Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121633
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.633, "Barbieri, Natalia Romina contra Ferrando, Sabina Zulema. Consignación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la demanda por consignación promovida e hizo lugar parcialmente a la reconvención deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 478/492 vta.).
Se interpusieron, por la reconvenida, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 500/515 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 580/581 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen rechazó la demanda por consignación incoada por Natalia Romina Barbieri y la sanción por temeridad y malicia peticionada e hizo lugar parcialmente a la reconvención deducida por Sabina Zulema Ferrando en cuanto pretendía el cobro de haberes adeudados correspondientes al mes de noviembre del año 2014, vacaciones proporcionales por dicho período, sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre de 2012, 2013 y segundo semestre de 2014, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 478/492 vta.).
Para así decidir, afirmó que en el caso no existía controversia respecto a que la señora Ferrando había trabajado para la señora Barbieri en el establecimiento (gimnasio Hera) que esta explotaba en la localidad de Berazategui (v. vered., fs. 478).
Evaluó que si bien la empleadora admitió haber registrado tardíamente a la dependiente como "administrativa de segunda" a tiempo parcial indeterminado (CCT 462/06), extremo corroborado con la pericia contable (v. fs. 377 vta.) y la prueba informativa (v. fs. 403/422), también reconoció que la categoría que le correspondía era la de instructora según el Convenio Colectivo de Trabajo 700/14 (v. vered., fs. 478 vta.).
Destacó que aun cuando la certificación acompañada por la trabajadora para acreditar la alegada condición de profesora de danzas árabes carecía de validación por causas ajenas a su voluntad, no se advertía de su parte un comportamiento tendiente a llevar a error al tribunal ni un intento de estafa procesal. Refirió que en tanto los testigos declararon que la reconviniente había actuado como idónea en la actividad de brindar instrucción de danzas árabes y dado que la diferenciación entre profesora e instructora era sumamente sutil y complicada a los efectos de su dilucidación por los declarantes, correspondía calificarla como "instructora" de acuerdo a lo previsto por el convenio 700/14 de aplicación al caso, dato que además condujo al sentenciante a considerar que la vinculación había sido incorrectamente registrada (v. vered, fs. cit. y 479/480).
En relación al horario de trabajo, juzgó que la dependiente no había logrado demostrar la extensión de la jornada invocada, desde que resultó ineficaz a tales fines la prueba testimonial e inconducente la documentación que acompañara (v. fs. 83/89, 97/104, 106, 109, 111/113, 115 y 116), por lo que determinó que sus servicios fueron cumplidos a tiempo parcial indeterminado (v. vered., fs. 479 y vta.). Respecto a la remuneración mensual, señaló que la suma denunciada por la trabajadora era compatible con la prevista en las escalas del convenio 700/14 para su actividad y que toda vez que no existía prueba en contrario, debía tenerse por cierto el salario alegado por aquella en virtud de lo previsto en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 479 vta. y 480).
Sobre tales bases, y luego de considerar injustificada la ruptura del contrato dispuesta por la empleadora, el tribunal de grado dispuso el progreso de la reconvención deducida por los rubros salariales e indemnizatorios antes especificados (v. fs. 486/492 vta.).
II. Contra dicha decisión, la reconvenida interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 514 vta. y 515).
Sostiene que el juzgador omitió abordar una cuestión esencial, tal como lo es la determinación de la cantidad de horas que semanal y mensualmente cumplía la trabajadora a fin de poder fijar su mejor remuneración mensual, normal y habitual. Alega, además, que los jueces incurrieron en absurdo al abordar el tema a la vez que soslayaron lo informado en la pericia contable.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 580/581 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
En efecto, los agravios traídos por la recurrente resultan extraños al recurso bajo análisis, toda vez que, si bien denuncia la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, solo cuestiona en realidad, el acierto jurídico de la decisión, invocando típicos errores de juzgamiento ajenos -como tales- al ámbito de actuación de la vía de impugnación intentada (causas L. 112.766, "Busca", sent. de 29-V-2013; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014 y L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019).
Tampoco es dable verificar la infracción del art. 171 de la Carta local, toda vez que el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones legales, resultando ajeno al remedio bajo examen el presunto desacierto en la aplicación del precepto o bien, su exigua justificación (causas L. 117.414, "Laffue", sent. de 4-III-2015; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 117.684, "Cladd", sent. de 8-V-2019).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor Genoud y solo habré de agregar que la postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa C. 56.599, "Blanco", sentencia de 23-II-1999, ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "...fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución provincial ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "...teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Rio de la Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aun en la situación de que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, me llevan -siempre dejando a salvo mi opinión al respecto- a adherir a lo expresado por el colega que me precede (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este S.A.", resol. de 20-XI-2014).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la reconvenida denuncia absurdo y violación de los arts. 44 incs. "d" y "e" y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 6, 163 inc. 8 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 52 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de doctrina legal que individualiza (v. fs. 500/515).
Sostiene que el tribunal a quo valoró absurdamente la prueba y prescindió del principio de adquisición procesal. Aduce que desestimó documentación (v. fs. 83/116), que demuestra que la trabajadora tuvo un accionar malicioso y que pudo haber incurrido en el delito de tentativa de estafa procesal.
Objeta que no se tuviera en cuenta la declaración del único testigo ofrecido por su parte y no descalificado por el juzgador. Reprocha que no se transcribieran los testimonios en el acta de audiencia de vista de la causa, de los que -refiere- surge que la señora Ferrando abandonó su trabajo y fue despedida correctamente (conf. art. 244, LCT).
Cuestiona que se considerara que fue por circunstancias ajenas a su voluntad que la dependiente no demostró la pretendida condición de profesora de danzas árabes. Afirma además que su parte reconoció que la señora Ferrando desempeñó tareas de "instructora" pero explicó que no pudo registrarla en esa categoría porque se vio técnicamente imposibilitada conforme a las opciones habilitadas por el sistema de la AFIP, circunstancia que -alega- resultó acreditada.
Aduce que a partir de los elementos de prueba que ofreció y acompañó la trabajadora para acreditar la categoría y remuneración alegadas, queda en evidencia su mala fe, debiendo ser sancionada por temeridad y malicia.
Objeta que desestimando la pericia contable producida en la causa y en virtud de la presunción prevista en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo se hubiera tenido por cierta la remuneración denunciada en el escrito de reconvención, así como también que no hubiera sido fijado el horario de trabajo cumplido por la trabajadora.
Reitera lo expuesto en torno a la imposibilidad de registrar a la dependiente como instructora conforme al convenio 700/14, a la vez que postula que en el caso no pudo válidamente considerarse que el vínculo estuviera deficientemente inscripto en los términos del art. 1 de la ley 25.323.
Por otro lado, denuncia violado el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina elaborada por esta Corte, entre otras, en las causas L. 77.914 "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002; L. 81.838, "Macalusi", sentencia de 10-IX-2003 y L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005, en cuanto la regulación de honorarios practicada en la instancia excede el tope del 25% establecido en la citada norma.
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Cabe inicialmente destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia, representado por el monto de condena con más la diferencia entre la suma presupuestada en la instancia ordinaria en materia de costas y la que resultaría de limitar dicho importe al 25% de los guarismos de condena y el importe correspondiente a la sanción cuyo rechazo es cuestionado, no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3867/17)-.
Luego, la admisibilidad del recurso solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
II.2. Bajo dichas premisas, devienen inadmisibles los planteos mediante los cuales -en rigor- solo se traen a consideración de esta Corte cuestiones de hecho y prueba, privativas de los jueces de grado, que -como tales- se hallan excluidas del estrecho ámbito de revisión por el que transita este medio de impugnación (causas L. 105.335, "Alfonso", sent. de 28-XII-2011; L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; e.o.). Tal como lo son, entre otras, las vinculadas a la apreciación del material probatorio, así como al análisis y establecimiento de las circunstancias relativas a la categoría laboral que corresponde a la trabajadora, la extensión de su jornada de trabajo y remuneración; también la referida a la determinación de la existencia de temeridad y malicia.
Luego, igualmente inadmisible resulta el planteo realizado sobre la falta de configuración en el caso de los presupuestos contenidos en el art. 1 de la ley 25.323, ni bien se repara que en este aspecto el embate carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; L. 119.708, "Acevedo", sent. de 5-IV-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
Cabe además recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017 y L. 120.083, "Sanquigni", sent. de 14-II-2018).
II.3. En cambio, le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado se apartó de la doctrina legal de esta Corte, vinculada a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432) y 505 del Código Civil, la que se mantiene vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del Código (ley 340) fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del ordenamiento de fondo.
Este Tribunal -por mayoría- ya se ha expedido en distintos pronunciamientos en el sentido de que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432), es aplicable en el ámbito provincial (causas L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-IX-2003; L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; e.o.).
Con acierto denuncia el agraviado que la regulación de los estipendios (v. fs. 495 y vta.), excede el límite establecido en la disposición precitada (causas L. 77.859, cit.; L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011; L. 111.176, "Gómez", sent. de 21-VIII-2013 y L. 117.427, "C., M. Á.", sent. de 20-V-2015).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la demandada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
III. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia de grado, debiendo regresar las actuaciones al tribunal de origen para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el punto II.3. del presente.
Costas de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos II.1. y II.2. de su voto.
I.2. Con relación al agravio por el que se denuncia que el juzgador excedió el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita del art. 277, LCT, t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento del presente recurso, habré de remitir -como indiqué al emitir mi voto en la causa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016)- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido" (sents. de 6-VIII-2015) y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 15-X-2015).
Así las cosas, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%). Por ende -y como lo pone de manifiesto el doctor Genoud en el punto II.3. de su opinión-, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto III del voto inaugural.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos II.1. y II.2. de su voto, pero no comparto la decisión que finalmente propone a partir del punto II.3.
En mi opinión, no le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado, al regular los honorarios de los profesionales intervinientes en los montos en que lo hizo, trasgredió la doctrina establecida, entre otras que cita, en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de dicho precedente (reiterada en otros pronunc
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.