Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123277
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 21-XII-2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.277 "TORNAROLI, ROCIO EDITH Y OTROS C/ TORRE AZUL S.A. S/ CONSIGNACION DE SUMAS DE DINERO, ALQ. ARRENDAM."
I. Con la presentación electrónica de fecha 8 de enero del corriente año, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 21 de diciembre de 2020.
II. Los actores deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con remisión al dictamen del Procurador, por un lado, rechazó el de nulidad interpuesto por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos sustancialmente análogos y, por el otro, descartó el de inaplicabilidad de ley articulado en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812; 289 y 298, CPCC; v. resol. de 4-XI-2020, Dictamen del Procurador de fecha 28-IX-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 19-XI-2020 y su archivo adjunto identificado como "Recurso Extraordinario Federal.pdf").
En el caso, en lo que deviene pertinente destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo de Primera Instancia que, a su turno, rechazó la pretensión de consignación de sumas de dinero y revisión de cuotas abonadas y la modificó en cuanto a los intereses debidos, los cuales fijó en un 10.20 % anual (v. sents. de 8-V-2018 y su aclaratoria de fecha 10-V-2018 y 26-III-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa de los consumidores y usuarios, propiedad y acceso a la vivienda (arts. 14 bis, 17, 18, 42, Const. nac.; VI, DADDH; 16.3 y 25.1, DUDH; 17, CADH; 10 y 11, PIDESC; 23, PIDCyP; v. págs. 4/5, 7/9, 11/12, 14, 17, 27 y 30/32, adjunto cit.).
III.2. Sostienen que el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente, conforme a las circunstancias de la causa y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, apartándose de las constancias del expediente, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-, y rechazó -dogmáticamente- los remedios locales, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas (v. págs. 4/18 y 24/32, adjunto cit.).
En tal sentido, aducen que el dictamen al que remite esta Corte resulta contradictorio, dado que al descartar el carril de nulidad ponderó como cuestión tangencial el tipo de cambio que rige en nuestro país, pero al tratar la vía de inaplicabilidad de ley ingresó en dicha temática y sostuvo -erróneamente, según su entender- que el denominado dólar blue le rememora la figura del esfuerzo compartido.
Y agregan que se omitió considerar que su parte debió consignar los pagos realizados porque -contrariamente a lo expuesto- la demandada se negó a hacer algún esfuerzo al exigirles los pagos conforme la cotización más alta del dólar paralelo o bien en dólar billete. Esto último, insisten, era imposible de conseguir dadas las restricciones por la AFIP (v. págs. 7, 14/16 y 25/27, adjunto cit.).
III.3. Arguyen, también, que el pronunciamiento atacado no aplicó de manera correcta el art. 7 del Código Civil y Comercial y vulneró el principio in dubio pro consumidor . Explica que, si bien los contratos son anteriores al año 2014, los pagos consignados se extendieron durante los años 2015 a 2018. Así, concluyen que, dada la relación de consumo existente y que el contrato estaba en curso de ejecución, debió estarse a las leyes más favorables a la parte más débil de la relación, esto es, el citado Código Civil y Comercial (v. págs. 27/32, adjunto cit.).
Y denuncian, finalmente, que el presente constituye una cuestión federal suficiente, en tanto este Tribunal desconoció -al igual que los magistrados anteriores en grado- la ley 19.359 denominada Ley Penal Cambiaria que establece como delito toda negociación de cambio por fuera de la cotización oficial, tal como -afirman- acontece en el caso de marras (v. págs. 6/7 y 9, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (proveído de 25-XI-2020), el mismo fue contestado por la apoderada de la parte demandada (v. soporte papel de fecha 9-XII-2020 y escrito electrónico de fecha 8-I-2021).
V. 1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la atinencia del art. 7 del Cód. Civ. y Com., la denunciada vulneración a la ley 24.240, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia de la fundamentación de los remedios extraordinarios locales para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 302:82; 821; 310:1542; 322:1888; entre otros). Extremos que no se advierten en la pieza recursiva, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que una discrepancia de criterio, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, irrazonable interpretación del material probatorio, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar los recursos intentados, reiterando agravios allí expuestos y que ya han merecido respuesta (v. resol. en objetada y Dictamen del Procurador cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, defensa de los consumidores y usuarios, propiedad y acceso a la vivienda; arts. 14 bis, 17, 18, 42, Const. nac.; VI, DADDH; 16.3 y 25.1, DUDH; 17, CADH; 10 y 11, PIDESC; 23, PIDCyP; v. págs. 4/5, 7/9, 11/12, 14, 17, 27 y 30/32, adjunto cit.), así como la simple mención de la violación a la ley 19.359 (Ley Penal Cambiaria) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.971, "Ardissone", resol. de 10-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 21-XII-2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/04/2021 17:02:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2021 21:10:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2021 18:47:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2021 19:12:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2021 13:53:49 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia