Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 117192
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 376/379 vta., no es justo (arts. 18 de la Constitución Nacional; 15, 168 y 171, Constitución de la Provincia de Buenos Aires.; 34, inc. 4º, 68, 69, 163, inc. 6º, 260, 261, 272, 266, 330, 354, 375, 384, 395 C. Proc.; 513, 514, 740, 742, 744, 756,757 inc.1, 758, 759, 760, 1137, 1197, 1198 y ccdts. del Cód. Civil; doctrina y jurisprudencia citadas).
POR ELLO, corresponde: I) Modificar el decisorio obrante a fs. 376/379 vta., dejándose sin efecto el fallo en cuanto condena a la actora a abonar las 17 cuotas restantes al valor que se determine en la liquidación a practicarse por la demandada (ver fs. 379 vta. apartado 1). II) Confirmarlo en todo lo demás que ha sido motivo de recurso y agravio. III) Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su sustancial condición de vencida, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que obren regulados los de la instancia precedente.
En la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de Junio de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, integrada por la doctora Laura Marta Larumbe y el señor Juez Vocal de la Sala Segunda doctor Leandro Adrián Banegas por excusación del doctor Andrés Antonio Soto (arts. 19 del Código Procesal Civil y Comercial; 36 y 65 de la ley 5827, t.o. según decreto 3702/92), para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “LEON CALZADILLA DANNY C/ ALEGRE SILVIA SOLEDAD S/CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM.", (causa nº 117192), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs.376/379 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el decisorio aludido, la juez de primera instancia, rechazó la demanda de consignación de sumas de dinero incoada por Danny León Calzadilla y condenó a la actora a abonar las 17 cuotas restantes al valor que se determine en la liquidación a practicarse por la demandada –ello conforme pautas establecidas en el decisorio-, ello en el plazo de diez días. Impuso las costas a la actora y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir sostuvo que, frente a la existencia de la compraventa de un inmueble instrumentada mediante escritura pública y cuyo saldo de precio había sido garantizado con hipoteca en primer grado a favor de la demandada, en su cláusula tercera se preveía expresamente el modo de solucionar una eventual imposibilidad de adquirir la divisa extranjera en la que habían sido pactadas las cuotas en la que debía ser abonado el mismo, la parte actora había elegido unilateralmente un camino distinto al acordado con su acreedor para hacer frente al pago de las sumas de dinero pendientes, motivo por el cual el pago judicial pretendido afectaba a la integridad que debe caracterizar al pago con efectos cancelatorios (ver fs. 379).
Contra dicho decisorio se alza la actora (ver fs. 383) quien expresó agravios a fs. 388/392, los que no han merecido réplica de su contraria.
II. En prieta síntesis la actora se queja porque entiende el decisorio rechaza la acción impetrada de un modo arbitrario, desproporcionado e incongruente, ya que sin más argumento que los contratos deben interpretarse y ejecutarse de buena fé, sostiene que el pago judicial efectuado no ha cancelado la hipoteca asumida.
Agrega que la iudex a quo no ha valorado la prueba anexada de la que surge que las cuotas en dólares habían sido pesificadas a 1 dólar igual a $ 5,50 y que con carácter previo a la negativa de recibir dichas cuotas pesificadas, se habían cancelado 5. Es decir que a partir del mes de junio de 2013, la demandada se niega a percibir las sumas de dinero en pesos, conforme lo acordado en el boleto de compraventa, el que aclara fue reconocido por la demandada y desconocido por la iudex a quo, quien hizo mención sólo a la escritura nº 176, en dónde se instrumentó la hipoteca sobre el saldo de precio, sin considerar que a la fecha en que dicha escritura se firmó su parte había cancelado el 85% del precio total de la venta, habiendo negociado las partes dicha compraventa con la pesificación aludida, mediante el boleto suscripto el 15 de agosto de 2012, en dónde cada cuota de u$s 2.000 equivalía a $ 11.000.
Dice que el a quo no estimó la buena fé que emerge de dicho boleto sino que tomó el texto frió del instrumento público para trasladarlo al decisorio y condena a la actora a abonar una suma exorbitante, confiscatoria del precio real de venta y lo que tuvieron las partes acordado en el boleto suscripto oportunamente.
A mayor abundamiento sostiene que si se lo condena a pagar 17 cuotas a un dólar de $ 43, la actora estaría abonando la suma de $ 560.000 más intereses, cuestión por demás arbitraria e injusta por lo que deja planteado el esfuerzo compartido tal cual lo manifestó la demandada al contestar la acción, a fs. 67 vta.
Por lo demás, considera que la iudex a quo no ha tenido en cuenta los testimonios aportados que dan cuenta de la deuda pesificada, como así que el actor fue al negocio de la demandada a llevar el dinero de la cuota y ésta se negó a recibirlo, ni la existencia del cepo cambiario, en definitiva que su parte probó que la manera excepcional de pagar elegida fue justificada. Agrega que de todas las cuotas consignadas se le dio traslado a la demandada sin que formulara cuestionamiento alguno, con lo cual estima, en nada hubiera cambiado que su parte hubiera dado en pago expresamente cada uno, por cuanto la esencia del proceso es justamente consignar la sumas adeudadas para que sean percibidas por el acreedor.
Reitera que las pruebas en relación a la necesidad de la consignación de las sumas de dinero existieron y se sustanciaron, no obstante el a quo no las valoró de modo que le permita según su sana crítica enlazar los hechos a fin de establecer la legitimación de la consignación aludida, liberando a esta parte de dicha deuda.
También se agravia porque en la condena impuesta se le manda a pagar las 17 cuotas como si no hubieran sido canceladas en los términos del art. 759 del C.C., cuando la demandada no exige el pago de las cuotas, ni lo reclamó excediéndose así la prerrogativa jurisdiccional, violentando el principio de congruencia, pues la demandada bien podría –según la sentencia que se recurre- formular una cuenta en dólares al valor actual, más intereses, generándose así un enriquecimiento ilícito a su favor, pues no surge del texto de la sentencia pauta alguna para liquidar las sumas y lo que es peor la demandada en su conteste tampoco reclama el pago específico de las 17 cuotas, sólo el rechazo de la consignación.
III. Dando las necesarias razones del caso que seguidamente explicitaré, adelanto que la decisión que propicio a mi distinguido colega transita en confirmar el decisorio en crisis sólo en cuanto rechaza la consignación judicial del saldo de precio adeudado por la Sra. Leon Calzadilla, ya que coincido con la recurrente en que la condena que el mismo contempla altera la “litis contestatio”.
En este cometido, principio por señalar que, no resulta un hecho controvertido en estas actuaciones, que las partes celebraron un boleto de compraventa el 15/08/2012, mediante el cual la hoy actora adquiría de la demandada un inmueble ubicado en calle 76 n° 535, en el cual se pactó como precio de venta la suma de U$S 264.000, de los cuales U$S 50.000 se abonaron a la firma del boleto, U$S 165.000 el 22 de agosto de 2012 y el saldo de U$S 49.000, en 24 cuotas de U$S 2000 cada una y una final de U$S 1.000 “…o las cuotas pesificadas a PESOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 5,50) por unidad dólar estadounidense, con vencimiento de la primer cuota dentro de los 30 días conjuntamente con la firma de la escritura traslativa de dominio e hipoteca real en primer grado a favor del vendedor …”(ver contrato glosado por la demandada a fs. 47/48 cláusula segunda).
Tampoco ha sido un hecho controvertido que, el 19 de diciembre de 2012, se otorgó la escritura traslativa de dominio, constituyéndose –por el saldo de precio que, a la fecha del acto escriturario ascendía a U$S 45.000, pagadero en 22 cuotas iguales y consecutivas de U$S 2.000 y una de U$S 1.000- hipoteca en primer grado a favor de la demandada (ver fs. 221/226).
En dicho instrumento se pactó expresamente que el pago de las cuotas o de cualquier otro concepto “…deberá abonarse en dólares estadounidenses billetes, por ser esta la moneda pactada, y en caso de que por cualquier circunstancia fuera imposible, el deudor se obliga a realizar los pagos en los pesos que sean necesarios para adquirir los dólares en otra plaza…” (ver cláusula tercera de la escritura mencionada); situación diferente a la prevista en el negocio jurídico que le sirviera de base, pues en el boleto las partes habían convenido que un dólar equivalía a $ 5,50, con lo cual la cuota de U$S 2.000 podía ser cancelada a su valor en pesos de 11.000.
Lo anteriormente expuesto, desvanece los agravios de la actora en torno a cuál es el vínculo jurídico que une a las partes y en base al que se intenta la consignación objetivante, ya que ninguna duda cabe que, las cuotas adeudadas son aquellas que emergen de la escritura pública nº 176, pues las consignadas y que dieran origen a la instancia, han sido las de junio y julio de 2013 (ver fs. 24/30), con lo cual y como del instrumento aludido surge expresamente cómo debían pagarse las 22 cuotas adeudadas en concepto de saldo de precio (ver fs. 221/224 vta., ver específicamente cláusula tercera), lo afirmado por la a quo en torno a que “…la actora eligió unilateralmente un camino distinto al acordado por su acreedora para hacer frente al pago de las sumas de dinero pendientes, motivo por el cual el pago judicial pretendido afecta a la integridad que debe caracterizar el pago con efectos cancelatorios …” (ver fs. 379), lejos se encuentra de ser una conclusión arbitraria y/o absurda, ya que claramente se desprende de autos que la actora no consignó las cuotas en la moneda pactada ni tampoco depositó “…los pesos necesarios para adquirir los dólares en otra plaza…” (cláusula tercera de la escritura de fs. 221/224 vta.). Por el contrario, se limitó a depositar $ 11.000 por cuota, valor que –reitero- si bien había sido consensuado en el boleto suscripto en agosto de 2012, no fue mantenido en la escritura en dónde, a los fines de garantizar el pago del saldo de precio, se constituyera hipoteca en primer grado a favor de la aquí demandada.
Siendo ello así, carentes de valor a los fines pretendidos –esto es acreditar la identidad e integridad del pago- resultan los testimonios brindados a fs. 341/343 –martillero Sioma- y fs. 344 /345 –Sra. Verona Flores-, pues lo que la actora debió acreditar en autos, es que la demandada el 23 de junio de 2013, se negó a recibir la cantidad de pesos necesarias para adquirir en otra plaza, los U$S 2.000 por cuota pactados en el instrumento público que sirve de base a la presente acción (ver fs. 5/10, 16/17, y 221/224 vta.).
En definitiva, recordando que el pago por consignación puede definirse como el modo de extinción de las obligaciones que se verifica mediante la intervención judicial solicitada por el deudor, que ejerce coactivamente su derecho de liberarse, para suplir la falta de cooperación del acreedor o para salvar obstáculos que imposibilitan el pago directo espontáneo (Conf. Trigo Represas-Compagnucci de Caso, Código Civil Comentado, T. II, págs. 283 y sgts.; esta Sala, causa 117687, RSD.176/2014), en la medida que las sumas consignadas judicialmente no han sido dadas en pago y no reúnen los caracteres de identidad e integridad, no encontrándose acreditados en autos todos los presupuestos que hacen a la viabilidad de la acción incoada (arts. 756, 757 inc. 1, 759, 760 y ccdts. del Cód. Civil), propicio al acuerdo la confirmación del decisorio recurrido.
No obstante ello, le asiste razón al recurrente en cuanto la sentencia violenta el principio de congruencia al fallar más allá de lo reclamado, ya que el objeto de la demanda ha sido –reitero- la consignación judicial de las cuotas adeudadas en concepto de saldo de precio de la operación instrumentada mediante escritura nº 176 y, al tiempo de ser contestada la misma, la vendedora se ha limitado a sostener la improcedencia de la consignación incoada, peticionando oportunamente su rechazo (ver fs. 70 vta.).
Sobre este piso de marcha y recordando que el principio procesal de congruencia tiene como fin conducir el proceso en término de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, conculcándose el principio constitucional de la defensa en juicio cuando el decisorio recae sobre una cosa no reclamada o sobre un hecho que no ha sido propuesto a decisión (S.C.B.A., Ac. 48.771 del 10-12-91; esta Sala causa B-81.801, RSD. 299/95, 112.055, RSD 59/10, e.o.); evidenciándose que el fallo recurrido en cuanto condena a la actora a abonar las 17 cuotas restantes al valor que se determine en la liquidación a practicarse por la demandada (ver fs. 379 vta. apartado 1) violenta tal principio, pues decide sobre un hecho no propuesto ni como acción ni como defensa al judicante de la anterior instancia, corresponde hacer lugar a los agravios en tal sentido, lo que así dejo propuesto al acuerdo (Conf. esta Sala Causa 108.070 reg. 88/10; atrs.. 18 C.N; 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 253, 260, 261, 330, 354 del C.P.C.C.)
Voto por la NEGATIVA
Por los mismos fundamentos el doctor BANEGAS votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde modificar el decisorio obrante a fs. 376/379 vta., dejándose sin efecto el fallo en cuanto condena a la actora a abonar las 17 cuotas restantes al valor que se determine en la liquidación a practicarse por la demandada (ver fs. 379 vta. apartado 1); confirmándoselo en todo lo demás que ha sido motivo de recurso y agravio. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su sustancial condición de vencida (art. 68 del CPCC.
ASÍ LO VOTO.
El doctor BANEGAS adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 13 de Junio de 2019
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 376/379 vta., no es justo (arts. 18 de la Constitución Nacional; 15, 168 y 171, Constitución de la Provincia de Buenos Aires.; 34, inc. 4º, 68, 69, 163, inc. 6º, 260, 261, 272, 266, 330, 354, 375, 384, 395 C. Proc.; 513, 514, 740, 742, 744, 756,757 inc.1, 758, 759, 760, 1137, 1197, 1198 y ccdts. del Cód. Civil; doctrina y jurisprudencia citadas).
POR ELLO, corresponde: I) Modificar el decisorio obrante a fs. 376/379 vta., dejándose sin efecto el fallo en cuanto condena a la actora a abonar las 17 cuotas restantes al valor que se determine en la liquidación a practicarse por la demandada (ver fs. 379 vta. apartado 1). II) Confirmarlo en todo lo demás que ha sido motivo de recurso y agravio. III) Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su sustancial condición de vencida, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que obren regulados los de la instancia precedente. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia