Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79027
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Martín, al que, por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
De igual modo, poner en conocimiento de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
B.79.027 "MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS C/ JUAN PABLO AGUSTIN SUCESORES DE PEREZ S/ CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM. -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. La Municipalidad de Malvinas Argentinas, mediante apoderado, promueve un juicio de consignación de sumas de dinero contra los herederos del causante Juan Pablo Agustín Pérez -quien en vida se desempeñara como agente municipal-, a los fines de que se efectúe el depósito del monto correspondiente al subsidio por fallecimiento previsto en el art. 1 del decreto ley 9.507/80.
Resalta que, una vez concretada la baja por fallecimiento del señor Pérez, ninguno de los potenciales beneficiarios de la ayuda económica en cuestión se presentó ante la Dirección de Patrimonio comunal para, luego de acreditar su vínculo, cobrar los ciento ochenta mil pesos -$180.000- fijados en la póliza N°12.897.
Requiere que se deposite dicho capital en una cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires -en un plazo fijo-, se dicte sentencia que apruebe el pago y se decrete su cancelación (v. escrito electrónico de fecha 23-V-2023).
II. La acción fue entablada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Martín, cuyo magistrado a cargo se rehusó a intervenir en el asunto arguyendo que le correspondía entender al juez en lo contencioso administrativo.
Para así resolver, ponderó, sobre la base de la naturaleza administrativa del vínculo que unía a la solicitante y a su empleado fallecido, que el mentado subsidio había sido otorgado a través de prerrogativas propias del poder ejecutivo municipal -tanto en lo que respecta a su determinación como a su cuantificación-, lo que haría que el supuesto sub examine se encontrara dentro de la materia reservada al fuero especializado en derecho público (arts. 166, quinto párr., Const. prov.; 1 inc. 2 y 2 inc. 6, CCA) -v. resol. electrónica de fecha 8-VI-2023-.
De esta manera, los obrados quedaron radicados en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Sin embargo, su titular decidió declararse incompetente tras considerar -fundamentalmente- que "...la pretensión deducida consiste únicamente en la apertura de una cuenta judicial a fin de dar en pago las sumas correspondientes a la póliza N°12.987". En este orden de ideas, tratándose de un asunto gobernado preponderantemente por normas de derecho privado, adujo -en sintonía con el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo e invocando doctrina de este Tribunal al respecto- que quien debía intervenir era su par remitente.
En virtud de ello, planteó la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia, a los fines de que dirima la cuestión con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 27-IX-2023).
III.1. Este Tribunal, observando lo establecido en el art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 e independientemente de que el caso se haya originado en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 166 in fine de la Constitución bonaerense, ha sostenido que las demandas basadas exclusivamente en pretensiones como las de autos se encuentran primariamente regidas por el derecho privado. Por lo que, en virtud de la cláusula de exclusión allí sentada, decidió esta clase de contiendas en favor de los jueces del fuero civil y comercial (doctr. causas B. 70.901, “Mazza”, resol. de 9-VI-2010; B. 72.814, “González”, resol. de 4-VI-2014; B. 73.426, “Abaca”, resol. de 29-XII-2014 y B. 78.401, "Alvarado", resol. de 6-VI-2023, e.o.).
III.2. En efecto, del escrito inaugural se desprende que el pedido efectuado por la actora se circunscribe a la apertura de una cuenta judicial con la sola intención de depositar allí una suma dineraria en concepto del subsidio por fallecimiento contemplado en el decreto ley 9.507/80, del que resultan beneficiarios los sucesores del señor Pérez. Dicho hecho, tal como ha advertido el juez que intervino en segundo lugar, importa un asunto gobernado preponderantemente por normas de derecho privado y, de tal suerte, raleado de la competencia asignada a los jueces del fuero especializado en derecho público (art. 4 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-), independientemente de la naturaleza de la relación jurídica entre el sujeto subsidiado y la municipalidad (cfr. art. 166 in fine , Const. prov.; doctr. causa B. 72.814 cit.).
IV. Bajo tales premisas, atento el alcance de la pretensión incoada y dado que -como se dejara entrever- no toda contienda que involucre a uno de los sujetos enumerados en el art. 166, quinto párrafo, de la Constitución provincial constituye ipso facto un caso contencioso administrativo (doctr. causa B. 79.015, "Municipalidad de La Plata", resol. de 14-II-2024 y sus citas), corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Martín el órgano que continúe conociendo en esta causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Martín, al que, por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
De igual modo, poner en conocimiento de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:14 hs. bajo el número RR-233-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia