Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49102509-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
28751/2023 “CONO SA (TF 49102509-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, agosto de 2023.
1. Que, por resolución del 8/8/22, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones (AD COR) 142/21, 144/21, 149/21 y 150/21 (dictadas en las actuaciones SIGEA 19144-5703-2019, 19144-5701-2019, 19144-5807-2019 y 19144-5719-2019), en cuanto habían denegado la devolución del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 y abonado con relación a las destinaciones 18017EC01005253L, 18017EC01004332X, 18017EC01004875U y 18017EC01005125J.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión se decidía por aplicación de una doctrina plenaria posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar (v. pp. 554-559 de la versión digital del expediente TF 49102509-A, remitida con el oficio del 4/7/23).
2. Que, disconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación el 21/9/22, que se concedió el 27/9/22, se fundó el 13/10/22 y fue replicado el 11/11/22 (v. pp. 565-566, 583, 594-662 y 671-691, expte. cit.). Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
También indicó que era improcedente la falta de legitimación activa que había opuesto el Fisco –y que la decisión apelada omitió considerar–, toda vez que en la legislación aduanera no se halla prevista la exigencia de acreditar la falta de traslación del tributo, como sí lo está en el artículo 81 de la ley 11.683.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 22/9/22, que se concedió el 27/9/22 y no fue replicado (v. pp. 570-573, 583 y 671-691, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
4. Que, el 2/8/23, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad. En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 8/8/22, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución de la suma abonada por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación 18017EC01005253L (oficializada el 14/11/18), 18017EC01004332X (oficializada el 25/9/18), 18017EC01004875U (oficializada el 26/10/18) y 18017EC01005125J (oficializada el 8/11/18; v. pp. 7 y 347-544 expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 13/7/23).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 6/7/23, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 28751/2023 “CONO SA (TF 49102509-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por la parte actora, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia