Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 99026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra la resolución apelada de fecha 01.09.2020, con costas de esta instancia al recurrente vencido y, 2) Confirmar la resolución apelada del 09.09.2020, con costas al recurrente vencido (arts. 171 Const. Provincial; 34 inc. 4, 68, 69, 161, 163 inc. 5, 202, 209, 212 inc. 3, 260, 261, 375, 384 y concs. del CPCC).
Expte. Nº 99026: DE LORENZO, GABRIEL IGNACIO Y OTRO/A C/ SUAREZ GERPE, BASILIO S/ CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM.
I. Recurso de apelación contra el resolutorio de fecha 01.09.2020.
a) Contra el decisorio de mención interpuso la parte actora el embate de fecha 04.09.2020.
Concedido en relación el 16.09.2020 quedó fundamentado mediante la presentación del 24.09.2020, que mereció réplica de la contraria el 25.09.2020.
Allí, el iudex a quo hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el demandado el 16.07.2020, con costas a cargo de los accionantes en su condición de vencidos.
Consideró que para entender en la pretensión instaurada es competente tanto el fuero de la Justicia de Paz Letrada como el Civil y Comercial, pudiendo la legitimada activa iniciar el proceso en cualquiera de los dos.
Pero que sin embargo, las partes habían pactado en el contrato de locación adjunto (cláusula décimo cuarta) que para todos los efectos legales emergentes de ese contrato se someterían a la jurisdicción del Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell del Departamento Judicial de Dolores.
Como la competencia territorial en las pretensiones de interés privado de orden patrimonial es prorrogable por voluntad de los litigantes y no estando afectado ningún principio de orden público, concluyó en la recepción de la excepción.
En cuanto a la invocada existencia de una relación de consumo por parte de los actores, refirió que no influye en el decisorio al denunciar en el escrito de inicio su domicilio en la localidad de Villa Gesell, donde además fuera celebrado el mentado contrato de locación.
b) Al fundar su recurso, los impugnantes dicen agraviarse de la excepción de incompetencia receptada e imposición en costas.
Refieren apelar en aras de la resolución efectiva de la cuestión de fondo, que tiene que ver con lograr que el accionado retire valores no efectivizados por su conducta maliciosa, y de evitar que ciertos rigorismos formales se tornen en un obstáculo.
Puntualizan que la titular del Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell se declaró incompetente para entender en la acción de daños y perjuicios habida entre las partes, y que ello motivó que -para evitar mayor dispendio jurisdiccional- se efectivizara la presentación directamente en Dolores.
Afirman que desde la dependencia judicial se les informó personalmente que no tomarían intervención en una causa de consignación.
c) Entrando al tratamiento de los agravios se estima necesario señalar que la competencia revisora del Tribunal se encuentra circunscripta al tratamiento de aquellos ataques concretos y razonados vertidos, demostrativos -en sustento de las constancias del proceso- de la sinrazón de la juzgadora; es decir, en función de los agravios técnicos, idónea y suficientemente expuestos, de donde es lógico concluir que todas aquellas consideraciones que hayan servido de fundamento a la decisión y que no han sido atacadas debidamente, devienen firmes e irrevisables para el Tribunal, más allá de su mayor o menor grado de acierto (SCBA, Acs. 75153 RSD-195-19 S 25.09.2019 y 74035 RSD-3-19 S 06.02.2019, entre otros; art. 260 del CPCC).
En tal sentido, se ha expuesto que la expresión de agravios debe referirse concretamente a los fundamentos que llevaron al sentenciante a decidir en la forma en que lo hizo, precisando punto por punto los errores u omisiones con relación a cuestiones de hecho o de derecho en que hubiera incurrido (Podetti, "Tratado de los recursos", Bs. As., Ediar, 1958 pág, 164; Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", La Plata, Ed. Platense, 1985, págs. 440/441).
En consecuencia, la crítica razonada no podría quedar sustituida a una mera discrepancia o mención de conceptos genéricos, dado que "...implica dejar en evidencia las equivocadas deducciones, inducciones, conjeturas u omisiones sobre las distintas cuestiones resueltas" (Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, anotado y concordado", T. 2, págs. 96 y ss., Ed. Astrea).
En base a ello, se observa que la pieza fundante contiene déficit que lindan con la mera discrepancia, sin entrar en ningún aspecto a la crítica concreta de lo resuelto en la instancia, como se verá.
Ello en definitiva coadyuva a la orfandad de la impugnación ensayada por caer en abstracciones despojadas de todo juicio coherente, pero por sobre todo jurídico.
Consideramos que si bien no debe primar un rigorismo formal en la apreciación del memorial, que además ha de valorarse con criterio amplio, tampoco corresponde suplir en esos puntos débiles la actividad de la parte que no dio bases suficientes para fundar su distinto punto de vista.
d) Al comienzo del escrito, los recurrentes dan a conocer que se agravian del acogimiento de la excepción y de las costas, pero no precisan los motivos para ello ni rebaten paralelamente los fundamentos del sentenciante, que ni traen a colación.
Veamos; señalan que el objetivo perseguido es la resolución del fondo del asunto y evitar que ciertos rigorismos formales se tornen en obstáculo: sin ser una novedad que el objeto final de todo proceso siempre es dirimir lo sustancial, omiten indicar cuáles serían esos rigorismos, en caso de haberlos.
Nada puntualizan en relación a lo pactado contractualmente sobre la competencia o cómo jugaría la prórroga por voluntad expresa de los litigantes, sustento principal de la resolución que intentan atacar.
En la senda que proponen, tampoco rebaten las razones por las que el sentenciante no consideró la incidencia de la ley de defensa del consumidor con base en que los actores denunciaron en el escrito inicial tener domicilio en la localidad de Villa Gesell, donde a su vez se celebrara el contrato de locación (art. 36 de la LDC).
En tal caso, nunca es suficiente "enunciar" garantías y principios -acceso a la justicia y economía procesal- sin relacionarlos al particular ni exponer alguna situación abusiva que justifique la revisión.
e) No obstante ello, cabe destacar que la subyacencia de una eventual relación de consumo no puede dejar de ser acreditada, y a nada de ello apunta el apelante.
Tal posicionamiento clausura la posibilidad de toda consideración, máxime cuando la mentada relación ni siquiera fue invocada al promover la acción sino someramente mencionada al contestar la excepción (v, presentación del 18.08.2020).
Cabe aún recordar que la doctrina que fluye del precedente "Cuevas" (SCBA, C 109183, Res. 11-08-2010) no se cristaliza en una solución establecida para fijar "previo a" [ a priori ] el organismo que deberá conocer en la causa, sino que en su caso emplaza al juez en la situación de analizar en cada proceso la eventual existencia de una relación sustancial de consumo (SCBA LP C 119936 I 09/09/2015), basada en elementos justificados y fehacientes (arts. 375, 384 del CPCC).
Finalmente, que el Juzgado de Paz Letrado se hubiera declarado incompetente para entender en una acción de daños y perjuicios habida entre las partes, ninguna injerencia gravita en el presente, dada la disímil naturaleza e independencia entre ambos procesos.
Y el comentario: "...desde la propia dependencia se informó personalmente a los actores que no tomarían intervención en una causa de consignación donde se discutieran los valores en discusión..." ( sic ), carece de toda seriedad y sustento: sólo se atenderán los actos que conforman el trámite procesal como único modo de expresión de la judicatura (arts. 34 inc. 4, 161 del CPCC).
En consecuencia, se concluye en que corresponde hacer efectiva la sanción de deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución apelada de fecha 01.09.2020, con costas de esta instancia a la recurrente vencida (arts. 34 inc. 4, 68, 161, 260, 261 y concs. del CPCC).
II. Recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fecha 09.09.2020.
a) El 02.09.2020 el demandado solicitó medida cautelar de embargo para garantizar el pago de las costas impuestas a su contraria por la recepción de la excepción de incompetencia (01.09.2020).
Ello por el monto que el sentenciante de grado estimare prudente y sobre toda suma dineraria que los actores tengan depositada en plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro, etc., en alguna de las entidades bancarias que mencionó.
b) Rechazada la petición mediante el decisorio de mención, se queja el accionado cuyos agravios expresa en el mismo acto de interposición del recurso (el 10.09.2020).
Señala que procede la medida cautelar cuando quien la pretende hubiera obtenido sentencia favorable aunque estuviera recurrida en los términos del art. 212, inc. 3 del CPCC.
Cita un precedente de esta Alzada para referir que hallándose instalado el crédito por honorarios respecto de quien ha sido condenado en costas, dentro de las previsiones del inc. 3 del art. 212 del ordenamiento procesal, procede el embargo preventivo que tiende a asegurar su percepción.
Que no se requiere otra demostración ya que el texto de la normativa es suficientemente claro en cuanto a que puede decretarse el embargo preventivo si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque recurrida.
c) Entrando al tratamiento de la cuestión planteada cabe señalar que la sentencia a la que se refiere el art. 212 inc. 3 del CPCC es la del proceso en que se peticiona la medida cautelar y no las que se expiden sobre cuestiones accesorias en actuaciones incidentales, como ocurre con la imposición de las costas por la procedencia de una excepción previa. Pues más allá de exceder la previsión normativa citada, el ordenamiento prevé garantías específicas que tornan improcedente la cautelar en esos casos (arg. art. 69 segundo párrafo del CPCC).
Se ha expuesto en tal sentido que la sentencia favorable a que hace alusión el inciso 3ro. del artículo 212 del CPCC, debe entendérsela referida al decisorio que desarrolla pretensiones originalmente reclamadas y no para aquellos supuestos que contemplen cuestiones accesorias. Basar el embargo en la imposición de costas de un incidente excedería el alcance de la norma citada (CC0103 LP 223418 RSI-22-96 I 13/02/1996).
Uno de los presupuestos específicos que ha previsto el legislador en materia de embargo preventivo, está dado por la circunstancia de que quien lo solicita hubiese obtenido " sentencia favorable ", pues en tal hipótesis la declaración que contiene el pronunciamiento judicial constituye suficiente verosimilitud del derecho (Morello, Sosa y otro en "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires...", Ed. Abeledo Perrot, 2015, Tomo III, página 993 y jurisprudencia allí citada).
Ahora bien, funda el recurrente su agravio en un antecedente de este Tribunal (causa n° 98.555, "Municipalidad de Villa Gesell c. Rincón s/ Incidente de impugnación de liquidación s/ Apremio, expte. 88.743", sentencia interlocutoria del 14.07.2020) que confirmó la decisión que ordenara trabar embargo sobre una cuenta bancaria por el monto correspondiente a los honorarios regulados en esos autos.
En primer lugar, los antecedentes del Tribunal no resultan de cumplimiento obligatorio para otros casos similares que se deban decidir, sólo configuran un principio de interpretación para casos análogos; no estamos en un sistema de derecho regido por el precedente - common law -, sino que los jueces han de pronunciarse sobre la base que conforman las propias constancias de cada causa, los hechos probados del caso, la legislación vigente, la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia y aunando estos extremos a los principios generales del derecho, mediando una fundamentación y argumentación de la resolución (arts. 171 Const. Provincial; 161 párr. tercero, 163 inc. 5 CPCC).
En segundo lugar, en dicho precedente ya había sido dictada la sentencia (causa de esta Alzada n° 97.394 "Municipalidad de Villa Gesell c. Rincón Santiago Andrés s. Apremio", sent. del 19.03.2019) encuadrable en el supuesto del art. 212 inc. 3 del CPCC, extremo que como se dijo, no se da en el caso.
En otras palabras, instalado el crédito por honorarios respecto de quien ha sido condenado en costas, procede el embargo preventivo que tiende a asegurar su percepción, pero siempre que lo sea "dentro de las previsiones del inc. 3º del artículo 212 del ordenamiento procesal", tal como indica el propio recurrente.
d) Ahora bien, ya fuera del supuesto previsto en el art. 212 inc. 3 del CPCC, donde se dan determinadas circunstancias que la ley considera suficientes para tener por acreditados todos o algunos de los presupuestos de la medida cautelar, se observa que en el caso tampoco se ha acreditado el peligro en la demora alegado.
El peligro en la demora no puede presumirse, ni basta la subjetiva manifestación unilateral, si ésta llega desprovista de respaldo objetivo.
Para que la inminencia del daño cierto pueda ser aceptada como tal, debe emerger de elementos indubitables que pongan de relieve el riesgo de irreparabilidad de los perjuicios que podrían llegar a producirse, lo que no se advierte en autos. Uno de los presupuestos específicos y propios de las medidas cautelares, interés jurídico que las justifica, es el peligro en la demora; y si bien no es necesaria la plena acreditación de su existencia se requiere que resulte en forma objetiva (Eduardo N. de Lázzari, "Medidas cautelares", Ed. Platense S.R.L., primera edición, pág. 37).
En consecuencia y por las razones expuestas, se concluye que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución apelada del 09.09.2020, con costas al recurrente vencido (arts. 68, 202, 209, 212 inc. 3 del CPCC).
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra la resolución apelada de fecha 01.09.2020, con costas de esta instancia al recurrente vencido y, 2) Confirmar la resolución apelada del 09.09.2020, con costas al recurrente vencido (arts. 171 Const. Provincial; 34 inc. 4, 68, 69, 161, 163 inc. 5, 202, 209, 212 inc. 3, 260, 261, 375, 384 y concs. del CPCC).
Regístrese. Radíquense las actuaciones electrónicas ante el Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 08:33:49 - DABADIE María Rosa - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 09:12:12 - JANKA Mauricio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 10:13:07 - Gaston Cesar Fernandez - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia