Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125694
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC);
2Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 280 y 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 125.694 "LAURE, GERMÁN Y OTROS C/ BARÁN, JOSÉ S/ CONSIGNACIÓN DE COSAS" y su acumulada.
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 22 del Departamento Judicial de La Plata, en sentencia única dictada en los procesos acumulados "Barán, José Edgardo c/ Laure, Germán Darío y ot. s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres" y "Laure, German Darío y ot. c/ Barán, José Edgardo s/ Consignación de cosas", rechazó la demanda de consignación incoada por Germán Darío Laure, María Gisela Galli y Guillermo Da Costa, con costas. Asimismo, desestimó la excepción de inhabilidad de título opuesta por ellos, y en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución promovida en su contra, hasta tanto los nombrados hagan al ejecutante José Edgardo Barán íntegro pago de la suma de $ 212.900, con más una multa consistente en intereses a la tasa del 5% mensual, los que se devengarán desde la fecha de la mora, esto es, desde el vencimiento de cada uno de los períodos reclamados (v. sent. de 5-VI-2020).
A su turno, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación departamental modificó esa decisión e hizo lugar a la demanda de consignación de cosas y rechazó el cobro ejecutivo de alquileres y de la cláusula penal incoada por el señor Barán contra los señores Laure, Da Costa y la señora Galli, con costas de ambas instancias al vencido (v. sent. de 17-VIII-2021)
Contra dicho pronunciamiento, se alzó José Edgardo Barán mediante recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 5-IX-2021).
El Tribunal de Alzada concedió el primer medio revisor, y en cuanto al segundo -con cita del precedente "Crozzoli", Ac. 84.210- otorgó un plazo de sesenta días hábiles para que el recurrente acredite la concesión definitiva del beneficio de litigar sin gastos iniciado, bajo apercibimiento de rechazar el mencionado recurso (v. resol. de 21-IX-2021).
Encontrándose próximo a vencer el plazo dispuesto, la letrada patrocinante del recurrente solicitó prórroga del mismo expresando que desde la fecha de inicio del beneficio de litigar sin gastos se había comportado diligentemente, resultando ajena a su voluntad la fijación de fechas de audiencia (v. presentación de 30-XI-2021), petición que tuvo favorable acogida por parte del Tribunal de Alzada, extendiendo el plazo por 15 días (v. proveído de 2-XII-2021). Posteriormente hubo otro pedido de prórroga (v. escr. elect. de 8-II-2022), concediéndose un renovado plazo de 15 días (v. resol. de 23-II-2022). Luego, ante un nuevo requerimiento de extensión del término (v. present. de 22-III-2022), la Cámara resolvió que habiéndose agotado los ya otorgados, correspondía tener por no cumplida la intimación y, por lo tanto, denegar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto. Consecuentemente, ordenó la elevación de las actuaciones a esta Corte a los fines del tratamiento del remedio anulatorio que fuera concedido (v. resol. de 8-IV-2022).
La denegatoria de la vía de inaplicabilidad de ley motivó la presentación de una revocatoria frente al Tribunal anterior -que fue rechazada- (v. esc. de 18-IV-2022 y resol. de 22-IV-2022) y de una queja en esta Corte (art. 292, CPCC; v. presentación de 22-IV-2022).
Con posterioridad, el accionado en los autos principales, acompañó copia de la sentencia que fuera dictada en el beneficio de litigar sin gastos y que le acordara esa franquicia a los efectos del depósito previo del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 10-VI-2022, adjunto al escrito electrónico de 13-VI-2022).
II. Abordando el primero de los remedios impugnativos, por medio del cual se aduce preterición de cuestiones esenciales, se anticipa que éste no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central de la causa, vinculadas con el progreso de la acción articulada, ha sido abordada expresamente sólo que en sentido desfavorable para el interesado (v. págs. 6/12 de la sentencia electrónica). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con la ponderación de los escritos postulatorios y la consideración de las circunstancias fácticas del expediente, se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 21/24 del escrito electrónico; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. En relación a la vía directa planteada, cabe señalar que con anterioridad a que esta Corte se expida sobre la misma el impugnante ha informado la concesión del beneficio de litigar sin gastos a fin de eximirse de la carga procesal contenida en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de fecha 13-VI-2022).
Asimismo, se destaca que frente al plazo concedido por la Cámara para la acreditación de la franquicia el impugnante peticionó sucesivas prórrogas, exponiendo la actividad probatoria desplegada en la acreditación de su situación patrimonial y las dificultades de cumplir en término atento a la apretada agenda del Juzgado y los planteos de la contraria que -a su entender- provocaron las demoras en el trámite (v. escritos de 30-XI-2021, 8-II-2022 y 22-III-2022).
Así, en el caso, se aprecia que, si bien la concesión de la franquicia del art. 78 del Código de forma local se produjo luego de fenecido el plazo acordado por la Cámara, teniendo especialmente en cuenta las solicitudes de prórroga formuladas y el estado de la incidencia al momento del vencimiento del plazo, cabe admitir en el supuesto en análisis tal tardío cumplimiento, que no obedece a la evidente falta de diligencia o actividad de la parte interesada en su obtención. En consecuencia, corresponde receptar la queja en relación a la vía de inaplicabilidad de ley denegada (conf. doctr. causas C. 123.466, "Pissoni"; C. 123.286, "Idaberry"; C. 123.254, "Crecimiento S.A." y C. 123.152, "Perroni", todas resols. de 12-II-2021; C. 122.253, "Yañez Barria", resol. de 8-VI-2021; C. 125.060, "V. K. N.", resol. de 5-XI-2021 y C. 125.021, "Stradella", resol. de 10-VIII-2022) y, encontrándose reunidos los restantes requisitos legales, concederla (arts. 278, 280 y 292, CPCC).
IV. Abordando la vía concedida, a través de la cual se denuncia infracción a los arts. 740, 758, 1543, 1562 inc. 3 y 1611 del Código Civil, transgresión al principio congruencia y el vicio de absurdo, se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes- para revocar la decisión de grado sostuvo "De lo expuesto se desprende que si bien el inquilino tiene la obligación de devolver la cosa como la recibió (art. 1556 y 1615 del C.C.) ello no implica ni justifica la resistencia del locador a recibirla, sin perjuicio del derecho de éste de solicitar, por la vía y forma que corresponda la reparación de los daños y perjuicios correspondientes si así lo cree conveniente. V.1.d. En el contexto descripto, y encontrándose incontrovertido que el inmueble se desocupó en tiempo y forma y sin deuda de cánones locativos, juzgo que la negativa del locador a recibir las llaves con sustento en el estado de deterioro inmueble, resultó infundada. En ese camino, encontrándose acreditados los requisitos establecidos por la ley de fondo, he de proponer al Acuerdo que se admita el recurso traído y se revoque el pronunciamiento de grado, haciendo lugar a la demanda de consignación de cosas." (v. pág.9).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento atacado, no logran ser conmovidos por los reproches volcados en las págs. 6/20 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados el absurdo en la fijación y valoración de los hechos, la ponderación de la prueba, las condiciones para el progreso de la consignación, la ausencia de negativa en la recepción y los extremos de la ejecución) se desentienden de las razones expuestas por el sentenciante, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Cabe agregar que en casos como el presente en donde se discute la ponderación de las piezas recabadas, esta Corte ha dicho que la selección de las mismas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado, quienes pueden sin incurrir en absurdo, inclinarse hacia unas y desechar otras, sin necesidad de expresar en la resolución la consideración de todas (conf. doctr. causas C. 118.280, "J., V. F.", sent. de 4-III-2015; C. 118.236, "Daniel Ricca S.A.C.", sent. de 8-IV-2015 y C. 119.373, "Foricher", sent. de 2-III-2016; e. v.).
Lo expuesto, basta para repeler este segmento de la protesta y permite, además, descartar las infracciones normativas indicas en la pág. 12 del escrito electrónico (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit porta el achaque vinculado con la transgresión al principio de congruencia expuesta en las págs. 20/21 del embate, ya que no se han desarrollado argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 120.313, "Espíndola", resol. de 13-VII-2016; C. 121.270, "Barbizan", resol. de 29-III-2017; C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC); 2) hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 280 y 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2023 17:37:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2023 09:25:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2023 12:16:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:40:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:26:37 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:33:38 hs. bajo el número RR-92-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia