Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123867
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, -en el marco de un juicio iniciado por Double Star Logistics de Argentina S.A. contra Carolina Romina Martínez en concepto de consignación- rechazó las excepciones de incompetencia y litispendencia opuestas por la demandada (v. fs. 179/180 vta.).
Para así decidir, juzgó no acreditado que el domicilio real de la trabajadora se encuentre ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y de conformidad con lo informado por el Oficial notificador, señaló que la persona que recepcionó la cédula de traslado de la demanda, puntualizó que la accionada reside efectivamente en el domicilio denunciado por la actora, quedando dicho instrumento debidamente diligenciado. Además, -agregó el a quo - la legitimada pasiva no cuestionó lo informado por el agente judicial.
En relación a la excepción de litispendencia, señaló que no se verifica en el caso la existencia de un juicio previo entablado entre las mismas partes, por la idéntica causa y con igual petitorio u objeto. Además, -señaló- la promoción por parte de la trabajadora del trámite administrativo contemplado en la ley 24.635, no reviste la calidad de un proceso judicial preexistente, siendo el mismo, por definición, de carácter obligatorio y previo a la instancia judicial.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 181/199 vta.), el que fue concedido en el marco de la excepción establecida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 209/211 y vta.)
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Denuncia la existencia de cuestión federal con cita de las causas "Strada" y "Di Mascio". En este marco, plantea la inconstitucionalidad de los art. 278 y 280 del CPCC. Cita las normas y la doctrina que considera violadas, y alega absurdo en la valoración de la prueba.
En sustancia, cuestiona el rechazo de la excepción de incompetencia y de litispendencia opuesta. Sostiene que el a quo omitió considerar lo dispuesto en los arts. 3 de la ley 11.653 y 24 de la ley 18.348. Invoca violado el principio " in dubio pro operario ".
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 209/211 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021).
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.377, "Zambrana", resol. de 12-II-2021).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014;L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 125.377, cit.).
III.3. Además, se aprecia que la recurrente no ha traído a consideración en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción al recaudo aludido, sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos 308:490), "Di Mascio" (Fallos 311:2478), por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales, a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (causas L. 118.352, "Prieto", resol. de 1-IV-2015; L. 118.282, "Franco", resol. de 20-V-2015; L. 124.996, "Guenumil", resol. de 20-V-2020 y CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
III.4. Sentado ello, corresponde destacar que en el caso, la función revisora de este Tribunal se limita a verificar la existencia o no, de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 113.305, "Fiasche", resol. de 22-XII-2010; L. 114.263, "Pastor", resol. de 18-IV-2011; L. 125.068, "Del Pup", resol. de 12-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.4.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, pues, más allá de todo análisis relativo al acierto de la decisión, aspecto sobre el que no cabe ingresar, dado los límites impuestos por la normativa de mención, la crítica, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, remite al estudio de cuestiones fácticas, como es el examen de las constancias de la causa, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado artículo 55 de la ley 11.653 (causas L. 117.059, "Aranda", resol. de 20-III-2013; L. 117.104, "Griffiths", resol. de 17-IV-2013 y L. 125.283, "Francesetti", resol. de 12-II-2021).
III.4.b. Sumado a ello, los precedentes jurisprudenciales que se citan en el recurso fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017 y L. 125.335, "Rocha", resol. de 12-II-2021).
III.4.c. Además, tiene resuelto esta Corte que la mención de doctrina referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por aquel excepcional conducto que prevé la mencionada norma ritual (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
III.4.d. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L.117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 122.169, "Ortiz", resol. de 20-II-2019 y L. 125.472, "Avila", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:53:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:15:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:01:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:14:18 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia