Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la denuncia de conflicto formulada a fs. 103/108 vta. por la jueza subrogante del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Necochea (arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 689, CPCC).
B.75.845 "JUZGADO DE RESPONSABILIDAD JUVENIL N° 1 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA C/PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD JUVENIL-ORGANISMO PROVINCIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) S/CONFLICTO DE PODERES ART. 161 INC. 2 CP)"
La Plata, 03 de julio de 2019.
I. Quien subroga el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Necochea denunció ante esta Suprema Corte un conflicto de poderes con la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de la causa N°188/2010-1 caratulada “N., A. G. s/ legajo de ejecución de pena” (cfr. arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 689, CPCC).
Explica esta jueza que el 28 de diciembre de 2011 se dictó sentencia en los términos del art. 4 de la ley 22.278 condenando a A. G. N. a la pena de catorce años de prisión por múltiples cargos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de varias víctimas, a vencer el día 9 de septiembre de 2022 al mediodía. Destaca que, en la actualidad, esta persona cuenta con 27 años de edad.
Comenta que en ese pronunciamiento se ordenó que el cumplimiento de la pena se llevase a cabo en las instituciones pertenecientes a la entonces Subsecretaría de Minoridad provincial que resultaren más adecuadas para el joven (v. sentencia a fs. 37 vta.). Señala que A. G. N. permaneció alojado en instituciones del fuero penal juvenil más allá de la mayoría de edad, lo que derivó en que a falta de otra alternativa sea incluido en el Programa Especial para Jóvenes Adultos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Atento a ello, destaca que el juzgado transitoriamente a su cargo dispuso la intervención conjunta y coordinada de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la autoridad de aplicación específica del sistema de responsabilidad penal juvenil: la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. No obstante, en tanto que el aludido programa de ordinario se encuentra destinado a jóvenes de entre 18 y 21 años que deben cumplir una condena privativa de la libertad, aclara que A. G. N. fue desvinculado de aquél luego de concedérsele una extensión hasta los 25 años.
Refiere que hallándose alojado en la Unidad Penal N°54 de Florencio Varela se inscribió en la carrera de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), llegando a completar las materias de segundo año. Sin embargo, deja sentado que a partir de allí no pudo proseguir con sus estudios, dado que la Unidad Penal N°45 de Melchor Romero a la que fue transferido no contaba con pabellón universitario como sí había en la Unidad Penal N°9 de La Plata, de la cual fue removido tras la sospecha de que había realizado amenazas telefónicas a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.
Ante esa situación, apunta que el 21 de octubre de 2016 la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal departamental decretó el traslado de A. G. N. a algún establecimiento carcelario que contase con pabellón universitario (v. fs. 46/49). En cumplimiento de esa manda, dice que se autorizó su traslado hacia las unidades penales N°28 o 35 de Magdalena en tanto surgía que ambas poseían convenio con la UNLP, lo que a la postre la defensa del condenado denunció que no era así. Frente a ello, hallándose desde el 18 de enero en la N°35, el Juzgado intimó reiteradamente a las autoridades ministeriales a que cumplan con la orden de reubicación a una institución apta para satisfacer sus planes de estudio.
Las exhortaciones se reiteraron el 8 de marzo de 2017, esta vez con apercibimiento de aplicarle astreintes de $1000 por día de retardo a los titulares de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y de la Dirección de Política Criminal y Relaciones con la Justicia del Ministerio de Justicia, si en el plazo de 24 horas no trasladaban a A. G. N. a un complejo penitenciario adecuado para que continúe avanzando con la carrera de periodismo en la que se había inscripto.
Respecto a lo anterior, pone de relieve que la única respuesta obtenida provino del primero de los funcionarios, quien hizo saber acerca de la “imposibilidad fáctica” que poseía para cumplir con la orden, en virtud de que lo requerido “excedía largamente las funciones y competencias” que el decreto 4/16, anexo II, punto 3, le confiaban como Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil. Maguer de ello, mencionó que libró oficio al Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia para que tome intervención en los términos de su competencia (fs. 58).
No conforme con esto último, en las resoluciones del 5, 17 y 28 de abril de 2018 la jueza denunciante insistió con la postura de que sea ese subsecretario en particular quien dé cumplimiento con la manda judicial, en la inteligencia de que la normativa citada le confería el deber de coordinar con las autoridades judiciales y el SPB las medidas de protección de derechos de las personas que ingresaron al sistema penal siendo adolescentes (v. fs. 62/64, 65/66 y 68/70). Ínterin, autorizó de modo individual y general salidas transitorias a fin de que A. G. N. pudiera rendir exámenes.
Ratificada por la alzada su competencia para continuar conociendo en el asunto ante la contienda negativa que se suscitó con el Juzgado de Ejecución N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (fs. 93/94 vta.) y tras denegar el pedido de libertad condicional solicitado por el defensor de A. G. N., aprovechó para volver a intimar al Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil a que cumpla con lo que venía siendo ordenado. En lo que acá interesa, le reclamó “…la valoración de las medidas que se podrían adoptar a los fines de la continuidad de los estudios, atento a que desde el Servicio Penitenciario se informa que lo mismo resultaría viable y pese a ello no se ha podido concretar por carencias de recursos” (fs. 100).
Una vez más, este funcionario –tras enumerar el cúmulo de competencias que le asignaba el decreto 62/18 reglamentario de la Ley de Ministerios- se rehusó a obedecer alegando que el órgano al que pertenecía carecía de facultades para llevar a cabo lo solicitado. Aseveró que “…todas las obligaciones impuestas por la normativa vigente a este Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, están dirigidas a los niños, niñas y adolescentes alojados en establecimientos de su jurisdicción, por lo que nuestra competencia, en el presente caso, cesó el día que N. fue trasladado a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense” (fs. 102 y vta.).
En este estado, la magistrada entendió que la inactividad de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil se traducía en el “…incumplimiento liso y llano del deber de custodia que le cabe al organismo técnico administrativo” respecto de las leyes e instrumentos internacionales que consideró aplicables, desconociendo a su vez el ejercicio de la función jurisdiccional. Así las cosas, decidió plantear el conflicto de poderes ante esta Suprema Corte de Justicia (arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 689, CPCC).
II. Corrido el traslado de la denuncia por el presidente del Tribunal, a fs. 116/118 el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia presentó un informe.
Luego de efectuar un breve relato de los antecedentes del caso, resaltó que A. G. N. era hoy un adulto, al decir que “…egresó hace siete años, tres meses y tres días del ámbito de competencia del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia”. Dice que ignorando ese dato, más de cinco años después de su pase al SPB “…la jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Necochea solicita a esta dependencia que se garantice la continuidad de los estudios universitarios del encartado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, tal como lo venía realizando en la Unidad Penal N°9” (fs. 116 vta.).
Reeditando lo que venía aduciendo desde el principio, transcribió la parte pertinente del Anexo II del decreto 62/18 actualmente vigente, cuando incluye dentro de la esfera de competencias de la subsecretaría a su cargo: “Ejecutar y coordinar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, estableciendo la necesaria relación con el Poder Judicial, la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia y Federal, los municipios y las entidades no gubernamentales”. Sobre esa base, destaca que el organismo “…brinda todas las herramientas que se encuentren a su alcance y coordina a diario las derivaciones que se efectúan desde los dispositivos especializados de niñez a los que se encuentran en la órbita del Servicio Penitenciario…”. Sin embargo, subraya que a esta altura “…no cuenta con la competencia para tomar intervención en casos como el presente, en los que la asistencia, el tratamiento y la custodia son competencia exclusiva del Servicio Penitenciario Bonaerense, por lo que difícilmente pueda sostenerse que el personal del Organismo de la Niñez y Adolescencia deba volver a tomar intervención con una persona que se encuentra ya en etapa de adultez” (fs. 117).
Notó también que el art. 46 inc. 1 de la Ley de Ministerios N°14.989 pone en cabeza de la entidad autárquica de la cual depende la misión de “Coordinar e implementar políticas de promoción y protección de derechos de las personas desde su concepción hasta los 18 años de edad …”; a la par que el decreto 62/18 aclara que entre sus funciones está la de “Garantizar el adecuado estado y condiciones de privación de libertad de los jóvenes en conflicto con la ley penal en territorio provincial, que se encuentren alojados en establecimientos de su dependencia ”.
En suma, desliza que no se debe extrapolar sin más a la organización administrativa aquel criterio judicial de que sea el fuero de responsabilidad penal juvenil la jurisdicción que continúe conociendo durante la adultez en la ejecución de sentencia de quien al momento de delinquir era considerado un niño o adolescente para la ley.
III. El conflicto previsto en el art. 161 inc. 2 de la Constitución provincial tiene lugar cuando uno de los poderes del Estado denuncia la injerencia, el avasallamiento o desconocimiento de sus competencias por parte de otro (doctr. causas B. 53.062, "Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de San Nicolás", resol. de 14-III-2001; B. 62.269, "Fiscal de Estado", resol. de 14-III-2001 y B. 67.954, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 25-II-2004, entre otras).
La existencia de una efectiva contienda entre dos poderes públicos provinciales que mande a este cuerpo a interceder como tribunal de conflictos presupone el agotamiento y la probada ineficacia de las atribuciones que a cada uno se les ha conferido para conservar e imponer sus decisiones, sorteando así sus desavenencias. La prioridad que cabe asignarle a estos canales institucionales marca, en consecuencia, el carácter excepcional de la intervención de la Corte en esta clase de asuntos (doctr. causa B. 71.987, “Juzgado de Ejecución Penal Nº2 de La Plata”, sent. de 15-V-2013).
IV.1. Bajo tales premisas, es evidente que la situación descripta por la subrogante del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Necochea no se enmarca dentro de la definición que invariablemente este Tribunal le ha asignado al conflicto de poderes provincial recogido en la ley suprema (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
No se advierte, de momento, una palmaria decisión por parte de los funcionarios ejecutivos emplazados de desconocer el mandato judicial dirigido contra ellos. Antes bien, lo que el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil se ha ceñido a hacer es poner en conocimiento de la magistrada oficiante que, conforme a como él interpreta sus propias atribuciones a partir del texto de la ley 14.989 y el decreto 62/18, el órgano a su cargo resulta incompetente para canalizar lo atinente al traslado de A. G. N. a una unidad penal que cuente con pabellón universitario. En rigor, sostiene que tal medida debe ser instrumentada por el SPB en el marco de su competencia.
IV.2. Más allá de a quien en definitiva competa realizar la transferencia de A. G. N. a un establecimiento carcelario apto para que pueda retomar sus estudios de grado y sin obviar que en la especie las autoridades administrativas no han brindado respuestas satisfactorias a la serie de mandatos judiciales dispuestos en el expediente –aunque sin dejar de notar, también, que el detenido no habría colaborado para su permanencia en una unidad que sí contaba con esas instalaciones-, cabe concluir que en la especie no están dadas las condiciones para la intervención de esta Corte.
No surge de las actuaciones el despliegue de una actividad tendiente a agotar todos los canales institucionales disponibles para obtener el acatamiento de la manda; para el caso, la de dirigir los exhortos hacia el titular del SPB tras las manifestaciones formuladas por el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil en sentido de que era ese el órgano competente para transferir al condenado a otra unidad penal. Cuadra reparar en que la misma jueza denunciante menciona a fs. 100 que desde el SPB habrían informado que lo solicitado resultaría “viable”, de solo contarse con los recursos necesarios.
En tales condiciones, es claro que la denuncia resulta prematura en tanto aún restan por verse los efectos del reencauzamiento del pedido de traslado de A. G. N. a la autoridad que -de atenderse a la misión y funciones específicas a su cargo- no caprichosamente el subsecretario demandado ha reputado apta para cumplir con la orden judicial (cfr. arts. 1 y 2, dec. ley 9079/78). El SPB, como indica el art. 4 de su ley orgánica, “Deberá ejecutar las órdenes emanadas de los demás poderes provinciales cuando las mismas le sean impartidas en uso de atribuciones propias de los mismos y en el marco de sus competencias” ( sic ).
Y aún con eso, es preciso recordar que la magistrada cuenta con la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones (art. 163, Const. prov.) y la posibilidad de imponer a los funcionarios renuentes sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a la plena observancia de sus mandatos (arg. art. 37, CPCC), además de la obligación de denunciarlos penalmente cuando los incumplan (cfr. art. 287 inc. 1, CPP; doctr. causas B. 68.935, “Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”, sent. de 9-V-2007; B. 74.729, “Riusech”, resol. de 21-VI-2017; B. 74.749, “Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora”, resol. de 21-VI-2017; B. 75.076, “Tribunal Oral Criminal N°2 de Lomas de Zamora”, resol. de 20-XII-2017; B. 75.089, “Tribunal en lo Criminal N°2 con asiento en Banfield”, resol. de 27-XII-2017 y B. 75.460, “Tribunal Oral Criminal N°2 de Lomas de Zamora”, resol. de 20-II-2019).
V. Por todo lo expuesto, hasta tanto se pueda concluir fehacientemente que el Ejecutivo provincial, como poder público, ha exteriorizado una clara conducta de desconocimiento del mandato judicial susceptible de configurar la situación aprehendida por el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, se debe desestimar la presentación de fs. 103/108 vta. formulada por la jueza subrogante del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Necochea (art. 689, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la denuncia de conflicto formulada a fs. 103/108 vta. por la jueza subrogante del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Necochea (arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 689, CPCC).
Regístrese, notifíquese y archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 316
Fin de la sentencia