Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129532
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar, parcialmente, a la consignación efectuada por la Sucesión de Roberto Juan Vázquez en cuanto a la entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, habiéndose acumulado a los presentes autos el expediente: "Iriarte, Pedro Esteban c/ Sucesores de Vázquez, Roberto Juan s/ Despido" (v. resol. de 13-VIII-2020), hizo lugar a los rubros e importes peticionados por el trabajador en concepto de vacaciones proporcionales no gozadas y días laborados del mes de junio de 2020. Por el contrario, rechazó la acción en cuanto perseguía el cobro de la indemnización por despido y otros rubros laborales (v. pronunciamiento de fecha 30-VI-2022).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, juzgó justificado el distracto dispuesto por la empleadora fundado en abandono de trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, el trabajador deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución electrónica de fecha 2-VIII-2022).
En su presentación denuncia absurdo en la valoración de la prueba e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En lo esencial, y con denuncia de absurdo en la valoración de las pruebas producidas en la causa, objeta lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto tuvo por acreditado que la relación laboral concluyó por decisión del empleador motivada en el abandono del trabajador en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar, se impone recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la evaluación de la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación y ponderación de las circunstancias fácticas y de la prueba arrimada a la causa para determinar si en el caso existió o no abandono de trabajo, constituye una labor que le compete privativamente a los tribunales de trabajo y ajenas -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 121.742, "Mayer", resol. de 20-II-2019; L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019 y L. 125.919, "Martínez", resol. de 11-V-2021).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020)
III.2. En el caso, tras valorar en conciencia los elementos de convicción arrimados a la causa, juzgó que las circunstancias por las cuales Iriarte retuvo tareas a partir del día 11 de junio de 2020 no fueron acreditadas en autos, por lo tanto, la falta de cumplimiento de su débito laboral, con posterioridad a dicha fecha, no se encontró justificada. En ese contexto, a criterio del sentenciante, si el trabajador evidenció su intención de no regresar a cumplir con su débito laboral, luego de la intimación que al efecto le cursó su empleador, la cesantía por abandono de trabajo dispuesta por el principal resultó adecuada, razón por la cual el distracto devino justificado.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
En suma, no advierte el compareciente que la simple discrepancia con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis, porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.721, "Allerbón", resol. de 29-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:35:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:10:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:50:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:57:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 15:00:32 hs. bajo el número RR-1618-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia