Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 35.923-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-117132109-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Octubre de 2025 ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA), SENTENCIA En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expte. 35.923-I, caratulado: “CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (HOY GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.) s/ recurso de Apelación”
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 43/54vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 137/2011 que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 07/2005 a 06/2007, intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto presuntamente omitido (cfrme. art. 45, ley 11.683).
II. Que la actora afirmó que la materia en discusión se encuentra circunscripta en determinar si, a los fines del cálculo del IVA, corresponde computar los ingresos provenientes de los servicios de prevención (prestados por Consolidar ART S.A.), en relación a la higiene y a la seguridad en el trabajo para evitar futuras siniestralidades.
Entendió que la prestación que realiza en virtud de lo dispuesto en la ley 24.557 comprende la facultad de brindar el servicio de prevención en materia de seguridad e higiene, por lo que dichos servicios se encuentran -a su criterio- exentos del IVA.
Detalló que las ART son las encargadas de brindar las prestaciones correspondientes de reparación de los daños derivados del trabajo y de establecer las acciones de prevención de los riesgos laborales. Señaló que la intención del legislador fue la de eximir a la actividad de la aseguradora, que comprende todas las prestaciones que la misma realice con el fin de garantizar el objeto de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), esto es, la prevención de los infortunios laborales y la reparación de los daños derivados del trabajo.
Resaltó que de la normativa aplicable surge de manera clara y contundente, que no sólo quedaría exento el contrato de afiliación propiamente dicho, sino también todos los servicios que deriven del mismo, ya que, no entender la exención en tal sentido, implicaría que el dictado de la norma no cumpla su objetivo. Manifestó que siendo que resulta obligatorio para todos los empleadores afiliarse a una ART para cubrir a todos sus empleados en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, es racional pensar que los servicios de higiene y seguridad prestados por las ART, son servicios que emergen en virtud del contrato de afiliación, debido a que las aseguradoras serán las que asuman las obligaciones y responsabilidades emergentes de dichos contratos.
Adujo que surge de manera manifiesta que la prevención de los siniestros laborales fue un tema primordial para el legislador que sancionó la ley 24.557.
Señaló que la prestación realizada por la ART consiste no sólo en celebrar un contrato de afiliación, sino que también tiene como objeto establecer un plan de acción que contemple el cumplimiento de las medidas tendientes a la prevención de los riesgos de trabajo.
Hizo hincapié en que la voluntad del legislador fue la de exceptuar del IVA a todas las prestaciones efectuadas por la ART, entre las que se encuentran los ingresos provenientes de servicios de prevención, en relación a la higiene y a la seguridad en el trabajo.
Argumentó que, a los fines de gozar de la exención, resulta irrelevante que dicho servicio se instrumente en el cuerpo principal del contrato de afiliación o en un anexo, puesto que es el servicio y no la instrumentación el que goza de la franquicia impositiva.
Afirmó que el organismo omitió considerar la totalidad de la normativa aplicable al caso e indagar la voluntad del legislador al momento de establecer el beneficio, vulnerando así el principio de legalidad y el de reserva de ley. Con relación a la multa impuesta, destacó que no se configuró el ilícito fiscal achacado, por cuanto su conducta no puede ser considerada antijurídica, ni mucho menos culpable.
Argumentó que, si su conducta se encontró amparada por una norma legal que autorizaba su realización, no configura una infracción tributaria.
Destacó que, en el presente caso, actuó con la diligencia, cuidado y previsión exigible, aplicando una razonable interpretación de la normativa vigente, lo cual –según su criterio- excluye totalmente la hipótesis de culpa en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Por último, advirtió que no se habría reunido el elemento intencional requerido para la procedencia de la sanción, atento a la existencia de error excusable en la conducta.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 73/86 el fisco contestó el traslado del recurso. Acompañó los antecedentes administrativos (en adelante aa) y solicitó se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que a fs. 764 se elevaron los autos a consideración de la Sala “C” y a fs. 769 se pusieron los autos para dictar sentencia.
V. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que respecto del fondo del asunto, del informe final de inspección, de los aa y de la resolución apelada, surge que la recurrente se encuentra inscripta en la actividad de “Servicio de aseguradoras de riesgo de trabajo” (v. fs. 694/722, 755/773 y 1268/1276, Cpo. Reservado, aa).
La fiscalización constató que la recurrente registró contablemente ingresos en concepto de “servicios complementarios a prestaciones Ley 24557” (v. fs. 215 y 223, Cpo. Reservado, aa).
Así, tras ser requerida por los inspectores, la actora detalló que los “servicios complementarios a prestaciones Ley 24557” son una prestación exenta de IVA y que corresponde a servicios de prevención, en relación a la higiene y a la seguridad en el trabajo, cuyo fin es prevenir y evitar futuras siniestralidades (v. fs. 230, Cpo. Reservado, aa).
Posteriormente, en base a documentación respaldatoria acercada por la recurrente, la fiscalización advirtió que la citada prestación se instrumentó mediante la emisión de una cláusula anexa a la solicitud o contrato de afiliación (v. fs. 230/239, Cpo. Reservado, aa).
En base a ello, el fisco circularizó a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que informó que los servicios de seguridad e higiene resultan ser un servicio que puede ser prestado por un tercero distinto a la aseguradora (v. fs. 566/567, Cpo. Reservado, aa).
En consecuencia, el organismo fiscal señaló que la exención de la que gozan las ART no es de carácter subjetivo, sino que solamente alcanza a la prima que debe abonarse para cubrir obligatoriamente determinadas contingencias, existiendo otros servicios que pueden prestar, que no se encuentran beneficiados por la exención.
Finalmente, los fiscalizadores precisaron que en el caso de autos se trató de servicios complementarios de la ley 24.557 que se materializaron mediante la prestación de servicios de seguridad e higiene regidos por la ley 19.587.
En conclusión, el fisco consideró alcanzado con el IVA a los servicios brindados por la actora en concepto de seguridad e higiene, registrados como “servicios complementarios a prestaciones Ley 24557”.
VII. Que corresponde recordar que conforme el inc. 2 del art. 25 de la ley 24.557 (B.O. 4/10/1995) “Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional.”
A su vez, el dto. reglamentario 334/1996 (B.O. 8/4/1996) dispuso mediante su art. 10 que “La exención dispuesta en el apartado 2 del artículo que se reglamenta alcanza al IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), y comprende no sólo a la instrumentación del contrato, sino también a los servicios que sean prestados por las Aseguradoras en virtud de las contraprestaciones y derechos nacidos de dicho contrato.” (el destacado me pertenece).
Por su parte, el pto. 21 del inc. “e” del art. 3 de la LIVA (entonces vigente, hoy inc. “l”) dispone que se encuentran alcanzadas por el tributo “Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina”, encontrándose incluidas “Las operaciones de seguros, excluidos los seguros de retiro privado, los seguros de vida de cualquier tipo y los contratos de afiliación a las aseguradoras de riesgos del trabajo y, en su caso, sus reaseguros y retrocesiones”
VIII. Que no se encuentra discutido que fue la actora quien prestó el servicio de seguridad e higiene que surge del anexo suscripto en cada uno de los contratos de afiliación a la ART; ni que se trate de servicios complementarios regidos por otra ley, no por la 24.557, sino por la 19.587. Lo que el fisco sostiene a los fines de negar el beneficio es que de la lectura del anexo (contrato de seguridad e higiene) se infiere que existe independencia entre las distintas partes y que el espíritu de la ley 24.557 fue exceptuar del IVA a la operación de seguro que se materializa a través del contrato respectivo, a las prestaciones propias e inherentes al mismo, exigidas por dicha ley. Así, el punto central que debe dilucidarse es si los servicios brindados por la recurrente en concepto de seguridad e higiene, se encuentran incluidos dentro de “...los servicios que sean prestados por las Aseguradoras en virtud de las contraprestaciones y derechos nacidos de dicho contrato...” -tal como la actora afirma que ocurrió-.
En este sentido, de los contratos que se encuentran acompañados (v. fs. 35/42) surge que la “cotización del servicio de seguridad e higiene en el trabajo” no sólo se encuentra como anexa a la “solicitud de afiliación / traspaso ART”, correspondiente a la ley 24.557, sino que también posee legislación propia –ley 19.587-, una cotización autónoma y hasta sus propias cláusulas anexas. Incluso posee sus propios talones de pago. Asimismo, si bien, por un lado, la cotización se encuentra anexa al contrato que asegura los riesgos del trabajo; por el otro, en su cláusula adicional octava, detalla que “...en ningún caso la rescisión de las presentes Cláusulas Adicionales afectará la vigencia del Contrato de Afiliación Nº....Sin embargo, la rescisión de dicho contrato, implicará necesariamente la rescisión de las presentes cláusulas adicionales correspondientes al Servicio de Higiene y Seguridad.”
De lo hasta aquí expuesto, puedo inferir que, si bien los servicios de higiene y seguridad pueden encontrarse íntimamente relacionados con los riesgos del trabajo, ello no implica que deban ser contratados con la misma aseguradora y, menos aún, bajo el mismo contrato.
En igual sentido se refirió la Superintendencia de Riesgos del Trabajo al reconocer, en los aa, que los servicios de seguridad e higiene resultan ser un servicio que puede ser prestado por un tercero distinto a la aseguradora (v. fs. 566/567, Cpo. Reservado, aa).
Todo ello me permite concluir que, en el caso de autos los servicios de higiene y seguridad brindados por la recurrente no constituyen “servicios conexos” a las prestaciones de la ley 24.557, que en definitiva son los que se encuentran exentos del IVA. Son servicios perfectamente individualizados en cláusulas adicionales que guardan una independencia tal que permiten su recisión sin afectar el Contrato de Afiliación. En este sentido, si bien en el presente caso ambos servicios fueron prestados por la misma aseguradora, podría no ser así y, entonces, quien preste los servicios de higiene y seguridad no se encuentre amparado por los beneficios de la franquicia, en cuyo caso, el gravamen se encontraría a cargo del prestador de dicho servicio.
En el caso de autos, nos encontramos frente a una exención de carácter objetiva, vinculada directamente con las prestaciones que surgen de la ley 24.557, y no de una exención subjetiva en favor de las aseguradoras, sin importar cuáles son los servicios por brindados.
En esta línea, debe recordarse el criterio de nuestro Máximo Tribunal en el sentido que, en materia de exenciones, éstas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de su necesaria implicación de las normas que la establezcan, y fuera de esos casos corresponde la interpretación “estricta” de las cláusulas respectivas (Fallos 344:140, considerando 12, entre tantos otros). En consecuencia, entiendo que por no resultar conexos los servicios de higiene y seguridad con el contrato de afiliación como ART, los servicios registrados contablemente como “servicios complementarios a prestaciones Ley 24.557” se encuentran fuera del ámbito de la exención dispuesto en el art. 2 de la ley 24.557.
Por ello, corresponde confirmar la Res. 137/11.
IX. Que en cuanto a los intereses resarcitorios intimados, habiendo sido correctamente liquidados y no habiendo la actora expresado agravio alguno al respecto, corresponde su confirmación, con costas.
X. Que con relación a la sanción aplicada, debe destacarse que el art. 45 de la ley 11.683 -vigente al momento de los hechos-, en su parte pertinente disponía que: “el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir, que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es, la omisión del pago mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, lo que aconteció en el caso de autos. Por otro lado, de los considerandos anteriores no surge que la actora haya invocado y menos aún acreditado, la ocurrencia de error alguno que excuse su responsabilidad, por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta, con costas. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar íntegramente la Res. 137/2011, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación. Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.15 16:09:50 -03:00 Date: 2025.10.21 16:05:05 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.21 16:05:05 -03:00
Fin de la sentencia