Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75076
B.75.076 "TRIBUNAL ORAL CRIMINAL N° 2 DE LOMAS DE ZAMORA C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/CONFLICTO DE PODERES EN AUTOS "HABEAS CORPUS CORRECTIVO EN FAVOR DE LOS DETENIDOS ALOJADOS EN LA SECCIONAL ALTE. BROWN QUINTA RAFAEL CALZADA". --CONFL. ART. 161 INC. 2, CONST. PROV.--"
La Plata, 20 de diciembre de 2017.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, dijeron:
I. 1. El Vicepresidente del Tribunal Oral Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora elevó a esta Suprema Corte copias certificadas de la causa de habeas corpus promovida por la Defensora Oficial titular de la Unidad de Defensa Penal N° 34, en cuyo marco denuncia la existencia de un conflicto de poderes (art. 161 inc. 2°, Const. prov.). Ello, a propósito del incumplimiento de las medidas adoptadas tendientes a la clausura de los calabozos ubicados en la Comisaría 5ta.. de Almirante Brown y el traslado de sus detenidos a establecimientos carcelarios o alcaidías.
A fs. 96/97 el Tribunal interviniente dictó sentencia, ordenando mantener la prohibición de Alojamiento de detenidos en la Seccional 5ta. de Almirante Brown, a pesar de que de acuerdo a los informes que requiriera ya no había detenidos en esa comisaría. Para fundar la decisión, recordó que la medida había sido dispuesta en una sentencia anterior, del 23 de diciembre de 2013. A fs. 16/17 se encuentra agregada una copia de ese fallo, en el que se da cuenta de una serie de deficiencias (celdas que carecen de baños, pésimo estado de los que están en funcionamiento, falta de camas, colchones en mal estado de conservación, etc.) que llevaron al Tribunal a considerar como indignas las condiciones de detención de las personas allí alojadas, ordenando hacer cesar la situación mediante el inmediato traslado de los detenidos hacia unidades carcelarias y la clausura de la totalidad de los calabozos.
2. Así las cosas, el 8 de noviembre del corriente, uno de sus jueces, en el marco de las visitas institucionales le comunicó al Presidente del Tribunal en lo Criminal N° 2, que en la Seccional 5ta.. de Alñmirante Brown se encontraban alojadas 26 personas, por lo que la clausura de los calabozos y la prohibición de albergar detenidos en esa dependencia no se estaba cumpliendo (fs. 127).
Ante ello, el Presidente del Tribunal, el 9 de noviembre del corriente, cursó oficios: a) al Jefe del Servicio Penitenciario Provincial ordenándole que arbitre los medios necesarios par a otorgar cupos, en un plazo de 24 horas, a la totalidad de las personas que se encontraban alojadas en la Seccional 5ta.. de Almirante Brown, teniendo en cuenta la clausura dispuesta en la sentencia antes referenciada y b) al titular de la Seccional 5ta.. de Almirante Brown y al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que den estricto cumplimiento a la orden de clausura y desalojen a los detenidos allí albergados en un plazo de 24 horas, derivándolos al Servicio Penitenciario, haciéndoles saber que para ello deberán gestionar los cupos necesarios. En ningún caso se formuló apercibimiento para el caso de incumplimiento (fs. 132, 133 y 134).
El titular de la Comisaría 5ta.. respondió, el mismo día, que había puesto en conocimiento de sus superiores la situación planteada y que le habían informado que se encontraban a la espera de la pronta habilitación de la mini-alcaidía de Adrogué (fs. 136). Lo propio hizo un funcionario del Ministerio de Seguridad -comisario del Centro de Operaciones Policiales- que, en lo que interesa, informó de la existencia de plazas para alojamiento en dependencias de Junín y Mar del Plata y que se habían iniciado gestiones tendientes al traslado de los detenidos, sugiriéndole al magistrado que se comunique con autoridades del Servicio Penitenciario por ser la autoridad, según su parecer, exclusiva y excluyente en cuanto respecta al otorgamiento de cupos (fs. 139/140).
Luego de estas respuestas, aparece en el expediente remitido en fotocopias un proveído que ordena librar un oficio a la Seccional 7ma. de Lanús, para que informe acerca de la totalidad de detenidos en esa dependencia (fs. 141).
3. A fs. 143, el magistrado a cargo de la Presidencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora, el 27 de noviembre del corriente, "Atento lo actuado a la fecha y lo informado en fs. precedente, habiéndose incumplido lo dispuesto por el Tribunal, se resuelve extraer fotocopias íntegras del presente, las que debidamente certificadas, serán elevadas a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en virtud del conflicto de poderes suscitado".
II. 1. Es preciso recordar que el conflicto previsto en el art. 161 inc. 2° de la Constitución provincial tiene lugar cuando uno de los poderes del Estado denuncia la injerencia, el avasallamiento o desconocimiento de sus competencias por parte de otro (doctr. causas B. 53.062 "Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de San Nicolás", res. del 14-III-2001; B. 62.269 "Fiscal de Estado", res. del 14-III-2001 y B. 67.954 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 25-II-2004, entre otras).
De lo actuado por los magistrados intervinientes en el ejercicio de la función jurisdiccional que les cupo en la causa de habeas corpus en la que se denuncia la existencia de un conflicto de poderes, no se desprende la configuración de la situación aprehendida por la invocada norma constitucional. En rigor, la existencia de una efectiva contienda entre dos poderes públicos provinciales que mande a este cuerpo a interceder como tribunal de conflictos presupone el agotamiento y la probada ineficacia de las atribuciones que a cada uno se les ha conferido para conservar e imponer sus decisiones, sorteando así sus desavenencias. La prioridad que cabe asignarle a estos canales institucionales marca, en consecuencia, el carácter excepcional de la intervención de la Corte en esta clase de asuntos (doctr. causa B. 71.987 “Juzgado de Ejecución Penal Nº2 de La Plata”, sent. del 15-V-2013).
El examen de la causa no revela aún la existencia de un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, desde que restan por agotar varios de los resortes inherentes a la función estatal que la Constitución le confía al primero, de modo preeminente.
Como se ha sostenido en casos análogos, los jueces cuentan con la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones (arts. 163, Const. prov.) y la posibilidad de imponer a los funcionarios renuentes sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a la plena observancia de sus mandatos (arg. art. 37, CPCC). Además les atañe denunciar penalmente a quienes incumplan tales determinaciones jurisdiccionales, una vez que se encontraren firmes o se hubiere configurado alguna situación de aquellas cuyo acatamiento la ley autoriza a instar antes de encontrarse en ese estado (art. 287 inc. 1º, CPP; doctr. causa B. 68.935 “Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”, sent. del 9-V-2007).
Así las cosas, es plausible concluir que antes de tener por configurado un conflicto de poderes en los términos del art. 161 inc. 2º del texto fundamental, el órgano judicial debió procurar el cumplimiento de la medida mediante los instrumentos indicados más arriba.
Por tal motivo, cabe desestimar la denuncia elevada ante esta Corte por el doctor Jorge Walter López (arts. 161 inc. 2º, Const. prov. y 689 y 690, CPCC; doctr. causa B. 71.987, cit.).
4. Con todo, los serios hechos constatados ya en el año 2013, dejan en evidencia un incumplimiento por parte del Estado respecto a su obligación de garantizar la integridad y respetar la dignidad de esas personas, lo que eventualmente podría comprometer su responsabilidad internacional (arts. 1 inc. 1º, 2 y 5 incs. 1º, 2° y 6°, CADH; 1 y 25, DADDH; 18, Const. Nac.; 30, Const. prov.; CSJN Fallos: 328:1146).
Cuadra ponderar que el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en ejercicio de su jurisdicción, se halla en condiciones de adoptar las medidas que correspondan –las ya dispuestas u otras– a efectos de hacer efectiva la sentencia que oportunamente dictara en relación a las condiciones de detención de las personas alojadas en las instalaciones de la Comisaría 5ta.. de Almirante Brown. A tales efectos, ofíciese por Secretaría.
III. 1. A mayor abundamiento, no está de más destacar que la problemática de las unidades de alojamiento de detenidos, muy particularmente, la de las diversas dependencias policiales, ha merecido la recurrente atención de esta Suprema Corte de Justicia.
Por referir los antecedentes más próximos, vale puntualizar que en la resolución 2840/15 del 2 de diciembre de 2015 (expte. SDH 167/12) se reconoció que el mandato orientado a asegurar las condiciones dignas de detención de las personas privadas de la libertad refiere a un vastísimo universo de situaciones en continua fluctuación, sin dejar de reparar en lo crónico y complejo de un asunto grave que trasciende a los órganos del sistema judicial, en tanto comprende actividades privativas de los restantes poderes públicos (doctr. causa P. 83.909, res. del 19-XII-2007). No obstante, se puso de manifiesto que aun cuando no concierne a los jueces discernir el diseño y aplicación de los pormenores de la política carcelaria, para no exorbitar la esfera de su jurisdicción, deben velar por el no agravamiento de las condiciones de detención de procesados y condenados.
A partir de los informes que se tuvieron a la vista en dicha oportunidad, a la luz de las visitas institucionales realizadas por los funcionarios del fuero penal en cumplimiento de las reglamentaciones dictadas por este Tribunal en vía gubernativa, y en lo que atañe al alojamiento en seccionales policiales, se resaltó que la cantidad de sujetos allí alojados se había duplicado entre diciembre de 2012 (931 personas) y diciembre de 2014 (2170), con situaciones de extrema gravedad para la dignidad humana.
Como consecuencia de tales observaciones, este cuerpo en aquel momento resolvió, en síntesis: (i) requerir al Poder Ejecutivo la pronta subsanación de los problemas señalados; (ii) recordar a los magistrados que se halla vigente la prohibición de permanencia de jóvenes y enfermos en el ámbito de las comisarías, como así también, la detención de las demás personas dentro de ellas; (iii) proponer y propiciar la conformación de mesas de trabajo en los departamentos judiciales más críticos; (iv) solicitar al Ministerio de Justicia un informe respecto de los avances relacionados con la temática de la salud penitenciaria y (v) concertar una audiencia con las autoridades involucradas a fin de que cada una, en el marco de sus competencias, ponga en conocimiento de este cuerpo las políticas, acciones y recursos destinados a la superación de las apuntadas contingencias.
2. Con fecha 18 de abril de 2016 el Presidente en ejercicio del Tribunal dictó la resolución 111/16, requiriendo la información indicada supra iv) sin perjuicio de lo que resultaba de la sanción de la ley 14.806 en la cual se declaró, por el término de doce meses, la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria, comprensiva de un plan de obras que contemplare la creación y reparación de unidades carcelarias.
3. Luego se reiteró la solicitud de los datos pertinentes, a través de las resoluciones 287/16 del 27 de septiembre de 2016 y 347/16 del 18 de noviembre de 2016. Tras lo cual, vista la situación planteada, esta Corte dictó la resolución 181/17 del 8 de marzo del corriente, a través de la que requirió un informe circunstanciado. En la audiencia llevada a cabo el día 16 de marzo próximo pasado, los titulares de los ministerios de Justicia y de Seguridad, acompañados por el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, informaron las acciones desplegadas, en un contexto signado por la gravedad de la problemática en cuestión; el Ministro de Justicia hizo mención a la elaboración de un plan integral sobre la materia, en tanto que el funcionario a cargo de la cartera de Seguridad se refirió al cronograma de reparaciones de dependencias policiales donde se encuentran alojadas personas privadas de su libertad.
4. La denuncia que aquí motiva la intervención de esta Corte, si bien debe ser desestimada por razones concernientes a la no configuración de los requisitos del conflicto de poderes (art. 161 inc. 2º, Const. prov.), deja al desnudo la persistencia de acuciantes falencias.
Cabe agregar que, en el transcurso del corriente año, idéntica intervención le cupo a esta Corte ante situaciones de conflicto denunciadas por magistrados del fuero penal (causas B 74.729, B 74.749 y 74.750, todas del 21-VI-2017).
Atento a ello, sin perjuicio de las medidas que, para llevar adelante el efectivo cumplimiento de su sentencia, decida el juez que entiende en ese asunto (v. considerando II.3), motivos de elemental prudencia institucional tornan pertinente hacer saber al Poder Ejecutivo la situación puesta en evidencia en autos, a fin de que, en el marco de las disponibilidades presupuestarias y de los programas vigentes para la Administración, arbitre lo necesario para remediar con la mayor brevedad la situación edilicia de la mencionada seccional policial, descripta por el magistrado interviniente en el caso.
A tal fin, líbrese por Secretaría oficio con copia de la resolución que aquí se dicta a la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, al señor Ministro de Justicia y al señor Ministro de Seguridad, para que tomen conocimiento de lo resuelto y adopten las medidas pertinentes dentro de la esfera de sus respectivas competencias.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde: a) rechazar la denuncia de conflicto de poderes formulada por el juez Jorge Walter López (arts. 161 inc. 2º, Const. Prov. y 689 y 690, CPCC); b) hacer saber al Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que, en ejercicio de su jurisdicción, se halla en condiciones de adoptar las medidas que correspondan a efectos de hacer efectiva la sentencia que oportunamente dictara en relación a las condiciones de detención de las personas alojadas en las instalaciones de la Comisaría 3ra. de Almirante Brown (art. 163, Const. Prov.); c) hacer saber al Poder Ejecutivo la situación puesta en evidencia en autos a fin de que, en el marco de las disponibilidades presupuestarias y de los programas vigentes para la Administración, arbitre lo necesario para remediar con la mayor brevedad la situación edilicia de la mencionada seccional policial, descripta por el magistrado interviniente en el caso, librándose por Secretaría oficio con copia de la presente resolución a la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, al señor Ministro de Justicia y al señor Ministro de Seguridad.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Pettigiani, dijo:
I. Coincido con lo señalado por los ministros preopinantes, doctora Kogan y doctor Soria, en punto que en el presente, y al menos hasta el momento, no se ha configurado una situación de conflicto de poderes aprehendida por los arts. 161 inc. 2° de la Constitución provincial y 689 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, cuya resolución corresponda originariamente a esta Suprema Corte de Justicia.
II. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude el citado art. 161 inc. 2° de la Carta local tiene lugar cuando uno de los poderes del Estado denuncia la injerencia, el avasallamiento o el desconocimiento de sus competencias por parte de otro (cfr. causas B. 60.622 "Rossi", sent. del 3-XI-1999; B. 67.954 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 25-II-2004; B. 68.935 Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores", sent. del 9-V-2007; B. 69.260 "Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás", res. del 20-II-2008; B. 71.987 "Juzgado de Ejecución Penal n° 2 de La Plata", sent. del 15-V-2013, entre otras).
Así, para su configuración, se requiere la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, circunstancias que se verifican cuando alguno de ellos aduce que el otro ha invadido o intenta invadir su esfera de competencias (cfr. causas B. 71.532 "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132 "Fiscal de Estado", res. del 19-IX-2012; B. 72.190 "Tribunal de Casación Penal", res. del 10-X-2012; B. 72.721 "Municipalidad de San Fernando", res. del 21-VIII-2013; B. 73.060, "Municipalidad de Pilar", res. del 19-III-2014; B. 74.083 "Municipalidad de San Nicolás", res. del 27-IV-2016, entre otras).
En la especie, el magistrado a cargo de la Presidencia del Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora denunció la existencia de un conflicto de poderes y elevó a esta Suprema Corte copias certificadas de la causa de habeas corpus colectivo promovida por una defensora oficial (HC-3140-*2), vinculado a las condiciones de detención de los alojados en la Comisaría 5ta. de Almirante Brown. En cuyo marco se resolvió favorablemente la acción deducida, se ordenó mantener la clausura de los calabozos dispuesta en otro proceso en el año 2013 y el traslado de los ya alojados a cárceles o alcaidías.
En ese contexto, de acuerdo al modo en que se sucedieron los acontecimientos relevantes del proceso, y considerando las atribuciones con que cuenta el denunciante para el efectivo cumplimiento de sus cometidos (ambas cuestiones reseñadas detalladamente en el voto de los colegas preopinantes), no se aprecia la configuración de una situación de disputa o intromisión institucional como la contemplada en el texto de la Constitución de la Provincia, representativa de una transgresión al esquema de prerrogativas y competencias del referido órgano judicial que conlleve su desconocimiento o la estricta imposibilidad de su ejercicio. Y ello a partir de la conducta asumida por la autoridad administrativa.
III. No obsta la conclusión antedicha lo decidido por este Tribunal en los precedentes B. 68.599 "Tribunal de Menores n°1 de Trenque Lauquen", sent. del 22-X-2008 y B. 68.954 "Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata", sent. del 18-II-2009, en tanto las particulares circunstancias constitutivas de aquellos casos difieren de las verificados en el presente y obstan, por tanto, la asimilación de las soluciones propuestas para su resolución.
En efecto, en el primero de los precedentes citados (B. 68.599), en el que se encontraba en juego la especial tutela constitucional reservada a los menores de edad, el voto mayoritario ponderó, de un lado, que las sucesivas omisiones por parte del órgano estatal (en orden a la provisión de recursos idóneos tendientes a resguardar la integridad física y espiritual de los menores involucrados), los colocaron en un estado de indefensión y desamparo contrario a las garantías constitucionales a ellos reconocidos. Y, del otro, la falta de presentación oportuna de aquellos ante los estrados del Tribunal de Menores denunciante, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados desde dicho fuero.
Por su parte, en el caso restante (B. 68.954), que involucraba la imperiosa protección del derecho a la salud de una persona afectada por cierto grado de discapacidad intelectual, se tuvieron en cuenta los reiterados incumplimientos de la autoridad administrativa a los múltiples requerimientos efectuados por los tribunales intervinientes para el traslado e internación de aquel individuo en un establecimiento médico asistencial no carcelario. Demora que, por cierto, agravó la muy delicada situación que padecía.
En definitiva, el caso sub examine se estructura sobre bases diversas a las consideradas por el Tribunal en los precedentes brevemente reseñados, y dan sustento, por ende, a una conclusión diferente. Sin perjuicio de las comunicaciones propiciadas en el voto qu
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