Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77804
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar sin más trámite la presentación efectuada en autos por el titular de la Asesoría de Incapaces N°3, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, con sede en la ciudad de Tandil (arts. 161 inc. 2, Const. prov.; 689 y 690, CPCC).
B.77.804 “ASESORÍA DE MENORES E INCAPACES N°3 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL C/ JUZGADO DE GARANTÍAS DEL JOVEN N°1 DE TANDIL Y JUZGADO DE GARANTÍAS N°2 DE TANDIL S/CONFLICTO DE PODERES ART. 161 INC. 2 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA”
I. Se presenta en autos el titular de la Asesoría de Incapaces N°3, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, con sede en la ciudad de Tandil.
Denuncia, en los términos del art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, la existencia de un conflicto de poderes con los juzgados de Garantías del Joven N°1 y de Garantías N°2, también del Departamento Judicial de Azul, pero con sede en Tandil.
Tras señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 38 de la ley 14.442, se encuentra legitimado para formular la presentación en tratamiento, explica por qué, según su criterio, en el caso se ha configurado, conforme a los precedentes que cita, un conflicto de los previstos en la norma constitucional señalada.
De acuerdo a lo expuesto y a lo que surge de la documentación adjunta, el conflicto existiría en tanto, en dos causas que individualiza y en las que la Asesoría de la que es titular interviene, las juezas a cargo de los órganos del fuero penal individualizados, habrían impedido la actuación de funcionarios letrados de su dependencia, por considerar que -en los supuestos concretos que motivan esta denuncia- habrían excedido las atribuciones que la ley 14.442 les confiere. En un caso, por entender que la intervención en una audiencia excedió los límites previstos por el art. 39 de la mencionada ley; en el otro, por considerar que el secretario actuante se había arrogado atribuciones autónomas que la ley no le concede, subrogando de hecho y de derecho al representante del Ministerio Público en las funciones que le son propias.
De todos modos, explica que la legitimación de la Asesoría de Incapaces, en el fuero en el que actúa, fue reiteradamente cuestionada por la magistrada a cargo del único Juzgado de Garantías del Joven y por la titular del Juzgado de Garantías Nº 2, aún frente a presentaciones firmadas por él, sea omitiendo la remisión en vista de las actuaciones o remitiéndolas extemporáneamente; al no despachar peticiones y aún desestimándolas directamente, sin motivación suficiente ni fundamentos. Tal situación, dice, mereció recursos de reposición, apelación e inclusive quejas por apelación denegada.
Destaca que en uno de esos supuestos, mediante una sentencia que transcribe, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, reconoció expresamente que el Asesor de Menores e Incapaces tiene la función de representar, asistir y defender los derechos humanos y garantizar el derecho a ser oído de las personas menores de edad y de los incapaces, por lo que se encuentra legitimado para intervenir en los procesos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en representación de los menores de edad víctimas, imputados y/o testigos; con facultades legales para asistirlas –ya sea su actuación principal o complementaria– durante todo el proceso y, por ende, para recurrir las resoluciones en las que, en su posición, se contradiga el interés superior del niño, niña o adolescente que representa y se le cause un gravamen de imposible reparación ulterior (conf. causa "Ciano", resol. de 15-VII-2021).
En suma, entiende que, sea que se impida u obstaculice la actuación de los funcionarios letrados de su dependencia, sea que se cercene su propia actividad, la conducta de las magistradas a cargo de los mencionados órganos jurisdiccionales importa un avasallamiento de las competencias atribuidas al Ministerio Público, por lo que solicita que el Tribunal lo dirima, delimitando "...las facultades de los órganos de Administración de Justicia a la hora de interpretar el art. 39 de la ley N° 14.442, de vital importancia y amplitud a todas las áreas y dependencias del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires".
II. Cabe adelantar que la denuncia efectuada en estos autos no versa sobre un conflicto de aquellos que esta Corte está llamada a resolver en ejercicio de la competencia originaria y exclusiva que le confiere el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia.
Se ha resuelto en muchas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude esa norma constitucional, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Es menester entonces que el objeto principal del reclamo de alguno de ellos consista en cuestionar el obrar de otra autoridad por haber invadido o intentar invadir su esfera de competencias, lo que implica reivindicar como perteneciente a su propio ámbito de actuación aquella actividad ejercida o en vías de ejecución por quien es demandada (doctr. causas B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, “Fiscal de Estado”, resol. de 19-IX-2012; B. 72.835, "Intendente Municipal de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 y B. 76.894, "Municipalidad de Pergamino", resol. de 1-III-2021).
Para que quede configurada la situación de conflicto que esta Corte debe dirimir, es menester alegar suficientemente que una determinada atribución o competencia de un órgano o entidad -quien lo promueve-, haya sido invadida o directamente reclamada para sí por el otro -el interpelado- (causa B. 77.034, "Intendente de la Municipalidad de Vicente López", resol. de 26-IV--2021).
II.1. Es fácil advertir que los hechos denunciados no forman parte de esa materia.
En primer lugar porque, en rigor, dada la reconocida adscripción del Ministerio Público al Poder Judicial -que tiene en nuestro ordenamiento raigambre constitucional (Sección 6ª, arts. 161 inc. 4, 164, 165, 175, 176, 177 y 189 de la Constitución; ver causa I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia", sent. de 29-V-2019)-, mal podría existir una situación de conflicto de este tipo cuando ambos contendientes son parte del mismo Poder.
II.2. Por otra parte, la presentación efectuada da cuenta de agravios que al peticionario le generan decisiones jurisdiccionales adoptadas en el marco de causas judiciales en las que interviene -por sí o a través de funcionarios de su dependencia- que, como tales, son susceptibles de ser cuestionadas por los medios de impugnación que el ordenamiento prevé y, según lo expuesto y lo que surge de la documentación adjunta, han sido ejercidos por el demandante.
Como ha señalado el Tribunal con reiteración, cuando la actuación del órgano judicial demandado se vincula con el objeto y forma parte de un proceso que se encuentra en trámite y, como tal, se halla sujeta al resultado del ejercicio de la función jurisdiccional y las instancias revisoras previstas en las normas procesales aplicables, no se configura el conflicto o causa de competencia entre los poderes públicos, cuya decisión la Constitución de la Provincia confía a esta Suprema Corte (doctr. causas B. 62.362, "Fiscal de Estado", resol. de 7-III-2001; B. 67.894, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VI-2004; B. 68.185, "Consejo de la Magistratura", resol. de 6-IV-2005; B. 71.135, "Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Desarrollo Social de la Prov. de Bs. As.", resol. de 22-IX-2010; B. 72.132, "Fiscal de Estado Adjunto", resol. de 19-IX-2012; B. 76.297, "Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 26-XII-2019, e.o.).
Claramente esa es la situación que se presenta en el caso, en el que de manera impropia, por la vía excepcional del conflicto de poderes, se procura que el Tribunal interprete las normas que regulan la actuación del Ministerio Público, en particular la de los asesores de incapaces en el ámbito penal, tarea que a esta Corte le compete realizar primordialmente en el ámbito de su función casatoria en la materia (arts. 161 inc. 3, Const. prov.; 479 y conc., CPP).
III. Las razones expuestas resultan suficientes para rechazar sin más trámite la presentación en tratamiento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar sin más trámite la presentación efectuada en autos por el titular de la Asesoría de Incapaces N°3, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, con sede en la ciudad de Tandil (arts. 161 inc. 2, Const. prov.; 689 y 690, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/02/2022 14:16:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/02/2022 08:07:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:25:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:53:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 10:47:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/02/2022 13:00:28 hs. bajo el número RR-165-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia