente conflicto, la Directora municipal estimó que ABSA debía responder por los perjuicios ocasionados a los usuarios por la irregular prestación de un servicio brindado en condiciones monopólicas, el cual debería ser atendido en cantidad y calidad suficiente para el consumo y asegurar no solo el acceso al agua potable, sino también el derecho a la salud y a la vida digna.
Así pues, tras considerar que se estaba frente a una relación de consumo, destacó, en primer lugar, que con arreglo a lo dispuesto en los arts. 79, 80 y 81 del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con sostén en lo normado en el art. 41 de la ley 24.240, los municipios se hallaban facultados para aplicar los procedimientos y sanciones sobre esa materia. En este contexto, explicó que mediante los decretos 1.089/04 y 2.0780/17, el Intendente de La Plata resolvió crear en el ámbito de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia a la Dirección de Defensa del Consumidor como organismo encargado de llevar adelante el procedimiento conciliatorio y sumarial para la inspección, comprobación y determinación de las infracciones de la ley 24.240 y sus normas reglamentarias, encomendándole al Juzgado de Faltas municipal la ejecución de la etapa resolutiva del sumario instado en el marco de la ley 13.133.
Luego, recordó que el art. 71 del referido Código prevé que "antes o durante la tramitación del expediente, se podrá dictar medida preventiva que ordene el cese de la conducta que se reputa violación a la Ley de Defensa del Consumidor y/o este Código y/o sus reglamentaciones. Asimismo, y con la mayor amplitud, se podrán disponer medidas técnicas, admitir pruebas y dictar medidas de no innovar o para mejor proveer. Se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública al disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley y cuando disponga de oficio o a requerimiento de parte audiencias a las que deban concurrir los denunciantes, damnificados, presuntos infractores, testigos y perito, entre otros".
I.2.b. Reparó que la afectación exhibía carácter "pluriindividual" y hallaba resguardo en las cláusulas de los arts. 42 y 43 de la Constitución nacional. Esto último, agregó, con el alcance sentado en el renombrado caso "Halabi" (CSJN Fallos: 332:111), pudiéndose determinar una causa fáctica homogénea y la falta de justificación para la promoción separada de acciones personales.
Asimismo, destacó el bien colectivo sobre el cual versaba la denuncia, razón por la cual trajo a colación lo resuelto por la Corte nacional en la causa "Kersich" (Fallos: 337:1361), en la que se habló propiamente de la existencia de un derecho humano al agua.
I.2.c. Mencionó también la ley 14.782 que reconoce "...el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida" (art. 1, ley cit.), entendiendo por "derecho humano al agua" al "derecho de todas las personas a disponer oportunamente de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el consumo y el uso personal y doméstico" (art. 2 inc. 1, ley cit.). De seguido, recordó -con cita al art. 3 de esa ley- que tal derecho se debía asegurar, entre otras cosas, mediante el acceso oportuno a la cantidad de agua que sea necesaria y apta para el consumo y el uso personal y doméstico y para promover la salud pública.
I.2.d. Al considerar que se presentaba una típica relación de consumo encuadrable objetiva y subjetivamente en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 y, tratándose de un servicio público domiciliario, infirió que se hallaba aprehendida por el Capítulo VI de dicho plexo, cuyo art. 25 -texto según ley 26.361- fija que "...los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley".
I.2.e. Por otro lado, en lo que hace al marco regulatorio específico del agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Buenos Aires, adujo que de acuerdo con el art. 24 del decreto 878/03, "el servicio público sanitario deberá prestarse en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, cantidad, calidad y universalidad, asegurando una prestación eficaz a los usuarios y la protección de la salud pública y el medio ambiente, según las pautas que correspondan con el servicio sustentable".
I.2.f. Así las cosas, reproduciendo una serie de objetivos y principios constitucionales (Preámbulo y arts. 11, 12 inc. 3, 28, 36, 38 y 56, Const. prov.) y ponderando las denuncias ingresadas a la Dirección a su cargo junto con las noticias extraídas de distintos medios de comunicación, tuvo por acreditada la afectación al derecho humano de acceso al agua potable.
Por tal razón, dijo verse compelida a adoptar medidas urgentes tendientes a revertir o atemperar las secuelas dañosas, ejerciendo los mecanismos previstos en el art. 71 de la ley 13.133.
I.2.g. Fue entonces que, luego de aclarar que la medida sería exigible a la Provincia de Buenos Aires en virtud de su participación casi total en ABSA, ordenó -con carácter preventivo y por el plazo de seis meses, prorrogables de manera automática- el cese de la conducta que se reputó en presunta infracción a las normas de defensa de consumidores y usuarios, debiendo de inmediato restablecerse el suministro de agua potable a través de la red de servicios públicos a todos los usuarios domiciliados en el partido de La Plata o, en su defecto, se la provea en cantidades suficientes para abastecer toda la zona mediante la entrega de agua potable envasada y la colocación de al menos una cisterna con capacidad acorde y ubicada en un lugar que permita a todos los usuarios el acceso y disponibilidad permanente del recurso durante todos los días de la semana y en todo horario.
I.3. Contra ese pronunciamiento, el apoderado de ABSA interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio.
I.3.a. En primer término, planteó la nulidad de la resolución dictada ante la manifiesta incompetencia de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata en el asunto. Ello, al decir que era claro que de las funciones atribuidas por ley no surge de ningún modo que la referida Dirección pudiera resolver sobre cuestiones que hacían al servicio de empresas prestadoras de servicios públicos de jurisdicción provincial.
En esta línea, refirió que se encontraba palmariamente desatendido el "principio de especialidad de las competencias", mediante el cual queda delimitado el campo de actuación de cada organismo con fundamento en la singular idoneidad o capacidad técnica que les asigna la jurisdicción objetiva. A esto adunó que el único órgano competente para vigilar o fiscalizar el estricto cumplimiento del marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales -y demás normativa aplicable- era la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) o bien, eventualmente, una autoridad perteneciente a la órbita del Poder Judicial.
Citó en apoyo de su postura la sentencia recaída en la causa B. 74.380, "Fiscal de Estado c/ Juzgado de Faltas N°2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata en autos 'Vecinos de Manuel B. Gonnet s/ denuncia c/ ABSA' Conflicto de Poderes", de este Tribunal.
En otro orden, manifestó que no existían constancias que acreditaran una deficiente prestación del servicio y que, por el contrario, la medida resultaba infundada en tanto solo se sostenía en la mención de algunas notas periodísticas y una alegación genérica sobre la cantidad de denuncias que habrían ingresado a la oficina municipal, sin precisar expedientes, números de reclamos y sin identificar las zonas y/o barrios supuestamente afectados, por lo que el acto carecía de causa y motivación.
I.3.b. Con fecha 23 de diciembre de 2022, la Directora municipal tuvo presente lo manifestado por el apoderado de ABSA y dejó sentado que el "planteo de incompetencia y al recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio será resuelto en su oportunidad". Asimismo, agregó a las actuaciones la presentación efectuada por la Defensora Ciudadana de La Plata, quien acompañó distintos reclamos realizados por los vecinos de diversos barrios de la ciudad y tres estudios físico-químico y bacteriológicos.
I.3.c. Por su parte, la prestataria ABSA, en oportunidad de contestar el traslado conferido, ratificó las defensas opuestas y el pedido de nulidad deducido. Añadió que los productos agregados al agua para consumo contaban con certificación emitida por ANMAT, además de que durante el año 2022 el promedio de cloruro fue de 145,58 mg/l, por debajo del máximo permitido por la ley 11.820 (250 mg/l) y por el Código de Alimentos Argentino (350 mg/l). Y que el nivel promedio de sodio fue de 234,38 mg/l, también inferior al máximo permitido por la ley 11.820 (250 mg/l), no existiendo regulación en el referido Código para este parámetro.
I.3.d. La Directora de Defensa del Consumidor, postergando nuevamente el tratamiento de las defensas introducidas por ABSA y ante un presunto incumplimiento de la medida otorgada, convocó a una audiencia de conciliación para el día 11 de enero de 2023. Este curso de acción fue resistido por el apoderado de la concesionaria, quien apuntó que la autoridad comunal tampoco se había expedido respecto del Plan de Contingencia elaborado por la Gerencia de Operaciones de la Región I de ABSA que obraba agregado a las actuaciones administrativas.
Frente a esto, el 10 de enero del mismo año, la Dirección comunal se limitó a incorporar el descargo formulado por la denunciada y a tener presente lo allí expuesto, insistiendo que "en relación al planteo de nulidad y del recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, será resuelto en su oportunidad".
Celebrada la mencionada audiencia, la Directora actuante solicitó a ABSA la remisión en el plazo de cinco días de un informe detallado acerca de la situación que presentaba la localidad de Los Hornos con relación a la prestación del servicio de agua potable.
Esta última requisitoria fue evacuada por ABSA, la que volvió a ratificar las defensas deducidas y el planteo de nulidad articulado. Posteriormente, a modo de colaboración, presentó el informe elaborado por la Gerencia de Operaciones de Aguas Bonaerenses SA sobre el estado del servicio brindado en Los Hornos.
I.3.e. Así las cosas, la última actuación que consta en las copias del expediente administrativo elevado por la Municipalidad de La Plata fue la agregación del descargo, la postergación de la resolución del planteo de nulidad y el recurso impetrado y el pedido de informe de las condiciones del servicio de agua en la localidad de Villa Elvira.
II. En la promoción del conflicto ante esta Corte, la Fiscalía de Estado denuncia que la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata habría invadido la esfera de atribuciones propias de los poderes Ejecutivo y Judicial. Ello, pues entiende que la funcionaria municipal se arrogó competencias exclusivas de la Autoridad del Agua (ADA), a la vez que considera que una medida como la dispuesta únicamente podría ser legítimamente ordenada por un juez o jueza en sentido propio.
En esta línea de argumentación, explica que mediante la ley 14.989 y el decreto 167/18 se suprimió el Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA) y se estableció que la autoridad para el control de la prestación de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales sería la Autoridad del Agua (ADA), la que absorbió todas las funciones otrora atribuidas al OCABA y sin que ello implicara la eliminación de las competencias, obligaciones, misiones y funciones ya encomendadas al ADA.
Refiere, entonces, que conforme el marco normativo compuesto por las leyes 12.257 y 11.820 y los decretos 266/02 y 3.511/07 -entre otros- aquel organismo tiene una estructura y funciones específicas, que esencialmente son la de controlar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los prestadores del referido servicio público y la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.
Esto, a su entender, desplaza y neutraliza las atribuciones que en la especie pretendió ejercer la Dirección de Defensa del Consumidor municipal, cuyas decisiones -estimó- jamás pueden sustituir aquellas con fuerza de sentencias que dictan los tribunales judiciales.
Por tales razones, solicita que se declare la falta de competencia de ese organismo local para conocer en las actuaciones administrativas que originaron el conflicto, disponiéndose la nulidad de todo lo actuado hasta aquí.
III. Con fecha 5 de abril de 2023, contestó la Municipalidad de La Plata.
En su escrito, la comuna desconoce la existencia de conflicto en tanto sostiene que la titular de la Dirección de Defensa del Consumidor ha resuelto dentro de los límites de su competencia, sin extralimitación ni invasión de potestades propias de la Provincia.
Alega que la ley 24.240 contiene un capítulo específico destinado a la protección de los usuarios de servicios públicos domiciliarios (arts. 25 a 31), de donde surge el principio protectorio de la parte más débil y vulnerable y el principio in dubio pro consumidor. A su vez, destaca que según el art. 24 de aquella normativa, "los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley", por lo que deduce que la Dirección comunal resultaba plenamente competente.
Explica que el art. 71 de la ley 13.133 posibilita el dictado de medidas preventivas, antes o durante la tramitación del expediente, que ordenen el cese de la conducta que se reputa en violación a la Ley de Defensa del Consumidor y/o a aquel Código y/o sus reglamentaciones. Apunta también que en los decretos 1.089/04 y 2.780/17 el Intendente de La Plata resolvió crear la Dirección de Defensa del Consumidor, como organismo encargado de llevar adelante el procedimiento conciliatorio y sumarial (arts. 36 a 38, ley 13.133), para la inspección, comprobación, determinación de las infracciones de la ley 24.240 y a los juzgados de faltas municipales como responsables de la ejecución de la etapa resolutiva del sumario procedimental instado en el marco de la ley 13.133.
En abono de su tesis, invoca lo normado en el art. 51 del decreto 878/03 -con su redacción dada por la ley 14.745-, en cuanto reza que "todos los reclamos de los Usuarios relativos al servicio o a las tarifas deberán deducirse ante la entidad prestadora o ante el Municipio, en este último caso lo será en aquellos en los que funcione Oficina de Defensa del Consumidor y/o ante la Defensoría del Pueblo, conforme lo normado mediante Ley Nº 13.834", agregando en su tramo final que "la Ley Nacional de Defensa del Consumidor será de aplicación directa a las relaciones entre las entidades prestadoras y los usuarios".
Arriba así a la conclusión de que, ante una medida que torna operativa la garantía constitucional que recae sobre usuarios y consumidores, se debe realizar una interpretación amplia de las normas, no restrictiva y ajustada al principio pro homine .
IV. Las causas de competencia o conflictos a los que refieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución, tratándose de distintos municipios entre sí o con alguna autoridad de la Provincia, se configuran cuando las autoridades en disputa se atribuyen para sí la titularidad o el ejercicio de determinada competencia. Lo que esta Corte está llamada a resolver es la efectiva contienda entre dos o más órganos en torno a la específica atribución o competencia que cada uno entiende le corresponde y no las situaciones conflictivas que el ejercicio incuestionado de estas pueda generar (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.; 261 y
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