Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121450
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.450, "Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) contra García, Alberto Horacio. Consignación de sumas de dinero".
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó -por mayoría- la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, estimó procedente la demanda de pago por consignación promovida por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (v. fs. 471/486 vta.).
Se interpuso, por el letrado apoderado de la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 490/496 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El letrado apoderado del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) inició la presente demanda por consignación de sumas de dinero contra el señor Alberto Horacio García.
Relató que su mandante el 10 de diciembre de 2010 celebró con el accionado un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en la calle Otawa 2.899 entre Brughetti y Quiroz de la localidad de José C. Paz por la suma de un millón trescientos cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 1.350.000), pagaderos en veintiséis cuotas mensuales de veinticinco mil dólares estadounidenses (USD 25.000) y catorce cuotas mensuales de cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 50.000). Expresó que la primera cuota se abonó en efectivo a la firma del contrato y en el mismo acto se documentó el resto de la deuda con la firma de treinta y nueve (39) pagarés, con vencimiento el primero el día 1 de enero de 2011 y los restantes con vencimiento mensual cada treinta días (v. demanda: fs. 20 vta.).
Afirmó que hasta el mes de agosto de 2012 los pagos fueron aceptados de total conformidad, recibiendo el acreedor -aquí demandado- el importe equivalente de la deuda en la moneda de curso legal al cambio de acuerdo con la cotización del día de la fecha de cada vencimiento. Sin embargo, a partir de la cuota que venció el 10 de septiembre García se negó a recibir los pagos, ya que pretendía obtener una ilegal diferencia entre la cotización del dólar oficial y el denominado paralelo (v. fs. 20 vta. y 21).
Destacó que frente a tales circunstancias y tras tratativas extrajudiciales infructuosas, se vio compelido a consignar judicialmente las sumas adeudadas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 y de enero y febrero de 2013, equivalentes a veinticinco mil dólares estadounidenses (USD 25.000) cada una, a la cotización del día del vencimiento de cada obligación (v. fs. 21 y vta.).
El magistrado de origen rechazó la demanda incoada. Para así decidir, sostuvo que de los depósitos efectuados surgía la falta de integración del saldo deudor con la cláusula penal estipulada en la cláusula sexta del contrato, razón por la cual la posición asumida por el acreedor negándose a recibir dichos pagos con carácter cancelatorio no lucía injustificada o ilegítima (v. fs. 433 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la actora, la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata -por mayoría- lo revocó, estimando procedente la demanda de pago por consignación promovida por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (v. fs. 471/486 vta.).
Luego de examinar el intercambio epistolar, la actitud asumida por las partes, judicial y extrajudicialmente, y la prueba testimonial brindada en autos, arribó a la conclusión de que el actor había ofrecido abonar las sumas adeudadas, habiéndose negado el acreedor injustificadamente a recibirlas (v. fs. 472 vta./478).
Despejada así la cuestión vinculada con la mora del acreedor, juzgó irrazonable la pretensión del demandado de exigir los intereses moratorios y punitorios pactados y, por ende, ajustado a derecho el monto consignado judicialmente (v. fs. 480/481 vta.).
III. Frente a este modo de decidir, se alza el letrado apoderado de la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual denuncia la violación de los arts. 725, 740, 742, 757 y 758 del Código Civil; 163 inc. 5, 164, 375, 379, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15, 16 y 21 de su par provincial y de la doctrina legal que cita. Asimismo, alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 490/496 vta.).
Aduce que la sentencia erróneamente concluyó que había existido mora del acreedor, toda vez que de acuerdo con los términos del contrato suscripto la mora era automática, debiendo el deudor los intereses desde el mero vencimiento de cada obligación. Afirma que el propio accionante ofreció pagar los intereses en la audiencia celebrada el día 10 de julio de 2013 y en su presentación de fs. 89, reconociendo su situación de mora (v. fs. 492/493).
Sostiene, seguidamente, que se encuentra configurado el absurdo en la ponderación de los elementos de la causa, al pretender componer la Cámara la prueba testimonial con la indiciaria a los fines de tener por acreditada la resistencia del acreedor a recibir los pagos y su falta de cooperación en el cumplimiento de las obligaciones convenidas, sin señalar en forma categórica cuáles resultarían los hechos reales acreditados por prueba directa con la cual se integraría el silogismo (v. fs. 493/494 vta.).
Por fin, arguye que la solución a la que se arriba resulta contraria a la doctrina legal de esta Corte pues la consignación efectuada no cumple con los requisitos de identidad e integridad del pago (v. fs. 494 vta./495 vta.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En principio, es necesario poner de relieve que las normas del Código Civil y Comercial de la Nación no resultan aplicables en la especie habida cuenta que la cuestión planteada acaeció durante la vigencia del Código Civil de Vélez (art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.2. Cabe recordar que el denominado pago por consignación, receptado por el art. 756 y siguientes del Código Civil, constituye un remedio excepcional al que puede acudir el deudor a fin de cancelar sus obligaciones cuando -entre otros supuestos- su acreedor no quisiera recibir el pago (art. 757 inc. 1, Cód. Civ.).
La negativa o reticencia del acreedor que habilita a su deudor a promover su consignación judicial debe ser injustificada. De ahí que cuando el acreedor se niega a percibir el pago o condiciona su recepción a exigencias ajenas a éste y gravosas para el deudor, aquélla resulta procedente. Por el contrario, si la actitud asumida por el acreedor es legítima, la consignación debe ser rechazada (conf. causa C. 100.912, "Alegre", sent. de 20-V-2009).
Ahora bien, conforme inveterada doctrina de esta Suprema Corte, determinar si concurren los presupuestos que tornan procedente la consignación y si ésta satisface las exigencias legales, en tanto supone un juicio basado en la prueba producida, constituye una cuestión de hecho ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. causas Ac. 55.989, "Salerno", sent. de 6-VIII-1996; Ac. 86.707, "Jorge Alberto Caso S.A.", sent. de 9-XI-2005; e.o.), desvío valorativo que el recurrente no logra patentizar.
IV.3. Tal como fuera antes reseñado, el fallo impugnado concluyó que correspondía admitir la demanda entablada toda vez que se encontraban acreditados los extremos para el progreso de la misma, a saber, la negativa injustificada del acreedor a recibir el pago de lo debido y el depósito íntegro de lo adeudado.
En efecto, la Cámara -tras un examen minucioso de las constancias existentes en la causa y del contexto económico y normativo imperante durante la vida del contrato- describió la actitud asumida por las partes a lo largo del iter negocial.
En dicha tarea, precisó que las cuotas número 2 a 11 fueron abonadas por el deudor en dólares estadounidenses (conf. comprobantes de fs. 314/315, 311/313, 307/310, 303/306, 299/302, 295/298, 291/294, 287/290, 283/286 y 279/282). Sin embargo, a raíz de las restricciones operadas en el mercado cambiario relativas a la adquisición de la mencionada divisa -el denominado "cepo cambiario"-, a partir de noviembre de 2011 las cuotas número 12 a 21 se hicieron en moneda de curso legal, abonándose la cantidad necesaria de pesos para adquirir dólares estadounidenses al cambio oficial. Pese a ello, observó, que con la cuota que venció el 10 de septiembre de 2012 empezó una reticente actitud del acreedor, ya que pretendía recibir el equivalente en pesos al cambio de la cotización del mercado paralelo; situación que culminó con la remisión de una carta documento el día 11 de enero de 2013, mediante la cual intimó al actor al pago de los pagarés correspondientes a las cuotas número 22 a 25, más intereses. A ello agregó que mediante la carta documento del 21 de enero de 2013, García intimó nuevamente al deudor al cumplimiento de dichas cuotas, en esta oportunidad, en la moneda pactada -dólares estadounidenses- más los intereses de la cláusula sexta del boleto (multa diaria del 0,1% sobre el saldo), gastos y daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Tal misiva, destacó, mereció la respuesta del deudor mediante la pieza postal del 23 de enero de 2013, en la cual expresó que se encontraban a disposición del acreedor las sumas reclamadas, las que serían abonadas en moneda de curso legal al cambio oficial (v. fs. 478/479).
A la luz de estas consideraciones advirtió que el acreedor se había negado injustificadamente a recibir los pagos -circunstancia corroborada con la prueba testimonial brindada en la causa (v. fs. 422/423 vta.)-, habiendo modificado su posición en diversas oportunidades, para finalmente al contestar la demanda exigir la conversión de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente a la fecha del efectivo pago, con sustento en lo normado por el art. 44 del decreto ley 5.965/63, con más la cláusula penal pactada e intereses moratorios, lo cual resultaba a todas luces improcedente (v. fs. 476).
A ello, adunó que los pagos que se debieron realizar a partir de la cuota número 34 -con vencimiento en septiembre de 2013- se vieron asimismo obstaculizados por la actitud de la demandada quien promovió la ejecución de los pagarés correspondientes a las cuotas 22 a 33 inclusive, que derivó en el embargo de la cuenta corriente de la actora y el posterior archivo de las actuaciones en virtud del acogimiento de la excepción de litispendencia (v. fs. 481 vta.).
A la par, señaló que en el caso la obligación debía abonarse en el domicilio del deudor y que la mora era automática, por lo tanto, el acreedor debió haber cooperado -y no lo hizo- concurriendo al lugar de pago, correspondiendo, por ende, exonerar de la mora al deudor (v. fs. 480 y vta.).
IV.3.a. Ahora bien, el recurrente por su parte aduce que no hubo mora del acreedor, circunstancia que -según afirma- se encuentra corroborada por el reconocimiento expreso del deudor en torno a la suma debida en concepto de intereses correspondientes a su estado de morosidad (v. fs. 492/493).
Tiene dicho esta Corte que determinar el estado de mora entre las partes, analizando para ello lo convenido en el contrato vinculante y la conducta de aquéllas, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada en casación si se pone en evidencia que tal conclusión es el resultado de un razonamiento absurdo (conf. causas C. 96.698, "Eleprint S.A.", sent. de 6-IV-2011; C. 119.731, "Estoroni", sent. de 15-XI-2016; etc.); extremo que no se evidencia en la especie.
En efecto, si bien el impugnante denuncia que la sentencia incurre en el mentado vicio valorativo, no logra demostrar el desvío lógico de ella, pues del minucioso análisis efectuado por el Tribunal de Alzada basado fundamentalmente en la reticencia injustificada del acreedor a recibir los pagos en moneda de curso legal, hecho al que se vio compelido el deudor en razón de la restricción legal imperante en el mercado cambiario (resol. gral. AFIP 3.210; Comunicación A-5318, BCRA; e.o.), el recurrente nada dice, lo cual implica que no ha cumplido con la carga de patentizar el absurdo que sostiene (art. 279, CPCC).
Del mismo modo, se limita a repetir su interpretación de los hechos donde sostiene la falta de culpa de su parte en la frustración del negocio, insistiendo en la mora del deudor; expresando, en definitiva, que disiente con lo resuelto.
Sabido es que ello no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda configurada sólo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho tales como las aquí ventiladas (conf. causas C. 119.212, "Carini", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.134, "López", sent. de 29-VIII-2017; entre muchas).
IV.3.b. De otra parte, cuestiona la preeminencia dada por la Cámara a la prueba indiciaria y testimonial, denunciando la omisión de otros elementos de convicción que estima prevalentes (v. fs. 493), olvidando en dicho trance que la selección de pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde (que admite la posibilidad de inclinarse por algunas descartando otras) es facultad privativa de los jueces de grado, y no constituye supuesto de absurdo en sí mismo el ejercicio de la facultad legal de los tribunales de las instancias de mérito para seleccionar el material probatorio y dar preeminencia a unas pruebas respecto de otras, así como para apreciar la idoneidad de los testigos (conf. causas C. 108.319, "Gómez", sent. de 16-V-2012; C. 119.090, "Todoro", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
En rigor, de la lectura de la pieza recursiva se observa la mera transcripción de doctrina legal y citas genéricas vinculadas a la prueba indiciaria (v. fs. 493/494 vta.), las cuales en sí mismas nada aportan si es que al mismo tiempo no se relacionan dichos principios con su aplicación a las circunstancias del caso y las razones que debería esgrimir en apoyo de su postura.
Llegados a este punto, cabe recordar que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura básica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que, para estudiar el asunto desde otra perspectiva que la de la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterio-, por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué promedia error en el modo en que el tribunal de la causa ha visto la controversia (conf. causas C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015; C. 117.241, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 16-VIII-2017; etc.).
IV.3.c. Tampoco puede prosperar la queja vertida en torno al principio de integridad y la alegada violación de la doctrina de esta Corte que cita (v. fs. 494 vta. y 495).
Una vez más el quejoso se desentiende de los sólidos fundamentos desarrollados por la Cámara en apoyo de la solución adoptada y las razones brindadas en el fallo vinculadas a la inaplicabilidad al caso del art. 44 del decreto ley 5.965/63, la improcedencia del reclamo de intereses moratorios y de los punitorios estipulados en el contrato (v. fs. 476/478), afirmando de manera genérica y dogmática que "si se debiese suma de dinero con intereses, el pago no se entenderá íntegro sino pagándose todos los intereses con el capital" (fs. 495).
Así, el razonamiento de la Cámara, en tanto ponderó las particulares circunstancias del caso y concluyó en la integridad del pago efectuado por el deudor (v. fs. 478/481 vta.), no ha recibido un reproche que demuestre error palmario y fundamental en la apreciación probatoria que condujera a formulaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa (art. 279, CPCC), lo que determina el rechazo de esta parcela de la impugnación.
Por fin, resulta insuficiente a los fines de conmover el fallo en crisis la vaga afirmación efectuada en torno de la violación de doctrina legal. Vale consignar que esta Corte reiteradamente ha expresado que la denuncia de violación de la doctrina legal debe vincularse con las normas legales eventualmente conculcadas y referirse a situaciones similares (conf. doctr. causas C. 102.802, "Camino", sent. de 17-XII-2008; C. 95.600, "Echagüe", sent. de 3-X-2012; e.o.), lo que no concurre en autos.
V. En consecuencia, si mi opinión es compartida, debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto. Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Negri , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia