Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, hizo lugar a la reconvención interpuesta por José Omar Acuña y condenó a Faraday S.A.I.C.Y.F. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido injustificado (v. fs. 981/1.002).
Para así decidir, entendió que no habían sido acreditadas las causales invocadas por la empleadora para despedir justificadamente al trabajador.
II. Frente a lo así resuelto se alza la empleadora reconvenida con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.017/1.027), el que fue concedido por el a quo a fs. 1.029/1.030.
En su impugnación denuncia absurdo. En lo esencial se agravia que el tribunal tuviera por no acreditadas las causales de despido invocadas por su parte, y que imputara como "horas extras" el monto fijo que el trabajador reclamó en su contestación de demanda, no como el pago de horas en exceso de la jornada legal, sino como una suma percibida mensualmente "en negro".
Por otra parte, rechaza la condena en cuanto a la multa impuesta con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, indica que los días trabajados durante el mes de mayo de 2018 fueron debidamente abonados en la liquidación final.
III. El remedio intentado no es de recibo.
III.1.a. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.1.b. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
El juzgador de grado estableció que era carga de la actora reconvenida acreditar la justa causa del distracto, fundada en que el señor Acuña cometió un hecho delictivo, como es, la entrega de certificados médicos apócrifos para justificar ausencias a su lugar de trabajo, importando, además, una pérdida de confianza.
Establecidos así los hechos, y negado por la demandada reconviniente la entrega de los citados instrumentos falsos, el tribunal concluyó que la empleadora le imputó un delito al trabajador sin haber dado inicio previamente a las actuaciones penales correspondientes, por lo cual la medida carecía de fundamento fáctico jurídico y, además, resultaba prematura.
Luego, en cuanto a la alegación de pérdida de confianza, tampoco se demostró en la causa la inconducta atribuida al trabajador, en cuanto no quedó acreditado que los certificados que se indicaron como falsos o apócrifos hayan sido efectivamente presentados (y mucho menos confeccionados) por Acuña.
III.1.c. En efecto, las alegaciones formuladas respecto de la ponderación de la injuria no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva de la recurrente, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas y los testimonios brindados, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En cuanto al agravio destinado a impugnar el monto reclamado como horas extras tampoco ha de prosperar.
A criterio del juzgador de grado quedó suficientemente acreditada la realización de trabajo en horas suplementarias por parte de Acuña. Asimismo, puntualizó que jugó a favor del trabajador la presunción legal que emerge del incumplimiento de la actora reconvenida, en tanto ella no llevaba -según informó el perito contador- registro de las horas cumplidas en exceso de la jornada legal. En ese contexto, consideró que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el dependiente ascendía a la suma de pesos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y uno con setenta y seis centavos ($49.671,76), ingresos a los que debía adicionarse el monto de pesos doce mil ($12.000) que Acuña recibía de modo extracontable en concepto de horas extras.
Así, las conclusiones expuestas en dicho pronunciamiento, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el tribunal de origen en ejercicio de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debió apreciarse la contestación de demanda, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 122.101, "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En definitiva, siendo que la interesada se dirige a endilgarle al sentenciante haberse apartado de las manifestaciones expuestas en el escrito de réplica, su impugnación muestra -en consecuencia- una aparente conexión con el principio de congruencia, cuya transgresión, sin embargo, no ha sido invocada, ni la eventual infracción a las normas procesales que lo receptan.
En consecuencia, la insuficiencia de la vía extraordinaria emerge patente a la luz de los recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", sent. de 14-VIII-2019 y L. 125.601, "Castronovo", resol. de 9-XII-2020), pues sabido es, que este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que se incurre al fundar el recurso (causas L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018; L. 124.146, "Peralta", resol. de 11-III-2020 y L. 125.005, "Segarra", resol. de 16-X-2020).
III.3. Las objeciones tocantes a lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto en ella se acogió la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y se intimó a entregar los instrumentos que contempla dicha norma, no ha de correr mejor suerte.
Ha quedado en pie la conclusión del a quo en torno a que los certificados acompañados por la actora reconvenida en el expediente no reflejaban los datos reales de la relación laboral habida entre las partes, así como que la fecha de confección de los mismos fue entre dos y tres meses posteriores al distracto, por lo que jamás pudieron haber estado a disposición del trabajador en el plazo de ley.
Al respecto, ningún argumento conducente trae la recurrente para modificar lo resuelto, ya que partiendo de una premisa distinta a la indicada en el pronunciamiento de origen -esto es, que confeccionó los certificados dentro de las 48 horas de recibida la intimación del trabajador- y con la sola exposición de su personal y discordante criterio respecto de los jueces de grado, no logra demostrar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo -cuya configuración tampoco denuncia en esta parcela- y susceptible de invalidar el pronunciamiento de origen (art. 279, CPCC; causa L. 121.613, "Álvarez", resol. de 26-XII-2018).
III.4. Tampoco puede prosperar el agravio dirigido a impugnar la falta de pago de los días trabajados en el mes de mayo de 2018, desde que tratándose de cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el tribunal de origen en ejercicio de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por el recurrente (causas L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
Por otra parte, también se ha señalado reiteradamente, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal del trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.037, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 19:34:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2021 09:37:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 13:32:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 09:50:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 11:18:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia