Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-861/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a la ejecución judicial de la Disposición Nº 020/DPRH/22 de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, planteada por el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz en PE659918-2022, solo en lo que respecta a la medida cautelar autónoma solicitada, rechazando lo peticionado con relación a la ejecución de la multa impuesta a Cancha Distante S.A.G., por los motivos expuestos en el considerando V.-
2Ordenar el retiro de todo material utilizado para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle, en las coordenadas Lat. 51,3924902 Long. 69,6072651. A cuyo fin líbrese mandamiento autorizando al Director Provincial de Recursos Hídricos del Consejo Agrario Provincial y/o la persona que él mismo designe, al ingreso al establecimiento ganadero identificado como Estancia Guakenken Aike, de propiedad de la demandada, con el Oficial de Justicia y, en su caso, con el auxilio de la fuerza pública y los recursos necesarios a los fines indicados.-
3Disponer que la demandada deberá resarcir los costos que demanden al erario público las obras y acciones necesarias para cumplir la medida ordenada.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-861/22-TSJ Sentencia N°: 1115 Actor: CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: CANCHA DISTANTE S.A.G.
Objeto: EJECUCION - MEDIDA CAUTELAR Fecha: 23/02/23 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1115 FOLIO Nº 3587/3591 PROT. ELECT. TSS1 002 C.231
Río Gallegos, 23 de febrero de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ CANCHA DISTANTE S.A.G. S/ EJECUCIÓN - MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº C-861/23-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su Presidente, Sr. Javier María de Urquiza, promueve la ejecución judicial de la Disposición N° 020/DPRH/22 emitida por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, contra Cancha Distante S.A.G. (cfr. PE659918-2022)- Expresa que en dicho acto administrativo luego de declarar incursa a la accionada en infracción a los arts. 86 y 87 concordantes y subsiguientes de la Ley Provincial Nº 1451 y apartado 2.2.3.3 de la Disposición Reglamentaria 03/03 de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, en primer término impuso la correspondiente multa y en segundo término se intimó al infractor, en el plazo de 15 días, a retirar/demoler toda obra y/o materiales utilizados para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales (cfr. PE cit., pág. 2).- Afirma que debidamente notificado el acto administrativo, el infractor no dio cumplimiento a dicha intimación por lo cual, en razón que la ejecución del acto importa ejercer la fuerza y el ingreso a la estancia de titularidad de la demandada, se acude a esta instancia requiriendo la ejecución judicial (cfr. PE y pág. cit.).-
A tales efectos peticiona, como medida cautelar autónoma, que se ordene: “…liberar el curso de agua obstruido, en concreto, el retiro inmediato de todo material utilizado para alterar el normal escurrimiento de agua del cauce del río Coyle, en las coordenadas Lat. 51,3924902 Long. 69,6027651 (sic).” (cfr. PE y pág. cit.). A cuyo fin solicita: “…se libre mandamiento a fin de permitir el ingreso al establecimiento ganadero identificado como Estancia Guakenken Aike, de propiedad de la Sociedad Anónima Ganadera Cancha Distante…autorizando al Director Provincial de Recursos Hídricos del Consejo Agrario Provincial…y/o la persona que el mismo designe, para acudir con el oficial de justicia y el auxilio de la fuerza pública necesaria, a fin de que con el personal contratado al efecto y maquinarias aptas y suficientes se proceda al retiro de todo material utilizado para alterar el normal escurrimiento de agua del cauce del Rio Coyle…todo ello con cargo a la demandada, quien deberá resarcir los costos que demanden al erario público las obras y acciones necesarias para retirar los obstáculos.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- En cuanto a la vía procesal, afirma que tiene presente que la normativa procesal no prevé un procedimiento específico para encaminar la solicitud de ejecución judicial de los actos administrativos y, en atención a la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, encauza el presente requerimiento a través de una medida cautelar autónoma, citando los artículos 31 y 32 del CPCA, Ley Nº 2600 y 233 del CPCyC (cfr. PE cit., págs. 3/4).-
En relación a los requisitos de procedencia de la medida cautelar autónoma, observa que la verosimilitud del derecho está insita en el acto administrativo en virtud de la presunción de legitimidad del mismo. En cuanto al peligro en la demora, entiende que se configura si se tiene en cuenta que es inminente el inicio de la temporada de riego en el territorio provincial, en que impera el clima árido y con lluvias insuficientes; y la falta de agua al comienzo de la primavera produce un perjuicio inminente e irreparable para el adecuado desarrollo de las pasturas de las que se alimenta el ganado (cfr. PE cit., pág. 4).- Informa que el actor se encuentra exento de otorgar contracautela en virtud de lo dispuesto por el artículo 201 del CPCyC, por remisión del artículo 32 del CPCA, Ley Nº 2600 (cfr. PE cit., pág. 5).-
Relata que el río Coyle cursa parte de su trayecto por el establecimiento ganadero Guakenken Aike, cuyo titular es la demandada, el cual, como los demás cursos de agua pública de la provincia constituyen bienes del dominio público que los particulares no pueden alterar y que en tal carácter están sujetos a la autoridad y control del Consejo Agrario Provincial a través de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (cfr. PE y pág. cit.).-
Expresa que: “Mediante inspecciones realizadas por las autoridades competentes se detectó en el inmueble rural de propiedad de Ganadera Cancha Distante SAG la construcción de obras hidráulicas en infracción a la ley de aguas y que obstruyen un brazo del Río Coyle afectando los canales de riego conectados a éste.” (cfr. PE y pág. cit.). Dice que inspectores detectaron el corte de un brazo del Río Coyle “…efectuado con bolsas de arena y cañería obturada, a efectos de impedir el normal escurrimiento de agua de ese sector…”. Agrega que en razón de la situación detectada, ante la existencia de obras no autorizadas, se informó a la demandada solicitando formal respuesta (cfr. PE cit., pág. 6).- Afirma que constatada formalmente la infracción y habiendo sido notificado el infractor, el titular del inmueble rural no acató la Disposición N° 020/DPRH/22, omitiendo dar cumplimiento a la orden de retirar/demoler toda obra y/o materiales utilizados para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle (cfr. PE cit., pág. 5).-
Observa que nos encontramos ante acciones de la demandada que han omitido dar cumplimiento de la normativa aplicable (art. 87 de la Ley Provincial N° 1450), pues han hecho uso de las aguas sin la debida autorización y control de la autoridad de aplicación (cfr. PE cit., pág. 7).-
Destaca que en el análisis de la situación se debe valorar especialmente la finalidad que ha perseguido el legislador al disponer el control sobre el uso de aguas públicas -cfr. art. 3 de la Ley Nº 1451- (cfr. PE y pág. cit.).-
Explica que el accionar de la demandada, manifiestamente contraria a la ley, afecta de forma directa el derecho de uso de agua otorgado a terceros, en este caso, al propietario del establecimiento lindero aguas abajo, quien gestionó conforme a la normativa vigente el correspondiente permiso de uso de agua superficial del río Coyle a través de una obra de toma del río (cfr. PE y pág. cit.). Añade que: “Así también afecta a la comunidad, ya que a través de las normas que regulan el uso de las aguas, se procura por una parte optimizar el uso de las aguas públicas provinciales y de manera simultánea la preservación del recurso y del medio ambiente, tal como lo dispone el art. 3 de la ley 1451 ya transcripto.” (cfr. PE cit., pág. 8).- Destaca que las notificaciones cursadas a la empresa Cancha Distante S.A.G., fueron dirigidas al domicilio sito en Alfonsín N° 98 de Río Gallegos, que consta en su instrumentos constitutivo y subsiste a la fecha (cfr. PE y pág. cit.).-
Sostiene que el acto administrativo que se pretende ejecutar no sólo goza de presunción de legitimidad, sino que se encuentra firme y consentido por la demandada y es en función de ello que procede la petición incoada (cfr. PE cit., págs. 10 y 11).-
Insiste en que el quebrantamiento de las normas del uso de las aguas públicas no sólo transgrede los derechos de terceros, sino que afecta la preservación del recurso (cfr. PE cit., pág. 14). Añade que: “La construcción de una obra precaria - sin autorización - que produjo el desvío del curso del río Coyle en las coordenadas Lat. 51,3924902 Long. 69,6027651 (sic) alterando así su cauce normal y la negativa a restablecer la situación anterior al desvío, produce un daño concreto en el ciclo de riego de la producción agrícola y de los pastizales de los cuales se alimenta el ganado, además de afectar el recurso en sí mismo (destrucción de ecosistemas, desertificación de suelos, pérdida de nutrientes de la tierra).” (cfr. PE cit., pág. 15).- Recuerda que el agua es un componente del ambiente necesario para la conservación del ecosistema provincial y su sustentabilidad (cfr. PE y pág. cit.).-
Señala que el río Coyle forma parte de la cuenta hídrica del Río Coyle, circunstancia que refuerza la necesidad de atender la petición de ejecución realizada por esa parte (cfr. PE cit., pág. 16).-
Finalmente, ofrece prueba y funda en derecho (cfr. PE cit., pág. 18).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia contesta la vista conferida considerando procedente la medida cautelar peticionada según lo establece el artículo 31 del CPCA, Ley Nº 2600. Respecto de la sanción de la multa impuesta a la empresa Cancha Distante S.A.G., por tratarse de una cuestión de índole patrimonial y en virtud de la limitación que la ley impone al Tribunal, considera que deberá remitirse al Juzgado que corresponda a los fines de su tramitación (cfr. PE679736-2022).-
II. Corrido el pertinente traslado a la demandada en los términos del artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, es contestado mediante PE692727-2022 y PE695041-2022, allanándose a la pretensión del actor. Se compromete a satisfacer la demanda, cumpliendo con las medidas dispuestas por el Director Provincial de Recursos Hídricos en cuanto al Artículo 3º de la Disposición Nº 00020/DPRH/2022 sobre retirar/demoler toda obra o materiales utilizados para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle. Afirma que realizará tal faena de manera inmediata, siendo luego de su cumplimiento informado al Tribunal.- Respecto del Artículo 2° de la Disposición Nº 00020/DPRH/2022, que sanciona a la empresa Cancha Distante SAG con una multa de cinco mil (5000) módulos de acuerdo con el artículo 122 de la Ley Nº 2480, solicita la posibilidad de realizar el pago exigido en cuotas. A tal fin propone abonar veinte (20) cuotas de doscientos cincuenta (250) módulos mensuales (cfr. PE692727-2022, págs. 1/2).-
Mediante PE723435-2022, manifiesta que demuestra el cumplimiento de la medida peticionada ya que la empresa concretó la demolición de la contención que provocó el conflicto, acompañando secuencia fotográfica de ocho imágenes. Del citado escrito se ordenó correr traslado a la actora por el término de cinco (5) días y se dejó sin efecto el pase al Acuerdo oportunamente dispuesto (cfr. PE460052-2022).-
En PE757271-2022 el Consejo Agrario Provincial contesta dicho traslado expresando que la Dirección Provincial de Recursos Hídricos realizó una inspección en el área en la cual se habían realizado las obras sobre el río Coyle a fin de verificar el estado de situación, constatándose que gran parte del brazo del mencionado río se encuentra aún obstruido, lo que contradice lo manifestado por la parte demandada en su presentación del 15 de noviembre de 2022 (cfr. PE cit., pág. 1). Agrega que: “...conforme surge del acta de constatación de fecha 02 de diciembre de 2022 y del informe elaborado por la Autoridad de Aplicación, la empresa infractora sólo retiró una ínfima porción del material que obstruye el curso del Río Coyle, quedando por retirar la mayor parte de las chapas, caños u bolsas con relleno. Las imágenes que se anexan al informe de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos no dejan lugar a dudas que no se ha dado cumplimiento al retiro de la totalidad del material utilizado ni se encuentra restaurado el curso natural.” (cfr. PE cit. pág. 2). También se adjuntó al escrito el Acta de Constatación del 2 de diciembre de 2022 y el informe de inspección del 5 de diciembre de 2022 labrado por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, que expresa, en lo que aquí interesa, que: “…nos dirigimos al establecimiento Cancha Distante a 85 km aproximados de la ciudad de Río Gallegos, a fin de constatar el retiro de obra de contención sobre el Río Coyle en coordenadas 51°21'10. 14"S - 69°46'14.79"O. Se constató que se realizó el retiro de dos caños los cuales se encontraban en el lateral de la obra de corte, quedando por retirar la estructura de hierro empotrada al cauce del río más las chapas y bolsas de arena. Para su mayor entendimiento se agrega a este informe imagen del corte tomada con anterioridad.” (cfr. PE cit., ESC00152167.pdf).- Pasan los presentes al Acuerdo para resolver en PE480018-2022.-
III. Que la pretensión del Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz, se vincula con la ejecutoriedad de un acto administrativo, la Disposición N° 020/DPRH/22, emitida por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.-
Ahora bien, del análisis del Acta e Informe -con su secuencia fotográfica- obrantes en copia en ESC00152167.pdf y agregado con la presentación del accionante en PE757271-2022, surge que aún no se ha retirado la totalidad de las obras de marras, quedando por remover la estructura de hierro empotrada al cauce del río, más chapas y bolsas de arena. De dicha documental se hizo saber a la demandada, mediante PE480018-2022 -primer párrafo-, sin que la misma la hubiere observado.-
Concretamente, de las fotos agregadas por el actor (cfr. PE-757271-2022) se observa que aún existen chapas y otros materiales obstruyendo el escurrimiento normal del río. Paralelamente, las fotos incorporadas por la demandada, con las que pretende demostrar que cumplió con la remoción de obras, no acreditan que lo haya hecho en su totalidad. Es más, las secuencias fotográficas agregadas por la demandada en PE723435-2022, revelan que aún quedan obstáculos sin remover o sólo exhiben tomas parciales que de ninguna manera acreditan el cumplimiento de lo ordenado por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Por lo que, en síntesis, al cotejar las presentaciones de las partes, estimamos que es veraz la afirmación de la parte actora sobre esta cuestión.- Así las cosas, se advierte que aún no se ha satisfecho con la pretensión del Consejo Agrario Provincial, pues no se ha removido la totalidad de las construcciones que afectan el normal escurrimiento del río. Por lo que, al no haberse acreditado el cumplimiento del compromiso asumido, se impone analizar la viabilidad del pedido de ejecución del acto administrativo.-
IV. Que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esta manda se complementa con el artículo 52 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz que afirma que es la Provincia quien ejerce el dominio originario de dichos recursos.-
La Ley Provincial N° 1451 es la que regula el estudio, uso y preservación de las aguas públicas provinciales no marítimas (cfr. art. 1º). La Autoridad de Aplicación de dicha Ley es el Consejo Agrario Provincial (cfr. art. 2º de la Ley Provincial Nº 1451, modificado por la Ley Provincial Nº 2625), organismo que delega dicha función en la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.-
En uso de tales facultades, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos dicta la Disposición N° 020/DPRH/22, obrante a fs. 34/36 del Expediente Administrativo del Consejo Agrario Provincial caratulado: “Presunta Contravención a la Ley de Aguas y Disposiciones Reglamentarias Establecimiento Cancha Distante” - Iniciador: D.P.R.H. (Expte. Nº 494680/2021), incorporada a estos actuados junto con la demanda (PE659918-2022). En dicha Disposición se afirma que la Dirección Provincial de Recurso Hídricos ha realizado inspección en el establecimiento rural de marras, donde se realizó el recorrido de los canales norte y sur, sus secundarios y terciarios, a las obras hidráulicas existentes en los establecimientos Moy Aike Chico y Cancha Distante.
Allí se observaron compuertas con derivador lateral, presencia de azud nivelador y de un corte del canal mediante bolsas de arena y dos caños, los cuales se encontraban cerrados desviando su curso. Por este motivo se declara que la empresa Cancha Distante S.A.G. ha incurrido en infracción de los artículos 86, 87, concordantes y subsiguientes de la Ley Provincial N° 1451; y la intima a dicha sociedad, en el plazo de 15 días, a retirar/demoler toda obra y/o materiales utilizados para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.- La Disposición de marras goza de presunción de legitimidad y la Administración puede solicitar su ejecución mediante intervención judicial (dada la naturaleza del acto) (cfr. art. 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1260).
Recordemos, que en función de la presunción que ostentan los actos administrativos “...se presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico. Esta situación subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente.” (cfr. Gordillo, Agustín y Daniele, Mabel -Directores-, Procedimiento Administrativo, segunda edición, LexisNexis, Buenos Aires, 2006, pág. 160).- A lo antedicho debe sumársele el allanamiento incondicionado de Cancha Distante S.A.G.. Recordemos que el allanamiento es: “...una de las actitudes posibles que el demandado puede asumir frente a la demanda y significa, aparte del reconocimiento de los hechos en que se funda la demanda, la admisión de la existencia de otros hechos extintivos, impeditivos o invalidatorios y la certeza del derecho subjetivo del actor.
El allanamiento comporta un reconocimiento de la razón que asiste al actor, y consiste en una declaración en cuya virtud el demandado reconoce que es fundada la pretensión hecha valer por el actor e implica un reconocimiento de la razón que asiste al mismo, y por consiguiente una conformidad con sus apreciaciones jurídicas, que no sólo releva al actor del onus probandi, sino que además produce la extinción de la litis, desde que quien está de acuerdo en lo más -que son las pretensiones-, lo está también en lo menos -que son los hechos en que se basan-.” (cfr. López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Con leyes complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia, Tomo III, 1ª edición, La Ley, CABA, 2014, págs. 455/456). Es oportuno destacar que el allanamiento es una actitud procesalmente válida en este tipo de procesos. Al respecto se ha dicho: “Como en todo proceso, en el de cumplimiento del acto [administrativo] se admite el allanamiento, entendiéndose por tal una de las actitudes que el demandado puede asumir frente a la demanda, consistente en la declaración en cuya virtud aquel reconoce que es fundada la pretensión interpuesta por el actor.” (cfr. Stupenengo, Juan Antonio, Ejecución judicial del acto administrativo, Astrea, Buenos Aires, 2017, pág. 372).- A esta verosimilitud del derecho, se suma el peligro en la demora, descripto en la demanda, ante la posibilidad de producirse una escases de agua necesaria para la producción agrícola de la zona y para el normal desarrollo del ecosistema.-
Por otro lado, recordemos que el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz se encuentra exceptuado de prestar contracautela (cfr. art. 27 del CPCA, Ley Nº 2600).-
En la generalidad de los casos la Administración puede ejecutar directamente los actos administrativos que emite, pero existen supuestos, como el que nos convoca, en que requiere la autorización judicial para hacerlo, en atención a que deberá ingresar a la propiedad privada de la demandada a los efectos peticionados.-
Sobre la necesidad de intervención judicial para la ejecución de actos administrativos se ha dicho: “...debe tenerse en cuenta que un acto administrativo es ejecutorio cuando los órganos estatales que ejercen función administrativa pueden disponer la realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial; ello, claro está, dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico. Sostuvo Linares que el acto es ejecutorio cuando la administración tiene otorgados por el ordenamiento jurídico, expresamente o en forma razonablemente implícita, los medios para hacerlo cumplir ella misma por la coerción, y no lo es cuando deba recurrir a la justicia para lograr su cumplimiento (Linares, Juan Francisco ‘Efectos suspensivos de los recursos ante la Administración’, La Ley, 85-906). Aun en el caso de los autores que consideran a la ejecutoriedad como un carácter inherente al acto, las excepciones al principio son amplias y se relacionan primordialmente con la necesidad del uso de la fuerza contra los bienes y las personas para que el principio ceda [...] Así, la ley de procedimientos administrativos es clara en la materia. Establece en su art. 12 que el límite a la ejecutoriedad del acto es la coacción contra la persona o los bienes de los ciudadanos, en cuyo caso será exigible la intervención judicial.” (cfr. CNACAyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “G.C.B.A. c. Rodríguez, María L.”, del 12/07/2001 de julio de 2001, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/655/2001).- Así las cosas, se observa que existe un deber jurídico de parte de la demandada (inclusive reconocido por ella misma) de retirar las obras que afectan el normal escurrimiento del río Coyle. Obligación que la demandada no ha cumplido, al menos en su totalidad.-
Por lo antedicho, se debe hacer lugar, en esta cuestión, a lo solicitado por el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz en PE659918-2022, ordenando el retiro de todo material utilizado para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle, en las coordenadas Lat. 51,3924902 Long. 69,6072651. A cuyo fin se debe librar mandamiento autorizando al Director Provincial de Recursos Hídricos del Consejo Agrario Provincial y/o la persona que él mismo designe al ingreso al establecimiento ganadero identificado como Estancia Guakenken Aike, de propiedad de la demandada, con el Oficial de Justicia y, en su caso, con el auxilio de la fuerza pública y los recursos necesarios a los fines indicados. Todo ello a cargo de la demandada, quien deberá resarcir los costos que demanden al erario público las obras y acciones necesarias para cumplir su cometido.-
V. Que desde otro cuadrante, es oportuno señalar que lo relativo a la ejecución de la multa impuesta a la demandada, en la Disposición Nº 020/DPRH/2022, es una cuestión ajena a la instancia originaria de este Alto Cuerpo que se estatuye en el artículo 132º, inc. 2° de la Constitución Provincial. Sobre el particular, el art. 3º del CPCA, Ley Nº 2600 establece que “No se regirán por esta Ley en tanto son materia excluida: a) los juicios ejecutivos, de apremio, desalojo, interdictos y acciones posesorias...”. Es por ello y ante la literalidad de la ley, se debe afirmar que la ejecución de la multa se encuentra excluida de la competencia originaria de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 902, Folio 2643/2646). Recordemos, que: “La denominación 'apremio' responde a una vieja manera de denominar la ejecución fiscal. Esta ejecución está dominada por las leyes de fondo y el CPCCN de manera supletoria.” (cfr. Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Laboral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, T. II, pág. 74). Por lo tanto sobre esta cuestión, las partes deberán, eventualmente, recurrir por la vía correspondiente.- Entonces, el pedido de ejecución de la parcela de la Disposición N° 020/DPRH/22 de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos que sanciona a la empresa Cancha Distante S.A.G. con multa de cinco mil (5000) módulos, debe ser rechazado por lo precedentemente expuesto; y en consecuencia, se debe hacer lugar sólo parcialmente a la medida cautelar solicitada.-
Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley N° 2600.-
Que en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente a la ejecución judicial de la Disposición Nº 020/DPRH/22 de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, planteada por el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz en PE659918-2022, solo en lo que respecta a la medida cautelar autónoma solicitada, rechazando lo peticionado con relación a la ejecución de la multa impuesta a Cancha Distante S.A.G., por los motivos expuestos en el considerando V.-
2. Ordenar el retiro de todo material utilizado para alterar el normal escurrimiento del agua del cauce del río Coyle, en las coordenadas Lat. 51,3924902 Long. 69,6072651. A cuyo fin líbrese mandamiento autorizando al Director Provincial de Recursos Hídricos del Consejo Agrario Provincial y/o la persona que él mismo designe, al ingreso al establecimiento ganadero identificado como Estancia Guakenken Aike, de propiedad de la demandada, con el Oficial de Justicia y, en su caso, con el auxilio de la fuerza pública y los recursos necesarios a los fines indicados.-
3. Disponer que la demandada deberá resarcir los costos que demanden al erario público las obras y acciones necesarias para cumplir la medida ordenada.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante-, Dr. Diego Mario Lerena -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002C.231 Tomo: XVIII Sentencia: 1115 Folio N°: 3587/3591 Secretaría: 1
Fin de la sentencia