Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78090
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al conflicto promovido por la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz y se atribuye al Juzgado de Faltas de esa localidad la competencia para entender en la denuncia que originó el presente conflicto (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Sin costas, en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 78.090, "Juzgado de Paz Letrado de General Paz c/ Juzgado de Faltas de General Paz s/ conflicto de poderes art. 196 Constitución provincial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Maidana.
La titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz se declaró incompetente en los presentes autos, iniciados por una denuncia de la señora Jaqueline Vanesa Lucero en la que da cuenta de que su hija menor de edad ha sido víctima de agresión por parte de tres perros que se encontraban en la vía pública uno de los cuales la mordió en su pierna. La magistrada interviniente, considerando que se trataba de un supuesto contemplado en la ley 14.107, remitió las actuaciones al Juzgado de Faltas municipal de esa localidad (v. resol. de 14-X-2021).
Por su parte, el titular de ese organismo, sosteniendo que el caso se enmarcaba en lo establecido en el art. 46 del decreto ley 8.031/73, también se declaró incompetente y devolvió las actuaciones al órgano que previno para que reconsiderase su postura (v. resol. de 10-V-2022 adjuntada digitalmente el 3-VI-2022).
Luego de intervenir nuevamente la jueza del Juzgado de Paz Letrado, los autos fueron remitidos a esta Suprema Corte (v. proveído de 9-VI-2022).
Al evacuar la vista conferida, el señor Procurador General aconsejó hacer lugar al conflicto promovido por la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz y atribuir la competencia al Juzgado de Faltas de dicha localidad (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Efectuada la reseña de los antecedentes y agregado el dictamen del señor Procurador General, se aprecia que la cuestión planteada entre el titular del Juzgado de Faltas municipal de General Paz y la titular del Juzgado de Paz Letrado de dicho partido es de aquellas que este Tribunal está llamado a decidir en virtud de lo establecido en el art. 196 de la Constitución de la Provincia ya que, como se ha resuelto, la competencia que le confiere ese artículo comprende los denominados conflictos externos municipales (v. por todas, causa B. 71.930, "Juzgado de Faltas de General Pinto", sent. de 22-VIII-2012).
Siendo ello así, debe determinarse a cuál de esos órganos corresponde la atribución de juzgar los hechos denunciados en autos.
II. Del acta de procedimiento que se encuentra agregada al expediente como archivo adjunto al proveído de fecha 9 de noviembre de 2021, surge que el día 2 de noviembre de 2021 la señora Jaqueline Vanesa Lucero se encontraba en su casa cuando llegó su hija de catorce años de edad y le contó que mientras caminaba por la vía pública fue atacada por tres perros, uno de los cuales la mordió en su pierna.
Luego de recibir la denuncia y enmarcarla -" prima facie" - como una infracción al art. 46 del decreto ley 8.031/73, la Policía de la Provincia de Buenos Aires remitió las actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de General Paz, cuya titular -en su lugar- tipificó los hechos en lo establecido en la ley 14.107 y resolvió declararse incompetente (v. resol. de 9-XI-2021). Lo anterior, en la inteligencia de que dicha norma era posterior y regulaba especialmente la situación que aquí se buscaba punir, estableciendo la competencia de la justicia de faltas municipal para el juzgamiento de las inconductas allí contempladas (art. 11).
Por su parte, el titular del Juzgado de Faltas municipal se negó a intervenir en el asunto, con el fundamento de que la tipificación del hecho que involucró a un perro se hizo en los términos del mencionado decreto ley 8.031/73, que fija la competencia en cabeza de los jueces correccionales o de paz letrados (conf. art. 61, ley 5.827; en conc. art. 106, dec. ley 8.031/73).
III.1. La citada ley 14.107 (B.O. de 5-I-2010) establece la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales (art. 1). Determina cuáles deben considerarse comprendidos en esa norma (art. 2 y Anexo I) y crea un Registro de Propietarios de Perros de la Provincia de Buenos Aires (art. 3).
El régimen prevé en su art. 8 los siguientes deberes en cabeza de sus tenedores, a saber:
"a) Solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla seis (6) meses de vida;
b) Identificar al perro mediante la colocación de un chip o de un tatuaje;
c) Para la presencia y circulación en espacios públicos, utilizar correa o cadena de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza [...];
d) Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja al perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios;
e) En el inmueble que pertenezca a más de un propietario, se prohíbe dejar al perro en lugares comunes;
f) Queda prohibido el abandono de los perros alcanzados por esta Ley;
g) Comunicar al Registro la cesión, robo, muerte o pérdida del perro, haciéndose constar tal circunstancia en su correspondiente hoja registral, sin perjuicio de que si el perro pasase a manos de un nuevo propietario, éste deberá renovar la inscripción en el Registro".
La infracción a cualquiera de estas obligaciones se sanciona con multa de entre $500 a $2.000, máximo que se duplicará en caso de reincidencia, previéndose además la posibilidad de secuestrar al perro peligroso (art. 10). Estos procedimientos estarán a cargo de los juzgados de faltas municipales, por aplicación de las normas del decreto ley 8.751/77 (art. 11).
III.2. Por su parte, el Código de Faltas provincial (dec. ley 8.031/73) -norma observada en la especie por la autoridad policial que instruyó la denuncia- establece en su art. 46 la siguiente contravención:
"Será reprimido con multa entre el veinte (20) y el sesenta (60) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien tenga animal peligroso o salvaje. La pena se duplicará si el animal atacara o hiriera a alguna persona".
IV.1. De la transcripción de las normas relevantes surge que el eventual ámbito aplicativo de la ley 14.107, a modo de lex posterior y lex specialis como sugiere la jueza de paz, sería solamente parcial, desplazando únicamente el primer tipo infraccional contemplado en el art. 46 del Código de Faltas provincial ( i.e., "...quien tenga animal peligroso o salvaje").
La profusa regulación que trae la nueva ley respecto a los deberes de cuidado de los perros reputados peligrosos y que con carácter meramente enunciativo lista sus razas en el Anexo I (art. 15), prima por sobre la antigua legislación genérica en función de aquellos admitidos principios de interpretación estatutaria.
A todo esto, cabe tener presente lo dispuesto en el art. 2 del decreto ley 8.031/73, cuando lee que "Si la misma materia fuera prevista por este Código y por una ley provincial, ordenanza o reglamento de carácter general, se aplicará el primero salvo expresa disposición en contrario". Lo último bien puede entenderse así respecto de la ley 14.107 en el tramo que hace a la tenencia de la clase de animales que aquí interesa, en tanto dicho plexo ha venido a ocupar todo el campo de la regulación en la materia específica, algo que se corrobora con tan solo leer su extensa explicación de motivos.
IV.2. Pero lo mismo no puede predicarse en lo que respecta a los ataques a personas que pudieran ocasionar tales caninos, pues lo cierto es que la ley 14.107 no avanza en ese sentido, limitándose a sancionar hechos ligados con la registración, circulación, seguridad del inmueble donde habita el animal y su abandono. Aquello es algo que sigue legislando, expresamente, el art. 46 del Código de Faltas ( i.e., "La pena se duplicará si el animal atacara o hiriera a alguna persona").
IV.3. Por lo demás, si bien en el expediente se ha resaltado que las mordeduras son consecuencia de la inobservancia del deber de "Adoptar medidas de seguridad y prevención [...] que impidan al perro escaparse..." previsto en el art. 8 inc. "d" de la ley 14.107, para esto deberá eventualmente atenderse a las reglas del concurso (conf. arts. 30 y 31, dec. ley 8.031/73). En cuyo caso, el incidente con ataque a personas -penado más gravemente- podrá tener la virtualidad de absorber aquella otra falta; o bien ambos ilícitos habrán de juzgarse independientemente por las vías específicas asignadas a cada cual, de considerarse que no media tal subsunción.
V. En la especie, en tanto la denuncia radicada en comisaría da cuenta de lesiones físicas efectuadas a una persona menor de edad por el perro que allí se identifica y que por su comportamiento cabe catalogar de peligroso, debe estarse a la imputación seguida por infracción del art. 46 del Código de Faltas provincial, con la consecuente competencia del Juzgado de Paz Letrado interviniente (arts. 61, ley 5.827 y 106, dec. ley 8.031/73).
VI. Por estos fundamentos, corresponde rechazar la denuncia de conflicto elevada por la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz, devolviéndole las actuaciones para la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Líbrese oficio por Secretaría al Juzgado de Faltas de esa localidad, a los fines de que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Con relación a la temática planteada en el presente, esta Corte se ha pronunciado en varias oportunidades (causas B. 73.933, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sent. de 13-IV-2016; B. 74.828, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sent. de 20-XII-2017 y B. 74.829, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sent. de 21-II-2018), atribuyendo competencia, en casos análogos, al Juzgado de Faltas y no encuentro motivos que justifiquen apartarme del análisis efectuado en dichas oportunidades.
II. Tal como señala el doctor Soria, la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz se declaró incompetente en esta causa iniciada por una denuncia efectuada por la señora Jaqueline Vanesa Lucero dado que su hija, menor de edad, fue víctima de agresión por parte de un perro que se encontraba en la vía pública y la mordió.
La magistrada interviniente, luego de señalar que del acta de procedimiento se calificaron los hechos denunciados –" prima facie" - como presunta infracción al art. 46 del decreto ley 8.031/73, consideró que se trataba de un supuesto contemplado en la ley 14.107 y, en consecuencia, remitió las actuaciones al Juzgado de Faltas municipal de esa localidad.
Para decidir de ese modo, tuvo especialmente en cuenta lo reglado en la ley provincial especial 14.107 (B.O. de 5-I-2010) que prescribe "la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales" (art. 1).
De ese modo, hizo mención de las obligaciones a cargo de quien tiene bajo su guarda un perro potencialmente peligroso, resaltando especialmente los incs. "a" y "d" del art. 8 de dicha norma, que establecen: a) "Solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla seis (6) meses de vida"; d) "Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja al perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios"; y también del art. 11 de la misma ley que regula que el juzgamiento de esas infracciones está a cargo de la justicia de faltas.
Asimismo, destacó que esta Corte ya se había expedido respecto de la competencia para juzgar en situaciones idénticas a la de autos (citando los antecedentes B. 74.828 y B. 74.829); y la diferente solución que puede brindar la justicia al conflicto denunciado, en comparación al abordaje que puede hacer del mismo la justicia de faltas municipal, quien "en conjunto con otras Secretarías y Direcciones municipales (como la Dcción de Bromatología, por ejemplo) cuenta con amplia facultades, no sólo de sanción, sino también de prevención y cese en la conducta antijurídica. Como son: la puesta en cuarentena del perro, la observación de enfermedades y controles de vacunación antirrábica, la inspección del predio, su cerramiento y contención, el secuestro preventivo del perro en situación de calle o hasta tanto de adecuen las instalaciones que lo contengan, etc..." (resol. de 9-XI-2021).
III. Por su parte, el titular del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de General Paz, sosteniendo que el caso se enmarcaba en lo establecido en el art. 46 del decreto ley 8.031/73, también se declaró incompetente y devolvió las actuaciones al órgano que previno para que reconsiderase su postura (v. resol. de 10-V-2022 adjuntada digitalmente el 3-VI-2022).
Luego de intervenir nuevamente la jueza del Juzgado de Paz Letrado, los autos fueron remitidos a esta Suprema Corte (v. proveído de 9-VI-2022).
IV. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al conflicto promovido por la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz y atribuir la competencia al Juzgado de Faltas de dicha localidad (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.). Consideró que el caso resultaba similar a los decididos por esta Corte en las causas B. 73.933, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sentencia de 13-IV-2016; B. 74.828 y B. 74.829, ya citadas.
V. Siendo así y teniendo en cuenta que la cuestión planteada es de aquellas en las que este Tribunal está llamado a resolver en virtud de lo establecido en el art. 196 de la Constitución de la Provincia ya que, como se ha resuelto, la competencia que le confiere ese artículo comprende los denominados conflictos externos municipales (v. por todas, causa B. 71.930, "Juzgado de Faltas de General Pinto", sent. de 22-VIII-2012), debe determinarse a cuál de esos órganos corresponde la atribución de juzgar los hechos denunciados en autos.
VI. Tal como sostuve en la causa B. 73.933, ya citada, la ley 14.107 establece la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales (art. 1), determinando qué animales deben considerarse comprendidos en esa norma (art. 2 y Anexo I), creando un Registro de Propietarios de Perros de la Provincia de Buenos Aires (art. 3), y mencionando que cualquier incidente producido por un perro potencialmente peligroso a lo largo de la vida, que sea conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se debe hacer constar en su hoja registral.
En cuanto al juzgamiento de las infracciones dispone que estará a cargo de la justicia de faltas y el procedimiento se regirá por lo establecido en el Código de Faltas municipal, decreto ley 8.751/77 (art. 11).
En consecuencia, no obstante lo establecido en el art. 47 inc. "a" del decreto ley 8.031/73, debe reconocerse la especificidad de la ley 14.107, dictada con posterioridad al Código de Faltas provincial, y las previsiones que la mencionada norma especial determina para supuestos como los denunciados en este caso, todo lo cual me inclina a considerar que si el legislador provincial teniendo en miras "resolver la problemática resultante del creciente número de accidentes causados por ciertas razas caninas" (v. los fundamentos de la ley 14.107), ha regulado en forma específica la cuestión, atribuyendo la competencia para su juzgamiento a los órganos del decreto ley 8.751/77, son estos los que resultan competentes.
VII. Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar al conflicto de competencia promovido por la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz, y atribuir la competencia al Juzgado de Faltas municipal de dicha localidad. Líbrese oficio por Secretaría al Juzgado de Paz Letrado de esa localidad a los fines de que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Sin costas, en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría, se hace lugar al conflicto promovido por la titular del Juzgado de Paz Letrado de General Paz y se atribuye al Juzgado de Faltas de esa localidad la competencia para entender en la denuncia que originó el presente conflicto (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Sin costas, en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
Regístrese y líbrese oficio electrónico por Secretaría al Juzgado de Paz Letrado de General Paz a los fines de que tome conocimiento de lo aquí resuelto, debiendo notificar el mencionado órgano la sentencia dictada al Juzgado de Faltas de dicha localidad.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 15:12:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:33:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:13:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 19:59:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2024 13:15:46 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2024 13:56:21 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/04/2024 13:58:00 hs. bajo el número RS-24-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia