Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123840
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.840, "Arrate, José Luis contra Gallero, Ignacio Félix. Consignación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea, en la causa acumulada, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Ignacio Félix Gallero contra el señor José Luis Arrate. Acogió también en parte la acción de consignación promovida por este último e hizo lugar a la reconvención deducida por el señor Gallero. Impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 886/968 vta.).
Se interpusieron, por el señor Ignacio Félix Gallero, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24 de diciembre de 2018).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 3 de junio de 2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En las actuaciones acumuladas el tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Ignacio Félix Gallero y condenó al señor José Luis Arrate al pago de la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345 más los intereses correspondientes al período 17 de noviembre de 2016 a 30 de noviembre de 2018. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones por despido, sustitutiva del preaviso y las establecidas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 y 1 y 2 de la ley 25.323.
Por otro lado, admitió parcialmente la acción de consignación promovida por el señor Arrate respecto de los recibos acompañados en autos, ordenando la concurrencia del trabajador Gallero a la sede del tribunal para que suscriba dichos instrumentos y proceda al retiro de las copias. La rechazó, en cambio, "...en cuanto pretendía conseguir los efectos..." establecidos en el art. 907 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de las diferencias salariales y la entrega del certificado de servicios y remuneraciones.
Luego, hizo lugar a la reconvención incoada por el trabajador al contestar la demanda por consignación, condenando al empleador Arrate a abonar las diferencias salariales, feriados y horas nocturnas y los respectivos intereses calculados desde que cada suma es debida hasta el día 30 de noviembre de 2018.
II. El señor Ignacio Félix Gallero interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
Afirma que el tribunal de grado omitió resolver dos cuestiones a su criterio esenciales.
II.1. Sostiene que en la demanda por despido solicitó que se lo condenara al señor Arrate a entregar la certificación de servicios, conforme la fecha de ingreso, categoría y convenio colectivo de trabajo denunciados.
Al respecto, manifiesta que si bien al resolver en el marco de la demanda por consignación y la reconvención el órgano de grado determinó que el certificado de cese y servicios ofrecido no estaba completo conforme los hechos acreditados en la causa por despido, omitió ordenar la entrega de uno nuevo, tal como lo había planteado su parte.
II.2. Denuncia que, a pesar de haber analizado y resuelto sobre cada una de las causales que llevaron a que el señor Gallero se considerase injuriado y con ello despedido, el sentenciante omitió expedirse sobre la que su parte consideró como la "más grave", esto es, el ofrecimiento del señor Arrate de pagarle las diferencias salariales en cuatro cuotas y sin intereses.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso admite una procedencia parcial.
III.1.a. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; e.o.).
Asimismo, que constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
III.1.b. En lo que resulta de interés, el contenido de la litis quedó integrado, no solo por la acción por consignación y la reconvención formulada por el señor Gallero al contestar demanda (v. fs. 94/98 y 131/138 vta., respectivamente), sino también, por aquellas peticiones y defensas ventiladas en la causa "Gallero, Ignacio Félix c/ Arrate, José Luis y otro s/ Despido" (v. fs. 262/510 vta.), cuya acumulación fue ordenada a fs. 883 y vta.
En ese contexto, puede advertirse que la temática que se denuncia preterida fue sometida a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna. Así, en el escrito de inicio perteneciente a la causa por despido, el señor Gallero peticionó "...la entrega de la certificación de Servicios prestados, conforme real fecha de ingreso, verdadera categoría y CCT aplicable" (v. fs. 262 in fine), lo cual fue destacado en la reconvención planteada dentro del juicio por consignación (v. fs. 136).
Sin embargo, el tribunal de trabajo, al dictar sentencia sólo analizó la entrega del referido certificado a partir de lo solicitado por el señor Arrate en la acción por consignación -el cual desestimó por encontrarse incompleto-, mas no respecto del pedido realizado por el señor Gallero, sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
En tales condiciones, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial.
III.2. En otro orden, no es de recibo el embate que remite al análisis de la causal de injuria vinculada con el ofrecimiento del empleador de pagar al dependiente las diferencias salariales en cuatro cuotas y sin intereses.
De los términos del agravio surge que no obstante aludir a que el tribunal "analizó y resolvió sobre cada una de las causales" el interesado hace referencia a que la sentencia "ni siquiera se expide sobre dicha causal", enfatizando en la configuración de una omisión total en el tratamiento del tópico (v. págs. 31/33).
En oportunidad de analizar las causales de injuria, el tribunal enumeró como una de las denunciadas a la referida a la "falta de depósito de las diferencias salariales reclamadas", luego destacó como última actitud considerada por el trabajador como agraviante "la propuesta realizada el 28 de octubre de 2.016 en el Expte. Administrativo n° 21.531-19198/16-0, de abonar en cuatro cuotas las diferencias salariales" (sent., fs. 935 vta.).
Y sobre el tema posteriormente consideró que las causales invocadas por el trabajador como injuriantes, concretamente "no haber depositado en los Organismos de la Seguridad Social y Sindicales los aportes y Contribuciones evadidos de la relación laboral y menos aún acompañar en el Expte. Adm. el respaldo documental de ello; y la falta de depósito de las diferencias salariales reclamadas, habiendo intimado previamente al empleador en más de una oportunidad", no devinieron justificadas para producir el distracto, para fundar tal conclusión se remitió "al tratamiento en los considerandos y conclusiones de las cuestiones tercera y quinta, del Veredicto de autos y que devinieron en la causa por Consignación" (sent., fs. 938 vta.).
Seguidamente, al analizar las actitudes asumidas por ambas partes previamente al distracto, destacó la "escasa colaboración a las invitaciones de la patronal a tratar de solucionar las diferencias salariales y registrales", pues sostuvo que el trabajador no concurrió personalmente a la audiencia designada en el Ministerio de Trabajo, donde la demandada había realizado una liquidación de las diferencias salariales y acompañaba un proyecto de recibo de haberes con los datos requeridos, indicó que además, no respondió a la propuesta de la demandada del pago de las diferencias salariales, sino que a horas de finalizada la audiencia se consideró despedido por culpa exclusiva del empleador, en razón, justamente, de no haber dado cumplimiento a sus requerimientos (v. sent., fs. 941 vta.).
El contenido del fallo en crisis revela que los magistrados de origen no incurrieron en el vicio que se denuncia en este tramo de la impugnación, pues dieron tratamiento al tópico que el interesado alega ignorado.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error de juzgamiento es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
III.3. A tenor de lo hasta aquí dicho, corresponde decretar la nulidad parcial del fallo, en cuanto en él se omitió abordar la cuestión identificada en el punto III.1. de la presente, solución que no ha de proyectarse sobre otros aspectos del pronunciamiento que no guardan vinculación, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional que afectaría el rendimiento del servicio de administración de justicia, máxime que -en rigor- nada impide que esta Corte ejerza a su respecto la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 79.235, "Carnival", sent. de 23-V-2007; L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012 y L. 121.212, "Pardo", sent. de 9-XII-2020).
IV. Por lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y anular parcialmente la sentencia de fs. 923/968 vta., con el alcance determinado en el párrafo que antecede.
La causa deberá ser devuelta al tribunal de origen para que, debidamente integrado, emita un nuevo fallo que subsane la omisión verificada (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se denuncia la errónea aplicación de los arts. 63, 140 incs. "b" y "k" y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10 y 11 de la ley 24.013; 1 de la ley 25.323; y de la doctrina legal que identifica.
En esencia, afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo al valorar de forma incorrecta, parcial y sesgada las pruebas y los hechos, lo que lo condujo a rechazar la demanda de despido.
I.1. Objeta que el sentenciante haya considerado que el empleador procedió a registrar en plazo la fecha de ingreso denunciada por su parte.
Alega que, a diferencia de lo expresado por el juzgador, el plazo de treinta días establecido en el art. 11 de la ley 24.013 comienza a correr desde que es recibida la intimación del trabajador (en el caso, el día 20 de septiembre de 2016), por lo que al momento de la registración (21 de octubre de 2016) se encontraba vencido, en tanto su parte no consintió ni otorgó prórroga alguna para que se rectifique la fecha de ingreso.
De este modo, sostiene que las dos primeras causales del despido que consistían en que el señor Arrate había negado la fecha de ingreso del señor Gallero y no la había rectificado en el plazo de ley, se encuentran manifiestamente acreditadas.
Asimismo, alega que el empleador no sólo no acompañó la documentación respaldatoria de aquella rectificación, sino que ni siquiera lo informó, ocultándolo maliciosamente al trabajador para incitarlo a considerarse despedido, lo que -dice- no mereció consideración alguna por el órgano de grado.
I.2. Cuestiona la valoración que hizo el tribunal acerca de la real categoría del trabajador, el convenio colectivo de trabajo aplicable y su correcta registración. Alega que el fallo resulta manifiestamente erróneo al concluir que el empleador "...cumplió con las exigencias reclamadas por el trabajador a fin de dar continuidad al contrato de trabajo".
Señala que de la pericia contable surge que desde la fecha del primer telegrama remitido (19 de septiembre de 2016) hasta el momento del distracto (28 de octubre de 2016), el señor Arrate no había procedido a rectificar en sus libros la real categoría que le correspondía a partir del convenio colectivo de trabajo 80/89 aplicable, ni había abonado los aportes y contribuciones producto de su incorrecta registración.
Expresa que resulta irrelevante que el tribunal no haya tenido por comprobado el hostigamiento por parte del empleador, como tampoco que el señor Gallero hubiera ido a comprobar al Ministerio de Trabajo y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la rectificación laboral, ya que ninguno de estos hechos fue mencionado como causal para justificar su despido indirecto.
Asevera que la causal de incorrecta registración laboral es suficiente para ocasionar injuria en el trabajador, pues tiende a evadir los aportes y contribuciones que son de orden público.
A su vez, dice que es importante destacar que pese a las distintas intimaciones por parte del señor Gallero para que el señor Arrate adjuntase en el expediente administrativo la documentación respaldatoria de la correcta registración, éste no lo hizo.
I.3. Expone que el tribunal de origen manifestó que los recibos de haberes correspondientes al período agosto 2014 a octubre 2016 fueron acompañados por el señor Arrate recién al momento de interponer la demanda de consignación, cuando la relación laboral había culminado.
Puntualiza que ello acredita lo que sostuvo su parte en relación a que, pese a haber sido intimado en tres oportunidades, el señor Arrate jamás acompañó durante la relación laboral dichos recibos, por lo que en este punto la injuria también se encontraba acreditada.
I.4. Objeta que se haya juzgado probado que el empleador hubo de liquidar las diferencias salariales como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo de trabajo 80/89.
Reitera que aquel depositó dichas diferencias recién al interponer la demanda por consignación. Afirma que de la valoración de la pericia contable y de la audiencia celebrada el día 28 de octubre de 2016 en sede administrativa queda evidenciado que al momento del distracto el depósito no había sido efectuado.
I.5. Controvierte la conclusión del tribunal que calificó la actitud del señor Gallero como poco "colaborativa" o "distante".
Expresa que, por el contrario, de la causa surge que su parte otorgó varias oportunidades al empleador para que cumpliera con sus obligaciones, de las cuales -reitera- solo rectificó extemporáneamente la fecha de ingreso del dependiente. Agrega que, de todas maneras, dicho cumplimiento nunca se lo informó, induciendo al trabajador a considerarse despedido; lo que demuestra la mala fe con la que actuó el señor Arrate.
Explica que la constitución en mora del empleador para que deposite las diferencias salariales y acompañe la documentación rectificatoria en el plazo de cuarenta y ocho horas bajo apercibimiento de despido (misiva notificada tres días antes de la audiencia), más las intimaciones del señor Gallero con resultado negativo, hacían innecesaria una respuesta al ofrecimiento que le hiciera aquel de pagar dichas diferencias salariales en cuatro cuotas, el cual -a su vez- le generaba una nueva injuria.
Sostiene que, de este modo, quedó evidenciado que el tribunal de grado aplicó erróneamente el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y se apartó del intercambio epistolar, de las constancias del expediente administrativo 21531-19198/16-0 por ante el Ministerio de Trabajo y de la pericia contable.
Añade que tampoco es cierto que el señor Arrate accedió a las pretensiones intimadas, por cuanto sólo se limitó a dirimir las diferencias salariales pero jamás se hizo cargo de la rectificación del convenio colectivo de trabajo aplicable, de la entrega de recibos de haberes ni del pago de los pertinentes aportes previsionales.
Por último, afirma que resulta irrelevante la apreciación que hizo el órgano de origen acerca de que el señor Gallero hubiera estado de licencia médica y, a su vez, tramitando una jubilación por invalidez, ya que la relación laboral se encontraba vigente y, en tal sentido, no existe ninguna norma que impida su reclamo.
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. Esta Corte tiene dicho que la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia -o no- de injuria, constituye materia reservada a los jueces de mérito, cuyas conclusiones sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se evidencia que la valoración no ha sido realizada con la prudencia que la ley exige (conf. art. 242, LCT) o se ha incurrido en absurdo en la apreciación de los hechos y de las pruebas de la causa (causas L. 104.778, "Díaz", sent. de 17-X-2012; L. 108.445, "Severini", sent de 5-VI-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014).
Puede adelantarse, que si bien el impugnante alega la infracción normativa y la existencia de aquel vicio valorativo, no lo es menos que los argumentos que despliega carecen de idoneidad para modificar lo resuelto en la instancia.
II.2. Ocupa analizar el primer agravio deducido.
II.2.a. En su veredicto, el tribunal de grado juzgó acreditado que la relación de trabajo comenzó el día 10 de diciembre de 2001 (v. vered., fs. 888 y vta.). Manifestó que del formulario AFIP "Simplificación Registral. Constancia del Trabajador. Modificación de Alta", surge registrada la relación laboral conforme la fecha de inicio requerida por el trabajador, cuya modificación fue enviada a dicho organismo el día 21 de octubre de 2016 a las 00:57 hs. Adicionó que conforme lo establecen las resoluciones 2.988/10 y 3.399/12 de la AFIP, en los casos de modificación, el duplicado del recibo emitido por el sistema debe ser entregado al trabajador dentro del mes calendario en que se realizó dicha modificación (v. vered., fs. 888 vta./890 vta.).
A partir del análisis del expediente administrativo 21531-19198-16, entendió que se encontraba probado que el empleador había procedido a liquidar las diferencias de remuneraciones existentes entre el convenio colectivo de trabajo 130/75 y el 80/89, conforme lo requerido por el señor Gallero, y que el monto adeudado ascendía a $181.795 (v. vered., fs. 894/895 vta.). Asimismo, sostuvo que en el señalado expediente lucía agregada una copia de recibo de haberes y que luego, al momento de interponer la demanda por consignación, el señor Arrate acompañó los recibos correspondientes al período agosto 2014 a octubre 2016, realizados conforme lo requerido por el trabajador (v. vered., fs. 898 vta. y 899).
En relación con los aportes a la seguridad social y sindical a cargo del empleador -correspondientes al período 10 de diciembre de 2001 y 6 de noviembre de 2002-, precisó que, conforme lo expuesto por el perito contador, habían sido abonados con fecha posterior a la del di
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