Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122894
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHabiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
"GULIN VICTOR JOSE C/ CAJA DE PREV. SOCIAL PARA MART. Y CORREDORES DE LA PCIA DE BS AS. S/CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM. "
La Plata, 13 de Febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Genoud y Negri y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primer grado que, a su turno, rechazara la acción de pago por consignación incoada por Víctor José Gulin contra la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 162/168 vta. y sentencia electrónica de fecha 4-IX-2018).
II. Frente a ello, el representante de la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de nulidad por el que aduce falta de fundamentación legal, preterición de tópicos esenciales e infracción al principio de congruencia (v. presentación electrónica de fecha 20-IX-2018).
III. El intento anulativo no puede prosperar, en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
III.1 Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que el remedio impetrado sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia; conf. doctr. causas C. 120.707, "Farías", resol. de 1-VI-2016; C. 121.448, "Castaño", resol. de 29-XI-2017 y C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018).
En el caso, la denunciada conculcación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. punto 5 de la presentación electrónica), no puede ser atendida, en tanto ella sólo se produce cuando la resolución carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. punto III de la sentencia electrónica; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; e. v.).
III.2. Con relación a la denuncia de omisión de cuestiones esenciales, cabe decir que ante la carencia de desarrollo argumental a dicho respecto, no debe abocarse al tratamiento de la misma (v. punto 5, decimoséptimo párr. de la presentación electrónica; conf. doctr. causas C. 115.451, "G. C. d. S. M., K.", sent. de 4-VII-2012; C. 112.969, "Cerda", sent. de 4-III-2015 y C. 120.627, "Banzato", resol. de 7-IX-2016; entre otras).
III.3. Finalmente, tampoco puede ser atendido el agravio emparentado con la infracción al principio de congruencia (v. punto 5, segundo párr. de la presentación electrónica), toda vez que el mismo se erige en un ataque impropio de este medio revisor y, por tanto, deviene inabordable (conf. doctr. causas C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; etc.).
Lo dicho, basta para repeler la impugnación intentada (arts. 298 y 31 bis, cits.).
El señor juez doctor de Lázzari dijo:
Siendo denunciada la ausencia de fundamentación legal, debo decir que la postura respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, que sustenté en la causa Ac. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999) ha resultado minoritaria.
En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancia del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso.
En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial. Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informa la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aún cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (conf. causa C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997 y sus citas). Vale decir que a los efectos de la procedencia del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aún en la situación que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 me llevan (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto), a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden, incluyendo las propuestas formuladas en los acápites III.2. y III.3. de la presente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia