Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131241
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.241, "Copetro Sociedad Colectiva contra Romero, Pablo Daniel. Consignación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño, Kohan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda por consignación promovida por la empresa empleadora en los autos principales, imponiendo las costas del modo que especificó. En cambio, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el trabajador en razón del despido denunciado ahora en el marco de las actuaciones aquí acumuladas, con costas a la vencida (v. vered. y sent. de fecha 16-II-2023 y sent. aclaratoria de fecha 29-VI-2023).
Se dedujo, por Copetro Sociedad Colectiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-III-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado interviniente desestimó la demanda promovida por Copetro Sociedad Colectiva contra el señor Pablo Daniel Romero, mediante la cual consignó el importe que —a su criterio— correspondía abonarle con motivo de la extinción del contrato de trabajo. Resolvió de ese modo, por cuanto consideró que la suma consignada fue defectuosa e insuficiente.
En cambio, admitió de modo parcial la acción fundada en el despido arbitrario denunciado que presentó el mencionado Romero y condenó a aquella empresa a pagar las sumas de dinero que determinó en concepto de haberes adeudados, sueldos anuales complementarios, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, reparación del daño moral y las penalidades previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 53 ter de la ley 11.653 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent. de fecha 16-II-2023 y aclaratoria de fecha 29-VI-2023).
Para así decidir, en el veredicto, juzgó probado que el señor Romero trabajó en relación de dependencia para la referida sociedad efectuando tareas como "operador de saneamiento" según el Convenio Colectivo de Trabajo 37/89, desde el 1 de octubre de 2008, aunque con una antigüedad reconocida desde el 1 de marzo de 2005, ello, hasta el día 25 de octubre de 2017, fecha en que la patronal extinguió el contrato de trabajo invocando no contar con tareas acordes al estado de salud del dependiente.
Asimismo, valoró el abundante intercambio telegráfico habido entre las partes y que rodeó la finalización de la relación laboral.
Seguidamente, consideró acreditado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador fue la correspondiente al mes de abril de 2017, constituida por un monto que —precisó— contempló la totalidad de lo abonado en dicho mes en concepto de "premio por objetivo cumplido". Al respecto, con sustento en la pericia contable señaló que el referido rubro posee carácter remuneratorio y fue abonado anualmente de modo ininterrumpido a todo el personal desde el año 2011 y —al menos— hasta el año 2017. Con ese basamento, dijo que no correspondía admitirse una interpretación del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que sustituya la expresión "mejor remuneración" por "remuneración promedio" —en alusión a considerar la doceava parte de aquel concepto— ya que lo contrario importaría restarle su real significación.
Ya en la sentencia, al analizar el fundamento jurídico que empleó la patronal para rescindir el vínculo laboral, refirió que su conducta fue zigzagueante y hasta contradictoria. Sostuvo que el inicial fundamento invocado por la empresa en la carta documento del día 25 de octubre de 2017 configuraba la fijeza prejudicial de la causal de despido, por lo que aseveró que la relación laboral finalizó con sustento en el art. 212 apartado 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que suponía que el empleador se encontraba en condiciones de asignar tareas compatibles con la actitud física o psíquica del trabajador y no lo hizo. En el punto, puso de relieve que de los términos en que quedó trabada la litis y de la prueba apreciada en el veredicto, surgía que la posición asumida por la empresa fue la contraria, atento que aseguró carecer de tareas acordes al estado de salud del empleado, situación que —recalcó— se enmarca ya en el apartado 2 de la citada norma legal. Agregó, que en ocasión en que la empleadora ratificó su decisión rupturista, hizo saber que reiteraba que se encontraba a su disposición la liquidación final en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, dato que corroboró con la pericia contable.
De todos modos, afirmó que la empleadora no logró demostrar en debida forma que a la fecha del distracto no contase con tareas acordes al estado de salud del trabajador, lo que —precisó— se encontraba reñido con lo que resulta esperable de un buen empleador, pues tanto la representación letrada de la empresa como los dichos del testigo que declaró en su calidad de gerente de recursos humanos de la firma, pretendieron justificar que de acuerdo a las aptitudes laborativas del dependiente aquel no tenía capacidad para ser ubicado en ninguna otra posición, cuando, de no haber mediado una clara actitud rupturista de su parte, en el extenso período de aproximadamente un año desde que comenzó el intercambio telegráfico hasta su resolución, pudo haber sido capacitado con el fin de preservar su fuente de trabajo.
Además, dijo que del intercambio postal habido, así como de la declaración de la testigo que lo hizo en razón de ser médica de la patronal acerca de la modalidad de la celebración de eventuales juntas médicas por parte de Copetro Sociedad Colectiva, concluyó que esta última intentó imponer su criterio médico desconociendo el contenido de los certificados adjuntados por el paciente, en particular, aquel que indicó el "alta ortopédica" del accionante. A juicio del a quo , en el supuesto de considerar que el diagnóstico o el criterio médico del trabajador fuera erróneo, el empleador debió obrar con prudencia y buena fe, en base a los criterios de colaboración y solidaridad y observancia del principio de conservación del empleo, por ejemplo —indicó— requiriendo la opinión de un profesional —tercero imparcial— o, de no resultar posible, otorgando preeminencia al médico de cabecera del trabajador, quien es el mejor conocedor del estado y aptitud del afectado.
Concluyó que la empresa no observó un comportamiento diligente, tendiente a la comprobación del verdadero estado de salud del empleado, procediendo sin más a desvincularlo al amparo de una circunstancia que calificó como "objetiva", cuando a todas luces surgía que había sido "subjetiva" y motivada únicamente en razones de salud del reclamante de autos. A partir de lo expuesto, consideró que el despido resultó injustificado y discriminatorio.
A continuación, previo a efectuar el cálculo de la indemnización por despido injustificado, con sustento en doctrina de esta Corte aseveró que la base salarial que estimó acreditada en el veredicto y a la que añadió la incidencia del sueldo anual complementario, no debía ser reducida por aplicación del segundo párrafo del art. 245 de la ley laboral, toda vez que la parte demandada no había invocado en su favor la existencia de tope convencional alguno. Por otra parte, juzgó procedente la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, atento que se verificó el requerimiento de pago de las indemnizaciones pertinentes.
Finalmente, hizo lugar al pedido de calificación de la conducta de la empresa como temeraria y maliciosa, pues valoró que no solo había litigado con la conciencia de la sinrazón, sino que también obstaculizando el proceso. Destacó en este punto, la innecesaria negativa en que incurrió en ocasión de oponerse a la liberación de los fondos consignados y depositados insuficientemente en autos, que derivó en el inicio de un incidente parcial de deuda a los efectos de percibir la suma consignada. Así, condenó a la sociedad a pagarle al actor dos veces y media la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 25 de octubre de 2017 y hasta la fecha de la sentencia sobre el importe de la indemnización de condena.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Copetro Sociedad Colectiva denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 8, 9, 10, 62, 63, 79, 129, 149, 177, 178, 182, 209 a 213, 242, 243, 246, 247 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; del Convenio Colectivo de Trabajo 37/89; de los arts. 905 a 909, 1.738 y 1.740 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; de la ley 23.592; de los arts. 26 incs. "d" y "h", 40, 44 incs. "c" y "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-III-2023).
II.1. Cuestiona por absurda y arbitraria la mejor remuneración establecida en el fallo, ya que alega que el tribunal laboral consideró en su determinación la totalidad del premio anual que el actor percibió en el mes de abril de 2017, cuando solo debió computar su doceava parte al ser su naturaleza idéntica a la del sueldo anual complementario. Agrega que el cálculo efectuado en el dictamen contable contempló el proporcional del referido "bono objetivo cumplido". Denuncia violada, en esta parcela del fallo, la doctrina de esta Corte que identifica.
II.2. Objeta que la base salarial no haya sido reducida por aplicación del tope contemplado en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En sustancia, alega que la propia actora en su escrito de inicio admitió la existencia de dicho tope al plantear su inconstitucionalidad, planteo que —según refiere— fue rebatido por la accionada. En esta línea, sostiene que el órgano de grado violó el postulado de la congruencia, el referido art. 245 y el 40 de la ley 11.653, así como el acceso real a la defensa.
II.3. Se agravia de la conclusión del tribunal actuante que consideró que el despido del actor fue un acto discriminatorio derivado de su estado de salud.
Arguye que los hechos de la causa demuestran que existió una imposibilidad objetiva de continuar con la relación laboral, derivada de la enfermedad inculpable de Romero que lo inhabilitaba para cumplir con las tareas que su posición de trabajo le demandaban, como se constató con la declaración de la médica de la empresa.
Añade que quedó comprobado con el intercambio epistolar, los reconocimientos del trabajador y el referido testimonio, que la accionada fue diligente en la comprobación del estado de salud del actor, efectuó el control médico previsto por el art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo y actuó de buena fe poniendo a disposición la máxima indemnización prevista para una enfermedad inculpable.
Alega que es dogmática y voluntarista la conclusión del tribunal que sostiene que la junta médica debió ser integrada por un médico personal del actor, cuestión que —según refiere— no fue planteada en la demanda y carece de sustento legal.
Indica que lo decidido contraría el onus probandi toda vez que la invocación de trato discriminatorio colisiona con las declaraciones testimoniales, por lo que —afirma— habiéndose probado que se aplicó al actor el mismo protocolo que al resto de los dependientes, no hay indicios de afectación a la igualdad.
Rebate también en este punto que el órgano de grado haya considerado que la empleadora no demostró la ausencia de algún puesto de trabajo disponible para ubicar al accionante en la realización de tareas livianas. Afirma nuevamente que de las declaraciones testimoniales que indica surge lo contrario y que, más allá de ello, tal circunstancia es irrelevante siendo que —reitera— la empresa consignó la indemnización más alta prevista en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Concluye que la sentencia transgrede el sistema previsto para la extinción del contrato de trabajo a causa de la enfermedad inculpable.
II.4. Denuncia que la sentencia viola el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto la sanción impuesta excede lo previsto en la mentada norma al aumentar la tasa de interés aplicable dos veces y media y agregar el interés común, condenando en consecuencia a la accionada "al pago de tres veces y media la tasa ordinaria".
Asimismo, denuncia que este tramo de la sentencia carece de fundamentación, de un lado porque resulta dogmática la afirmación del órgano que refiere que aquella litigó con la conciencia de la sinrazón, y del otro, porque la actitud obstruccionista a la que hace referencia la sentencia en orden a la innecesaria negativa a liberar los fondos de la acción por consignación, ignora que dicha acción no está resuelta y que hasta tanto haya sentencia los fondos depositados pertenecen al consignante.
II.5. Por último, objeta la procedencia de la sanción del art. 2 de la ley 25.323, en tanto sostiene que la demandada no incurrió en mora ya que consignó judicialmente las indemnizaciones del despido. Indica al respecto que la sentencia incurrió en absurdo y en autocontradicción al haber rechazado la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, por haber considerado que las certificaciones correspondientes fueron consignadas en término, y luego, estimar procedente la multa que aquí se cuestiona, ignorando el pago de la indemnización que también fue consignado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando por razones de método el orden de tratamiento de los agravios expuestos, cabe señalar que no es de recibo aquel en el que se pretende descalificar la conclusión plasmada en la sentencia en la que se declaró acreditado el carácter discriminatorio del despido.
III.1.a. Esta Suprema Corte tiene dicho que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho privativas —por regla— de los tribunales de la instancia y marginadas de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 119.701, "Parrotta", sent. de 9-VIII-2017; L. 124.198, "Díaz", sent. de 19-IX-2022 y L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025).
Bajo tales directrices, la impugnación resulta insuficiente para revisar las conclusiones sentadas en el pronunciamiento.
Desentendiéndose de la línea reflexiva y de la apreciación de la prueba desplegada por el tribunal de grado, el recurrente solo ensaya un nuevo análisis de algunas de las pruebas producidas en la causa según su propio criterio valorativo, técnica que reiteradamente ha sido tachada de inhábil (causas L. 119.859, "Benítez", sent. de 9-VIII-2017; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018; L. 120.395, "Laterza", sent. de 29-VI-2020 y L. 131.365, "Municipalidad de Berisso", sent. de 2-X-2025). En tal discurrir, insiste en que la conclusión del vínculo laboral que unió a las partes obedeció a la imposibilidad objetiva del trabajador de cumplir con las tareas de su puesto de trabajo, soslayando que, conforme el análisis efectuado en el fallo, aquella invocada circunstancia obedeció únicamente al criterio establecido por el cuerpo médico de la patronal, desoyendo en modo notorio lo dispuesto por el médico particular del dependiente, quien le otorgó el alta médica sin restricciones.
Asimismo, expone al respecto una crítica parcial y fragmentada —y así ineficaz— refiriendo que el juzgador de origen entendió que la junta médica especializada debió haber sido integrada con el médico personal del actor, cuando en rigor, ello no se identifica con lo plasmado en el fallo, donde el a quo consideró diversos cursos de acción que pudo emprender el principal ajustándose —según se juzgó— a los postulados que rigen a todo vínculo laboral.
III.1.b. Ciertamente, la sola divergencia que expone el recurrente acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales para acreditar la ausencia de otros puestos disponibles para reubicar al dependiente —aspectos que el tribunal valoró, aunque con un alcance distinto al pretendido por el accionante— resulta inhábil para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
No ha de olvidarse que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los Jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia" —de aplicación al caso—, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024 y L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A.", sent. de 30-IV-2024).
III.1.c. Cabe agregar, en relación con los restantes argumentos desplegados en la impugnación, que el hecho de haber consignado la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo —según lo que la accionada estimó correspondiente— no es un dato que se erija gravitante para desmerecer la calificación de discriminatorio que el tribunal laboral le atribuyó al despido del caso.
III.1.d. Al cabo, este segmento del pronunciamiento de grado ha de permanecer incólume ante la ineficacia de la impugnación traída.
III.2. Los argumentos dirigidos a objetar la mejor remuneración mensual percibida por el trabajador que juzgó comprobada el tribunal de origen, no resultan atendibles.
III.2.a. De un lado, la crítica que el recurrente efectúa en torno al modo en que se debió computar el denominado "bono objetivo cumplido" para determinar la referida mejor remuneración mensual, se circunscribe a reiterar la postura llevada a la instancia (v. fs. 524/525) que fuera desestimada expresamente en el fallo, y en lo relevante, sin rebatir frontalmente las conclusiones que estableció el sentenciante fundadas en la jurisprudencia de este Tribunal.
En este marco, la cita de precedentes de esta Corte que realiza el quejoso no mejora la suerte de la impugnación ya que no guardan correspondencia con lo aquí debatido, cuando en algún caso —como en lo atinente a la causa L. 71.861, "Cendoya", sentencia de 28-V-2003—, lo que se enuncia como doctrina es en verdad la opinión minoritaria de uno de los ministros que sufragó en dicha ocasión.
Para más, quedaría por agregar que los argumentos desplegados acerca de la naturaleza jurídica del referido concepto abonado y su pretendida equiparación con rubros que menciona en su empleo de jurisprudencia, se advierten novedosos y, por ende, inatendibles en esta instancia (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 126.307, "Lezcano", sent. de 25-X-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; L. 130.280, "Falco", sent. de 20-IX-2024; e.o.).
III.2.b. En otro orden, tampoco logra evidenciar el recurrente el invocado quebranto del postulado de la congruencia en orden al tratamiento de la cuestión que gira en torno al tope legal de la indemnización por despido.
Es que, como lo tiene dicho esta Corte, el agravio, por estar vinculado con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, debió ser acompañado de la denuncia y demostración de absurdo en esa concreta labor del juzgador de grado (causas L. 119.989, "Agnone", sent. de 6-IX-2017; L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018; L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; e.o.). El incumplimiento de dicha carga en este puntual pasaje del medio de impugnación, lleva al rechazo de la crítica.
Aún en otra hipótesis, puede observarse que tampoco efectúa el interesado reflexión alguna orientada a evidenciar una t
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