Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78251
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar la prueba confesional ofrecida por el Intendente municipal de General Villegas en el punto “8.A” de la denuncia interpuesta con fecha 24 de agosto y en el punto “10” de la contestación de fecha 29 de septiembre, ambas del año 2022 (arts. 362, 402, 409 y sigs., CPCC).
II. Declarar innecesaria la producción de la prueba informativa ofrecida en subsidio por ambos departamentos (arts. 354 inc. 1 y 356, CPCC).
III. Remitir las presentes actuaciones a la Procuración General, a sus efectos (arts. 689 y 690, CPCC).
B.78.251 “DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS C/ DEPARTAMENTO DELIBERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL VILLEGAS S/ SOBRE CONFLICTO DE PODERES ART. 196 CONST. PROV.”
I. El señor Intendente municipal de General Villegas denuncia un conflicto interno con el Concejo Deliberante de dicho partido, en los términos de los arts. 196 de la Constitución provincial y 689 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 261, dec. ley 6.769/58 -LOM-) en virtud de la sanción de las ordenanzas 6349/22 y 630/22.
II. En su postulación inicial ofrece, dentro de los elementos probatorios de los que pretende valerse, prueba confesional para que el representante de la demandada declare a tenor del pliego de posiciones que acompaña y que a continuación se transcribe: “1) Para que jure como es cierto que se desempeña como miembro electo del Honorable Concejo Deliberante de General Villegas; 2) Para que jure como que es cierto que con fecha 14/07/22 se sancionó la Ordenanza N° 6349; 3) Para que jure como es cierto que dicha ordenanza prevé la transferencia de fondos a terceros; 4) Para que jure como que es cierto que la norma transforma el hecho imponible de una tasa municipal en una impuesto sin una prestación efectiva al contribuyente; 5) Para que jure como que es cierto que la norma en cuestión se sancionó en contravención a normas de rango superior; 6) Reservo derecho de ampliar” (v. punto 8.A de la presentación electrónica de fecha 24-VIII-2022).
El día 29 de septiembre de 2022 se presenta el Presidente del Concejo Deliberante comunal, contesta demanda resistiéndose al planteo esgrimido y ofrece prueba, requiriendo también la celebración de una audiencia a fin de que el Intendente absuelva posiciones (v. punto 10 de la contestación de demanda).
III. Es conveniente recordar que esta Corte ha establecido que, si la prueba ofrecida por una de las partes guarda relación con las cuestiones ventiladas en la causa y resulta prima facie idónea para formar la convicción del Tribunal en punto al esclarecimiento de los hechos controvertidos, corresponde admitirla al proceso, sin perjuicio de la valoración que de ella deberá efectuarse al momento de dictar sentencia definitiva (arts. 362, 384 y 687, CPCC; causas B. 56.509, “Antonuccio”, resol. de 4-II-1997; B. 63.945, “Lapasset”, resol. de 19-XII-2018 e I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 26-XI-2021, e.o.).
En efecto, los medios probatorios propuestos habrán de examinarse no sólo en torno a su admisibilidad -cotejando su sujeción a las disposiciones del ordenamiento ritual-, sino también respecto a su conducencia para los fines perseguidos por las partes en sus respectivas postulaciones. Es que, si bien en materia de admisibilidad de las diligencias probatorias ha de imperar un criterio amplio de apreciación para no frustrar su finalidad esencial, el derecho de ofrecer y producir prueba no es absoluto, dado que se halla limitado por la pertinencia y eficacia de los elementos aportados, que hacen a la congruencia lógica que debe existir entre el sustrato fáctico incorporado al proceso y el objeto de la prueba pretendida (conf. causas I. 75.471, cit., I. 75.211, “Asociación de Bancos de Capitales Arg. (ADEBA)”, resol. de 23-XII-2021 e I. 75.111, “Macchi”, resol. de 23-II-2022, e.o.).
En consonancia con ello, el art. 362 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido oportunamente articulados por las partes y que, si los medios probatorios ofrecidos carecen de interés para la solución del caso, deberán ser desestimados por impertinentes.
IV. Sobre tales bases, ambas pruebas confesionales deben ser rechazadas.
Esto por cuanto no debe perderse de vista que, en casos como el presente, lo que esta Corte está llamada a resolver -en el marco de la competencia asignada en el art. 196 de la Constitución de la Provincia y también en la del art. 161 inc. 2- es la efectiva disputa entre dos o más órganos en torno a la específica atribución o competencia que cada uno entiende le corresponde (doctr. causas B. 62.826, "Municipalidad de Rivadavia y Carlos Tejedor", sent. de 12-IX-2001; B. 64.293, "Provincia de Buenos Aires", sent. de 18-III-2009; B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 2-V-2013; B. 72.835, “Municipalidad de Tigre”, resol. de 23-XII-2014; B. 74.025, "Fiscal de Estado", resol. de 13-IV-2016; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017; B. 75.122, "Municipalidad del Partido de Escobar", resol. de 28-II-2018 y B. 76.488, "Municipalidad de Olavarría", resol. de 7-VII-2020, e.o.).
Así pues, a la luz del proceso incoado, se advierte que aquellas pruebas no resultan idóneas a los fines de acreditar las afirmaciones vertidas por las partes vinculadas al ejercicio de las facultades propias de cada uno de los poderes municipales. Es que el objeto de esta litis versa sobre una cuestión de marcada naturaleza política e institucional, razón por la cual la declaración de quienes se pretende sean llamados a deponer no resultará dirimente en los términos propuestos, luciendo –por el contrario- innecesaria y superflua para analizar el caso (conf. art. 362, CPCC).
V. En otro orden, toda vez que no ha sido desconocida ni objetada la incorporación al pleito de la documentación oportunamente acompañada por las partes, la prueba informativa ofrecida en subsidio por ellas en sendos escritos postulatorios (v. puntos “8.C” de la demanda y “10” de su contestación), deviene redundante.
VI. Finalmente, atento el estado en que se encuentran las actuaciones y no quedando prueba pendiente de producción de acuerdo a lo decidido supra , a los fines de dictaminar, corresponde remitir los obrados a la Procuración General (arts. 689 y 690, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar la prueba confesional ofrecida por el Intendente municipal de General Villegas en el punto “8.A” de la denuncia interpuesta con fecha 24 de agosto y en el punto “10” de la contestación de fecha 29 de septiembre, ambas del año 2022 (arts. 362, 402, 409 y sigs., CPCC).
II. Declarar innecesaria la producción de la prueba informativa ofrecida en subsidio por ambos departamentos (arts. 354 inc. 1 y 356, CPCC).
III. Remitir las presentes actuaciones a la Procuración General, a sus efectos (arts. 689 y 690, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/11/2022 20:05:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2022 01:03:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 08:55:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 10:02:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 13:26:52 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2022 14:38:32 hs. bajo el número RR-1207-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia