Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79401
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al conflicto de poderes promovido por el titular del Juzgado de Paz Letrado de Lezama y atribuirle al Juzgado de Faltas de esa localidad la competencia para entender en la denuncia que originó el presente conflicto (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Sin costas, en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68, segundo párr., CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 79.401, "Juzgado de Paz Letrado de Lezama c/ Juzgado de Faltas de Lezama s/ conflicto de poderes art. 196 Constitución provincial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Budiño .
El titular del Juzgado de Paz Letrado de Lezama se declaró incompetente en los presentes autos, iniciados por una denuncia de la señora Nelly Silvana Lorena Ardú en la que da cuenta de que dos perros ingresaron a su propiedad y atacaron a dos vacas que se encontraban en un potrero. El magistrado interviniente, considerando simplemente que se trataba de hechos que "trascienden los tipos contravencionales expresamente contemplados en el decreto ley 8.031/73", remitió las actuaciones al Juzgado de Faltas municipal de esa localidad (v. resol. de 11-IV-2023).
Por su parte, el titular de ese organismo, sosteniendo que el caso se enmarcaba en lo establecido en los arts. 46, 62 y 95 del decreto ley 8.031/73, también se declaró incompetente y devolvió las actuaciones al órgano que previno para que reconsiderase su postura (v. resol. de 14-VII-2023 adjuntada digitalmente el 19-IX-2023).
Luego de intervenir nuevamente el Juzgado de Paz Letrado, los autos fueron remitidos a esta Suprema Corte (v. pase de 3-V-2024).
Al evacuar la vista conferida, el señor Procurador General aconsejó hacer lugar al conflicto promovido por el titular del Juzgado de Paz Letrado de Lezama y atribuir la competencia al Juzgado de Faltas de dicha localidad (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Efectuada la reseña de los antecedentes y agregado el dictamen del señor Procurador General, se aprecia que la cuestión planteada entre los titulares del Juzgado de Faltas municipal de Lezama y del Juzgado de Paz Letrado de dicho partido es de aquellas que este Tribunal está llamado a decidir en virtud de lo establecido en el art. 196 de la Constitución de la Provincia ya que, como se ha resuelto, la competencia que le confiere ese artículo comprende los denominados conflictos externos municipales (v. por todas, causa B. 71.930, "Juzgado de Faltas de General Pinto", sent. de 22-VIII-2012).
Siendo ello así, corresponde determinar a qué órgano corresponde la atribución de juzgar los hechos denunciados en autos.
II. Del acta de procedimiento que se encuentra agregada al expediente como archivo adjunto al proveído de fecha 4 de abril de 2023, surge que el día 24 de febrero de 2023 la señora Nelly Silvana Lorena Ardú constató que dos perros pertenecientes a un vecino -uno de raza Pitbull y otro Rottweiler- habían ingresado a un potrero de su propiedad e hirieron a dos vacas que se encontraban allí.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires recibió la denuncia y dio trámite a la Investigación Penal Preparatoria n° PP-03-01-000610-23/00, caratulada "Ardú, Nelly Silvana Lorena s/ averiguación de ilícito", la cual fue remitida por orden del señor agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada n° 10 de Chascomús al Juzgado de Paz Letrado de Lezama.
Sin embargo, su titular consideró que los hechos denunciados trascendían los tipos contravencionales expresamente contemplados por el decreto ley 8.031/73 y que podían, sin embargo, "encontrarse contemplados en los tipos previstos en el Código Municipal de Faltas", correspondiendo su trámite al ámbito municipal (v. resol. de 11-IV-2023).
Por su parte, el titular del Juzgado de Faltas municipal se negó a intervenir en el asunto, con el fundamento en que el hecho se encuadraba en lo previsto por los arts. 46, 62 y 95 del mencionado decreto ley 8.031/73, que fija la competencia en cabeza de los jueces correccionales o de paz letrados (conf. art. 61, ley 5.827; en conc. art. 106, dec. ley 8.031/73).
III.1. Conforme tuve oportunidad de explicar en la causa B. 78.093, "Juzgado de Paz Letrado de General Paz", fallada el día 8 de abril del corriente, la ley 14.107 (B.O. de 5-I-2010) -no invocada en la disputa, pero indefectiblemente atingente para resolverla dada la razón por la cual se origina- establece la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales (art. 1). Determina cuáles deben considerarse comprendidos en esa norma (art. 2 y Anexo I) y crea un Registro de Propietarios de Perros de la Provincia de Buenos Aires (art. 3).
El régimen prevé en su art. 8 los siguientes deberes en cabeza de sus tenedores, a saber:
"a) Solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla seis (6) meses de vida;
b) Identificar al perro mediante la colocación de un chip o de un tatuaje;
c) Para la presencia y circulación en espacios públicos, utilizar correa o cadena de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza [...];
d) Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se aloja al perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios;
e) En el inmueble que pertenezca a más de un propietario, se prohíbe dejar al perro en lugares comunes;
f) Queda prohibido el abandono de los perros alcanzados por esta Ley;
g) Comunicar al Registro la cesión, robo, muerte o pérdida del perro, haciéndose constar tal circunstancia en su correspondiente hoja registral, sin perjuicio de que si el perro pasase a manos de un nuevo propietario, éste deberá renovar la inscripción en el Registro".
La infracción a cualquiera de estas obligaciones se sanciona con multa de entre quinientos a dos mil pesos ($500 a $2.000), máximo que se duplicará en caso de reincidencia, previéndose además la posibilidad de secuestrar al perro peligroso (art. 10). Estos procedimientos estarán a cargo de los juzgados de faltas municipales, por aplicación de las normas del decreto ley 8.751/77 (art. 11).
III.2. Por su parte, el Código de Faltas provincial (dec. ley 8.031/73) establece en su art. 46 la siguiente contravención:
"Será reprimido con multa entre el veinte (20) y el sesenta (60) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien tenga animal peligroso o salvaje. La pena se duplicará si el animal atacara o hiriera a alguna persona".
IV.1. De la transcripción de las normas relevantes surge que el eventual ámbito aplicativo de la ley 14.107, a modo de lex posterior y lex specialis , desplaza el primer tipo infraccional contemplado en el art. 46 del Código de Faltas provincial (i.e., "quien tenga animal peligroso o salvaje").
En este sentido, es dable afirmar que la profusa regulación que trae la nueva ley respecto a los deberes de cuidado de los perros reputados peligrosos y que con carácter meramente enunciativo lista sus razas en el Anexo I (art. 15), prima por sobre la antigua legislación genérica en función de aquellos admitidos principios de interpretación estatutaria.
A todo esto, cabe tener presente lo dispuesto en el art. 2 del decreto ley 8.031/73, cuando lee que "Si la misma materia fuera prevista por este Código y por una ley provincial, ordenanza o reglamento de carácter general, se aplicará el primero salvo expresa disposición en contrario". Lo último bien puede entenderse así respecto de la ley 14.107 en el tramo que hace a la tenencia de la clase de animales que aquí interesa, en tanto dicho plexo ha venido a ocupar todo el campo de la regulación en la materia específica, algo que se corrobora con tan solo leer su extensa explicación de motivos.
IV.2. Noté también que lo mismo no puede predicarse en lo que respecta a los ataques a personas que pudieran ocasionar tales perros, pues lo cierto es que la ley 14.107 no avanza en esa dirección, limitándose a sancionar hechos ligados con la registración, circulación, seguridad del inmueble donde habita el animal y su abandono. Aquello es algo que sigue legislando, expresamente, el art. 46 del Código de Faltas (i.e., "La pena se duplicará si el animal atacara o hiriera a alguna persona").
IV.3. Como fuere, se insiste en que acá no ha habido agresión contra personas humanas, sino contra otros animales de distinta especie.
Lo cual es revelador de que los hechos y presuntas inconductas subsumen dentro del catálogo de infracciones a las que refiere el art. 8 de la ley 14.107. Norma que, vale remarcar, extiende su ámbito de protección con ese mayor alcance (conf. art. 1, ley cit., al referirse a la "seguridad de [...] otros animales").
V. Por lo tanto, dado que la denuncia radicada en comisaría da cuenta de una invasión de propiedad seguida del ataque a dos animales causada por perros a los que por su comportamiento o raza listada cabe presumir en esta instancia de peligrosos, corresponde hacer lugar a la cuestión de competencia elevada por el Juzgado de Paz Letrado de Lezama y remitir las actuaciones al Juzgado de Faltas de dicha localidad, para su prosecución en los términos de la ley 14.107 (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov. y 11, ley cit.).
Líbrese oficio por Secretaría al Juzgado de Paz Letrado de Lezama, a los fines de que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En la sustancialmente análoga causa B. 78.093, "Juzgado de Paz Letrado de General Paz", sentencia de 8-IV-2024, adherí al voto de mi distinguida colega, la doctora Kogan, quien, con cita de doctrina de esta Corte, sostuvo que, sin perjuicio de lo establecido en el art. 47 inc. "a" del decreto ley 8.031/73, la especificidad de la ley 14.107, dictada con posterioridad al Código de Faltas provincial, conduce a considerar que en supuestos como los denunciados en autos, el legislador provincial, teniendo en miras "resolver la problemática resultante del creciente número de accidentes causados por ciertas razas caninas" (conf. fundamentos de la ley 14.107), ha regulado en forma especial la cuestión, atribuyendo la competencia para su juzgamiento a los órganos del decreto ley 8.751/77 (conf. causas B. 73.933, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sent. de 13-IV-2016; B. 74.828, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sent. de 20-XII-2017; B. 74.829, "Juzgado de Faltas de Exaltación de la Cruz", sent. de 21-II-2018; B. 78.093, cit.; B. 78.089, "Juzgado de Paz Letrado de General Paz", sent. de 10-IV-2024; e.o).
Sobre la base de los fundamentos que emanan de los precedentes citados, comparto la solución propiciada en la especie por el doctor Soria, en cuanto sostiene que corresponde hacer lugar a la cuestión de competencia elevada por el Juzgado de Paz Letrado de Lezama y remitir las actuaciones al Juzgado de Faltas de dicha localidad, para su prosecución en los términos de la ley 14.107 (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov. y 11, ley cit.).
Líbrese oficio por Secretaría al Juzgado de Paz Letrado de Lezama, a los fines de que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
En virtud de los señalamientos coincidentes dados por los señores Jueces preopinantes, soy de la opinión que corresponde hacer lugar a la cuestión de competencia traída por el Juzgado de Paz Letrado de Lezama, remitiendo los actuados al Juzgado de Faltas de dicha localidad, para su prosecución en los términos de la ley 14.107 (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov. y 11, ley cit.).
Así lo voto.
Sin costas, en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68, segundo párr., CPCC).
Con lo que se terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al conflicto de poderes promovido por el titular del Juzgado de Paz Letrado de Lezama y atribuirle al Juzgado de Faltas de esa localidad la competencia para entender en la denuncia que originó el presente conflicto (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Sin costas, en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68, segundo párr., CPCC).
Regístrese y líbrese oficio electrónico por Secretaría al Juzgado de Paz Letrado de Lezama a los fines de que tome conocimiento de lo aquí resuelto, debiendo notificar el mencionado órgano la sentencia dictada al Juzgado de Faltas de dicha localidad.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2024 13:08:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:24:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 13:28:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 11:39:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 12:14:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2024 12:17:40 hs. bajo el número RS-87-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia